¿Han de ser suspendidos los diputados procesados?

¿Quién debe decidirlo?
El autor sugiere que sea el Pleno del Congreso el que decida con su voto la solución a las dudas jurídicas y políticas
MIGUEL PASQUAU LIAÑO

Oriol Junquera, Gabriel Rufián y otros diputados de ERC, el lunes 20 en el Congreso.

Oriol Junquera, Gabriel Rufián y otros diputados de ERC, el lunes 20 en el Congreso.

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22 DE MAYO DE 2019
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La situación de un diputado electo que está procesado y en prisión provisional con anterioridad a la elección y a su toma de posesión no está directamente regulada en ninguna norma del ordenamiento jurídico. El asunto lo “rozan” dos preceptos importantes, pero uno y otro permiten dudas interpretativas reales, no forzadas. Se trata de una muy interesante cuestión jurídica, en la que tanto las filias de unos como las fobias de otros deberían ser absolutamente irrelevantes, por mucho ruido que tengan derecho a hacer en el hemiciclo o fuera de él. Como España es un Estado de Derecho, la decisión ha de fundarse en normas jurídicas, y no en sentimientos. Lo que ocurre es que, como van a ver, las normas jurídicas nos dejan en un jardín complicado con varias salidas, por lo que un cierto voluntarismo puede acabar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro.

En efecto, por un lado, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una regla general referida a los que “estuvieren ostentando función o cargo público” y, en esa situación, se dictase contra ellos un auto de procesamiento por delito (entre otros) de rebelión, quedarán “automáticamente suspendidos” en el ejercicio de sus cargos mientras estén en situación de prisión provisional. Obsérvese que para el caso de un diputado del Congreso, ello habría requerido la concesión de un suplicatorio por el propio Congreso, puesto que ningún diputado puede ser procesado ni inculpado sin tal autorización de la Cámara.

Por otro lado, el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que un diputado “quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios” cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio, y firme el auto de procesamiento”, un diputado “se hallare en situación de prisión provisional”, mientras dura esa situación.

Cuatro candidatos electorales han adquirido la condición de diputados pese a estar, al tiempo de la convocatoria electoral, procesados por delito de rebelión, y en situación de prisión provisional. Nuestra legislación no les impedía aspirar al cargo, pues mientras no haya sentencia no hay causa de inelegibilidad. ¿Han de ser suspendidos en el cargo, una vez tomada posesión del mismo, por aplicación de los mencionados preceptos? ¿Cómo? ¿Por quién?

Los criterios interpretativos

Si hubiéramos de seguir una interpretación literal de la norma, no cabría ninguna duda: no habrían de ser suspendidos. No por el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque la circunstancia que determina la “automática” consecuencia de la suspensión (el procesamiento y la prisión) se produjo sin que los concernidos “estuvieren ostentado” el cargo de diputado (nacional). Y tampoco por el artículo 21.1 del Reglamento del Congreso, por cuanto respecto de ninguno de ellos el Congreso ha concedido “la autorización objeto de un suplicatorio”, dado que como eran diputados del Parlament de Cataluña, y no de las Cortes, no era preciso dicho suplicatorio para procesarlos.

Si hubiera una norma que estableciese, sin más, que un diputado que estuviere en prisión provisional y procesado por delito de rebelión no puede ejercer su cargo de diputado mientras esté en esa situación, es claro que la Mesa del Congreso no tendría más alternativa que acordar la suspensión con efectos inmediatos, apenas hubiesen tomado posesión. Pero esa norma no existe. Existen dos que se acercan mucho, pero una exige un suplicatorio que no se ha concedido, y otra exige la anterioridad del cargo de diputado nacional (lo que por otro presupone también el suplicatorio), que no concurre.

El criterio literal, sin embargo, no es el único ni el principal que ha de utilizarse para “entender el significado de una norma”. El artículo 3 del código civil establece una regla general de interpretación aplicable a todas las normas jurídicas: además de al “sentido propio de las palabras” del precepto, se tendrán en cuenta los antecedentes históricos y legislativos, el contexto (es decir, el resto de normas del ordenamiento), la “realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” (cuando haya variado respecto de la realidad social tenida en cuenta al promulgarse la norma), y se atenderá fundamentalmente “al espíritu y finalidad de aquellas”. Es decir, lo más importante de una norma es el porqué de la misma, cuál es su lógica, y qué finalidades pretende alcanzar, de modo que, en caso de duda, habrá de interpretarse de modo que favorezca esa finalidad.

A partir de aquí, fíjense en estos dos itinerarios argumentativos o interpretativos, perfectamente defendibles, que conducirían a dos soluciones diferentes.

A) La tesis de que la suspensión no es posible en el momento actual

El primer itinerario interpretativo partiría de la premisa de que la suspensión de un diputado electo es una sanción, y como tal ha de aplicarse restrictivamente, sin que quepa una extensión de la norma sancionadora a supuestos no contemplados por la misma: así se establece también con carácter general en el artículo 4 del código civil: las leyes penales (la sanción por suspensión de un procesamiento es una norma penal) “no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. Es decir, si la ley exige que el diputado lo fuera ya cuando se dicta el auto de procesamiento, o si exige la concesión de un suplicatorio, no cabrá suspensión si se adquiere la condición de diputado cuando ya estaba procesado y no se pudo obtener el suplicatorio de la Cámara.

A ello se añadiría algo de mucha importancia: la exigencia de la previa concesión de un suplicatorio como condición para la suspensión no es un requisito formal o prescindible, sino una exigencia fundamental para la Constitución (art. 71.2), que parte de la base de que el Congreso no está vinculado a las decisiones judiciales relativas al procesamiento y a la prisión provisional, por cuanto el Juez ha de pedirle autorización previa. Esto se puede contemplar como un privilegio de los diputados, pero en realidad, lo hemos dicho ya muchas veces, es una protección del poder legislativo, como expresión de la fuente más directa de poder, que es la de elección de representantes del Soberano (el pueblo) mediante sufragio libre, directo, igual y secreto. Y así, aunque un Juez de Instrucción, o el mismo Tribunal Supremo, esté convencido de la existencia de indicios de culpabilidad de un diputado y quiera procesarlo para después enjuiciarlo, el Congreso tiene la última palabra, pudiendo denegar el preceptivo suplicatorio sin necesidad de dar explicaciones. Naturalmente, una vez pierda la condición de diputado, el poder judicial podrá proceder contra él, porque ya no se da la razón de la exigencia de suplicatorio.

En definitiva, es perfectamente defendible la tesis de que, para que se produzca (automáticamente) la suspensión de un diputado, es presupuesto previo que la propia Cámara haya autorizado el procesamiento y la prisión provisional: así lo exige expresamente el artículo 21.1 del Reglamento, y así lo presupone necesariamente el art. 384 bis LECrim (pues si ya está ejerciendo el cargo de diputado cuando es procesado, es porque -por hipótesis- se ha concedido el suplicatorio).

B) La tesis de que la Mesa del Congreso está obligada a acordar la suspensión

El segundo itinerario argumentativo partiría de la premisa de que hay una lógica común a los artículos 21.1 del Reglamento y 384 bis LEcrim., que permite conocer cuál es el “espíritu y finalidad” de cada una de esas normas. Lo común es la incompatibilidad del ejercicio del cargo de diputado con la situación de procesado (por rebeldía) y en prisión provisional. Eso es lo que la norma pretende, aunque su expresión no alcance literalmente al caso de quien ya estaba procesado, obviamente sin necesidad de suplicatorio, antes de ser procesado. La aplicación de estos preceptos a la situación de los cuatro diputados independentistas no sería, pues, la extensión de una norma sancionadora a un supuesto no previsto por la misma, sino una interpretación de la norma que “atiende fundamentalmente a su espíritu y finalidad” (art. 3 código civil), es decir, a lo que la norma quiere conseguir.

A ello podría añadirse que sería arbitrario y discriminatorio tratar de manera diferente a quienes fueran diputados en el momento de ser procesados y a quienes lo fueran después, puesto que lo que debe importar es que el ordenamiento jurídico no quiere que un procesado por rebelión pueda ejercer como diputado, por lo que tanto da “no seguir ejerciendo como diputado” que “no poder empezar a ejercer como diputado”. Al fin y al cabo, la expresión “estuviere ostentando función o cargo público” del artículo 384 LECrim, podría entenderse de modo intemporal, es decir, “en cuanto esté ostentando función o cargo público” (de diputado).

Con arreglo a esta interpretación, la suspensión es un efecto ope legis, es decir, automático, sin que ningún órgano (judicial o parlamentario) tenga facultad discrecional de acordarla o no: la Mesa, en definitiva, debería limitarse a constatar que el diputado está en causa legal de suspensión, y no podrá ejercer ninguno de los derechos propios de los diputados.

¿Quién ha de decidir?

El Tribunal Supremo, mediante auto de 14 mayo 2019 [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-rechaza-que-deba-pedir-suplicatorio-a-las-Cortes-para-proseguir-la-vista-oral-de-la-causa-especial-20907-2017] ha denegado la solicitud de las defensas de los diputados procesados para que el Tribunal Supremo solicitase la autorización o suplicatorio al Congreso de los Diputados para la continuación de la causa que se está siguiendo contra ellos. A mi juicio con buen criterio, el Tribunal Supremo razonó que el suplicatorio está previsto para adoptar las resoluciones de procesamiento y de prisión provisional, durante la fase de instrucción, sin que por tanto pueda justificar una suspensión del juicio cuando el juicio oral ya está celebrándose. La lectura de este auto no deja dudas sobre la existencia de buenas razones para haber decidido así, y no voy a glosarlas para no desviarme del asunto.

Lo cierto es, pues, que no hay suplicatorio. Y lo que se plantea ahora es si, como pretenden tanto el Ministerio Fiscal como la nueva Presidenta del Congreso, Sra. Batet, es el Tribunal Supremo el que tiene que pronunciarse sobre la aplicación del artículo 384 bis LECrim a los cuatro diputados procesados, o si se trata de una decisión que ha de tomar la Mesa del Congreso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.1 y 31.7 del Reglamento del Congreso (disculpen tanta referencia legal, que se indica sólo para quienes quieran ir a las fuentes). El Tribunal Supremo, en su auto de 14 de mayo que acabo de referir, no se pronunció sobre ese aspecto. Algunas informaciones sugirieron que el Tribunal Supremo dejó la decisión en manos de la Mesa, por tratarse de un tema controvertido que afecta al estatuto del diputado.

En mi opinión, la duda sobre quién tiene que decidir está relacionada con el problema de qué tiene que decidirse. En la medida en que la suspensión está concebida como un “efecto automático” para las situaciones que se contemplan, entiendo que desde luego no es una decisión discrecional del Tribunal Supremo. Éste puede comunicar formalmente a la Mesa la situación procesal en que se encuentran los cuatro diputados, pero es la Mesa el órgano competente para pronunciarse autónomamente (sin perjuicio de un ulterior control judicial, en sede contencioso-administrativa) sobre si existe o no causa de suspensión. Dicho de otro modo, el problema interpretativo al que me estoy refiriendo debe resolverlo, en primera instancia, la Mesa. Y ésta, en mi opinión, tiene dos opciones:

a) O bien considerar que se dan los presupuestos legales, en cuyo caso debe forzosamente declarar (sin votación en el Pleno de la Cámara) que los cuatro procesados están suspendidos en el ejercicio del cargo.

b) O bien considerar que, al no ser ya posible el suplicatorio (puesto que así lo ha decidido el Tribunal Supremo en su auto de 14 mayo 2019), una interpretación del artículo 21.1 del Reglamento del Congreso justifica dar la palabra al Pleno del Congreso; no, obviamente, para la continuación del juicio oral o para el mantenimiento de la prisión provisional de los diputados (que es competencia del Tribunal Supremo), sino sobre si se les suspende o no para el ejercicio de sus cargos. Esto comportaría devolver al Congreso de los Diputados la decisión política, y no jurídica, sobre su propia composición actual: puesto que no pudo decidir por vía de suplicatorio, puede decidirlo por la vía de determinar si se les suspende o no. Obviamente, los diputados no estarían, entonces, decidiendo sobre la interpretación de los arts. 384 bis LECrim y 21.1 del Reglamento (esa interpretación ya la habría hecho la Mesa del Congreso, oyendo el dictamen de los Letrados de las Cortes), sino sobre qué consideran políticamente mejor para el funcionamiento de la Cámara. Igual que si estuvieran votando sobre un suplicatorio.

La segunda de las opciones es la que, a mi juicio, mejor respeta el artículo 21.1 del Reglamento: la suspensión es posible, pero requiere una votación del Pleno, como la que habría sido precisa para el suplicatorio en caso de ser diputados nacionales al ser procesados, y que ya no es posible por haber adquirido esa condición una vez abierto el juicio oral. Sin embargo, sin duda, es la opción más incómoda para el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que al concebirse ya como una decisión política, y no como el mero cumplimiento de un mandato judicial, el sentido de su voto puede traer muchas consecuencias: por ejemplo, para la investidura.

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Opinión del editor del 24/05/2019

Violencia criminal por apuñalamientos en Inglaterra y Gales. Lo que los medios
comenzaron a denominar “epidemia” y ya es oficialmente una “emergencia
nacional” viene a confirmar que no se está actuando adecuadamente a pesar de
tener las cifras sobre la mesa. Entre marzo de 2017 y marzo de 2018 hubo 285
asesinatos por apuñalamientos . Los datos señalan que el número de
apuñalamientos mortales en Inglaterra y Gales el año pasado fue el más alto
desde que en 1946 comenzaron los registros: entre marzo de 2017 y marzo de
2018 hubo 285 asesinatos por cuchillo u otros objetos afilados. El 35% de ellos
ocurrieron en Londres. Las 132 víctimas de la capital convirtieron ésta en la causa
de muerte más alta de la última década en la ciudad, exceptuando el terrorismo.
Un elevado número de tales muertes por arma blanca tienen como autores y
víctimas a jóvenes, algunos de ellos niños.

Alberto Revuelta

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Opinión del editor del 23/05/2019

Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ha declarado , durante la celebración de un encuentro en Madrid que la falta de respuesta del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la actual ley del aborto “se acerca a la prevaricación”. “Ese no querer responder es inaceptable”, añade el prelado: “Existe el derecho a hacer una pregunta sobre si una ley es inconstitucional y el Tribunal Constitucional tiene la obligación de responderla”. El recurso de inconstitucionalidad presentado el 1 de junio de 2010 por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno de Navarra lleva ya nueve años esperando ser sometido a debate por el Tribunal Constitucional.

Alberto Revuelta

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Opinión del editor del 22/05/2019

En Polonia lo que durante años no consiguieron reportajes en la prensa o en la televisión independiente sobre repetidos casos de violaciones y abusos sexuales de niños por parte de sacerdotes católicos y el silencio
que los rodea, lo ha obrado una película documental en internet. El documental “ No se lo digas a nadie” ha logrado que lo hayan bajado de la red 11 millones de personas, conmocionando a la opinión pública, provocando una avalancha de demandas de dimisión colectiva del episcopado y ha sacudido a la jerarquía católica polaca. El gobierno resolvió ayer modificar de manera urgente el código penal elevando a 30 años la pena por pedofilia. El Gobierno quiere instituir la pena de cadena perpetua incondicional en los casos más graves.

Alberto Revuelta

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Opinión del editor del 21/05/2017

En julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordando «la importancia que para una sociedad democrática tiene la confianza que los tribunales deben inspirar a los justiciables», estima que «las quejas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional español que le juzgó y le condenó del demandante Gómez de Liaño , magistrado expulsado de la carrera judicial,, pueden ser consideradas objetivamente justificadas», concluyendo el Tribunal que en el juicio al que fue sometido el demandante «ha habido violación del art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída … por un tribunal independiente e imparcial». La estimación del recurso basado en el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas se basó en que al dictar con anterioridad los jueces que le juzgaron determinadas resoluciones incidentales, no habían ofrecido la suficiente «apariencia de imparcialidad», todo ello debido al sistema procesal español. Ocurrirá algo similar con el actual juicio del procés. Bastantes abogados lo creen así.
Alberto Revuelta
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Opinión del editor del 20/05/2019

Apenas seca la pegada de carteleria ritual del inicio de la campaña electoral para municipios, autonomías varias y Parlamento UE, murió don Alfredo Pérez Rubalcaba del que el presidente Rajoy ha escrito que era un rival admirable y que hacen falta personas como él en la (añado los adjetivos) ignorante, vociferante y achulescada marea de renovados líderes políticos que, para desgracia nacional, padecemos. Pasados ya unos días de su entierro, es bueno traer el gesto del señor Rajoy.

Alberto Revuelta
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Qué hacer en caso de incendio

Publicado originalmente en El Pais

Lo social, lo ecológico y la cuestión de género pueden crear un bloque superior a la suma de las partes

JOAQUÍN ESTEFANÍA
18 MAY 2019 – 00:12 CEST
El primer año en el que el desarrollo económico superó la capacidad de carga de la Tierra fue 1980, según los científicos. Han pasado casi cuatro décadas desde entonces; a partir de ese momento, los ciudadanos comenzamos a consumir recursos naturales a un ritmo superior al que el planeta podrá recuperar. El consumo de recursos no renovables haría ya necesario un planeta y medio, y mucho más si el conjunto de la ciudadanía generalizase las pautas de vida y de consumo de EE UU o de la UE. Además de ello, padecemos un cambio climático muy profundo; se ha alterado el clima del mundo. Hoy se vive en un planeta un grado más caliente que el de nuestros tatarabuelos; a finales de este siglo, los nietos de nuestros hijos nacerán en un mundo en el que los gases de efecto invernadero habrán podido añadir uno, dos, tres y hasta cuatro grados a la fiebre planetaria.

La destrucción del planeta no es algo que deba preocupar sólo a ecologistas bienintencionados y sensibles amantes de los animales

Todos estos datos, y otros muchos, figuran en el libro ¿Qué hacer en caso de incendio? (Capitán Swing), escrito por el bioinformático Héctor Tejero y el antropólogo Emilio Santiago, que sin pretender ser alarmistas continúan la reflexión con la siguiente y rotunda frase: “Si finalmente la temperatura del incendio sube más, puede que sencillamente no haya nietos”. Es bajo estas premisas bajo las que ha movilizado a miles y miles de personas la adolescente sueca Greta Thunberg, que en el Foro de Davos, el pasado mes de enero, gritó: “Quiero que actuéis como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo está”. Y los jóvenes comenzaron las huelgas escolares por el clima y los viernes para el futuro.

En el prólogo del texto, Íñigo Errejón hace una reflexión conjunta sobre el clima deteriorado y los recursos desbordados: a medida que se destruye el medio ambiente y los recursos empiezan a escasear, se tensan las costuras de la convivencia y la estabilidad, y se afilan las tendencias del “¡sálvese quien pueda!” y del autoritarismo para el disfrute cada vez más excluyente de recursos menguantes. Por tanto, la destrucción del planeta no es algo que deba preocupar sólo a ecologistas bienintencionados y sensibles amantes de los animales y de la naturaleza, sino que es una cuestión directamente política, la principal amenaza que se cierne sobre las democracias y sobre el ideal de tener sociedades más justas y libres posibles. La crisis ecológica no sería sólo una cuestión ambiental o tecnológica sino ante todo un problema político de primer orden porque interpela a la ciudadanía como especie y atañe a la calidad de la vida, a la propia supervivencia y la de las generaciones inmediatamente posteriores.

Es en este contexto en el que ha surgido como parte de la conversación política el Green New Deal (GND), un plan que ha nacido en EE UU (presentado y extendido por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez) y que es una especie de keynesianismo verde en el que el sector público impulsa las inversiones necesarias para transformar el modelo económico hacia un crecimiento más sostenible, basado en las energías renovables. Los autores del libro entienden que el GND, con todos sus límites y contradicciones —que analizan—, es un contraataque en campo contrario, en los minutos finales del partido; posiblemente, el GND no permitirá apagar el incendio pero sí mitigarlo, conseguir tiempo, forzar una prórroga.

Es muy sugerente la reflexión de la lucha contra el cambio climático como una “dimensión ganadora” que puede acabar cargándose de un valor suplementario al de su significado concreto, y pase a designar (junto con el feminismo y la lucha contra la desigualdad) un conjunto más amplio que es mucho más que la suma de las partes. Anudar la cuestión social, la cuestión de género y la ecológica es fundamental para asegurar un bloque social suficiente como para que estas propuestas (entre ellas, el GND, con una movilización de recursos sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial) se conviertan en políticas públicas sostenidas en el tiempo. También China, con otros objetivos, está iniciando una billonaria renovación de las infraestructuras con la moderna Ruta de la Seda.

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Señor, ¿qué hay de lo mío?

Publicado originalmente en Alfa y Omega

Fernando Savater junto a Ignacio Carbajosa, profesor de San Dámaso y responsable en España del movimiento Comunión y Liberación. Foto: Encuentro
Una pregunta recorre la historia: si existe Dios, ¿por qué permite el mal?, ¿por qué calla ante el sufrimiento del inocente?

Se atribuye a Epicuro la primera formulación de un dilema que recorre toda la historia de la filosofía y de la literatura: si Dios quiere evitar el mal pero no puede, entonces no es omnipotente. Pero si, pudiendo, no lo hace, es un ser malvado. El drama alcanza su máxima intensidad en el Libro de Job. Es la narración del pleito de un justo con el Creador por sus inmerecidas desgracias. Tras el desconcertante despliegue de poder de Yahvé que obtiene por respuesta, Job viene a decirle: sigo sin entenderte, pero ahora sé que puedo fiarme de ti. Fernando Savater, no creyente, dedicó en los años 80 a este libro de la Biblia un seminario de doctorado en San Sebastián, en el que, entre sus alumnos, contaba con Yoyes, asesinada poco después por sus antiguos camaradas de ETA. El filósofo vasco debatió sobre el tema con los profesores Miguel García Baró (Comillas) e Ignacio Carbajosa (San Dámaso) en una mesa redonda celebrada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense como colofón a la exposición «¿Hay alguien que escuche mi grito? El Libro de Job y la pregunta sobre el sufrimiento inocente», organizada por el movimiento Comunión y Liberación en torno a la Semana Santa.

Miguel García Baró: Dice Elie Wiesel que los santos son los que mueren antes del final. Cuando él llega a Birkenau [Auschwitz], ya en el primer minuto le arrebatan para siempre a su madre y a su hermana. Y ve llegar un camión lleno de cuerpos de niños, y volcarlos sobre un foso de fuego. Es un choque enorme para un joven de 14 o 15 años.

Hay una expresión muy dura en Lévinas: se basa en un relato apócrifo, escrito como si fuera el texto que un superviviente del gueto de Varsovia mete en una botella como un ultimo mensaje a Dios. Toda su familia ha sido asesinada horriblemente, le queda una bala para matarse. Y le escribe: «Yo no puedo quererte, pero en cambio amo tu Torá, porque me ha puesto del lado de las víctimas, me ha evitado estar del lado de los verdugos».

Lo malo de descender hasta el fondo del mal y del sufrimiento es que en el último momento puede que el verdugo consiga de ti lo que quiere: tu complicidad (en el caso de Wiesel, con el sentimiento de abandono a su padre, por el alivio que experimentó de no tener que cargar ya más con él ). Eso es el abismo del sufrimiento. «Los santos son los que mueren antes del final» significa que, si llegas al fondo del sufrimiento, estás quebrado para siempre. Ya es imposible recuperar ningún sentido ni para la vida propia ni tampoco para la política. Un mundo que ha conocido esas barbaries puede haberse convertido en el cementerio de todo futuro.

Fernando Savater: En el Libro de Job el diablo dice: eso de que este Job es muy bueno… ¡Será que no le han probado todavía! Es como esos partidos políticos nuevos que dicen: «Nosotros no tenemos casos de corrupción», cuando simplemente todavía no han tenido ocasión. Y los amigos de Job son los representantes de la razón. Su argumentación en el fondo consiste en identificar a Dios con la naturaleza. Es absurdo discutir con la naturaleza, que es como es, con sus leyes. Si te gustan los amaneceres, debes aceptar también el cáncer.

Eso mismo lo podríamos trasladar a males peores. Por ejemplo: todo amor verdadero acaba en tragedia. Hoy empleamos la palabra amor para cualquier cosa, pero el amor verdadero, que es cuando alguien es destino de otro, acaba en tragedia, porque siempre uno muere antes que el otro, salvo que el avión se caiga con los dos dentro. Si no tienes esa suerte, a partir de un punto, el amor se convierte en sufrimiento.

Los amigos le dicen a Job: Acepta la naturaleza, acepta todo lo que te ha ocurrido, olvida el hecho de que tú mereces esto o lo otro… No se le puede poner condiciones a la naturaleza: tú puedes ser muy bueno y la naturaleza te castiga igual. En eso la naturaleza suele ser bastante imparcial y su ración de dolor la recibe todo el mundo. Hasta los que la merecen…

La promesa de Dios es sacarnos de la naturaleza. El que acepta a un Dios racional, razonable, que lucha por los desfavorecidos, que protege a las víctimas… es una persona estupenda, pero de eso se ocupa la ética. La religión, en sentido autentico, lo que pide es algo mejor que la vida. Y eso es lo que quiere Job: que le salven de la naturaleza, que Dios borre lo que ha sucedido… Al final, al Dios que aparece enfadado se le presenta como naturaleza… Y Job se queda esperando: «Y de lo mío, ¿qué?». Al final lo que pasa es que, de una manera un poco simplista, pero por otra parte eficaz, Dios le restituye todo [hijos y fortuna].

Eso es un poco, a mi juicio, lo que plantea el Libro de Job. ¿Cómo se explica el sufrimiento? De ninguna manera, evidentemente. ¿Por qué me ha dado a mí el cáncer? El cáncer es azaroso. La naturaleza nos trata como fichas al azar. Solo podríamos ser personas para alguien que rompiera en nosotros la naturaleza.

Esa es la promesa divina: que para alguien no seremos naturaleza sino algo irrepetible. La naturaleza nos ve a todos como seres repetibles indefinidamente.

La razón, ¿cómo va a servir contra el sufrimiento? En todo caso lo que hace es explicarte los mecanismos del cáncer, de los terremotos, de la espina bífida… Te lo puede explicar pero consolarte, no. Al contrario, te explica que es inevitable.

Los idealistas no terminan de llevarse bien con la naturaleza. Los egoístas son los que están más a bien con ella. Son los que te dicen: «Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que le pasan a todo el mundo, el tiempo todo lo cura…». ¿¡Cómo!?¿¡Te cortan una pierna y con el tiempo te sale otra!?

Miguel García Baró, profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas. Foto: Encuentro

Ignacio Carbajosa: La realidad está fragmentada. Esa es la experiencia natural que tenemos todos: hay cosas buenas y hay cosas malas. En la antigüedad una madre daba a luz diez o doce hijos, de los cuales la mitad morían. La realidad es así y basta.

Dice C. S. Lewis que «el cristianismo más bien crea el problema del dolor, en lugar de resolverlo; ya que este no sería problema alguno, a no ser que, junto con nuestra experiencia cotidiana de este mundo doloroso, recibiéramos la certeza de que la realidad esencial es justa y amorosa».

El Génesis introduce un elemento extraño: «Y vio Dios que todo era bueno». Pone sobre la mesa que hay un único principio creador. Es la primera vez en la historia que se dice que toda la realidad es buena, cuando la experiencia natural diría que hay cosas buenas y cosas malas.

El politeísmo presenta una imagen de la naturaleza con un halo no personal que tiene una cierta coherencia: el sol se pone todos los días, llueve… Y hay diferentes ventanas para entrar [en la realidad], que son los dioses: el dios del trueno, el dios de la fecundidad… Son diferentes accesos a una realidad fragmentaria. Y en cierto modo esto es más razonable que el monoteísmo, porque me acaba de nacer un hijo (el dios de la fecundidad) pero dos días después cae un rayo y me mata la mujer (debe de ser obra de otro dios diferente). Pero si hay un único Dios creador y toda la realidad es buena, si hemos sido creados dentro de un designio de amor y de felicidad, entonces, ¿por qué el dolor?, ¿por qué la muerte? Es la pregunta de los griegos cuando entran en contacto con el pueblo judío en Alejandría, en el siglo I a. C.

Como decía Fernando, los amigos de Job son en realidad abogados defensores de esa naturaleza y reducen a Dios a una teoría, a la ley de la retribución: si haces bien tendrás bienes, si haces mal tendrás males… Job, sin embargo, ya tiene la idea de un Dios personal. Bienvenidos aquí al nacimiento de lo que diríamos el hombre en Occidente, el hombre que incluso lleva a Dios ante el tribunal, le agarra de la pechera y le zarandea, igual que hace por ejemplo Voltaire tras el terremoto de Lisboa.

F. S.: La paradoja es que normalmente se dice: ¿Cómo va a existir Dios si hay niños que sufren y terremotos y no sé qué? Bueno, ese es el único argumento a favor de Dios: que tiene que haber algo que no sea naturaleza y por tanto esté contra los niños que sufren, contra los terremotos, contra los cánceres, etc. Si todo fuera bien, no necesitaríamos a Dios.

M. G. B.: Le podemos dar la vuelta al famoso argumento ontológico [contra la existencia de Dios]: «Claro que existe el bien perfecto, ¿no ves que no existe?». Es decir, ¿cómo podríamos soportar tantas desgracias que reclaman nuestra crítica radical si no fuera en nombre del bien perfecto? Por eso Job lo que quiere es que Dios comparezca, da igual lo que diga, pero que aparezca. Entonces se podrá luchar con él, se le podrá llevar a juicio… Pero «mi redentor está vivo». Job quiere respuestas. Porque no todo se cura con pastillas y con dietas, no hay terapia para muchas cosas, como ha dicho antes Fernando: hay sufrimientos inconsolables. Y decir que el tiempo los va a curar es lo más imbécil y ofensivo.

I. C.: En la sociedad española –esto no existe a este nivel en otros países de nuestro entorno– existen protocolos para las catástrofes, que provocan en nosotros un golpe de la realidad, preguntas que son de naturaleza religiosa, o por lo menos humana, del tipo: ¿Por que a mí? O mejor dicho: ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi mujer? Y en cierto modo es como si quisiera reducir este impacto de la realidad a una patología: «No te preocupes, tú tienes una patología postraumática». Lo cual en parte es verdad. Si yo estuviera en esa circunstancia, agradecería que un médico o un psicólogo me dijera cosas tan evidentes como que no vea la televisión ni lea los periódicos durante unos días. Y que, si no puedo dormir, me tome una pastilla. Ahora, yo tengo preguntas que no puedo reducir a patología postraumática. Y una de las características de la sociedad española en estos últimos decenios es la reducción de la pregunta humana a patología.

F. S.: Luchar contra lo remediable es aceptar lo irremediable. Lo racional es luchar contra las cosas remediables, no conformarnos, patalear… Y luego está lo irremediable, que es nuestro destino personal. Ahí la razón no puede hacer nada. Donde necesitaríamos a Dios es en el momento de lo irremediable. Pero Dios se queda callado. No aparece. No sabemos si es porque no existe, porque nos deja cocernos un poco en nuestra propia salsa antes de darnos la sorpresa… No lo sabemos.

I. C.: Esto me parece muy interesante: necesitamos a Dios en lo irremediable. En la muerte, por ejemplo. O en un cáncer terminal.

Yo invito a leer el comentario brevísimo de Chesterton sobre el Libro de Job. Es de los pocos autores que, con gran lucidez, realmente ha comprendido la intervención de Dios. Pero a mí lo que verdaderamente me hizo entender el libro fue la relación con un gran hombre que, en una época de mucha dificultad para mí, de no entender las cosas, cuando le comenté mis problemas vino a decirme: «Te concedo todo. Pero tú en este instante no te das la vida a ti mismo y tienes que hacer las cuentas con esto». Yo en ese momento dije: «Y de lo mío, ¿qué?». Pero esta persona me había escuchado. Y yo cada vez que me asfixiaba pensaba: «¿Por que me habrá dicho eso?». Entenderlo al final me supuso desvelar la realidad. Yo tenía un problema: todo discurría en torno a mí, un poco como Job: mi dolor, mis sufrimientos… Y la realidad era un decorado. Pero yo no me doy la vida a mí mismo. Eso no lo había pensado nunca. Mejor dicho, no me había dado cuenta. Y empecé a afrontar las cosas con este dato de partida, que no resuelve el problema del sufrimiento, pero implica también un sentido de sorpresa, de agradecimiento, de corrección, de compañía radical a mi propia vida… Es como la experiencia de un niño pequeño, cuando le dan un regalo… La madre añade para completar la parábola del conocimiento: «¿Qué se dice?». Y el niño responde: «Gracias».

Detrás de Job, el gran acontecimiento que divide la historia en dos y hay que afrontar es si aquel hombre, Jesús de Nazaret, resucitó o no. Si esto es verdad o no es verdad. Porque si es verdad que ha resucitado, verdaderamente ha entrado en la historia la respuesta a lo irremediable.

Ricardo Benjumea

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Opinión del editor del 17/05/2019

Cuando todavía andamos a vueltas con los asesinados durante la guerra civil y después y la exhumación de los restos del general Franco Del Valle de los Caídos, recordamos que El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el 14 de mayo de 2010, por unanimidad, suspender cautelarmente en sus funciones a Baltasar Garzón, después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara el 12 de mayo la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo. Este mismo magistrado se sienta a la derecha del presidente Marchena en el tribunal de los políticos catalanes.

Alberto Revuelta

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Opinión del editor del 16/05/2019

En plena campaña electoral al PP le brota una excrecencia. Un ex concejal ya condenado por malversación, ex concejal de urbanismo, ha sido acusado por un juez de Madrid de haber violado, al menos siete veces a un preso bajo amenaza de enviarlo a prision, ya que aprovechaba su trabajo en una ONG de ayuda a penados en régimen de libertad para abusar de ellos. Un prenda, vaya. Al pobre señor Casado le crecen en su sombrerería las personas sin cabeza.

Alberto Revuelta

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