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Nadia Murad, Nobel de la Paz: “Mi supervivencia se basa en defender a las víctimas de violencia sexual”

Publicado originalmente en El Pais

La joven activista agradece en Washington el galardón, pero enfatiza que no es suficiente: “Necesitamos una respuesta internacional”

Nadia Murad se esfuerza por controlar su respiración. Le tiritan las manos cuando se las lleva a la cara para apartarse un mechón de pelo que no hay. Su cuerpo pequeño y delgado, víctima de reiteradas violaciones por miembros del autoproclamado Estado Islámico, aparenta ser el de una niña. Pero su insondable mirada despeja las dudas. La activista iraquí de origen yazidí, exesclava del grupo yihadista, tiene 25 años. En Washington, con zapatillas deportivas y un moño improvisado, agradece el Premio Nobel de la Paz: “Muchos yazidíes mirarán este galardón y pensarán en los familiares que han perdido, aún sin contabilizar, y en las miles de mujeres y niños que permanecen en cautiverio”. “Personalmente, pienso en mi madre, que fue asesinada por el ISIS; los niños con los que crecí y lo que debemos hacer en honor a ellos”, confesó este lunes en una rueda de prensa.

La joven galardonada es una de las 3.000 niñas y mujeres yazidíes que fueron esclavizadas por el ISIS en Siria y en Irak. Hasta los 19 años vivía en Sinjar, al noreste de su país. Un día llegaron los yihadistas a su pueblo, a la caza de los yazidíes, para ellos, una religión de infieles. Mataron a los hombres —porque para ellos no tienen posibilidad de conversión— y se llevaron a las mujeres a Mosul. Las vendieron como mercancía: “Nos robaron nuestra vida, nuestros recuerdos, nos destrozaron”. Murad logró escapar a los tres meses, pero muchísimas otras, no. Y lo sabe, y le pesa, y lo padece. “Miles de mujeres siguen recluidas en manos de mercenarios del ISIS”, lamenta. “Mi supervivencia se basa en defender los derechos de las comunidades perseguidas y a las víctimas de violencia sexual. Un solo premio y una sola persona no pueden lograrlo. Necesitamos una respuesta internacional”, clama en la capital estadounidense casi sin mover un músculo de su rostro.

Murad fue premiada hace tres días con el Premio Nobel de la Paz junto a Denis Mukwege, un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo (RDC). Dijo estar sorprendida con el galardón y honrada por compartirlo con el doctor y con todas las víctimas yazidíes de violencia sexual. Fue enfática en remarcar que el premio no es suficiente, pero que ayuda a que se preste atención internacionalmente al pueblo yazidí, “que ha sufrido crímenes inimaginables desde el genocidio del ISIS que empezó en 2014”. “La situación en Sinjar es grave. Las fosas comunes están a la intemperie, no examinadas, ni protegidas”, explicó.

Actualmente la activista vive en Alemania, donde llegó con su hermana gracias a un programa que acogió a cerca de mil de niños y mujeres yazidíes, tras pasar por un campo de refugiados donde malvivió en condiciones penosas, como narró en una entrevista en enero a EL PAÍS. En su discurso de agradecimiento aprovechó para reconocer al país que hoy la refugia y reiteró sus intenciones de ir a Sinjar acompañada del presidente francés, Emmanuel Macron, como acordaron la última vez que se vieron. También felicitó a Canadá y a Australia por las ayudas que han otorgado a su comunidad. “Debemos trabajar juntos con determinación para demostrar que las campañas genocidas no solamente fracasarán, sino que además supondrán la rendición de cuentas de sus perpetradores y que también habrá justicia para los supervivientes”.

Esa es la gran lucha de Murad. Llevar a los responsables de las violaciones, secuestros y matanzas a las cortes internacionales para que paguen por lo que han hecho. “Eso es para mí la justicia”, concluyó. Y así, como el título de su libro, cumplir lo que se ha prometido a sí misma: Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico (Plaza Janés).

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Huelga en la cárcel

Publicado originalmente en El Diario 16

Octubre ha comenzado con una huelga de hambre de la que nadie ha hablado: la que han realizado algunos presos en los centros penitenciarios españoles

Los centros penitenciarios son lugares en los que el tiempo se detiene, donde la vida es de otra manera. Donde conoces historias y personas que jamás habrías imaginado. Suelen estar ahí, en medio de la nada, y aunque todos saben de su existencia, pocos conocen la realidad de una prisión.

Y no me refiero al hecho de que sea un lugar donde han de estar los “malos”, y por ende, un sector minoritario de la sociedad. Me refiero al silencio que impera sobre todo lo que tiene que ver con lo que allí sucede, con lo que le afecta a quienes se encuentran presos, y también, claro está, a sus trabajadores. Nadie habla de centros penitenciarios, de sus necesidades. Como si no existieran, allí queda un mundo paralelo, que será conocido por quien no tenga más remedio -salvo casos muy contados-.

El sistema penitenciario español ha sido siempre, al menos desde el siglo XIX, un referente en cuanto a “humanitarismo” se refiere. Los expertos lo saben, y en este sentido hacía unas interesantes declaraciones la que fuera Secretaria General de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2012, Mercedes Gallizo: “En el sistema penitenciario, el humanitarismo es más eficaz que la crueldad”.

Rafael Salillas (1854-1923) es un referente en lo que a cuestiones penitenciarias se refiere. Sostenía que la delincuencia mayoritaria es consecuencia de la pobreza. Y no por casualidad, la Constitución establece que los fines principales de la privación de libertad y de las medidas accesorias son la reeducación y la reinserción social de los reos (artículo 25.2). Esos son los fines de la pena privativa de libertad en nuestro país. No es la venganza, no es el castigo, sino la consideración de que si se ha realizado lo que se ha probado, y por lo que ha de haber sentencia, finalmente se entiende que “el sistema ha fallado”, que esa persona no ha sido capaz de “adaptarse” a las pautas básicas de convivencia. Evidentemente no todos los delitos responden a las mismas causas; y las sociedades avanzan tan rápido que suponen también una evolución en los distintos perfiles de delincuencia.

España ha sido durante mucho tiempo un referente a nivel mundial en este ámbito. Al menos en el planteamiento del Reglamento Penitenciario y en el sistema de desarrollo de los centros, en la formación y funciones del funcionariado y en la ciencia penitenciaria. Lo cierto es que si uno ha visto cómo son los centros penitenciarios de otros lugares del mundo, evidentemente, España está avanzada. Y en parte también se debe al hecho de que la Ley General Penitenciaria fue redactada por algunas personas que conocieron la prisión durante el franquismo, como presos políticos, y entendían bien -y desde dentro- lo que era necesario modificar.

Pero ya sabemos que una cosa es “el espiritu” de las cosas y otra, la realidad. Que no siempre van de la mano.

Inspección internacional

Hace tan sólo un año, en noviembre de 2017, el Comité de Prevención de la Tortura denunciaba la práctica de atar a los presos en las cárceles españolas. Se denunciaba así, por parte del organismo europeo, que se está atacando la dignidad de los presos al tenerlos inmovilizados durante horas o días, incluso sin permitirles ir al baño. En alguna ocasión, estando así inmovilizados, se les golpea.

El informe es digno de ser leído. Escalofriante. Puede verlo aquí . Se denuncian prácticas por parte de la policía en el momento de las detenciones: agresiones, insultos, y prácticas como “apretar excesivamente las esposas”, dejando lesiones. Literalmente señala que “El CPT reitera su recomendación de que las autoridades españolas permanezcan atentas en su esfuerzo por combatir los malos tratos por parte de los agentes de las fuerzas del orden. En este sentido, se debería enviar un claro mensaje a todos los agentes sobre el hecho de que toda forma de maltrato, incluido el comportamiento irrespetuoso hacia los detenidos, es algo inaceptable y será sancionada debidamente. En particular, se les debería recordar que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria al realizar una detención y, una vez que se ha reducido a las personas, no existe justificación alguna para golpearlas. Del mismo modo, en los casos en los que se considera necesario esposar a una persona en el momento de su arresto o cuando ya se encuentra en custodia policial, las esposas no deben ajustarse excesivamente7 bajo ninguna circunstancia y deben utilizarse sólo el tiempo estrictamente necesario.”

Señala además el informe que en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos (Madrid), la delegación del CPT encontró, en su visita, palos, bates de béisbol, un látigo y una soga. Trato de imaginar la cara que se le quedó a los delegados internacionales cuando se encontraron con semejantes herramientas de trabajo.

Llama la atención también el hecho de que en los informes de detención no constaba a qué hora se había designado al abogad y a qué hora se había permitido hacer las llamadas por parte del detenido para avisar a algún familiar. Esto, que parece no tener importancia, la tiene, porque una vez que se ha detenido a alguien, la ley establece que no pueden pasar más de 72 horas sin comparecer ante un juez. La cuestión está en cuándo empiezan a contar estas 72 horas. Y llama la atención también para la delegación internacional que vino a realizar la inspección que las celdas que se utilizan para las detenciones no tienen ventilación adecuada ni luz natural. A pesar de haber sido requerido en varias ocasiones. Tampoco tienen timbre, por lo que la única manera que tienen los detenidos de avisar o pedir atención es gritando o dando golpes. Y las medidas de limpieza son también muy mejorables, según el informe.

Algunas de las descripciones que hace el informe son desoladoras: la comsaría de Blas Infante en Sevilla contaba con 36 celdas que medían unos seis metros cuadrados (…). Las condiciones de la celda utilizada para la detención de menores (12m) eran pésimas: carecía de luz natural, no tenía luz artifical y desprendía un olor nauseabundo ya que el suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos con restos de vómito, orina y heces.

El informe merece ser leído detenidamente.

Y en él se recomienda, por ejemplo, que el régimen de detención incomunicada debería suprimirse de la legislación española. Y que se prohiba este régimen a menores de edad en todo caso. Y que todas las personas que sean detenidas puedan reunirse con un abogado desde el primer momento de su detención y todas las veces que sea oportuno.

Se describen, además, los malos tratos en los centros penitenciarios. Palizas, agresiones físicas y verbales, llegando incluso a tener a un recluso atado a una cama durante horas, sin que pudiera acudir al servicio. Se detalla la actitud de algunos médicos que se han negado a dar parte de las lesiones de los presos, haciendo manifestaciones respecto a si merecían o no tales daños por sus comportamientos (cosa que a un facultativo no le corresponde hacer en ningún caso).

El informe en este sentido dice literalmente “El CPT manifiesta su profunda preocupación por la gravedad de los hechos de los que ha tenido conocimiento, que indican que existe un patrón de malos tratos infligidos por funcionarios de prisiones como una reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los reclusos. Esto puede representar un problema con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.”

Profunda preocupación. Eso es lo que genera leer el informe. Porque resulta que aquello que nos habían contado en la Facultad, eso del humanitarismo penitenciario español con el que comenzaba este artículo, resulta ser una patraña. Y cuando una lee el informe que aquí se comenta, es entonces cuando entiende perfectamente los motivos de la huelga que han hecho los presos de las cárceles españolas (no todos, claro está, porque entre ellos me temo que lo tienen bastante difícil para organizarse y tener voz).

Huelga en las cárceles españolas

Del 1 al 10 de octubre se ha desarrollado una huelga de hambre en las prisiones españolas reivindicando 12 puntos. Seguro que si ha leído el informe anterior, entenderá bien de qué se trata:

1.- El fin de las torturas, agresiones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de la impunidad de los funcionarios de prisiones que las ejercen.

2.- Erradicación de los FIES, poniendo fin al “régimen especial” de castigo, así como el cierre definitivo de los departamentos de aislamiento.

3.- Fin de la dispersión como norma habitual. (Recordemos que el acercamiento de los presos a los lugares donde más cerca se encuentren sus familias es un derecho fundamental).

4.- Que los servicios médicos no estén adscritos a Instituciones Penitenciarias, siendo fundamental la garantía de su independencia. (Como señala el informe anterior, la atención médica y su capacidad de actuación es fundamental para evitar y alertar de posibles malos tratos y torturas. Su connivencia con éstas, las perpetúa).

5.- Aplicación inmediata de los artículos 104.4 y 196 del Reglamento penitenciario, que hace referencia a la situación de los enfermos crónicos, sin que sea necesario que estén en fase terminal.

6- Que los enfermos mentales tengan un trato adecuado y en el lugar correspondiente, que no deberían ser los centros penitenciarios. Y en absoluto aplicarles régimen cerrado o de aislamiento cuando lo que necesitan es atención médica.

7.- Que los tratamientos para la desintoxicación sean apoyados por profesionales externos a las Instituciones penitenciarias, que garanticen “el desenganche” de sustancias estupefacientes, en lugar de sustituir unas por otras (como el caso de la metadona).

8.- Investigación y esclarecimiento de las muertes que han tenido lugar en los centros penitenciarios españoles durante la “democracia”.

9.- Que los catalogados como “irrecuperables” puedan acceder a formación, actividades.

10.- Que los módulos de respeto no sean lo único que se enseñe a los visitantes, sino que se muestren sobre todo las celdas de castigo y los módulos para conflictivos.

11.- Que mejore el régimen de visitas y las condiciones de registro y cacheo.

12.- Exigen que no se criminalice a la población reclusa ni a quienes les ayudan de manera solidaria.

Esta huelga se repite cada vez con más frecuencia. Y se silencia de manera bestial por todos los medios de comunicación. Evidencia que lo que denunciaba el informe que vio la luz hace un año (y del que poco o nada se habló) no se está teniendo en cuenta.

La dignidad de las personas no se pierde por cumplir condena. En una sociedad que dice ser de las más avanzadas, la realidad de sus personas presas o detenidas demuestra que España está bastante lejos de poder ser un ejemplo en Derechos humanos. Tomen nota.

Sirecovi

Es un sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional. Se recomienda a quienes necesiten denunciar, o recibir información y atención, que se pongan en contacto con esta entidad. 

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Dicen de Jeffrey Lena que no es tan mala persona… a pesar de que intente de todo para exculpar a Roma

(Cameron Doody).- Nueva York, Nueva Jersey, Nebraska, Nuevo Mexico, Florida, Missouri, Illinois, Kentucky… son cada vez más los estados nortamericanos que han anunciado su intención de investigar a la Iglesia católica por los abusos sexuales. Pero… ¿y si el Departamento de Justicia investigara a la Iglesia a nivel nacional o internacional? ¿Y no “solo” por abusos o encubrimientos puntuales, sino como si se tratara de una organización diseñada para delinquir… incluso hasta en la Santa Sede? Ya hay quien especula con la posibilidad, pero hay dificultades. Sobre todo, las que pondría Jeffrey Lena, el abogado del Vaticano en los EEUU.

En este último escandalo de abusos que ha emanado del informe de horrores de Pensilvania, el fiscal general de este estado, Josh Shapiro, dio las primeras pistas de que una investigación a nivel nacional de la Iglesia podría materializarse pronto. “He hablado con un representante del Departamento de Justicia”, reconoció Shapiro en una entrevista con el New York Times. Aunque el letrado no quiso hacer más precisiones en aquel momento, es de suponer que compartió con el representante del ministerio la misma convicción que compartió con los medios nada más publicarse el informe del gran jurado. Que para encubrir los abusos cometidos por sacerdotes, los obispos “le mentían a los feligreses, le mentían a las fuerzas de la ley, le mentían al público, pero luego documentaban todo en archivos secretos que compartían frecuentemente con el Vaticano“.

Suponiendo, así pues, que los obispos mentían, y las autoridades vaticanas estaban al tanto de semejantes mentiras, tal y como alega Shapiro… ¿esta forma de actuar se puede considerar como crimen organizado, según la ley estadounidense? Difícilmente, según recuerda el periódico York Daily Record, principalmente porque la ley contiene una definición específica de qué constituye una “organización” exactamente que los jueces han interpretado como no pertinente a la Iglesia, además de una cláusula que especifica los delitos típicos de las mafias, entre los cuales no figura el de abuso sexual de menores.

Hay otras pegas también a una posible investigación federal de la Iglesia por actividad mafiosa, y las más importantes son las que ha puesto el abogado del Vaticano en los EEUU, Jeffrey Lena, cada vez que víctimas de abusos han intentado sostener en los tribunales que la Santa Sede es la última responsable de lo que han sufrido. Como cuando un hombre intentó demandar al Vaticano por haber transferido un cura que abusó de él desde Irlanda a Oregon, y Lena consiguió frenar la litigación utilizando tácticas como la defensa de la soberanía de la Santa Sede o la necesidad de traducir todos los documentos legales a latín, el idioma oficial de la Iglesia.

Quién es Jeffrey Lena?

Pero, ¿quién es este hombre que recurre a cualquier artimaña legal, o eso parece, para evitar que la cúpula eclesiástica reconozca su parte de la culpa por los abusos sexuales? A pesar de que Lena -californiano de nacimiento que ronda ahora los 60 años de edad- haya conseguido enfadar a muchas víctimas por sus astucias en los tribunales, los que mejor le conocen aseguran que no es tan mala persona.

En una entrevista con AP en 2010, por ejemplo, declaró que solo empezó a trabajar para la Santa Sede -en un caso en el que el ‘banco del Vaticano’ fue acusado de haber guardado tesoros confiscados por los nazis- cuando otros abogados se negaron a aceptar el trabajo, citando temores a que la publicidad de un caso relacionado con el Holocausto afectara a su reputación. En esa misma entrevista, Lena también explicó la razón de su defensa de la inmunidad de las autoridades vaticanas de ser procesados en otras jurisdicciones. Porque “el Papa no es un general de cinco estrellas que manda a sus tropas”. Porque “los obispos diocesanos no son agentes ni vicarios del Papa, para nada. La autoridad de un obispo deriva de su oficio. Es el obispo quien controla a su diócesis y a lo que pasa”.

En otra entrevista con el Washington Post, también en 2010, Lena explicó cómo había conseguido el trabajo con Roma, diciendo que se debió a sus “asociaciones académicas y profesionales” en Italia, país -concretamente, en Milán- donde estudió en los años 90. Aunque el letrado se negó a revelar quién fue exactamente el que le contrató, hay indicios de que fue el abogado del ya fallecido presidente de Fiat Gianni Agnelli –Franzo Grande Stevens– quien consiguió su contratación con el Vaticano.

Sea como fuere su llegada a las riendas de la defensa legal de la Santa Sede en Norteamérica -y a pesar de todo el poder del que ha disfrutado, llegando a actuar en ocasiones como un portavoz de Roma en los EEUU– Lena desprende una sencillez que recuerda a la del Papa Francisco, hombre con el que se aloja cada vez que viaja al Vaticano, en la Casa Santa Marta.

Dicen de él que no es el típico abogado agresivo y prepotente, tal como puede haber en los bufetes más exclusivos y poderosos. De hecho, trabaja desde una pequeña oficina con dos o tres compañeros como mucho. Y eso desde un lugar que prefiere no revelar, ya que ha llegado a recibir amenazas por su trabajo defendiendo a una organización que ha caído en los últimos años a mínimos históricos de credibilidad. Pero esta humildad tal vez sea una baza a la hora de intentar llegar a la verdad de lo que pasó en la Iglesia para que permitiera tantos abusos y encubrimientos. Aunque esta verdad no nos guste a ninguno.

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Opinión del editor


C.A.R. Astrea Redux es un poema de John Dryden compuesto con motivo de la restauración en el trono y el retorno de Carlos II de Inglaterra en 1660. Dryden había estado entre los partidarios de la expulsión del propio Carlos II. Oler el aire y saber por dónde le conviene a uno ir, es lo que le pasó al poeta.

C.A.R. no ha escrito poema alguno pues no se dedica a tal menester. Pero sí ha olfateado el retorno de Aznar y está recomponiendo sus fuerzas, recuperando sic stantibus ideología, enseñas, irracionalidades de figón y cuadros de los sueños de la razón de don Francisco de Goya y Lucientes, para transmitir su imagen de España a gentes deseosas de convertir la política en una guerra.

C.A.R. ha frecuentado universidades. Cosa distinta es que estudiara en las mismas o en cualquier otro templo del saber. Puede incluir titulaciones curriculares, pese a persecuciones judiciales desaforadas o a rectificaciones obligadas por constatables falsedades de apreciación.

C.A.R. lleva su España irreal, ignorante de historia contrastada copiada del franquismo residual más ramplon, en altisonantes verborreas hueras de ideas y de soluciones. No pacta. Quiere imponer. No escucha. Grita. No busca caminos que lleven a situaciones nuevas. El austria Carlos II, “el embrujado” es el símbolo patrio que les resuena el alma.

Casado, Abascal, Rivera. CAR. Con ligeras variantes de orquesta de salón ahora, pactaran cuando ganen. Los que dejen que ahí lleguemos, se arrepentirán de su ceguera y pasividad.

Alberto Revuelta
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Los rohingya y la jurisdicción universal

Publicado originalmente en El Pais

BALTASAR GARZÓN
18 SEP 2018 – 00:00 CEST
Los rohingya y la jurisdicción universal

Es precisa una nueva visión de lo que es la justicia penal internacional en sus diferentes ámbitos. El que España regrese a las prácticas contra el genocidio y los crímenes silenciados responde a una necesidad

Naciones Unidas ha calificado de crimen de genocidio los actos atroces cometidos contra la etnia musulmana rohingya en Myanmar (antigua Birmania) perpetrados contra decenas de miles de sus miembros por su propio Gobierno, en el que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y otrora heroína por la libertad de su país, actúa como consejera de Estado, pero mira hacia otro lado, sin darse por aludida como parte supuestamente responsable. Estos hechos son un ejemplo de la barbarie que no por lejana geográficamente puede dejar de remover las conciencias ante la impunidad de la que han gozado hasta ahora sus perpetradores.

Los testimonios de los supervivientes estremecen. Asesinatos, violaciones, destrucción sistemática de sus pueblos y casas, de sus raíces y de su futuro. Quemados vivos, asesinados a tiros, las mujeres violadas en grupo, detenciones masivas arbitrarias, todo el catálogo de los horrores que unos seres humanos pueden hacerles a otros a causa de su religión o su raza. Y ante estos hechos, ¿quién puede quedar impávido? ¿quién no siente repulsión ante la injustica y la impunidad del Ejército birmano contra los rohingya?

Los ataques contra esta etnia minoritaria que se ubica en el Estado de Rakáin, limítrofe con Bangladés, se vienen produciendo con acciones explícitas desde 2011. Los rohingya son una de las 135 etnias reconocidas en Myanmar, pero que ha sido expresamente rechazada por el Gobierno, que los considera como meros emigrantes del país vecino, sin derecho a ciudadanía. Lo cierto es que esta catástrofe de derechos humanos hunde sus raíces a mediados del pasado siglo, tras la independencia de Birmania del Reino Unido.

El informe de la ONU dice que el Consejo de Seguridad “debe garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos en Myanmar, preferentemente remitiendo la situación a la Corte Penal Internacional o, alternativamente, creando un tribunal penal internacional especial”.

Es evidente que la Corte Penal Internacional (CPI) debería actuar en este caso y perseguir el de los rohingya, cumpliendo así su verdadera finalidad de terminar con los “espacios sin Derecho”. Pero, debido a la composición del Consejo de Seguridad, a quien le compete emitir la resolución, al no ser Myanmar país parte del Estatuto de Roma, tengo mis dudas de que alguno de los que poseen derecho a veto (EE UU, Reino Unido, Francia, China y Rusia), y especialmente uno de los dos últimos, no lo ejerza, dejando así sin posibilidad a la Fiscalía de la CPI de iniciar acciones de investigación. Es más que probable que, de nuevo, triunfen los intereses geoestratégicos y geopolíticos y se deje en la cuneta a tantas personas masacradas.

En el informe de la ONU, la misión propone también un proceso de rendición de cuentas “que sea transformador, centrado en las víctimas, integral e inclusivo, para romper el clima de impunidad”, así como garantizar que todas las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, rindan cuentas ante el pueblo.

Estas palabras suenan a música celestial y son, por tanto, utópicas. Pero esa es la regla que la humanidad se ha dado, a través de normas buenas que nos gobiernen y que protejan a las víctimas de crímenes contra la humanidad. Debemos estar muy atentos a lo que acontece con el Consejo de Seguridad, cuya decisión se percibe con urgencia máxima. Y ante una negativa, plantearnos qué hacer para detener el crecimiento exponencial del grosor de la epidermis de impunidad que crece y sepulta nuestra convivencia como seres humanos.

La tragedia de los rohingya debe repararse y al mismo tiempo convertirse en una ocasión para reflexionar en la necesidad de avanzar en el camino hacia la justicia universal, utilizando el principio de jurisdicción universal como una valiosa herramienta. Una fórmula que los jueces de cada país puedan utilizar para perseguir entre otros crímenes internacionales, los mismos que se recogen en el Estatuto de Roma. De haberse aplicado de origen tal principio desde cualquier país concienciado ante la magnitud criminal de lo que estaba sucediendo, quizás se hubieran podido evitar los terribles tormentos afligidos a las víctimas.

El camino de la Justicia Internacional se irá acentuando como una necesidad política, económica y de mera supervivencia. La interdependencia entre los países les obligará (ya lo están haciendo muchos de ellos) a utilizarla con una perspectiva universal, y ello hará reducirá el número de espacios en los que aún hoy sigue instalada la barbarie.

“A menos que se aborde la impunidad, y todos los rangos dentro de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por sus acciones, se puede esperar que estallen brotes similares de violencia y crímenes atroces asociados, con un impacto nacional y regional aún más devastador”, afirma el informe de la ONU.

Es lo deseable, pero muy difícil que se produzca, porque la impunidad está profundamente arraigada en el sistema político y jurídico de Myanmar, lo que sitúa efectivamente al Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar) por encima de la ley y más allá de la supervisión civil. Por ello, la misión de la ONU concluye con fundamentos razonables en los que el ímpetu para la rendición de cuentas debe provenir de la comunidad internacional, incluyendo no solo las acciones penales de responsabilidad, sino también las de reparación.

Es muy importante también que la misión señale la necesidad de una investigación exhaustiva, urgente e independiente sobre la participación de Naciones Unidas en Myanmar desde 2011, “con miras a determinar si se hizo todo lo posible para prevenir o mitigar las crisis en curso; identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas (…), incluso sobre responsabilidad”. Un posible mea culpa que fortalezca las garantías de no repetición de hechos como este en ningún país del mundo.

Los rohingya, que pudieron huir, sobreviven a duras penas en la vecina Bangladés, hacinados en el campamento de refugiados más grande del mundo, subsistiendo gracias a la ayuda internacional. Naciones Unidas y la comunidad internacional deben garantizar que la repatriación de los refugiados y el regreso de los desplazados internos solo se produzca cuando sea segura, voluntaria y digna, con protecciones explícitas de los derechos humanos, incluida la ciudadanía.

Es precisa una nueva visión integral de lo que es la justicia penal internacional en sus diferentes ámbitos. ¿Cómo? Reforzando la cooperación jurídica entre los diferentes sistemas judiciales locales; ampliando el espectro de delitos en el Estatuto de Roma, por ejemplo, los crímenes medioambientales y económicos como crímenes de lesa humanidad, y consolidando la jurisdicción universal ampliando a tales conceptos y eliminando las restricciones que hoy sufre.

El regreso de España a las prácticas de solidaridad y contra el genocidio y los crímenes silenciados, con decisiones como la que se ha tomado de crear un comité de expertos en la materia y abordar la reforma de la ley, es una clara necesidad. En esta nueva etapa de Gobierno, la acción del Ejecutivo debe ser la norma, como también la participación activa de la sociedad civil. Y mostrando el apoyo indeclinable a las víctimas. ¡Que nunca más veamos un caso como el de los rohingya porque algún país —por ejemplo, el nuestro— tenga la capacidad solidaria de señalar con el dedo, proteger a los indefensos y sembrar el temor entre los verdugos siendo implacables con ellos!

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El mapa de la marginalidad en Sevilla: Seis barrios al límite

Publicado originalmente en el Diario De Sevilla.

El paro, el analfabetismo y el mal estado de las viviendas agrava las condiciones de vida en el Polígono Sur, Torreblanca, Los Pajaritos, Palmete, Polígono Norte y El Cerezo

FERNANDO PÉREZ ÁVILA
23 Septiembre

Seis barrios de Sevilla capital viven al límite, en condiciones de extrema pobreza que se han agravado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y del recorte en ayudas y en recursos sociales por parte de las distintas administraciones. Así consta en un informe titulado Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social, elaborado por la Junta de Andalucía en el que se hace un diagnóstico de zonas desfavorecidas para proceder a intervenir cuanto antes en ellas.

Zonas desfavorecidas en Sevilla capital. Fuente: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.Zonas desfavorecidas en Sevilla capital.

Las seis zonas de Sevilla capital que cita el estudio son el Polígono Sur, Torreblanca, el Polígono Norte (al que también añade el Vacie), Tres Barrios-Amate, El Cerezo y el área comprendida entre La Plata, Padre Pío y Palmete. El diagnóstico de estas zonas desfavorecidas se hace en base a una serie de indicadores, como son el porcentaje de paro, el de analfabetismo y personas sin estudios, el de viviendas en mal estado y el de población inmigrante. Algunos de los datos son alarmantes, como el elevado desempleo en la zona de Tres Barrios y Amate, que roza el 59%. Es decir, seis de cada diez personas no trabajan en esta zona, que incluye uno de los barrios que más se ha deteriorado en los últimos años en la ciudad, Los Pajaritos.

Este paro que afecta a más de la mitad de la población confirma la llamada de alerta de los vecinos de esta zona, que llevan años reivindicando la puesta en marcha de un plan integral para regenerar un barrio que cada día afronta un futuro más negro, marcado no sólo por el desempleo sino también por el tráfico y consumo de drogas. También es la zona que concentra, con mucha diferencia, el mayor porcentaje de viviendas en mal estado, con un 58% del total. Urge por tanto la rehabilitación integral de los bloques, que el Ayuntamiento puso en marcha hace años pero que no avanza al ritmo que debiera. La población inmigrante también ha crecido en los últimos años, hasta representar casi el 10% del total del barrio, mientras que el analfabetismo supera el 16%.

Es un dato similar al del Polígono Sur, donde los continuos planes para regenerar la zona han bajado el analfabetismo hasta el 16%, aunque sigue siendo muy alto teniendo en cuenta el enorme gasto de las administraciones en esta zona, mucho más elevado que en cualquier otro barrio de Sevilla. Pese a estos esfuerzos, el paro sigue siendo endémico, con un 50% de la población sin empleo. Es decir, con un comisionado y un plan integral puesto en marcha desde hace más de una década, el Polígono Sur presenta ya mejores datos que otros barrios como Los Pajaritos y Amate, aunque sigue lejos de resistir cualquier comparación con la media de la ciudad.

Otro indicador más que preocupante es el del analfabetismo en La Plata, Padre Pío y Palmete. Es de casi el 20%, más elevado que en cualquier otro barrio desfavorecido de Sevilla. Al igual que ocurre en Los Pajaritos y el Polígono Sur, este dato va directamente relacionado con el desempleo, que se queda a unas décimas del 50% de la población. En el caso del Polígono Norte y el Vacie, el paro supera el 45%. Mientras que el asentamiento se ha ido reduciendo gracias a las políticas sociales del Ayuntamiento de Sevilla, el Polígono Norte ha ido empeorando y se han vuelto a ver imágenes de toxicómanos consumiendo en las calles, estampas que parecían de otra época.

En cuanto a la población inmigrante, El Cerezo es el barrio con mayor porcentaje de extranjeros. Este dato ya era conocido, pero llama la atención que ya alcance al 27% de la población total. Es decir, uno de cada cuatro vecinos del Cerezo son extranjeros, pese a que el número de inmigrantes se ha ido reduciendo con la crisis. Aquí el paro, siendo elevado, está en unos niveles mucho más bajos, con un 34%.

El diagnóstico también hace referencia a otros ocho barrios de la provincia que están en condiciones de pobreza extrema. Son la zona norte de Alcalá de Guadaíra; Ibarburu, Cerro Blanco y Los Montecillos en Dos Hermanas; El Rancho en Morón; Los Palacios y Villafranca; Santa Isabel en San Juan de Aznalfarache; Las Viñas en Lora; el Lucero en Coria y La Pañoleta y Caño Ronco en Camas.

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Opinión del editor

Vamos a ejercer , siendo andaluces, nuestro derecho a votar el partido que consideremos más preparado para dirigir la política y administración autonómica de esta tierra durante los próximo cuatro años, de 2019 a 2022.  Las intervenciones de presuntas cabeceras de candidaturas de los partidos con posibilidades de sentarse en Las Cinco Llagas, escuchadas estos días me han resultado de una inanidez política y una esclerosis intelectual alarmantes. Cierto frescor me pareció apreciar en Antonio Maillo y en Teresa Rodríguez. Espero, y deseo que no me equivocara al escucharles. Porque, dicho con respeto a cada una de las personas, el señor Moreno no sabe hablar de otra cosa que no sea de “la señora Diaz”. Y el señor Marin se atribuye todos los aciertos de la legislatura que fenece porque, según el sanluqueño ex socialista, consiguió que los señores Chaves y Griñan entregara sus carnés del PSOE, como él hizo en su día. Y la mentada señora Diaz además de dar besos a diestro y siniestro, no ha dado una idea, una sola, de lo que propone, además de seguir en San Telmo.

Alberto Revuelta
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El Roto, publicado originalmente en El Pais

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¿Existe hoy en España una verdadera separación de poderes? Las injerencias del poder político en el sistema judicial

Estás notas están basadas en informaciones obtenidas del recomendable libro, recientemente publicado, “El secuestro de la justicia”, que recoge una conversación entre el magistrado Joaquim Bosch (Cullera 1965) y el periodista Ignacio Escolar (Burgos 1975) director del periódico digital “eldiario.es”. Los entrecomillados son citas literales del texto mencionado. Examinaremos brevemente el principal órgano de gobierno de los jueces españoles que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y luego los principales tribunales de nuestro sistema judicial: el Tribunal Constitucional (TC), la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS). Esta nota sigue con unos comentarios sobre la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, y acaba con unas Conclusiones. El CGPJ Además de ser el principal órgano de gobierno de los jueces, su papel en la justicia es determinante. Decide los nombramientos en el Supremo (magistrados y Presidentes de Sala) y nombra también a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad autónoma, así como a los magistrados de las Salas Civil y Penal de estos tribunales. Designa también al Presidente de la AN y a los Presidentes de las Salas que la integran. Tiene una amplia capacidad para decidir cómo será la carrera profesional de los jueces: en sus sueldos a través de los ascensos y en sus condiciones laborales. Cuenta además con competencias para premiarlos o castigarlos. La actual Constitución daba a entender que de los veinte vocales del CGPJ, doce debían ser elegidos por la propia carrera judicial, y los ocho restantes serían miembros de profesiones jurídicas y designados por el Parlamento. Este proceder, basado en el italiano, seguía un sistema mixto que evitaba el dirigismo político y posibilitaba el equilibrio institucional necesario para permitir la separación de poderes. Al principio de nuestra democracia, la judicatura era particularmente conservadora y en buena parte procedía del franquismo. En la elección de los vocales asignados a las decisiones de la judicatura no fueron respetadas las minorías y quedaron marginados los magistrados más concienciados democráticamente. Como consecuencia se produjeron enfrentamientos entre el gobierno del PSOE y el primer CGPJ. En 1985 se reformó la ley de forma que todos los vocales fueran elegidos en su totalidad por los partidos políticos. El resultado ha sido un control total de los políticos en la elección de los vocales del CGPJ que se agravó todavía más con una posterior modificación de la ley impulsada por el exministro Ruiz Gallardón. El PSOE abrió la puerta al control político de la justicia, que luego ha aprovechado el PP para controlar el principal órgano judicial. Los dos partidos políticos dominantes, para justificar su control de la justicia adujeron que a los jueces no los había elegido nadie, y a los diputados y senadores sí, y que por ello el CGPJ debía depender de los ciudadanos a través de sus representantes. Este es un argumento inválido porque el fin debe ser evitar el control de la justicia por el poder político. Como consecuencia de esta situación “La percepción generalizada en la judicatura es que un magistrado puede ser el más preparado en su especialidad, pero nunca llegará al Tribunal Supremo si no obtiene el respaldo de algún partido. Es una situación muy desmoralizadora. Lo ha contado, con cierto desencanto, Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, al hacer un balance de más de cuarenta años de profesión. Él explica que los nombramientos del CGPJ forman parte de un reparto de apadrinamientos, de modo que no se fundamentan en principios de mérito y capacidad. Como expone Giménez, el gobierno de la judicatura se constituye tras un reparto de poder puro y duro, que impide que pueda ser garante de la independencia judicial, porque sus propias conexiones con el ámbito político imposibilitan que lo sea. Los actos de vasallaje de los vocales del CGPJ hacia el poder político, en palabras literales de Joaquín Giménez, provocan una comprensible desconfianza respecto de la máxima institución judicial, especialmente empeñada en el control de la sala Penal y también de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pues éstas resuelven sobre los actos del Gobierno y de los principales cargos políticos” “En el último informe que ha elaborado la Red Europea de Consejos de la Judicatura, con encuestas a magistrados de los distintos países europeos se indicaba que cerca del 80% de los jueces españoles considera que los nombramientos judiciales no se basan en la capacidad o en la experiencia. Es el peor resultado, y a gran distancia de lo que piensan en ese sentido los jueces del resto de países europeos. Asimismo, como dato preocupante, el 18% de los magistrados españoles consultados indican que, en los dos últimos años, han observado casos asignados de forma irregular para influir en el resultado, lo cual también es el porcentaje más negativo entre los países europeos.” “Por otro lado, el informe GRECO, que elabora anualmente el Consejo de Europa, lleva años reiterando que para atajar la corrupción en España deben efectuarse con criterios objetivos los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. También añade que ha de modificarse el actual sistema de designación de los vocales del CGPJ por parte de los políticos, para que sea la judicatura española a nivel interno la que vote a los referidos doce vocales.” “La composición de la sala Penal del Tribunal Supremo resulta especialmente importante. Pensemos que es la que juzga a políticos aforados, puede resolver sobre casos destacados de corrupción o decidir sobre materias delicadas como el conflicto catalán, entre otros temas sensibles. No querría pecar de injusto (palabras de Joaquim Bosch) con la totalidad de los vocales del CGPJ, porque algunos de ellos han desempeñado sus funciones de manera admirable. Pero el sistema se encuentra diseñado para llegar finalmente a estos resultados tan poco alentadores. Habríamos de apostar por amplias reformas estructurales, aunque hasta ahora las fuerzas políticas no hayan mostrado interés en abordarlas.” El TC Cuenta con doce magistrados de los cuales cuatro son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el CGPJ, y los dos restantes por el Gobierno. La realidad en la práctica es que existe un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos. Muy recientemente se volvió a escenificar este reparto en la elección de los cuatro jueces por parte del Senado. El mecanismo de nombramiento dispone que los juristas propuestos por los parlamentos autonómicos deben darse a conocer para que posteriormente presenten su candidatura ante los senadores, los cuales podrán así examinar sus méritos. Lo que sucedió fue que, antes que los parlamentos autonómicos presentaran sus candidatos, ya se había hecho público el pacto entre las dos mayoritarias fuerzas políticas para repartirse los cuatro puestos de magistrados, a razón de dos por cada partido. La comparecencia de los juristas autonómicos fue una mera pantomima, dado que los elegidos ya se habían escogido y publicado con anterioridad a esta comparecencia. Los senadores no tuvieron ningún interés en conocer los méritos de los candidatos ya que su voto estaba decidido de antemano. Esta ha sido la fórmula de elección de los magistrados componentes del TC. Así sucedió con el anterior Presidente del TC, Pérez de los Cobos, que accedió al organismo siendo militante del PP o con Andrés Ollero, diputado durante diecisiete años con el mismo partido. Sin pretender enjuiciar el mérito de estos juristas es evidente que estas designaciones no ayudan, en todo caso, a dar una apariencia de imparcialidad. Además la evolución ha sido regresiva. Al principio de la democracia los dos partidos mayoritarios se esmeraban más en presentar juristas prestigiosos con reconocida trayectoria profesional y con alto nivel técnico. En esta primera etapa la magistratura del TC hizo muy válidas aportaciones para establecer una jurisprudencia que vertebrara los derechos fundamentales, a veces sin el beneplácito de los partidos. Con el paso del tiempo los partidos políticos dieron prioridad a las vinculaciones ideológicas sobre los méritos profesionales. El prestigio del TC ha ido declinando y perdiendo valoración técnica entre los propios juristas. La AN La Audiencia Nacional es heredera directa del Tribunal de Orden Público (TOP) del régimen anterior. El TOP fue creado básicamente para luchar contra ETA. Se estimaba que juzgar a terroristas por los juzgados naturales comportaba riesgos para los jueces y resultaba conveniente trasladar los casos de terrorismo a un tribunal centralizado, donde los jueces estaban especialmente protegidos. El mismo día que desaparece el TOP nace la AN, pero además de juzgar casos de terrorismo, se le asignaron otras funciones en el ámbito penal, en el contencioso administrativo e, incluso, de la jurisdicción social. Progresivamente fue absorbiendo más competencias y, actualmente, enjuicia también delitos de corrupción y delincuencia económica. No es posible encontrar en países de nuestro entorno un tribunal semejante que concentre los juicios de determinados delitos. La AN dispone de seis juzgados centrales de instrucción. En las manos de solo seis jueces quedan las grandes investigaciones (Púnica, Lezo, Gürtel…). Esto es muy cómodo para el poder porque los nombramientos, ascensos, promociones, de sólo seis jueces son mucho más fáciles de controlar que si estos casos fuesen investigados en cualquier juzgado ordinario de los cientos que hay en España, lo que dificultaría en gran medida a los políticos ejercer presión ante la dispersión de jueces. “Los cargos gubernativos de la AN son elegidos por el CGPJ lo cual permite posibles intervenciones inspiradas por el poder político”. Las maniobras que tiene el poder político para colocar a los jueces que les conviene son muy variadas. Una de ellas, por ejemplo, consiste en desplazar un juez molesto a un puesto superior y más apetitoso. Uno de estos puestos son los cargos en el extranjero designados a dedo por el ministro de Justicia (p.ej. juez de enlace en un determinado país). Estos puestos son muy cotizados en la carrera judicial ya que permiten cobrar mucho con mucho menos trabajo, hasta el punto de poder pasar parte de la semana en España, y poder disfrutar de una agradable vivencia en alguna gran capital. En 2017, hubo un tiempo en que, tres de los seis jueces de la AN estaban como jueces de enlace en Londres, Paris y Roma. Mientras estaban fuera en comisión de servicios la mayoría del CGPJ, en aquel momento conservadora, designaba el juez que quedaba como sustituto. Un claro ejemplo de la intromisión de la política en el poder judicial lo hallamos en la nueva sala de Apelaciones de la AN. Se trata de un nuevo tribunal por donde acabarán pasando, por ejemplo, los casos de corrupción más importantes. Esta sala revisará las futuras sentencias que salgan de la sala de lo Penal de la AN. De momento está formada por dos jueces conservadores, que consiguieron la designación, gracias a las peculiares normas de selección que aplicó el CGPJ para proveer estas plazas. Se exigió como requisito para optar a ellas el ser especialista en Penal, especialización que no existe en la carrera judicial. Para cumplir con este requisito se impartió, en breve plazo de tiempo, un cursillo a distancia y por ordenador que pocos jueces hicieron. De entre los treinta y tres candidatos presentados se eligió a un juez preferido por el PP. Este juez fue recusado del juicio de Enrique López de la Gürtel por su cercanía al partido. Además había colaborado con la FAES, y había hecho gran parte de su carrera judicial aupado a puestos importantes por este partido, incluso en el TC, de donde tuvo que dimitir, por ser sancionado por conducir ebrio una motocicleta. El otro elegido, que también tenía hecho el citado cursillo, entre los treinta y tres candidatos, fue Eloy Velasco que llegó a la AN tras ser conceller de justicia en la Generalitat Valenciana en los tiempos de Zaplana. Para no alargar esta nota no detallo otros casos concretos –con nombres y apellidos- de intervención política en la AN descritos en el libro de Bosch y Escolar. Existe un derecho humano fundamental que es el derecho al juez natural. Es el derecho a que te juzgue el juez que te toque, no el que prefiera el Gobierno. En España, en la Constitución, no se habla de juez natural sino del “juez predeterminado por la ley”. Ello es así, en gran parte, para poder dar cabida en nuestro sistema judicial a un tribunal como la AN. “El Gobierno, con el actual sistema, tiene un montón de vías para influir en que juez se encontrarán los suyos si son imputados. Por eso la independencia judicial está bajo mínimos en España” El TS El TS tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional, único en España, con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materias de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al TC. Fue creado en 1812 por las Cortes de Cádiz. Constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado, y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos. El CGPJ resuelve los concursos para cubrir las plazas de magistrados a las diferentes salas de este tribunal. En estos concursos sería necesario establecer unas regles para determinar unos baremos con el fin de valorar, de la forma lo más objetiva posible, los méritos de los candidatos. Pero estas reglas nunca han existido y los nombramientos se adoptan con criterios discrecionales.

La Fiscalía El problema de la intervención política en la justicia se amplifica en el caso de la Fiscalía por razón de su naturaleza jerárquica, inherente a su estructura. Los fiscales no son independientes como los jueces. A éstos nadie puede ordenarlos de dictar una determinada sentencia. Sólo es posible que un tribunal superior revoque la sentencia de un juez. Por contra, los fiscales reciben instrucciones de sus superiores, quienes pueden reprobar su línea de actuación. Esto es lógico cuando se necesita una jerarquía para poder mantener una unidad de criterio. El problema surge cuando el poder político es quien nombra al Fiscal General del Estado, el cual podrá imponer directrices generales y elegir los altos cargos de la Fiscalía. Esta es una institución sujeta a los principios de imparcialidad y legalidad que no permite la arbitrariedad. No obstante, el hecho del origen político de la designación del Fiscal General ofrece, a veces, dudas sobre la apariencia de imparcialidad en algunas actuaciones. En casos de corrupción se han comprobado situaciones en que se ha impedido seguir adelante en investigaciones a cargos políticos de relevancia. Desacuerdos entre el Fiscal General y el Gobierno de turno han impedido la continuidad del primero. En ocasiones, incluso, cargos del Gobierno han anticipado públicamente actuaciones de la Fiscalía como si esta estuviera a su servicio. No hay que olvidar que el Fiscal General lo es del Estado y no del Gobierno. En España debería hacerse una reforma para desvincular el poder ejecutivo de la jefatura de la Fiscalía. Una posibilidad: elección del Fiscal General por un Consejo Superior de la Magistratura, institución en la que participarían también fiscales, por formar parte de la carrera judicial. Otra posibilidad: la de Fiscal General Parlamentario, figura elegida por amplia mayoría del Congreso, con unas exigencias predeterminadas para evitar que haya conexiones con el Gobierno. Por ejemplo, entre ellas, la duración del cargo por más de cuatro años, para evitar la coincidencia con la legislatura política. En el gobierno de Rajoy entre 2012 y 2018 hubo cuatro fiscales generales. Los dos primeros duraron poco por no plegarse a las instrucciones del Gobierno; los dos siguientes cumplieron con las instrucciones, pero Maza falleció pronto, y Moix tuvo que dimitir por un escándalo financiero privado. Para compensar la dependencia de la Fiscalía del poder ejecutivo, se creó la figura de la acusación popular, que en la mayoría de países próximos es inexistente. Con esta figura se pretendía romper con el monopolio del estado en los casos en que no había un perjudicado directo, por ejemplo en casos de corrupción. Pero esta figura quedó pronto descafeinada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, la conocida doctrina Botín, que manifiesta que la acusación particular por sí sola no basta para sostener un proceso penal, si el damnificado directo existe y no acusa. Luego esto se matizó por el Supremo con la doctrina Atutxa que permite a una acusación popular mantener un proceso judicial, incluso si la Fiscalía no acusa, cuando se trata de asuntos que no afectan a un damnificado concreto, sino a la sociedad en general. Un caso concreto de la imagen dañada de la Fiscalía: la posición de ésta en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP. En un primer momento el caso estaba sostenido por dos acusaciones: la particular de Bárcenas y la popular presentada por una asociación y por Izquierda Unida. Cuando Bárcenas arregló sus desavenencias con el PP, retiró su acusación particular contra su partido por la destrucción de los ordenadores. Quedó solo la acusación popular y, entonces, la Fiscalía pidió el archivo de la causa, basándose en la doctrina Botín. El delito real no era la destrucción de la propiedad de Bárcenas. El verdadero delito era el encubrimiento ya que la destrucción se produjo después de que Pablo Ruz los pidiera para la instrucción del caso en la AN. ¿Por qué la Fiscalía no acusó? ¿Por qué pide el archivo, cuando es evidente que, por estar relacionado con la corrupción, los damnificados somos todos? No es posible confiar en la independencia de la Fiscalía cuando la decisión puede afectar al partido que nombra al Fiscal General. El Defensor del Pueblo Es un órgano constitucional, el último recurso al que se puede recurrir para la protección de los derechos fundamentales cuando las otras Instituciones han fallado. Los partidos políticos pueden temer a esta figura por el hecho que pueda avivar denuncias de malas actuaciones de las administraciones públicas o también, por ejemplo, por las competencias de que dispone esta figura para presentar recursos de inconstitucionalidad. Para intuir el interés partidario para controlar este órgano basta conocer las personas que han ocupado este cargo desde el año 2000: -Enrique Múgica, militante y ex-ministro del PSOE -Mª Luisa Cava, ex-diputada del PP -Soledad Becerril, alcaldesa, diputada, y senadora del PP -Francisco Sánchez Marugán, ex-parlamentario del PSOE No se cuestiona la competencia de estas personas, y alguna ha proporcionado aportaciones institucionales interesantes. Pero con otro perfil de personas se habría conseguido mayor apariencia de imparcialidad. Quizá sin estos vínculos con sus partidos sus actuaciones habrían sido más contundentes para frenar el retroceso en materia de derechos fundamentales de estos últimos años. Los partidos, desgraciadamente, han ocupado todas las Instituciones, incluso las de último recurso. “Las fuerzas políticas son imprescindibles en una sociedad democrática y no se trata de cuestionar que ejerzan las funciones que les corresponden. Lo que resulta peligroso es que acaben colonizando todas las Instituciones, incluso aquéllas que deben vigilar las actuaciones de los partidos” Conclusiones “Tenemos un serio problema debido a la forma en que el poder político nombra directa o indirectamente a los jueces clave; y esto se está cargando el derecho al juez natural, que es un derecho humano fundamental. Y es ahí donde, para mí, está el secuestro de la justicia. Todos estos mecanismos que permiten influir en qué juez le toca a cada uno” Ignacio Escolar (IE). “Habríamos de apostar por amplias reformas estructurales, aunque hasta ahora las fuerzas políticas no hayan mostrado interés en abordarlas” Joaquim Bosch (JB) “La separación de poderes es tan escasa como enorme es el poder de los partidos sobre la Judicatura. Y es ahí donde está el gran problema: en la notabilísima capacidad que tiene el poder político para influir en los juzgados, y contribuir así a que la ley no sea igual para todos. “(IE) “La mayor parte de nuestros jueces está realizando un esfuerzo considerable. Aunque con demoras por la falta de medios, nuestros magistrados están impulsando centenares de casos de corrupción y gracias a este esfuerzo están entrando en prisión cargos políticos de enorme relevancia que se creían impunes. Pero también existen esferas concretas en las que se han llevado a cabo maniobras partidistas, sin que se hayan podido impedir.” (JB) “Hay que reforzar la imparcialidad de la que ya hablaba Atenea, hay que reforzar la independencia judicial y la separación de poderes. Todas las intrusiones políticas ilegítimas debilitan nuestro estado de Derecho. El camino debe ir en parecernos institucionalmente más a los países escandinavos en lugar de acercarnos a la Turquía de Erogan, que ha liquidado la independencia de su judicatura.” (JB) “Desde que se aprobó la Constitución cada reforma en los sistemas de elecciones del CGPJ ha servido para restar independencia a la justicia. De un sistema a la italiana, donde los vocales del CGPJ eran elegidos entre el Parlamento y los propios jueces, hemos pasado a un sistema donde los partidos mayoritarios eligen a dedo absolutamente todos los vocales, repartiéndose el poder por cuotas.” (IE) “Los consejos de la Judicatura de los países europeos y las Instituciones comunes siguen recordando a España que su sistema de gobierno judicial resulta contrario a la separación de poderes.”(JB) “Cuando hablamos de la separación de poderes me siento personalmente afectado, porque la prensa es otro poder que también debe ser independiente para que funcione la democracia. Los periodistas tenemos la obligación de fiscalizar al poder y denunciar sus abusos, a través de la información. Y en los últimos años, también en mi oficio, hemos sufrido una regresión, debida en nuestro caso a la crisis económica, que ha debilitado enormemente la rentabilidad y, como consecuencia, la independencia de los grandes grupos de comunicación frente a los poderes económicos y políticos. También en la prensa manda más de lo que debería el Gobierno, que utiliza el dinero de todos para comprar periodistas a través de la publicidad institucional, repartida de forma arbitraria y sin apenas control.” (IE) “La justicia es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los jueces. Y mucho menos deberíamos dejarla únicamente a merced de los políticos. En el sistema judicial se decide sobre los derechos y libertades de todas las personas, sobre la decencia de la vida pública, sobre las bases de una sociedad democrática. La ciudadanía debería implicarse más en el conocimiento de lo que ahí ocurre, en la comprensión de sus consecuencias y en sus exigencias de cumplimiento de los principios constitucionales.” (JB) A.Boeufvé Octubre 2018 Próxima entrega (no inmediata): “La actuación judicial en el conflicto catalán”

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