Devolver a 600.000 personas al infierno

Devolver a 600.000 personas al infierno del que huyeron ONGs y organismos internacionales han mostrado su preocupación por el plan de devolución de más de 600.000 rohingyas que han escapado desde agosto de la represión militar

Desde el pasado mes de agosto, miles de portadas de periódicos y telediarios
han mostrado columnas de personas caminando a través de la jungla o
famélicos niños en polvorientos campos de refugiados en la frontera entre Myanmar y Bangladesh. Los rohingyas, una minoría musulmana que se concentra fundamentalmente en el oeste de Myanmar, nunca habían ocupado
tantas portadas a pesar de que Naciones Unidas ha calificado la política del
gobierno del país hacia ellos como un “ejemplo de libro” de una limpieza étnica.
Sin embargo, la campaña militar lanzada en agosto tras una ofensiva en la
zona de un nuevo grupo guerrillero, el Arakan Rohingya Salvation Army
(ARSA), ha sido especialmente represiva y más de 600.000 rohingyas han
huido desde entonces a Bangladesh. “El mundo pocas veces ha visto una crisis
de refugiados tan rápida”, aseguró el director general de la Organización para
las Migraciones, William Lacy Swing, en octubre.
Myanmar y Bangladesh se preparan ahora para iniciar la próxima semana
la repatriación de miles de exiliados al estado Rakhine, de donde huyeron, pero
la comunidad internacional ha mostrado preocupación por las condiciones a las
que serán sometidos los rohingyas a su retorno tras haber sufrido décadas de
políticas discriminatorias.
Así, desde 1982, la Ley de Ciudadanía no reconoce a los rohingyas como
población autóctona del país, convirtiéndolos en una de las mayores
comunidades apátridas del mundo y limitando derechos como el matrimonio o la educación. Desde 2012, cuando la violencia entre la población budista y la
musulmana empezó a escalar, se implementaron políticas de segregación y la mayor parte de los rohingyas fueron confinados en campos de desplazadoso
en pueblos musulmanes.
“Se ha puesto a esas personas bajo condiciones que son similares a un
apartheid”, aseguró Laetitia Van Den Assum, miembro de la Comisión sobre el
Estado Rakhine que publicó un informe con recomendaciones para la paz en la
región el mismo día en que el ARSA lanzó su ataque el pasado mes de agosto.
“Hay una discriminación sistemática y prácticamente todas las instituciones
están involucradas en implementar este sistema pernicioso”, continuó la
diplomática en un foro público celebrado en Bangkok, la capital de la vecina
Tailandia. La antigua embajadora de los Países Bajos en el país asiático
aseguró, sin embargo, que la palabra ‘genocidio’, “que tiene una definición legal concreta”, debe ser utilizada con precaución, “ya que no hay acceso suficiente para probarlo”.
Myanmar ha blindado así la zona a periodistas y diplomáticos, y los visados
para que representantes de Naciones Unidas puedan visitar la zona han sidod denegados sistemáticamente. Los que se atreven a desafiar el muro informativo se enfrentan a la cárcel. Así, dos periodistas de Reuters han sido

detenido y acusados de violar el Acta de Secretos Oficiales por “obtener
documentos del Estado para compartirlos con medios extranjeros”. Los reporteros habían conseguido acceso al estado Rakhine y habían investigado
la existencia de una fosa común en la zona. Un día después de que la
acusación contra los periodistas se hiciera formal, el ejército reconoció ser
responsable de los cuerpos de los 10 aldeanos rohingyas encontrados.
La política del Gobierno contra los rohingyas, pero también contra los medios, ha provocado numerosas críticas hacia el actual gobierno de Suu Kyi, premio Nobel de la paz y durante décadas icono de los derechos humanos gracias a su resistencia pacífica a la dictadura militar, y ha levantado sospechas sobre el alcance real del proceso de democratización iniciado en 2011 tras casi 50 años de régimen castrense.
Un futuro para los rohingyas
Cuando los rohingyas comiencen la repatriación la semana que viene, no
volverán a las casas que abandonaron, muchas de ellas destruidas durante la
represión, sino que se encontrarán de nuevo en un campo de refugiados que el
Gobierno de Myanmar está construyendo como medida transitoria. Sin embargo, aún no está claro cuántas personas podrán volver ya que el Ejecutivo ha asegurado que la repatriación sólo será posible cuando haya alguna prueba de residencia en el país durante varias generaciones. Algo imposible para una población que huyo sin apenas pertenencias y cuyos documentos han sido a menudo desestimados por las autoridades de Myanmar.
“El proceso de verificación no va a ser fácil y va a llevar tiempo”, asegura
Supang Chantavanich, consultora del Centro para la Investigación de la
Migraciones del Sudeste Asiático. Así, según la académica, en el otro extremo
del país, donde los conflictos con las etnias Karen, Mon y Shan, sí reconocidas
como grupos étnicos del país, llevaron a miles de personas a huir de forma
continua durante décadas, el proceso de repatriación apenas ha comenzado.
“Llevamos tres años hablando de repatriación y sólo 60 personas han vuelto a Myanmar”, asegura. Las otras dos opciones, el reasentamiento en terceros países o la asimilación en Bangladesh, son “poco probables”, asegura la académica, ya que ninguno de los países está dispuesto a aceptar a los
refugiados.
Myanmar tampoco parece dispuesta a modificar la Ley de Ciudadanía y a
conceder la nacionalidad a los rohingyas, algo necesario para asegurar una
repatriación segura, según Laetitia Van Den Assum. “Se necesita un debate
nacional sobre qué significa ser un ciudadano de Myanmar en el siglo XXI”,
afirma la diplomática. Supang Chantavanich recalca además la necesidad de promover el desarrollo económico y social en la región. “A pesar de la apertura económica, la mayor parte de la inversión está centrada en Yangón [antigua capital administrativa y centro económico del país]”, asegura la académica. “El desarrollo en la zona debería ser una prioridad para evitar futuros conflictos”.


 

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Colegio de Abogados Penal Internacional

Colegio de Abogados Penal Internacional.

Actividades actuales y próximas. A continuación adjuntamos el programa de actividades. ADJUNTO.

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DOLORES O’RIORDAN

DOLORES O’RIORDAN
Muere Dolores O’Riordan, la cantante de The Cranberries
La artista ha fallecido a los 46 años de forma repentina, según ha
informado su representante
Londres 16 ENE 2018 – 08:48 CET
Dolores O’Riordan, la inconfundible voz de The Cranberries, una de las
bandas más exitosas de los noventa, ha fallecido a los 46 años de forma
repentina este lunes, según ha informado en un comunicado el representante de la banda irlandesa, que no ha especificado la causa de su muerte. La artista, intérprete de éxitos como Linger y Zombie, se encontraba en Londres grabando.
“La líder de la banda irlandesa The Cranberries estaba en Londres en una
breve sesión de grabación”, ha indicado el representante del grupo en un
comunicado sin más detalles. “La familia [de Dolores O’Riordan] está devastada por la noticia y ha pedido privacidad en este momento tan difícil”, ha añadido.

Un comunicado de la policía ha confirmado la información y ha añadido que el cadáver de O’Riordan ha sido hallado en el hotel Park Lane de la capital británica a las 9.05.
Nacida en Limerick en 1971, O’Riordan era la menor de siete hermanos y fue
educada en el catolicismo. A la profunda fe católica de su madre debía Dolores
su nombre. Ella no practicaba, pero se declaró admiradora del papa Juan Pablo
II, a quien visitó con su madre en el Vaticano.O’Riordan se unió a The Cranberries en 1990 (llamados entonces The Cranberry Saw Us), junto con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el batería Fegal Lawler. Su salto a la fama llegó con su álbum de
debut, Everybody else is doing it, so why can’t we? (1993), que incluía la
canción Linger, sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente,
que se convirtió en su primer éxito global. “De adolescente, no me sentía atractiva, mi madre no me dejaba usar
maquillaje”, explicaba O’Riordan en una entrevista con The Guardian el año
pasado. “Era la chica rara, sobreprotegida, con un vestido rosa de flores y lazos en la cabeza, que tocaba el órgano en le iglesia. Mi madre me compraba la ropa, así que para mi primera sesión de fotos con The Cranberries, Noel me trajo un nuevo look y me dio un par de botas Doc Martens. Me quedaban grandes, pero aún así me las puse. De repente parecía una chica indie”.
Su siguiente disco, No need to argue, publicado un año después, superó el
éxito del primero y permitió a la banda adentrarse en nuevos registros y a
O’Riordan, exhibir todo el potencial de su voz. Torturada y extrema, pero
siempre conmovedora, la voz de O’Riordan alcanzó su cima en Zombie,
single coreado por millones de jóvenes en los noventa, escrita en la estela delt terrible atentado del IRA en Warrington, que mató a dos niños, de tres y 12 años.

No need to argue despachó 17 millones de copias en todo el mundo y convirtió
a The Cranberries en una de las bandas más grandes surgidas del contexto del
por entonces llamado rock alternativo. Gracias en buena medida a la voz de
O’Riordan, impetuosa, sinuosa y libérrima, la banda irlandesa clavó esa
combinación de furia y dulzura que caracterizó a muchas bandas de cierto rock alternativo de los noventa.
Tras facturar otros tres álbumes de estudio más, los Cramberries pararon, pero se volvieron a activar en 2009, con el propósito inicial de actuar solo en directo.

Finalmente sacaron dos discos más, el último de los cuales, Something
else, una colección de versiones acústicas y tres temas nuevos, vio la luz el
año pasado. Entretanto, O’Riordan editó dos discos en solitario (Are you
listening?, 2007; No bagagge, 2009).
En 2017 la banda anunció una gira con fechas en Europa y Estados Unidos. La
banda tenía previsto actuar en Barcelona el 4 de junio y en Madrid, al día
siguiente. Al poco de empezar las primeras fechas europeas, la gira se
suspendió por problemas de salud de O’Riordan. La web oficial de la artista lo
atribuyó a “razones médicas asociadas con un problema de espalda”. Poco
antes de Navidad, O’Riordan publicaba un post en su perfil de Facebook en el
que decía encontrarse bien y aseguraba que había hecho sus “primeros
pequeños conciertos en meses”.
“Hola a todos. Aquí, Dolores. Me siento bien”, escribió también en Twitter la
vocalista. Su último tuit, fechado el pasado 4 de enero, es una foto en la que
sujeta un gato en brazos, con el mensaje: “Adiós, Gio. Vamos a Irlanda”.
Numerosos músicos quisieron rendir homenaje a la artista. Su voz, escribió el
popular cantante irlandés Hozier, “cuestionó cómo una voz puede sonar en el contexto del rock, nunca he visto a nadie utilizar su instrumento así”.
O’Riordan padecía un trastorno bipolar, según la BBC. La sobreviven tres hijos,
que tuvo con Don Burton, exmanager de Duran Duran, con quien rompió en
2014 después de 20 años de matrimonio.

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Hacia el crimen perfecto

Publicamos este artículo aparecido el día 16 en EL MUNDO, pues define situaciones muy dolorosas que no podemos dejar de ver.

  • MAITE PAGAZAURTUNDÚA

Los nacionalistas y secesionistas juegan la batalla de las palabras, de imponer su marco desde hace décadas, porque las palabras son fundamentales para la transformación cultural, política y del poder con mayúsculas. En el constitucionalismo democrático se minusvaloró su importancia, por lo quelos partidos tradicionales sufren una debilidad extrema en el País Vasco, Navarra o Cataluña. Son las ideas, estúpido, podríamos decirles, pero no parecen conscientes en el Gobierno popular del destrozo que les viene si sigue su embeleco con el Partido Nacionalista Vasco.

Al grano. El llamado desarme de ETA se celebró en el País Vasco francés a comienzos de abril del año pasado. Interesa poner el oído sobre lo que indicó Arnaldo Otegi. Señaló que había concluido una fase, “pero no los objetivos”. Para aclarar un poco el sentido de las palabras, en el estrado de las personalidades, Jesús María Zabarte, asesino múltiple, contestó a un periodista: “Yo no he asesinado a nadie. Yo he ejecutado. No me arrepiento y no sé el nombre de las víctimas”.

Otegi indicaba en Bayona: “Pondremos desde mañana encima de la mesa los temas que quedan pendientes: los presos, el reconocimiento de las víctimas y la desmilitarización del país“. Esto en argot sólo significa un juego de palabras para acercar a los presos de ETA al País Vasco. Lo demás, retórica. Si el Gobierno del Estado llega a traspasar la competencia de prisiones al Gobierno vasco, como desea el PNV, se facilitará el sendero hacia el crimen perfecto, porque las instituciones regionales llevan varios años fabricando una memoria que mezcla todo tipo de victimizaciones. El objetivo: que la responsabilidad de los etarras resulte menos visible, para borrar pistas de lo que el nacionalismo gobernante no hizo cuando perseguían a muerte a sus adversarios políticos y ellos seguían negociando cupos y privilegios con el Gobierno central.

La legalización del partido político de ETA se realizó con bastantes triquiñuelas que superan el espacio útil de estas líneas. Estaban vencidos operativamente, pero no se les obligó a la deslegitimación del terror y de su historia. Lo mollar desde el punto de vista de las ideas es que se aceptaba la condena de la violencia sobre el futuro, pero se aceptaba que no asumieran la condena política, ni responsabilidad social, histórica y política sobre décadas de acoso, extorsión y asesinatos. Porque no debe olvidar quien lea esto que el asesinato fue la punta del iceberg. Lo más escalofriante fue la expansión de la red de chivatos, cómplices y seguidores a cada rincón de la comunidad vasca y navarra generando silencio y miedo en todo el tejido social durante más de dos generaciones. En algunos espacios sociales o municipios, el control social de este mundo no se interrumpió ni con la ilegalización, que nunca llegó a ser completa.

El Gobierno popular ha ganado tiempo desde 2011 y ha impulsado tímidamente un memorial, un plan piloto de testimonios de víctimas en algunos centros escolares. Pero son instrumentos absolutamente insuficientes porque hace falta política, con dirigentes que no confundan su fatiga moral -comprensible en los políticos vascos y navarros- con el pragmatismo o con la generosidad.

El secretario general del PP de Guipúzcoa aún creía posible que loslobistas de ETA firmaran con el resto de grupos políticos de Zarauz un comunicado indicando que fue injusto y que no debió ocurrir el asesinato del joven concejal popular de la localidad Ramón Iruretagoyena hace 20 años. No lo hicieron, por supuesto.

Como consumados artistas de la manipulación, toman el pulso al ambiente sobre qué podrían sacar para los presos de ETA si “reconocen el daño causado” en el vacío, porque mantienen expectativas objetivas de poder terminar expandiendo entre la mayoría de vascos y navarros del futuro la misma retórica exculpatoria que el IRA coló en Irlanda del Norte.

Así son. La piel de cordero encaja mal a estos lobos. Un año antes de ser asesinado, Fernando Buesa habló en el Parlamento Vasco aludiendo a lo que entonces era la recién estrenada perversión del lenguaje por parte de Batasuna: un proceso de paz para remitir “el sufrimiento”. Con serenidad, Buesa indicó que lo que estaban haciendo era defender los derechos de ETA y les indicó que el verdadero conflicto vasco era la violencia contra los que no pensaban como ellos. El socialista finalizó su intervención señalando que “las víctimas deben ser nuestra preocupación porque la paz no se construye sobre el olvido”.

Fue uno de los más íntegros y valientes políticos de los últimos 40 años. Aquellas palabras siguen siendo de utilidad en los primeros compases del posterrorismo etarra. A los nacionalistas vascos no se les cae la palabra “sufrimiento” de la comisura de los labios para tapar a los perpetradores, para que no tengan que afrontar cabalmente la deslegitimación del terrorismo y de toda la estrategia de control social y acoso.

En el País Vasco se precisa afrontar con rigor el significado de lo sucedido, analizar lo pendiente para la reparación efectiva, erradicar el germen de la violencia que padecimos… Pero esto no será aceptado por Batasuna mientras al PNV le interese suavizar la memoria del pasado y mientras la Audiencia Nacional permita homenajes a los presos etarras, reforzando la codicia del largo plazo, no sólo de minimización de su responsabilidad, sino de imposición de su relato, su mirada, su justificación.

Hay gente que me suele preguntar cada año por qué tanta gente acudía a las manifestaciones pidiendo que nos mataran, cuando ETA asesinaba, y por qué los mismos -y algunos otros por coyuntura o despiste- piden ahora el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Suelo contestar que los políticos que les guiaron a cometer delitos tienen la obligación de ser lobistas, claro. Están los miles que pedían a ETA durante décadas que asesinara, y que ahora piden impunidad ya que necesitan tranquilizar su mala conciencia por embarcar a otros -que cumplen cárcel- en la maquinaria de acoso y asesinato. Y están los no pocos miles que actuaron como chivatos de ETA para señalar asesinatos, que nunca fueron detenidos. Éstos también piden para sí mismos, porque ellos sí saben lo que hicieron. Hay cientos de asesinos que nunca fueron detenidos o condenados. Éstos es posible que vayan a las manifestaciones con mayor motivo. Y están los amigos y familiares de los anteriores y de los presos etarras.

En sociedades postraumáticas, la apelación a recordar el pasado es constante. Pero, en realidad, desde los poderes regionales se pretende evocar un pasado vacío, atiborrado de historia, para tapar la historia de ETA, porque es lo que conviene a todo el nacionalismo vasco. Por eso la televisión pública vasca ofrece ahora un documental sobre los hijos de los etarras presos sin contar qué hicieron sus padres y no habla de los 20 niños que asesinó sin piedad la banda terrorista ni cuenta cuántos miles vivieron aterrorizados en casas cuartel, por ejemplo. La emoción compasiva tiene un objetivo político, que tal vez Moncloa no tiene tiempo de evaluar.

Los asesinos siguen siendo considerados héroes por una parte de la sociedad vasca y para los herederos políticos de ETA esto es lo más estratégico. De momento, le sirve la política del PNV según la cual todas las formas de victimación colectiva son comparables en el daño sufrido, en tanto que se omite la causa, para privatizar a la víctima de ETA, la gran coartada.

La exposición itinerante de los poderes vascos recordaba víctimas de la Guerra Civil y franquismo, violencia policial, GAL, ETA, sin voluntad de enmarcar y explicar. “Todo es nada y todos es nadie”, dijo Arregi en un artículo.

El olvido no significa reconciliación, ni la memoria significa necesariamente venganza. La convivencia no es amnesia del pasado, sino lectura crítica del mismo, en palabras de Echeburúa. Coincido con él. Desde la trampa y mentira de los lobistas de ETA y el oportunismo siempre electoral del Gobierno vasco seguirá podrido el pasado, serán sarcasmo las palabras melosas.

Maite Pagazaurtundúa es europarlamentaria.

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BIRN, la Red de Informes de Investigación de los Balcanes.

BIRN, la Red de Informes de Investigación de los
Balcanes. (Fuente: birn.eu.com)
Es una red de organizaciones no gubernamentales locales que
promueve la libertad de expresión, los derechos humanos y los valores democráticos.
La primera organización BIRN se registró en 2004, y ya en 2006, BIRN había desarrollado una estructura de red que incluía organizaciones independientes locales reunidas en torno a una
organización coordinadora: la Red de Informes Regionales de Investigación de los Balcanes.
BIRN tiene presencia en toda la región de los Balcanes, con organizaciones en Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Rumania y Serbia. A efectos editoriales, también cuenta con una red
de periodistas y editores en Montenegro, Croacia, Bulgaria, Grecia y, en ocasiones, Moldavia teniendo una amplia presencia en los medios: on line, prensa escrita, televisión y en la radio. El sitio web :
www.BalkanInsight.com, se lee en más de 200 países en todo el mundo.
Los principales problemas en los Balcanes identificados por BIRN
incluyen falta de libertad de expresión, pérdida de independencia de
los medios, incapacidad de los gobiernos, ausencia de esfuerzos
anticorrupción, acceso deficiente a la justicia y derechos y la incapacidad de las organizaciones de la sociedad civil para abordar cuestiones de interés público.
Para abordar estos problemas, la Red implementa una gama de programas y proyectos centrados en la capacitación de periodistas, publicaciones y radiodifusión.
BIRN se dirige a una amplia gama de partes interesadas, desde el público en general, los periodistas y los medios en general, hasta los responsables de la toma de decisiones, tanto nacionales como internacionales, y las organizaciones de la sociedad civil.
El liderazgo de BIRN está compuesto por galardonados periodistas y profesionales, los cuales tienen experiencia y conocimiento de la
región y sus principales desafíos: justicia, derechos humanos, cultura, construcción de la sociedad después de los conflictos, reforma política y económica.

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El Proyecto de Informe sobre la Delincuencia Organizada

El Proyecto de Informe sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción ( OCCRP ), fundado en 2006 por los veteranos periodistas Drew Sullivan y Paul Radues un consorcio de centros de investigación, medios de comunicación y periodistas que operan en Europa del Este, el Cáucaso , Asia Central y América Central. OCCRP es la única organización de informes de investigación de tiempo completo que está especializa en realizar reportajes de investigación sobre el  crimen organizado y corrupción . Publica sus historias a través de los medios locales, y en inglés y ruso a través de su sitio web. En 2017, alcanzó el puesto 69 en el mundo en la lista anual de las 500 mejores organizaciones no gubernamentales (ONG).

 

Hay 12 centros o medios de comunicación en la red junto con docenas más de periodistas que trabajan en otros 10 países desde Europa hasta Asia Central. OCCRP también trabaja con socios internacionales sin fines de lucro como los Reporteros Árabes para el Periodismo de Investigación (ARIJ), el Foro de Periodistas de Investigación Africanos (FAIR), el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el Centro para la Integridad Pública y reporteros y centros de investigación en los Estados Unidos, México, América Latina, Europa y Asia.

La misión de OCCRP es ayudar a los lectores a comprender cómo funciona el crimen organizado y la corrupción. Expone los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Proporciona recursos, capacitación y herramientas a reporteros regionales y ayuda a los centros de investigación sin fines de lucro.

Desde 2006, la organización ha ganado numerosos premios internacionales por su trabajo: el Premio Daniel Pearl 2011el Global Shining Light Award, el Premio de Periodismo en línea (con el Centro de Informes de Investigación en Bosnia), el Premio Tom Renner por Crimen de Redacción (con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y muchos otros.

OCCRP también proporciona recursos para reporteros en todo el mundo y con su socio el Centro Internacional de Periodismo, está trabajando en la construcción de una plataforma colaborativa de investigación para ayudar a los reporteros a trabajar a través de las fronteras.

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LAS COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA (CCP) CONTRA CONTRA LA XENOFOBIA INSTITUCIONAL.

 Al igual que los patos, los flamencos, zorzales o renos, las personas desde siempre han emigrado. Buscan sobrevivir que es algo más que no morir. Y, si es posible, tener trabajo que les permita comer, tener un techo, un futuro, una dignidad.

 

Se calcula que hoy día más de 500 millones de persona son emigrantes en el mundo, es decir, que viven en un país que no es el suyo. Emigrar es, pues, un fenómeno na-tural, que se inscribe en la más antigua tradición humana de la salida de las personas de su pueblo natal en busca de mejores condiciones alimentarias y climáticas. Sin em bargo en los tiempos que corren este fenómeno natural se entiende como un proble-ma y ante el posicionamiento de valorarlo o estigmatizarlo se ha optado por lo segun do. Esta es la encrucijada de España y de Europa: ¿Va a mostrar nuestro continente y nuestro país un liderazgo basado en su compromiso con los valores de los derechos humanos y la solidaridad, o van a optar por excluir a las personas refugiadas del acce so a una vida digna y segura, dando paso a las agendas nacionalistas y populistas

En esta disyuntiva los últimos y cercanos acontecimientos nos empujan a pensar que se está optando en nuestro país por la criminalización de las personas inmigrantes y por una notoria xenofobia institucional. Así lo vemos y así lo denunciamos desde las CCP de Andalucía poniendo el énfasis en cuatro acontecimientos de nuestro entorno que lo demuestran y que nos han afectado profundamente.

En primer lugar en el encierro de medio millar jóvenes inmigrantes argelinos en un falso CIE, que en realidad era el centro penitenciario de Archidona, que debía con-vertirse oficialmente en cárcel el 14 de marzo de 2017, según consta en el BOE, contraviniendo la legislación vigente que prohíbe ubicar a estas personas en una cárcel. La gota de agua que ha desbordado la situación ha sido el suicidio del ciuda-dano argelino Bouderbala Mohammed, de 36 años, cuando como otros internos espe-raba su deportación. Después de todo lo que hemos ido conociendo compartimos la voz unánime que pide el esclarecimiento de este suicidio, la reparación a su familia y el cierre de todos los CIES.

Otro acontecimiento con tufo institucional xenófobo ha sido el abandono a su suerte de medio centenar de inmigrantes en Granada. Efectivamente, a finales del 2017, se da la paradoja de que el Ayuntamiento de Motril monta en un autobús a cincuenta y tantos inmigrantes llegados en patera y los abandona a su suerte en la estación de autobuses de Granada. Desubicados y confusos fueron alojados por los misioneros combonianos y una comunidad de religiosas, siendo falso que el Ayuntamiento les diera asilo como quiso dar a entender la concejala de servicios sociales. En lugar de un plan municipal o central de acogimiento las administraciones del PSOE y PP apro-vechan para dirimir sus responsabilidades.

Otro brote del racismo institucional ha sido el caso de Pedrera donde una discusión de tráfico de tres varones rumanos con un vecino de Pedrera terminó con una pelea y varias concentraciones contra los rumanos residentes, volcando varios de sus vehícu-los. En la concentración ante el Ayuntamiento, sin permiso del Subdelegado, estuvie-ron presentes algunos políticos significados del PSOE. Los sentimientos xenófobos, que se pusieron de manifiesto, pusieron en el ojo del huracán al cura y compañero Enrique Priego, que desde siempre puso a disposición las dependencias parroquiales para la acogida de las personas inmigrantes.

Por último la falta de pudor institucional se ha hecho manifiesto en el enjuiciamiento de la cooperante Helena Maleno en Marruecos, a instancias de la policía española, acusada de tráfico de personas, cuando en realidad su único delito ha sido socorrerlas y salvarlas de una muerte segura en el mar como manifiesta la propia responsable de Salvamento Marítimo.

Recordando el viejo relato bíblico no entendemos la opción por Caín de las políticas institucionales nacionales y europeas en menoscabo de Abel haciendo patente la en-crucijada en que se encuentran: ¿Van a optar por un compromiso con los valores de los derechos humanos y la solidaridad, o van a optar por excluir a las personas refu-giadas del acceso a una vida digna y segura, dando paso a las agendas xenófobas y populistas?

Desde las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía denunciamos la criminali-zación institucional de las personas inmigrantes y la solidaridad con ellas. La Xeno-fobia y el racismo institucional y animamos a la ciudadanía a desobedecer estas leyes injustas y mostrar la solidaridad, acogida y bienvenida con estas personas. Huir no es delito. Vías seguras y legales.

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía

12 de Enero de 2018

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De una a otra izquierda.

El País. 6 de Enero.

José Álvarez Junco es historiador.

En esta era de globalización imparable, cuando se resquebraja la noción de
soberanía absoluta y cualquier problema serio se plantea en términos
transnacionales, hay quienes aún siguen aferrados a excepcionalismos y
mitologías autorreferenciales
Barcelona, otoño de 1907. Aparece el primer número de Solidaridad Obrera, </CF>órgano del nuevo sindicato de ese nombre, embrión de la futura CNT. Su grabado de portada nos
presenta a un trabajador adormecido bajo los efectos del opio. Pero su opio no es la religión. Su ensueño está presidido por una opulenta diosa-matrona tocada con una barretina que enarbola un escudo con las cuatro barras y una senyera con la inscripción: “Autonomía de Cataluña”; alrededor de ella, un grupo típicamente ataviado baila una
sardana. Otra figura femenina, presentada como real, intenta despertar al inconsciente obrero y atraerle hacia otra habitación, donde debaten sus compañeros de clase. El
grabado se titula: “¡Proletario, despierta!”.
Desde el día mismo de su nacimiento, el sindicalismo anti-político que encarnaría la CNT se enfrentó con el nacionalismo catalán. Hasta el nombre de su primera organización era una réplica de Solidaridad Catalana, alianza parlamentaria del año anterior que integraba, de carlistas a republicanos, a todo el arco político catalán menos al radicalismo lerrouxista.
La izquierda antiparlamentaria también se quedó al margen, porque por entonces era internacionalista. Oponía la solidaridad de clase a la mística nacional, y las clases eran
universales. Tras la revolución, las patrias desaparecerían y, según el sueño ilustrado, toda la humanidad se fundiría en una organización política fraternal. El primer grupo obrero español que se integró en la AIT de Marx y Bakunin, durante la revolución de 1868,
se llamó Federación Regional Española. Es decir, negó a España la categoría de nación, rebajándola a “región”. Puestos a descender de peldaño, Cataluña se quedó en “comarca” y, dentro de la Regional Española, se creó la Federación Comarcal Catalana. Renunciar al rango de nación, casi sacrosanto por entonces, era un generoso acercamiento a los vecinos, un reconocimiento de la gran familia humana y un indicio de la intención de
integrarse algún día en una organización superior, europea primero y mundial más tarde. No era mala idea: en vez de querer ser todos nación, renunciar todos a serlo. Podríamos relanzarla hoy.
Pero la vida da muchas vueltas y la visión progresista de la historia se equivocó en sus previsiones. En la dura competencia entre clase y nación, la última derrotó a la primera.
La prueba fue julio de 1914, cuando, al acumularse los nubarrones que anunciaban la gran tormenta bélica, los partidos socialistas francés y alemán se vieron obligados a optar entre sumarse a la fiebre patriótica o declarar la huelga general, como habían anunciado
que harían ante cualquier guerra imperialista. Los obreros franceses o alemanes demostraron sentirse más franceses o alemanes que obreros.
El Kremlin rindió al fin mayores honores a la gran patria rusa que al proletariado
universal Perdida la pureza revolucionaria por la socialdemocracia, vino a sucederla, como alternativa radical, el comunismo. Tras tomar el poder en la Rusia zarista, se propuso
exportar la revolución al resto del mundo. Pero la dificultad de la tarea le hizo renunciar a ello y conformarse con construir el paraíso obrero en un solo país. Al final, ya se sabe, el 2
Kremlin acabó rindiendo mayores honores a la gran patria rusa que al proletariado universal.
En el período de intenso nacionalismo que vivido por la humanidad entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX, la suprema ambición de cualquier comunidad humana fue alcanzar la categoría de nación, base de la soberanía y los derechos políticos. Al revés
que los internacionalistas españoles de 1868, nadie aceptó ya renunciar a tan prestigiosa etiqueta.
La izquierda, en general, se sumó a esa operación, siempre que se tratara de
nacionalismos estatales. Era comprensible, porque su ambición era conquistar el poder y transformar, desde él, la estructura social. El Estado, la palanca que le permitiría llevar a
cabo su proyecto redistributivo, debía ser fuerte y para ello había que consolidar la base de su legitimidad, el sentimiento comunitario —fuera este pueblo, nación o clase—. La izquierda revolucionaria no era liberal; le preocupaban poco las libertades individuales o los derechos de las minorías culturales. Y en nombre del pueblo, la patria o el proletariado, regímenes socialistas o populistas tomaron múltiples medidas autoritarias,
despóticas hacia los individuos o las minorías, pero indispensables para transformar revolucionariamente la jerarquía social.
La izquierda española es de las pocas que se ha alineado con los nacionalismos
periféricos Los defensores del Antiguo Régimen, en cambio, se resistieron tanto al ideal igualitario como al nuevo culto al Estado-nación y se refugiaron, contra ambos, en las viejas identidades geográficas o corporativas. Incluso se alzaron en armas contra los nuevos
proyectos estatales, como hizo el carlismo español, una de cuyas banderas fue el foralismo. Los más sofisticados pudieron presentarse como adalides de la “sociedad”, frente al Estado, o de la “libertad” frente a la arrasadora igualdad del jacobinismo y luego del leninismo; aunque frecuentemente llamaron libertades a los privilegios y derechos
procedentes de siglos pretéritos que protegían situaciones excepcionales. Algunas de esas defensas de las singularidades se acabaron fundiendo con los nacionalismos periféricos o secesionistas, aspirantes a crear unidades políticas étnicamente
homogéneas y resguardadas frente a tormentas exteriores.
La izquierda española, o al menos parte de ella, no ha sido la única pero sí una de las pocas que han evolucionado en sentido contrario. Porque, en lugar de intentar reforzar el Estado central, y el sentimiento comunitario que lo legitima, se alineó con los nacionalismos periféricos. Ocurrió ya entre algunos republicanos durante la Guerra Civil y
se aceleró bajo el franquismo. Era comprensible, dado el ultra-españolismo de la dictadura y el peso del catalanismo y el vasquismo entre las mitologías movilizadoras de la oposición. Pero dejó de serlo tras la consolidación de la democracia y la integración en
la Unión Europea.
En esta era de globalización imparable, cuando se resquebraja la noción de soberanía absoluta, desaparecen fronteras y monedas y cualquier problema serio se plantea en
términos transnacionales, los enemigos de la unidad europea, única utopía viva que aspira a superar el Estado-nación, son las derechas nacionalistas, defensoras de las viejas identidades soberanas. La izquierda española, caso raro, las acompaña en las trincheras de los excepcionalismos y las mitologías autorreferenciales. Lo cual rompe con
su internacionalismo de raíz ilustrada. Y no es coherente con La internacional, ese himno que sigue aun cantando en sus mítines y manifestaciones y que clama por la unidad del género humano para su emancipación final.

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La pugna entre PP y PSOE deja sin paga de 430 euros a 800.000 jóvenes

Manuel V Gómez

El Pais

La falta de acuerdo entre el Gobierno y el PSOE impiden gastar 500 millones del Presupuesto para ayudas a menores de 30 años que obtengan empleo

El parto del complemento o ayuda salarial de 430 euros para los jóvenes que sean contratados participando en la Garantía Juvenil está siendo largo y complicado. Negociaciones entre el PP y Ciudadanos, escollos en Bruselas, más meses de negociaciones (difíciles) con los agentes sociales y cuando todo esto parece resuelto, ahora el Gobierno choca con su debilidad parlamentaria. El Ministerio de Empleo pensaba que el aval de los sindicatos le garantizaba el apoyo del PSOE. Pero los socialistas no están dispuestos a darle el visto bueno sin más. Solo apoyarán a Empleo si acepta cambios en el Congreso y más tres meses después del pacto con los agentes sociales, el Consejo de Ministros no alumbra el decreto que ponga en marcha la ayuda.

y aprendizaje. Pero esa partida, cuyo fin último sería luchar contra el paro juvenil (una tasa del 36%), acabó intacta 2017. ¿Por qué? Esa ayuda todavía no se ha puesto en marcha ni hay un texto legal que la regule.

Todo parecía listo en septiembre: el Ministerio de Empleo acordó con empresarios y sindicatos su “implementación urgente”. Este paso sucedía al pacto con Ciudadanos, el partido que, como recuerda su portavoz económico, Toni Roldán, tuvo la idea original y la incluyó en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy.

Con estos escollos salvados, faltaba la aprobación parlamentaria. Pero más de tres meses después, este trámite ni siquiera ha comenzado, pese a que PP y Ciudadanos acordaron en diciembre en el Congreso instar al Gobierno a que la ponga en marcha. En Empleo señalan que la falta de apoyo de los socialistas lo ha impedido hasta ahora. “El PSOE tendrá que explicar por qué esa iniciativa […] bendecida por sindicatos y patronal no le parece bien”, respondió el mes pasado Báñez en el Congreso. En el Ministerio también señalan que están negociando con el primer partido de la oposición.

“Un gasto sin criterio”

El responsable socialista de empleo, Toni Ferrer, admite las conversaciones, pero rechaza que ellos se opongan a un pacto fruto del diálogo social. “Nosotros le hemos dicho al Gobierno que estamos dispuestos a aprobar el decreto que canalice el acuerdo, pero exigimos que se tramite después como proyecto de ley”, añade. Aunque como añade a continuación, la intención de Ferrer es enmendar esa ayuda, porque “es un gasto sin criterio”. Para este antiguo sindicalista, la única intención de esta medida es gastar el dinero que Bruselas destina a España de la Garantía Juvenil para no tener que devolverlo una vez acabado el programa porque no se ha podido ejecutar.

“No entiendo que la izquierda bloquee esta medida”, critica el diputado de Ciudadanos, Toni Roldán. Para él, condicionar la aprobación de la ayuda a su tramitación como proyecto de ley es “una excusa”. “Lo que quieren es pararlo y me parece irresponsable”, prosigue.

Desde Empleo, también se achaca el bloqueo a la situación política en los últimos tres meses. O lo que es lo mismo: la crisis catalana. Esto viene a confirmarlo el portavoz del PdeCAT, Carles Campuzano: “Nosotros, en principio, no somos partidarios de una ayuda como esta. Pero, además, no estamos dispuestos a asumir ese coste en la coyuntura actual”.

Para UGT, el principal responsable de la situación “es el Gobierno, que es quien se comprometió con nosotros a sacar adelante el contenido del acuerdo”, señala Mari Carmen Barrera, su responsable de Empleo y Seguridad Social. A este sindicato, lo que más le duele no es la demora en la ayuda, sino que no salga adelante otro de los contenidos del pacto: las mayores facilidades para el acceso a la jubilación parcial de trabajadores mayores de 51 años y las bonificaciones para los contratos de quienes los sustituyan.

En CC OO tampoco se mostraron entusiastas con el complemento. Su titular de Empleo, Lola Santillana, lamenta que el Ministerio no haya puesto en marcha otro de los puntos del pacto: la apertura de una mesa de negociación que busque la regulación de las prácticas no remuneradas de los jóvenes para ponerles un límite temporal, vincularlas con becas y programas de formación o consensuar los requisitos que deben reunir las empresas e instituciones que recurran a ellas.

La idea inicial fue cambiada en Bruselas. La Comisión Europea, quien paga la Garantía Juvenil, “no prevé la financiación de complementos salariales” que abaraten los sueldos y los compensen. Así que Empleo modificó el plan inicial y lo convirtió en una ayuda que pudiera considerarse como política activa de empleo al vincular la ayuda a los contratos formación. Desde el Gobierno reiteran que con ese cambio, en la capital comunitaria ya no pondría problemas, pese a que tras la modificación pedían más garantías.

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