La discrepancia entre Abogacía y Fiscalía debilita la acusación del Estado en el procés

Publicado originalmente en El Confidencial

Mientras la Fiscalía llega al juicio sosteniendo que hay rebelión, la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia y por orden de este Ministerio, considera que solo hubo sedición

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Una orden del Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta a los dos brazos del Estado en el juicio del procés. Mientras la Fiscalía, independiente del Gobierno, llega al juicio sosteniendo que hay rebelión, la Abogacía del Estado, dependiente de Justicia y por decisión de este Ministerio, considera que solo hubo sedición, un escalón por debajo y con penas menos graves . El resultado será que en el juicio más mediático de la historia de España los dos representantes del Estado discreparán ante todo el país. El Gobierno se alinea con los tribunales de Alemania, Suiza y Escocia al considerar que no hubo rebelión.

RAFAEL MÉNDEZ

En plena negociación de los presupuestos, el Ejecutivo ha ofrecido el gesto que solicitaban los de ERC. En la misma jornada, ambas acusaciones formalizarán ante el alto tribunal escritos enfrentados. Los representantes legales del Estado pedirán 14 años para Oriol Junqueras mientras que la Fiscalía reclamará casi el doble, alrededor de los 25 años. El guiño se ejecuta, además, con la oposición de los abogados personados en la causa. El escrito de la Abogacía no llevará su firma sino la de la responsable de la institución.

En plena negociación de los Presupuestos, el Ejecutivo ha ofrecido el gesto que solicitaban los de ERC. Se presentarán dos escritos enfrentados

La rebelión es un delito que exige un “alzamiento violento”. Desde el inicio ha habido muchas dudas sobre el uso de ese artículo del código Penal, penado con hasta 30 años de prisión. Su imputación por parte del juez Llarena permitió que los líderes del procés no se presentaran a las elecciones autonómicas del pasado diciembre pero relevantes juristas dudaban de que fuera a prosperar en el juicio. Advertían de que incluso si el Supremo los condenaba por rebelión, serían corregidos por la Justicia europea.

Pese a todo y frente a todos, durante la instrucción, el Ministerio Público ha defendido que la rebelión se produjo y piensa acusar por ello. Ante las peticiones de los independentistas para que intentase influir en los fiscales, el Gobierno replicó que eso sería contraproducente. Los de Sánchez sabían que se toparían con una oposición frontal. Ni siquiera en la etapa del fiscal general del Estado José Manuel Maza, se dejaron influir cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, pretendió que Jordi Turull pudiese ser investido como presidente de la Generalitat.

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

Así que quedaba la otra pata del Estado en la sala, la Abogacía, con dependencia jerárquica de Justicia. Aunque juega un papel secundario en los procedimientos penales -se personó en febrero pasado por malversación-, es el brazo directamente dependiente del Gobierno en el juicio. La tradición en la Abogacía es adherirse a las peticiones de la fiscalía salvo en los delitos fiscales, donde representa a la Agencia Tributaria y a menudo lleva la voz cantante. En esos casos, cuando los acusados buscan un pacto de conformidad, la Fiscalía recomienda que lo acuerden antes con la Abogacía.

No era previsible que el juicio empezara con los dos brazos del Estado discrepando antes de iniciarse
Pero en el juicio del ‘procés’, el más importante de la historia democrática, por encima del del 23-F por las connotaciones políticas que tiene, Abogacía y Fiscalía no llegan de la mano. A pesar de la buena relación entre los fiscales y los abogados del Estado del caso, Moncloa ha impuesto a la Abogacía a través del Ministerio de Justicia una rebaja de la acusación, de forma que solo califica lo ocurrido como sedición. Justicia podría haber acusado solo por malversación, alegando que estaba en la causa solo para defender el dinero público. Pero ha optado por entrar en el fondo del asunto y descartar la rebelión. El escrito lo firma la abogada general del Estado, Consuelo Castro, un alto cargo de Justicia y ha generado malestar en el cuerpo. No solo por la acusación -son funcionarios y hay jerarquía- sino porque el Gobierno ha insistido públicamente en que no estaba dando instrucciones a la Abogacía.

Fuentes jurídicas destacan que la acusación por rebelión podía haber ido bajando a lo largo del juicio, si en las vistas se veía que era difícil argumentarlo. Pero no era previsible que empezara con los dos brazos del Estado discrepando antes de iniciarse. Eso da armas a las defensas que confiaban en que la rebaja de la Abogacía del Estado acabase arrastrando a la Fiscalía durante el juicio.

Aunque durante meses el debate público era sobre la Fiscalía, desde junio el Gobierno e independentistas hablaron sobre la Abogacía, según fuentes próximas al caso. Entonces comenzó el viraje de declaraciones de Sánchez. Si en mayo, antes de ser presidente, vio rebelión aunque no hubiera violencia. “Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo. […] Hay que reflexionar: ¿lo que se produjo el pasado seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es”, declaró en Antena 3.

En septiembre este diario adelantó que la Abogacía era la baza que manejaba Sánchez y que en realidad lo que pedían los independentistas era eso. “El gesto” con los presos del procés que pedían ERC y PDeCAT para sentarse a negociar los presupuestos generales del Estado con el PSOE y Podemos.

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El Roto, El País

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AFRICA. DESARROLLO AGRARIO

Notas cortas

2012
“Mundo Negro” es una revista editada por los Misioneros Combonianos. La leo todos los meses y siempre encuentro alguna noticia interesante. En el nº 569 correspondiente al presente mes de enero he hecho un doblete. Por un lado un artículo de José Naranjo con el
llamativo título de “Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?. Fanaye (Senegal)” y por otro la
carta al director de un lector muy cualificado, Alberto Ballarín Marcial, titulada “Modelo de regadíos”. Casi al mismo tiempo he tenido la ocasión de leer la entrevista que “Libre Mercado”
ha hecho a Magate Wade, una de las 20 mujeres más influyentes de Africa según Forbes, en la que afirma algo tan polémico como que Africa no necesita 500.000 cooperantes sino 500.000
empresarios.
Me gustaría echar mi cuarto a espadas, exponiendo mi opinión sobre un tema tan peliagudo como es el del desarrollo del Africa poscolonial que, a mi juicio, va indisolublemente unido al desarrollo de su agricultura tanto para luchar contra las frecuentes hambrunas como
para conservar su medio ambiente.
Estamos gastando mucho tiempo, mucho dinero y muchas energías en cuestiones
realmente baladíes mientras mil millones de personas pasan hambre en el mundo y la agricultura de la mayor parte de los países en vías de desarrollo no acaba de arrancar. La agricultura no puede esperar, como Nehru pedía a la FAO y a su desarrollo debemos dedicar
nuestros mejores esfuerzos para hacer realidad una agricultura fuerte, competitiva, respetuosa con el medio ambiente, que asegure el suministro de productos saludables a todos los pueblos y que sea capaz de retribuir dignamente a los que a ella se dediquen.
Es intolerable que millones de hectáreas de buena tierra, con disponibilidad de agua, con buen clima, con suficiente mano de obra, permanezcan incultas en países en las que las hambrunas se repiten cíclicamente mientras su vegetación espontánea desaparece todos los años pasto de las llamas con el consiguiente desastre ecológico, olvidándonos de las palabras del
Génesis: “Dios entregó la tierra al hombre para que la trabaje y la conserve”. La conservación
de la naturaleza es una finalidad esencial de la agricultura, como lo es la lucha contra el hambre.
En estos términos, en la lucha contra el hambre y la conservación de la naturaleza, debe contemplarse el apoyo a prestar a los países en vías de desarrollo para que puedan cumplir con
su cometido.
Especial interés tiene apoyar el desarrollo de la agricultura subsahariana. Interminables
guerras civiles han ocasionado un paso atrás en su producción agraria no alcanzando actualmente, en la mayoría de ellos, los niveles que tenía durante la época colonial. Múltiples factores han contribuido a este retroceso entre los que destacamos la destrucción de las industrias de transformación, la inseguridad de la explotación agraria (no sólo por factores humanos sino también por la frecuencia con que se suceden sequías e inundaciones), la falta de
formación de los agricultores, la imperfección de los mercados, las dificultades para la adquisición de insumos, la carencia de capital de explotación, etc., etc.
El Sr. Ballarín defiende la transformación de tierras en regadío para que haya un desarrollo auténtico. A mi modesto entender la puesta en riego es una condición necesaria pero
no suficiente. Para que tenga éxito esta política se precisa no sólo la formación profesional de los regantes o la financiación adecuada del circulante, sino que exista oferta de los insumos
necesarios para la explotación y de una forma muy especial, que existan compradores, a precios justos, para sus producciones. De hecho, en España, las parcelas entregadas a campesinos sin
tierra al amparo de los planes de colonización elaborados durante el Régimen anterior llevaron
una vida muy precaria hasta que por diversos cauces se establecieron empresas que industrializaron y comercializaron sus productos.
A principios de los 60, tuve la oportunidad de participar en el funcionamiento de las concesionarias, una fórmula que se puso en marcha para desarrollar nuevos cultivos a establecer
en las superficies que en aquellos años se estaban transformando en regadío a las que me he referido anteriormente. La concesionaria, a cambio de actuar en su área geográfica en régimen
de monopolio, tenía la obligación de fomentar el cultivo. Para ello, se comprometía a adquirir la
producción de los agricultores, en mi caso algodón, a un precio mínimo fijado por la Administración. Pero no quedaba ahí la cosa pues la concesionaria suministraba la semilla necesaria, asistencia técnica, anticipos financieros para hacer frente a los gastos de explotación de los primeros meses, envases para la entrega del algodón y una amplia red de almacenes de
recepción. La liquidación de la cosecha se hacía sobre la marcha actuando también con frecuencia en la financiación de transformaciones en regadío de tierras cuyas superficies se
dedicaran posteriormente al cultivo del algodón.
Las actuaciones acometidas hasta ahora para fomentar la agricultura en la zona
subsahariana, con independencia de la buena intención de las instituciones o los particulares que las impulsan, no rompen, a mi juicio, el nudo gordiano de la cuestión. Es necesario no sólo
mejorar la formación de los agricultores, proporcionarles semilla, facilitarles la adquisición de maquinaria, etc., sino asegurarles el mercado para sus productos. Es muy loable propiciar la
agricultura de subsistencia, pero no es suficiente. Si no hay mercado no habrá producción.
Creo que esta experiencia española que se inició en 1940, recién terminada nuestra guerra civil, podría ser trasladada con éxito al Africa subsahariana. En principio pienso en el
fomento de producciones no perecederas, como el algodón, el arroz o la caña de azúcar, en la elaboración de biocarburantes, en especial a partir de biomasa o de algas, en la producción de
carne o, incluso, en la repoblación forestal. Una vez implantados estos cultivos y transformadas las superficies actualmente incultas, el desarrollo de otros como el maíz, la mandioca, la piña
tropical, etc., se realizaría de forma natural, sin necesidad de concesionarias específicas.
Paralelamente los agricultores irían mejorando su formación profesional y se desarrollarían empresas de servicios relacionadas con la agricultura, facilitando la adquisición in situ de
maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etc. Esto es lo que ocurrió en España y creo que es lo que defiende la Sra. Wade. No es necesario vender la tierra pero sí crear las condiciones necesarias para que surjan empresarios que protagonicen el desarrollo de sus pueblos.

Sevilla, 29 de enero de 2012
Casi seis años después, he releído la nótula anterior. No le quitaría ni una coma pero sí le añadiría unas líneas para hablar de un tema de enorme y triste actualidad. Me refiero a la migración, especialmente la de subsaharianos. No podemos seguir así. No sólo es necesario por razones humanitarias fomentar el empleo y evitar hambrunas cíclicas en sus países de origen, sino que es
inaceptable que la falta de oportunidades obligue a los mejores a hacer sus maletas y a lanzarse a una aventura incierta. La emigración está descabezando las sociedades subsaharianas lo que sin duda redundará a corto plazo en un empobrecimiento social y político de esos países. Estamos ante un círculo vicioso que es necesario romper.
Sevilla, 27 de octubre de 2018

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Opinión del editor

Enfrentamientos entre magistrados del Tribunal Supremo, patinazos espectaculares de presidentes de Sala y del Alto Tribunal, befa pública por tales entuertos. Sanchez y Casado, otros dos presidentes, que no se hablaba y que se ponen de acuerdo para nombrar otro presidente, un juez para sustituir al fracasado señor Lesmes, de ingrata memoria. Y en perspectiva el juicio a los
políticos presos por la declaración unilateral de independencia de dos millones de ciudadanos catalanes. Un horror.
Antes de cesar el día cuatro de diciembre por finalización del mandato, el Consejo General del Poder Judicial presidido por el señor Lesmes , ha decidido no sancionar a la juez de vigilancia penitenciaria numero tres de Lugo que se dedica en sus horas libres a ejercer de tarotista y
vidente con gran experiencia en echar cartas de tarot. 20 euritos por consulta. El presidente de la Sala Tercera del Supremo, el incendiario hipotecario, cobraba por dar clases a alumnos de una fundación bancaria. Tampoco han sancionada a la presidenta del tribunal que condenó a Otegi y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado por falta de imparcialidad y sentenciar en un juicio injusto. Otro horror.
Tres poderes y un sólo capital verdadero

Alberto Revuelta.
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Sin justicia no habrá paz

OPINIÓN


Publicado originalmente en El Nacional .cat
Jordi Barbeta
Barcelona. Domingo, 11 de noviembre de 2018
3 minutos
Jordi Barbeta
Sostenía Karl Popper que una de las condiciones que define una sociedad abierta es la capacidad de sustituir a los gobernantes y las autoridades sin violencia. Esto es posible ahora mismo en España con los gobiernos y los legisladores, pero no tanto con los jueces, que sí se relevan entre ellos, pero de acuerdo con criterios y tejemanejes que nada tienen que ver con el interés general. Como se está poniendo en evidencia, tanto da que cometan errores grandes o pequeños, que provoquen daños o desastres: sus barbaridades suelen quedar impunes casi siempre. Son, en sentido popperiano, los enemigos de la sociedad abierta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de condenar de nuevo a España sentenciando que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo y que la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo actuó con parcialidad. Sin embargo, no habrá reparación a Otegi ni sanción a la jueza Murillo, que continuará acumulando trienios y actuando con el descaro que la caracteriza, sin que nadie pueda evitarlo. El problema es que no hay mecanismos que permitan regenerar de verdad el poder judicial español; y cuando un organismo no se regenera, se pudre.

Carlos Lesmes llegó a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial no por sus méritos profesionales, sino por los méritos políticos que acumuló ejerciendo altos cargos en los gobiernos de José María Aznar. Su gestión ha sido una calamidad que ha derrumbado la poca credibilidad que le quedaba a la justicia española. Ahora dejará el cargo, pero no porque lo destituyan, sino porque ha agotado el mandato de cinco años.

¿Qué pasará a partir de ahora? Pues que la justicia española afrontará la causa más importante de su historia en su momento más débil, desautorizada por los tribunales europeos y desacreditada por los juristas de mayor prestigio. Y todos los indicios hacen pensar que todo irá a peor.

El PSOE no sabe qué es peor, si tener a Marchena de presidente o dejarlo al frente de la sala de lo penal para que imponga las sentencias más duras a los acusados del procés y provoque una escalada del conflicto de consecuencias imprevisibles

Tras promocionar a Lesmes, el PP, convencido de que sigue necesitando jueces amigos que lo protejan, pretende ahora colocar al frente de la justicia española a Manuel Marchena, un magistrado conservador que, por cierto, acaba de archivar la investigación del misterioso máster de Pablo Casado. No es el único ni el más importante servicio que ha prestado Marchena. Apartó a Baltasar Garzón del caso Gürtel y fue ponente de la sentencia que condenó a Juan María Atutxa, el presidente del Parlamento vasco, por negarse a disolver un grupo parlamentario de la izquierda abertzale. Esta sentencia también ha sido tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no le ha generado ningún dolor de cabeza a Marchena. Por el contrario, parece que se haya computado como un mérito, porque desde entonces ha sido promocionado hasta llegar a presidir la sala de lo penal del Tribunal Supremo, donde se ha erigido en cerebro de la persecución judicial del movimiento soberanista catalán. Ya fue ponente de la sentencia que condenó al diputado Francesc Homs por su participación en la organización de la consulta del 9-N y está considerado mentor de del juez Llarena, que instruye la causa del 1-O y que mantiene encarcelados los líderes independentistas. Últimamente trascendió un supuesto trato de favor a la hija de Marchena en el que habría intervenido la esposa del juez Llarena como directora de la Escuela Judicial, pero las denuncias no han tenido ningún efecto.

El PP y el PSOE vuelven a negociar ahora para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y están varados en la figura del presidente del Supremo y del propio Consejo. Una de las dudas del PSOE es que no sabe qué es peor, si tener a Marchena de presidente o dejarlo al frente de la sala de lo penal para que imponga las sentencias más duras a los acusados del proceso soberanista y provoque una escalada del conflicto de consecuencias imprevisibles.

El poder judicial español sigue funcionando con los esquemas propios de la dictadura franquista. Un ejemplo es la inacción de la fiscalía ante delitos flagrantes como los que se han puesto en evidencia con las grabaciones del comisario Villarejo. Si España no aprovecha ahora la ocasión para llevar a cabo las reformas democráticas que no se hicieron cuando tocaba, hace cuarenta años, el régimen político español mantendrá la tendencia decadente que le impide superar la situación casi de bloqueo que sufre desde hace siete años. Los problemas que no se resuelven se hacen cada vez más grandes.

En Estados Unidos, los abusos de la justicia con la población afroamericana dieron lugar a la aparición del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importa), que extendió las protestas de costa a costa con un grito unánime: “No justice, no peace”. Sin justicia no habrá paz.

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Macron alerta del riesgo de un nacionalismo similar al del periodo de entreguerras

Publicado originalmente en la República d las Ideas

“Europa afronta el riesgo de desmembrarse por la lepra nacionalista y ser zarandeada por potencias exteriores y puede perder su soberanía”, asegura

A pocos días de la conmemoración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó de que Europa vive el mismo riesgo de desmembración por el nacionalismo que en el periodo de entreguerras.

“Me sorprende el parecido que hay entre el momento que vivimos y el de entreguerras”, afirmó el presidente en una entrevista que publica el diario ‘Ouest France’.

Macron recordó que tras el final de la Gran Guerra “Europa estaba dividida por los miedos, el repliegue nacionalista, las consecuencias de la crisis económicas”.

Ahora “vemos casi de forma metódica rearticularse todo aquello que marcó la vida en Europa entre el final de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929”, agregó.

Frente a esa amenaza, a menos de un año de las elecciones europeas, el presidente aseguró que hay que recordar esa situación, “ser lúcidos y saber resistir” con “vigor democrático”.

A pocos días de que el domingo próximo inicie una peregrinación por diferentes escenarios de la Gran Guerra en el este y el norte del país, Macron apeló a “sacar las lecciones” de aquel conflicto.

Su conclusión es, aseguró, que debe ser una Europa “más soberana y más multilateral”.

“Europa afronta el riesgo de desmembrarse por la lepra nacionalista y ser zarandeada por potencias exteriores. Y, por ello, perder su soberanía”, indicó.

Macron alertó del riesgo de que la seguridad de Europa “dependa de decisiones estadounidenses” de afrontar “a una China cada vez más presente sobre las infraestructuras esenciales” y a “una Rusia que a veces intenta manipular”.

Sin olvidar “los grandes intereses financieros y de los mercados que superan en ocasiones el lugar que los Estados pueden ocupar”, dijo Macron, que acabará su periplo memorial el domingo 11 de noviembre con el tradicional homenaje al soldado desconocido en el Arco del Triunfo.

En esta ocasión, para celebrar el centenario, el presidente ha invitado a un centenar de mandatarios de todo el mundo, entre ellos los de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin.

Tras el homenaje, Francia ha organizado un Foro por la Paz que durará tres días

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El espectáculo de la justicia

Publicado originalmente en Ara en castellano

¿Aceptará Sánchez a Marchena en la presidencia del Supremo y del CGPJ?

El martes 6 de noviembre pasará a la historia como uno de esos días negros de la historia judicial española. Mientras 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Tercera, deliberaban para resolver sobre quién –si los clientes o los bancos- debía asumir el pago de los actos jurídicos documentados de las hipotecas, de Estrasburgo llegaba un soberbio varapalo: Arnaldo Ortegi y otros cuatro dirigentes aberzales vascos no tuvieron un juicio justo en la Audiencia Nacional por el caso Bateragune en 2010. Los jueces de Estrasburgo se pronunciaron de forma unánime calificando de falta de imparcialidad la conducta de la magistrada Ángela Murillo, presidenta del tribunal de enjuiciamiento.

Durante la tarde del citado martes, la Sala Tercera se partía en dos mitades – 15 votos a favor de que los clientes sigan, como hasta ahora, pagando los gastos jurídicos de las hipotecas, contra 13 partidarios de aplicar la nueva doctrina según la cual debían ser los bancos- después de un debate coartado por el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo. Diez magistrados, según publicó Ara  levantaron la mano para pedir la palabra, pero Díez-Picazo consideró que supondría alargar el debate y urgió a que se votara. El magistrado José Manuel Sieira, anterior presidente de la Sala Tercera, le espetó: “Estás hurtando el debate”. Díez-Picazo no se echó atrás: “Yo soy el presidente, yo dirijo el debate. A votar”.

En la genésis del comportamiento de la Sala Tercera hay que situar el estilo de liderazgo de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde diciembre de 2013, cuyo mandato vence el 4 de diciembre próximo. Un estilo autoritario que le llevó el 18 y 19 de octubre -tras conocer que la sección segunda de la Sala había resuelto tres sentencias, según las cuales los citados actos jurídicos hipotecarios debían ser asumidos por los bancos, principales interesados en conceder hipotecas- a interferir y sugerir al presidente Díez-Picazo la necesidad de emitir un comunicado sobre el asunto. Aunque Díez-Picazo se resistió finalmente destacó en una nota “las enormes repercusiones económicas y sociales” de las resoluciones. Las acciones de los bancos que habían bajado en la Bolsa de Madrid el jueves 18, experimentaron subidas tras conocerse el comunicado el viernes 19.

Y aunque Lesmes prometió que las sentencias no se podían anular, al convocarse un pleno de la Sala para el 5 de noviembre, las sospechas sobre el cambio eran un secreto a voces. El presidente Pedro Sánchez advirtió el mismo martes por la noche que la Sala Tercera y su crisis habían puesto el balón en la línea de penalti para que el Gobierno modificase la ley a fin de que en adelante los bancos asuman los gastos jurídicos. Y el jueves 8, el consejo de ministros chutó el balón, decretando además que estos actos jurídicos ya no podrían ser deducidos por las entidades financieras como gasto en la liquidación del impuesto de sociedades.

Parecía que este sería, de momento, el último episodio de la crisis del sistema judicial pero, como ocurre con la actualidad en las series de moda que producen Netflix y otras compañías, también la justicia de España es una fuente inspiradora para fabricar, con extraordinaria celeridad, nuevos capítulos­.

El pasado lunes, día 5 de noviembre, cuando empezaba la deliberación de 28 magistrados de la Sala Tercera, tras la intervención descarada quince días antes del presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, comenzaba a gestarse una nuevo capítulo.

El exministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, proponía, en nombre del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, “una alternativa de consenso” a la ministra de Justicia, Dolores Delgado: el nombramiento del actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, para el puesto de presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Que la propuesta se hiciera entre los dos negociadores de la renovación del CGPJ, cuando lo normal es que la presidencia sea resultado de un pacto entre los máximos responsables del PSOE y del PP, es decir, Sánchez y Casado, parecía extraño.

En septiembre de 2008, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que proponía a Carlos Dívar para presidir el Supremo y el CGPJ, tras recibir a Rajoy en La Moncloa, una decisión que fue muy criticada por aflorar una elección que, formalmente, realizan los vocales. Son ellos quienes toman posesión antes que el presidente al que eligen en su primer acto como consejeros.

El intercambio entre Delgado y Catalá asumía un riesgo evidente: la filtración del nombre de Marchena a tres semanas del nombramiento del sucesor de Lesmes.

Y el riesgo se materializó el pasado viernes, día 9 de noviembre, cuando el diario El País reveló que el PP proponía a Marchena y que el PSOE rechazaba la iniciativa.

La idea de nombrar a Marchena, que, según diversas fuentes judiciales consultadas por ARA, el propio interesado conocía, fue formulada por Catalá a Delgado en el punto más extremo de la crisis de la justicia –el debate de la Sala Tercera-, pero venía siendo madurada hace tiempo en el estado mayor de Pablo Casado.

Marchena había sido rival de Lesmes en la pugna por la presidencia del Supremo y del CGPJ en 2013, pero entonces era solamente magistrado de la Sala Segunda, la sala de lo Penal del Supremo. Con todo, no era la única oportunidad. Cinco años después, es decir, en diciembre de 2018, podía ser la suya al vencer el mandato de Lesmes. En septiembre de 2014, Marchena aumentó su poder al ser nombrado con el respaldo de Lesmes y el apoyo del sector conservador del CGPJ presidente de la Sala Segunda.

Sin embargo, en octubre de 2017, la querella criminal presentada por el fiscal General del Estado, José Manuel Maza,  por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, contra los dirigentes independentistas catalanes, pareció frustrar el plan para el cual Marchena se había preparado, es decir, ser el futuro presidente del Supremo y del CGPJ. Porque como presidente de la Sala Segunda presidió la Sala de Admisión de la querella y fue ponente del auto que la admitió. Y, a su vez, sería presidente y ponente del tribunal del juicio oral.

Precisamente, el 25 de octubre pasado –hace 18 días- Marchena firmaba dos autos: la confirmación de la conclusión de la instrucción del magistrado Pablo Llarena, desestimando 296 diligencias propuestas antes del juicio por las defensas de los 18 procesados y decretaba la apertura de juicio oral.

En estas condiciones, nombrar a Marchena presidente del Supremo y del CGPJ implicaría, teóricamente, dos cambios adicionales: nombrar presidente de la Sala Segunda por parte del nuevo CGPJ en sustitución de Marchena y designar un nuevo presidente y ponente del juicio del procés a la vez que un nuevo juez para sustituirle. La presidencia y ponencia recaería sobre el magistrado más antiguo del tribunal de siete miembros, ya designado en el auto de apertura de juicio oral.

Se trata de Andrés Martínez Arrieta, quien, junto con otros miembros del tribunal, fuera recusado por las defensas, incidente que fue desestimado precisamente por la sala del 61 del Supremo, presidida por Lesmes, a primeros de septiembre pasado. La magistrada Susana Polo podría, a su vez, cubrir la vacante que se produciría en el tribunal. En tal caso, Martínez Arrieta tendría que tomarse un tiempo para estudiar la causa con mayor detalle.

Los plazos son muy ajustados. Porque a primeros de diciembre, momento en que se consumaría, teóricamente, este encaje de bolillos, está previsto celebrar las sesiones en las que el tribunal del procés abordará, con las defensas de los procesados, los llamados artículos de previo pronunciamiento –la declinatoria de jurisdicción o cuestión de competencia del Supremo sobre la causa del procés, entre otras-, previstas para después del puente de la Constitución.

El PSOE ya aceptó en 2013 el nombramiento de Lesmes como presidente del Supremo y el CGPJ, pero la diferencia es que entonces gobernaba el PP. Rubalcaba centró su oposición sobre Marchena y consideró a Lesmes como un mal menor.

Ahora gobierna el PSOE, y, se ha dicho, prefiere el nombramiento de una mujer para cubrir esa presidencia, desde la candidata de la vicepresidenta Carmen Calvo –la catalana Lourdes Arastey, miembro de la sala de lo Social, la Cuarta, del Tribunal Supremo-, a Pilar Teso – de la Sala Tercera del Supremo, rival de Lesmes en 2013-, pasando por la catalana Encarna Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y por Ana Ferrer, la primera mujer que rompió la unanimidad de hombres en la Sala Segunda,  cuya candidatura defiende la ministra Delgado.

La pregunta es: ¿se apresta Pedro Sánchez ha embarcarse en una de esas operaciones que son de su gusto, a saber, apoyar a un candidato que promueve el PP –Marchena- para lanzar el mensaje a los independentistas de que el magistrado que ha apoyado y confirmado la instrucción de Llarena no será el presidente y ponente de la sentencia que debería dictarse hacia el mes de julio si el juicio comienza a finales de enero próximo?

Sánchez ya nombró a un magistrado que había escalado puestos con el apoyo del PP, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una operación de prestidigitación para que “uno de los suyos” –es decir del PP o próximo a dicho partido durante largos años- diera la cara por medidas –acercamiento de presos en Euskadi y Cataluña, entre otras- a modo de escudo de protección del gobierno.

Con todo, un hipotético nombramiento de Marchena supondría una interferencia de los dos grandes partidos –PSOE y PP- en el juicio del procés  nada menos que a través del cambio del presidente y ponente, lo que a su vez, puede arrojar sombra, retrospectivamente, sobre las actuaciones durante el proceso de instrucción. Todo ello, claro, con las consecuencias posteriores, en las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

“La teórica nominación de Marchena como el bombero de la crisis de la justicia, desplazándole desde la presidencia y ponencia del juicio del procés puede ser presentada como que se aparta a un juez  que ha respaldado todas las medidas de Llarena y al que se ve con la estaca en ristre de cara al juicio oral y a la sentencia, de ahí que sin duda una vez más el procés está en el núcleo de la crisis en curso y de las propuestas para abordarla”, señala a ARA un fiscal que prefiere mantener su nombre en reserva.

“Es el juicio del procés, estúpido, podríamos decir”, señala otro exmagistrado a este diario. “Es este juicio lo que guía las principales maniobras, tanto por parte del Gobierno como por parte de los magistrados implicados”.

El espectáculo de la justicia española es el rayo que no cesa aunque a diferencia del poemario de Miguel Hernández el protagonismo lo tienen las luchas de poder, las aspraciones –puras y duras- de poder.

Ayer, según fuentes conocedoras de las negociaciones, Catalá volvía a ponerse en contacto con la ministra Delgado para acercar posiciones, ante la necesidad de presentar, a partir de mañana,  las listas de vocales que serán nominados en calidad de juristas para el nuevo CGPJ. Se da por hecho que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, vetado por Lesmes y el Supremo para ir por el capítulo de jueces, será nominado por el de juristas de prestigio.

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Perditis. El Pais

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Opinión del editor

Los días 12 y 13 de noviembre se celebrará en Palermo un encuentro internacional para estudiar la situación de Libia y sus repercusiones políticas y sobre todo en materia de seguridad; también en noviembre se van a discutir con la Unión Europea y con países de Africa las circunstancias de los flujos migratorios y las posibilidades de controlarlos; en diciembre y en Ginebra se relanzarán las conversaciones sobre el futuro del Sahara. Occidental. Muy importante es el encuentro de Palermo pues en él se intentará que los acuerdos de Skhirat de diciembre de 2015 y especialmente los contenidos en su articulo 34 puedan plasmarse en decisiones concretas como la creación de una policía profesional libia que pueda evitar que el país continúe en manos de milicias sin control. No se escapa que los peligrosos viajes de inmigrantes en manos de Matias profesionales tienen íntima relación con la agenda palermitana de los próximos 12 y 13 de este mes.

Alberto Revuelta
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¡Qué Cruz la de Peñafort!

Publicado en el Confidencial Andaluz.

Qué ocurre para llegar a la situación que política, judicial y cívica y socialmente estamos viviendo.

Es sabido y comprobado que un par de millones de ciudadanos catalanes, votantes de partidos defensores de la separación política y administrativa con España, han apoyado un programa de acciones minuciosamente diseñado para lograr ese objetivo. Cantidad nada despreciable y que ha logrado democráticamente el gobierno de la Generalitat catalana y la mayoría de votos en su Parlament. Al tiempo y por decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo continúan presos, preventivos pero presos, en carceles catalanes dependientes del gobierno que preside el señor Torra varios de los dìrigentes políticos que protagonizaron y diseñaron el llamado procés.

Tras el fiasco germano-belga de la estrategia diseñada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para llevar a juicio oral a todos los presuntos responsables de los hechos habidos en septiembre y octubre de 2017 en Barcelona a quienes el magistrado instructor refrendado por la misma Sala atribuye la comisión de delitos de rebelión, malversación y otros varios, a límine litis y a reserva de la resolución del plenario, estoy obligado como ciudadano español a preguntarme qué ocurre para llegar a la situación que política, judicial y cívica y socialmente estamos viviendo. Lo confirma esta misma mañana el escrito de acusación de la Fiscalía general del Estado.

Desde 2008 el gobierno del Reino de España y la Adminstracion central de Estado, sus organismos de consejo el Poder Legislativo y el Judicial estaban obligados a saber lo que estaba ocurriendo en Cataluña y a valorar las consecuencias de las decisiones que se adoptarán u omitieran con respecto a los planteamientos y decisiones que allí se iban defendiendo y proponiendo.

 

Qué ocurre para llegar a la situación que política, judicial y cívica y socialmente estamos viviendo.

 

Tengo presente que a diferencia de los señores Pujol, Montilla, Carod, Mas, Junqueras, Puigdemont, et sic de ceteris, los señores Rodríguez Zapatero, Rajoy, Zoido, las señoras Sáenz de Santamaría, Cospedal son juristas. Y amén de serlo han acudido al amparo togado de diversos entes jurídicos de prestigio, sabiduría y técnica jurídica que se les suponía como el valor en la cartilla militar cuando servidor hizo la denostada mili.

Los acuerdos y colaboraciones políticas, y prejudiciales suspensivas, entre Felipe González y Pujol, entre Aznar y el mismo Pujol, ya iniciaron un camino que ha terminado, de momento, en estas riberas algo empantanadas. La estulta ceguera de los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, el pazguato dejar hacer de los del señor Rajoy Brey han permitido ramplonamente que la voz del profesor del instituto de Soria suene a trueno en los campos yermos de la otrora poderosa Castilla que respecto a Cataluña en sus gobiernos desde 2008 al 2018, desprecia cuanto ignora.

En noviembre de 2015 se iniciaron discretos movimientos en el seno del Alto Tribunal al cesar el magistrado Llarena como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para que fuera cooptado y ascendido al mismo Tribunal Supremo. Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a don Pablo Llarena. La abogada del Estado y vocal de la misma permanente puso en duda la validez de la sesión y sus acuerdos. Tras diferentes maniobras se redactaron dos actas. No se han desmentido tales dudas y afirmaciones. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público el lunes pasado un informe en el que critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. Alude en concreto la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”.

 

En noviembre de 2015 se iniciaron discretos movimientos en el seno del Alto Tribunal al cesar el magistrado Llarena como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura para que fuera cooptado y ascendido al mismo Tribunal Supremo.

 

El expresidente del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, don Pascual Sala, ha manifestado: “ Para mí es muy difícil por no decir imposible que exista un delito de rebelión, por no decir que me parece problemático que exista un delito de sedicion”.

El exfiscal jefe de Catalunya don José María Mena ha valorado el argumento del juez del Tribunal Supremo don Pablo Llarena para mantener en prisión a los líderes independentistas que se encuentran encarcelados y ha negado que se produjera la violencia que se les atribuye: “Lo leí muchas veces, con mucho cuidado, y he de decir que no veo en absoluto violencia en lo que describen como violencia”.“En vista de lo que dice la Guardia Civil, yo no veo que exista el concepto de violencia determinante de un delito de rebelión”.

Salvo televidentes obsesos de quince planos repetidos meses y meses sin cesar y personas de caletres similares al del señor Garcia Egea y algunos de sus conmilitones y, entre ellos, su jefe de parecido hipotalamico espacio, hemos podido ver a miles de ciudadanos españoles que han nacido y viven en Cataluña salir a la calle a pedir la independencia de España y la constitución de una república catalana políticamente soberana, en un ejercicio del derecho de manifestación en el cual no ha habido más a violencia que la cualquier país europeo libre y democrático tolera diariamente sin el menor empacho ni intervención de sus tribunales.

 

Un ejercicio del derecho de manifestación en el cual no ha habido más a violencia que la cualquier país europeo libre y democrático tolera diariamente.

 

“¡Qué vergüenza que en España, fuera de Catalunya, nadie salga a la calle a protestar por los presos políticos independentistas! Es casi ya en sí motivo suficiente para justificar que Catalunya se independice, y lo digo yo, que soy la persona menos comprometida con una bandera que conozco y a la que la declaración de independencia catalana de hace un año le pareció la ridiculez más grande que ha visto en la vida, con la posible excepción de la elección de Donald Trump.” John Carlin en La Vanguardia del pasado 28 de octubre de este año.

En 1944, siendo don Eduardo Aunós ministro de Justicia, publicó el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año, por el que se creaba la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho. Eduardo Aunós Pérez (Lérida, 8 de septiembre de 1894 – Lausana, 25 de septiembre de 1967) fue un político, doctor en Derecho, regionalista catalán, secretario de Francisco Cambó, diputado en Cortes en 1916 y 1921, ministro con Miguel Primo de Rivera y presidente de la XIII Conferencia Internacional de Trabajo celebrada en Ginebra. Exiliado en Francia durante la Segunda República Española, se unió a los sublevados, ocupando diversos cargos políticos y diplomáticos durante la dictadura franquista en la que fue ministro de Justicia en 1943-1945. Hasta aquí lo que dicen las crónicas publicadas y resumidas.

 

En 1944, siendo don Eduardo Aunós ministro de Justicia, publicó el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año, por el que se creaba la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

 

La cruz de San Raimundo de Peñafort la lucen hoy numerosos juristas y jueces españoles y entre ellos no pocos catalanes. Conviene no olvidar su origen y su creador ahora que tanto se habla de historia catalana por contraposición a la española. El exilio no garantiza nada. Ni ser secretario del señor Cambó tampoco. Raimundo de Peñafort, catalán nacido en lo que hoy es Santa Margarita y Mónjós, pavorde que fuera del obispado de Barcelona, compilador de las Decretales de Gregorio IX e introductor del Tribunal de la Santa Inquisición en el Reino de Aragón podría dar alguna lección a tirios y troyanos en las próximas semanas. ¡Qué cruz, Señor, qué cruz la de Peñafort!.

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