EMÉRITO

Hace unos días se nos apareció el Sr. Aznar para manifestar urbi et orbe que si el rey emérito no creía en la monarquía no parece que haya motivo para que nosotros creamos en ella. O cosa parecida.
Pero no se pregunta el porqué de semejante descreimiento. Y entonces me vino a la memoria (flaca ya, por cierto) que allá por lo años noventa hubo un ministro de economía que dijo aquello de que España era el mejor país para hacer negocios. Y tuvo tal éxito que en escasos años nuestra patria, o lo que sea, se convirtió en el paraíso del “pelotazo”, al que como vultúridos se nos vinieron encima especuladores de todos los horizontes.
Digo yo, que, viendo la cosa, nuestro monarca debió pensar que si era lícito aprovecharse del mando para enriquecerse sin límite, porqué no podría hacerlo él también. No es que el hombre sea una lumbrera, pero tonto del todo no es. Así que debió `ponerse manos a la obra con gran éxito, que hasta le regalaban barquitos para que se entretuviera. Y unos diez años después (sigo con mi memoria trastabillada) se publicó en una revista (extranjera, of course) que su fortuna personal andaba por los mil doscientos millones de euros, sin que nadie se asustara ni nada y sin que ningún patriota de los muchos que andan por los medios perdiera el tiempo en investigarlo o en desmentirlo. Esta cifra parece más en consonancia con los regalos que hace su augusta persona a su ex-lo que sea- por los servicios prestados que el miserable monto de más de cuatro millones que se dice que tomó en préstamo hace poco.
Como no soy adivino no entro a averiguar de dónde venían los ingresos ni el porqué de ellos, no sea que me empapelen. En todo caso basta con que, sabiendo quien dispone en abundancia de la pasta gansa, penséis mal y acertaréis.

Juan García Caselles

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“Reactivarán la economía dando dinero a los pobres, no a los ricos”

Publicado originalmente en La Vanguardia.

¿Edad? He aprendido a confiar en mis ojos más que en las estadísticas. Estoy casado con Anya, de familia española. Biden hará que Google y Facebook paguen impuestos en España. La UE debe gastar más y más rápido para salir de la recesión; EE.UU. gasta el triple. Colaboro con Palau Macaya-Fundació La Caixa

Joseph Stiglitz,

LLUÍS AMIGUET

28/02/2021 23:53

El pobre gasta más y mejor
Para reanimar una economía hay que dar dinero a quien menos tiene, porque lo gastará más, más cerca, más rápido y mejor que los que ya tienen mucho. Por eso, Stiglitz afirma que es más efectivo inyectar euros en las cuentas de los ciudadanos o no cobrar impuestos a las clases bajas y medias que hinchar la bolsa para los grandes inversores. Cuando las clases medias ya hayan relanzado el consumo y la economía será momento de subir tipos de interés e impuestos, que servirán para recuperar esos estímulos y seguir redistribuyendo empleo y prosperidad. Así lo va a hacer Joe Biden y es lo que aconseja a la UE el académico de la Racef Stiglitz. Ojalá nos den tanto dinero a cada europeo como lo recibirá cada estadounidense. Sabremos gastarlo.

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!COMO ESTÁ MI DERECHA!

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Somos ‘arcadistas’. Arcadi Oliveres: el maestro de la palabra activa

Publicado originalmente en El Salto Diario

Somos devotamente ‘arcadistas’, como muchas otras personas que también han tenido la suerte de escucharle, sentir su comprometida conciencia y su pedagogía cercana. Aprendimos de él a decir “capitalismo” sin que se nos pusiera cara de politburó, para poder afirmar, con él, que el capitalismo es un sistema criminal, asesino.

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LA CORTE PENAL INTERNACIONAL SE DECLARA COMPETENTE EN GAZA

Síntesis informativa a cargo de Amelia Esteve Sical

El 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió, por mayoría, que la jurisdicción de la Corte sobre Palestina se extiende a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y que, por lo tanto, el Fiscal puede investigar los crímenes internacionales cometidos en estos territorios.Comienza así un proceso que sin duda será muy largo y que nada garantiza que vaya a tener repercusiones decisivas en el conflicto.

Tras casi cinco años de examen preliminar, la Fiscal Fatou Bensouda, confirmóen diciembre de 2019 que existia “una base razonable para creer que se han cometido y/o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza”, que las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron ataques desproporcionados y que llegaron a atacar “intencionadamente” a personas y objetos que llevaban claras identificaciones de la Convención de Ginebra .  También establecía que tenía “bases razonables para pensar que miembros de Hamás y de otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra” al atacar a civiles y cometer torturas.

Sin embargo, a pesar de llegar a la conclusión de la necesidad de una investigación, la Fiscal solicitó en enero de 2020 una decisión de los jueces de la CPI para confirmar, antes de iniciar una investigación, que el tribunal tiene la jurisdicción territorial necesaria para este caso.

En marzo de 2020, la FIDH, junto con Redress, No Peace Without Justice y Women’s Initiative for Gender Justice, presentaron indicaciones en un amicuscuriae demostrando que la CPI tiene jurisdicción sobre Palestina en base a su condición como Estado Parte en el Estatuto de Roma, y que la Corte tiene por ende jurisdicción para investigar las denuncias de crímenes internacionales en todo el territorio de Palestina, que comprende Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este .

Ante estos acontecimientos el Fiscal General Adjunto de Israel para el Derecho Internacional, Roy Schondorf, apunta que la CPI se topa con un muro, pues para que prosiga cualquier proceso legal, el establecimiento de su jurisdicción es un requisito previo. Pero si no hay un Estado palestino que pueda delegar en la CPI su jurisdicción penal, entonces la jurisdicción de la CPI no puede actuar.

La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confirmó en primer lugar que Palestina, por su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, por lo que al ser un Estado Parte “tiene derecho a ejercer sus prerrogativas en virtud del Estatuto”, pues La Sala señaló que el proceso de adhesión de Palestina al Estatuto de la CPI que se solicitó en 2015, “siguió el procedimiento ordinario correcto” y no fue impugnado.

Ante estos acontecimientos, El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que la decisión de la CPI “prueba una vez más que es un órgano político y no una institución judicial. La CPI ignora los crímenes de guerra reales y en su lugar persigue al Estado de Israel, un Estado con un gobierno profundamente democrático que santifica el Estado de Derecho y que no es miembro de la Corte”.

También ha llegado a señalar que “con esta decisión, la CPI viola el derecho de las democracias de defenderse del terrorismo y juega el juego de quienes minan los esfuerzos para expandir el círculo de la paz”. La cuestión sobre la jurisdicción de la Corte ante la falta de ratificación de Israel abre la otra gran pregunta, que es si el tribunal puede tomar esa decisión a sabiendas de que Palestina no está reconocida como un país ante el derecho internacional.

La posición de Israel es que el tribunal no puede tener competencia en los territorios porque los palestinos no tienen la condición de Estado y porque las fronteras de cualquier Estado futuro se deben decidir en conversaciones de paz y no a través de una decisión legal unilateral.

Sin embargo, la Corte desestimó esa posición y fue clara en que sí tiene jurisdicción, porque Palestina se adhirió al Estatuto de Roma, sin importar si es o no reconocida como Estado. También recordó que no es una labor de la CPI determinar qué territorio puede ser considerado como nación. 

La Sala de Cuestiones Preliminares recordó que la CPI no tiene competencia constitucional para determinar asuntos de la condición de Estado que obligarían a la comunidad internacional al pronunciarse sobre el alcance territorial de su jurisdicción, no está resolviendo una disputa fronteriza bajo el derecho internacional ni prejuzgando la cuestión de las fronteras futuras. El fallo de la Sala tiene como único propósito, definir la competencia territorial de la Corte”,

Las autoridades israelíes han reaccionado ante esta noticia, preparando una ley que prohibiría cualquier tipo de cooperación con la Corte PenalInternacional y propondría cinco años de prisión por cualquier violación de esta ley. Según informó el Canal 7 de la televisión israelí, la ley también incluiría la prohibición de entregar a ciudadanos israelíes a la CPI, financiar los gastos de la defensa legal ante la misma e imponer sanciones al tribunal y a quienes trabajan para él

Las autoridades palestinas a su vez, han venido reclamando que la CPI investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron en 2018 y que han dejado un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, calificó de «positiva» la decisión y señaló que representa un paso más hacia una investigación que podría «poner fin a la impunidad de los perpetradores» y que simboliza «un mensaje de esperanza» y de que la «justicia es posible».

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Después del chispazo

Publicado originalmente en la Vanguardia

EL ESCENARIO POLÍTICO

ENRIC JULIANA

MADRID

25/02/2021 06:05

Después de las chispas y las llamas de Barcelona, soplan en Madrid unas brisas institucionales. “Cuidado, que esto se nos puede ir de las manos”, parecen estar pensando , si no todos, sí la ma­yoría de los dirigentes políticos de un país azotado por una grave epidemia e instalado desde hace un año en una comedia bárbara.

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Relatos de cambio IV : VIVIENDA PUBLICA EN SEVILLA. NI GENTE SIN CASA NI CASA SIN GENTE

En pleno debate sobre la discrepancia en el gobierno de coalición en materia de vivienda, alquileres, grandes propietarios, viviendas vacías o límites de precios, no me resulta difícil recuperar lo que hicimos, en aquel gobierno de coalición municipal de Sevilla, entre los socios, PSOE e Izquierda Unida, que en el programa del gobierno de progreso de 2003 y 2007 ya incluiamos con la vivienda como parte esencial de nuestras políticas.

 

El derecho a techo, sobre el papel declarado derecho fundamental en la carta magna actual, puso sobre el tapete municipal de Sevilla el concepto progresista “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”. La empresa de vivienda pública hasta entonces había gestionado bajo la tutela de aquel Partido Andalucista del urbanismo salvaje o urbanismo a la carta, con una arbitrariedad ultrajante las adjudicaciones de las viviendas protegidas que construía. Se habían dado casos escandalosos, de colas de personas en las proximidades de la sede de EMVISESA (la empresa de la vivienda de Sevilla), con sombrillas y sillas de playa durante varios días para conseguir una vivienda protegida, dado el arbitrario, casi obsceno e injusto criterio de adjudicación por “orden de llegada”. Ni necesidades especiales, ni rentas, ni desempleo… Nada. Criterio de llegada, con lo que se daban situaciones donde había gente sin ninguna necesidad objetiva, incluidos propietarios de otras viviendas, que resultaban adjudicatarios frente a otras personas vulnerables con necesidades evidentes que se quedaban fuera.

 

Transformamos los Estatutos de esa empresa pública para establecer mecanismos más justos de adjudicación, ampliamos sus funciones y objetivos para que, además de vivienda protegida, pudiese construir centros de formación, pabellones deportivos, centros cívicos y otros equipamientos sociales. Incluso centros de salud, para agilizar las necesidades endémicas de atención sanitaria que padecían algunos barrios olvidados. Le dimos a esa empresa pública carga de trabajo para varios años. Y sobre todo incorporamos un nuevo agente en la ecuación urbanizadora que competía con los oligopolios de la construcción en nuestra ciudad, proporcionando alternativas habitacionales al alcance de las economías más modestas, tanto en alquiler como en propiedad.

 

Con los nuevos estatutos de la vivienda, conseguimos más equidad en la adjudicación, más alquiler social, cupos para colectivos especiales (mujeres maltratadas, personas discapacitadas, jóvenes con necesidades especiales, etc.), y establecimos cómo resolver la adjudicación de un número limitado de viviendas cuando más de diez veces el número de aspirantes acreditan los mismos criterios. Sorteo ante notario. Nadie se sentía beneficiado. Nadie se sentía perjudicado. De hecho, el primer macro sorteo de 1.225 viviendas públicas fue presenciado en directo por más de mil personas, en medio de críticas al alto número de inmuebles particulares vacíos.

 

El miércoles 22 de noviembre de 2006, el Correo de Andalucía llevaba en portada el siguiente titular: “Sevilla es la ciudad de Europa líder en construcción de VPO”. Nuestro gobierno de coalición había calculado en 5 años los necesarios para cubrir la demanda. El ministerio del ramo avaló el hito histórico de entregar 4.250 viviendas protegidas en tan sólo 16 meses.

 

Era la primera vez (otra vez “la primera vez”, al igual que en peatonalización o movilidad sostenible, participación, deporte de base y en tantos otros temas) que un gobierno local llevaba a cabo la mayor iniciativa pública en materia de vivienda protegida en la historia de Sevilla.

 

En plena burbuja especulativa, que a su explosión nos trajo la crisis del ladrillo, concretamente en junio de 2009, EMVISESA adjudicaba una vivienda de tres dormitorios por 78.146 euros o una de cuatro dormitorios por 99.209 euros. La mayor parte de ellas ya incluía en el precio plaza de garaje y trastero. En esas fechas, la empresa pública de la vivienda,  promovía 6.740 viviendas protegidas, de las cuales 5.272 eran en régimen de venta, el 78,2%, y 1.468 en régimen de alquiler, el 21,8%, cumpliendo sobradamente el Plan Municipal de la Vivienda 2003-2007 impulsado por el gobierno de progreso de Sevilla. Esas viviendas nada tenían que envidiar a las que, en la renta libre, raro era la que bajara de los 250.000 la más barata en pleno pelotazo.

Lo comprometido en los acuerdos que dan lugar a un gobierno en el que conviven más de un partido político hay que cumplirlo. Las dificultades se resuelven o se negocian en las reuniones que se producen previas a los pactos. Una vez firmados estos, hay que cumplir. En mi humilde opinión, creo que en Sevilla ambos socios así lo hicimos. Rigor y firmeza. Responsabilidad y compromiso. En esta materia, además, son datos que pueden comprobarse. Sevilla avanzó, en materia de vivienda pública, más que en siglos de privilegios y especulación.

José Antonio Salido

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INVITACIÓN A PENSAR

oscar varela en Atrio

En 1926 publicó Rostovzeff su libro The social and economic historj of the román Empire. Es el primer estudio en grande que del Imperio romano se hace, y completa la reconstitución de la República, ge­nialmente lograda por Mommsen. En la pág. 486 se leen unas palabras terribles:

1- «La evolución del mundo antiguo encierra una lección y una advertencia para nosotros.

2- Nuestra civilización no puede continuar si no llega a ser una civilización no de una clase, sino de las masas.

3- Las orientales fueron más estables y duraderas que la grecorromana, porque, basándose principalmente en religión, estaban más cerca de las masas.

4- Otra lección es que el ensayo violento de nivelación no ha servido jamás para elevar a las masas.
– Éstas han destruido las clases superiores y no han conseguido más que acelerar el proceso de barbarización.

5- Pero el problema último permanece como un espectro presente siempre e inevitable:
– ¿Es posible extender una civilización superior a las clases inferiores sin rebajar su nivel y diluir hasta desvanecerlas sus cualidades?
– ¿No está condenada toda civilización a decaer tan pronto como penetran las masas?»
—————————-

6- Un día, en un baño, coincidieron Diógenes el Cínico y Arístipo el Elegante.
– Arístipo, al salir, se puso la túnica harapienta de Diógenes;
– pero Diógenes no quiso en modo alguno salir a la calle con el traje purpúreo de Arístipo.

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Lo que no se está diciendo de las elecciones de Catalunya y sus consecuencias para España

Publicado originalmente en Publico

VICENÇ NAVARRO

FEBRERO 22, 2021

El dato más significativo de las elecciones catalanas celebradas el 14 de febrero en Catalunya ha sido la enorme abstención. Nunca antes la participación en el proceso electoral había sido tan baja. ¿Por qué? La respuesta más inmediata a esta pregunta por parte de los mayores medios de información del país ha sido que se ha debido a la pandemia, y al temor de la población a salir a la calle y contagiarse de coronavirus. En principio, esta explicación parecería lógica y razonable. Pero hay un dato que cuestiona que la pandemia haya sido la única causa de esta elevadísima abstención. Y es que ha habido una variación muy marcada en el nivel de abstención según el nivel de renta media de las secciones censales. A menor la renta, mayor ha sido la abstención y su incremento. En realidad, tal incremento de la abstención ha sido incluso más acentuado en las secciones censales de los barrios populares, con una presencia mayoritaria de la clase trabajadora. Y estos son los barrios que se han visto más afectados por la gran crisis social y económica que ha sufrido Catalunya durante estos últimos años y que ha aparecido con toda su crudeza durante la pandemia. La pobreza en estos sectores ha alcanzado niveles sin precedentes en el período democrático (casi el 40 % de la población en los barrios populares está en riesgo de pobreza, porcentaje que alcanza más del 50 % para la población por debajo de los 18 años). Y ha sido, precisamente, en estos barrios donde ha habido no solo una mayor abstención, sino también un crecimiento mayor de esta abstención.
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