¿Existe hoy en España una verdadera separación de poderes? Las injerencias del poder político en el sistema judicial

Estás notas están basadas en informaciones obtenidas del recomendable libro, recientemente publicado, “El secuestro de la justicia”, que recoge una conversación entre el magistrado Joaquim Bosch (Cullera 1965) y el periodista Ignacio Escolar (Burgos 1975) director del periódico digital “eldiario.es”. Los entrecomillados son citas literales del texto mencionado. Examinaremos brevemente el principal órgano de gobierno de los jueces españoles que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y luego los principales tribunales de nuestro sistema judicial: el Tribunal Constitucional (TC), la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS). Esta nota sigue con unos comentarios sobre la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, y acaba con unas Conclusiones. El CGPJ Además de ser el principal órgano de gobierno de los jueces, su papel en la justicia es determinante. Decide los nombramientos en el Supremo (magistrados y Presidentes de Sala) y nombra también a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad autónoma, así como a los magistrados de las Salas Civil y Penal de estos tribunales. Designa también al Presidente de la AN y a los Presidentes de las Salas que la integran. Tiene una amplia capacidad para decidir cómo será la carrera profesional de los jueces: en sus sueldos a través de los ascensos y en sus condiciones laborales. Cuenta además con competencias para premiarlos o castigarlos. La actual Constitución daba a entender que de los veinte vocales del CGPJ, doce debían ser elegidos por la propia carrera judicial, y los ocho restantes serían miembros de profesiones jurídicas y designados por el Parlamento. Este proceder, basado en el italiano, seguía un sistema mixto que evitaba el dirigismo político y posibilitaba el equilibrio institucional necesario para permitir la separación de poderes. Al principio de nuestra democracia, la judicatura era particularmente conservadora y en buena parte procedía del franquismo. En la elección de los vocales asignados a las decisiones de la judicatura no fueron respetadas las minorías y quedaron marginados los magistrados más concienciados democráticamente. Como consecuencia se produjeron enfrentamientos entre el gobierno del PSOE y el primer CGPJ. En 1985 se reformó la ley de forma que todos los vocales fueran elegidos en su totalidad por los partidos políticos. El resultado ha sido un control total de los políticos en la elección de los vocales del CGPJ que se agravó todavía más con una posterior modificación de la ley impulsada por el exministro Ruiz Gallardón. El PSOE abrió la puerta al control político de la justicia, que luego ha aprovechado el PP para controlar el principal órgano judicial. Los dos partidos políticos dominantes, para justificar su control de la justicia adujeron que a los jueces no los había elegido nadie, y a los diputados y senadores sí, y que por ello el CGPJ debía depender de los ciudadanos a través de sus representantes. Este es un argumento inválido porque el fin debe ser evitar el control de la justicia por el poder político. Como consecuencia de esta situación “La percepción generalizada en la judicatura es que un magistrado puede ser el más preparado en su especialidad, pero nunca llegará al Tribunal Supremo si no obtiene el respaldo de algún partido. Es una situación muy desmoralizadora. Lo ha contado, con cierto desencanto, Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, al hacer un balance de más de cuarenta años de profesión. Él explica que los nombramientos del CGPJ forman parte de un reparto de apadrinamientos, de modo que no se fundamentan en principios de mérito y capacidad. Como expone Giménez, el gobierno de la judicatura se constituye tras un reparto de poder puro y duro, que impide que pueda ser garante de la independencia judicial, porque sus propias conexiones con el ámbito político imposibilitan que lo sea. Los actos de vasallaje de los vocales del CGPJ hacia el poder político, en palabras literales de Joaquín Giménez, provocan una comprensible desconfianza respecto de la máxima institución judicial, especialmente empeñada en el control de la sala Penal y también de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pues éstas resuelven sobre los actos del Gobierno y de los principales cargos políticos” “En el último informe que ha elaborado la Red Europea de Consejos de la Judicatura, con encuestas a magistrados de los distintos países europeos se indicaba que cerca del 80% de los jueces españoles considera que los nombramientos judiciales no se basan en la capacidad o en la experiencia. Es el peor resultado, y a gran distancia de lo que piensan en ese sentido los jueces del resto de países europeos. Asimismo, como dato preocupante, el 18% de los magistrados españoles consultados indican que, en los dos últimos años, han observado casos asignados de forma irregular para influir en el resultado, lo cual también es el porcentaje más negativo entre los países europeos.” “Por otro lado, el informe GRECO, que elabora anualmente el Consejo de Europa, lleva años reiterando que para atajar la corrupción en España deben efectuarse con criterios objetivos los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. También añade que ha de modificarse el actual sistema de designación de los vocales del CGPJ por parte de los políticos, para que sea la judicatura española a nivel interno la que vote a los referidos doce vocales.” “La composición de la sala Penal del Tribunal Supremo resulta especialmente importante. Pensemos que es la que juzga a políticos aforados, puede resolver sobre casos destacados de corrupción o decidir sobre materias delicadas como el conflicto catalán, entre otros temas sensibles. No querría pecar de injusto (palabras de Joaquim Bosch) con la totalidad de los vocales del CGPJ, porque algunos de ellos han desempeñado sus funciones de manera admirable. Pero el sistema se encuentra diseñado para llegar finalmente a estos resultados tan poco alentadores. Habríamos de apostar por amplias reformas estructurales, aunque hasta ahora las fuerzas políticas no hayan mostrado interés en abordarlas.” El TC Cuenta con doce magistrados de los cuales cuatro son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el CGPJ, y los dos restantes por el Gobierno. La realidad en la práctica es que existe un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos. Muy recientemente se volvió a escenificar este reparto en la elección de los cuatro jueces por parte del Senado. El mecanismo de nombramiento dispone que los juristas propuestos por los parlamentos autonómicos deben darse a conocer para que posteriormente presenten su candidatura ante los senadores, los cuales podrán así examinar sus méritos. Lo que sucedió fue que, antes que los parlamentos autonómicos presentaran sus candidatos, ya se había hecho público el pacto entre las dos mayoritarias fuerzas políticas para repartirse los cuatro puestos de magistrados, a razón de dos por cada partido. La comparecencia de los juristas autonómicos fue una mera pantomima, dado que los elegidos ya se habían escogido y publicado con anterioridad a esta comparecencia. Los senadores no tuvieron ningún interés en conocer los méritos de los candidatos ya que su voto estaba decidido de antemano. Esta ha sido la fórmula de elección de los magistrados componentes del TC. Así sucedió con el anterior Presidente del TC, Pérez de los Cobos, que accedió al organismo siendo militante del PP o con Andrés Ollero, diputado durante diecisiete años con el mismo partido. Sin pretender enjuiciar el mérito de estos juristas es evidente que estas designaciones no ayudan, en todo caso, a dar una apariencia de imparcialidad. Además la evolución ha sido regresiva. Al principio de la democracia los dos partidos mayoritarios se esmeraban más en presentar juristas prestigiosos con reconocida trayectoria profesional y con alto nivel técnico. En esta primera etapa la magistratura del TC hizo muy válidas aportaciones para establecer una jurisprudencia que vertebrara los derechos fundamentales, a veces sin el beneplácito de los partidos. Con el paso del tiempo los partidos políticos dieron prioridad a las vinculaciones ideológicas sobre los méritos profesionales. El prestigio del TC ha ido declinando y perdiendo valoración técnica entre los propios juristas. La AN La Audiencia Nacional es heredera directa del Tribunal de Orden Público (TOP) del régimen anterior. El TOP fue creado básicamente para luchar contra ETA. Se estimaba que juzgar a terroristas por los juzgados naturales comportaba riesgos para los jueces y resultaba conveniente trasladar los casos de terrorismo a un tribunal centralizado, donde los jueces estaban especialmente protegidos. El mismo día que desaparece el TOP nace la AN, pero además de juzgar casos de terrorismo, se le asignaron otras funciones en el ámbito penal, en el contencioso administrativo e, incluso, de la jurisdicción social. Progresivamente fue absorbiendo más competencias y, actualmente, enjuicia también delitos de corrupción y delincuencia económica. No es posible encontrar en países de nuestro entorno un tribunal semejante que concentre los juicios de determinados delitos. La AN dispone de seis juzgados centrales de instrucción. En las manos de solo seis jueces quedan las grandes investigaciones (Púnica, Lezo, Gürtel…). Esto es muy cómodo para el poder porque los nombramientos, ascensos, promociones, de sólo seis jueces son mucho más fáciles de controlar que si estos casos fuesen investigados en cualquier juzgado ordinario de los cientos que hay en España, lo que dificultaría en gran medida a los políticos ejercer presión ante la dispersión de jueces. “Los cargos gubernativos de la AN son elegidos por el CGPJ lo cual permite posibles intervenciones inspiradas por el poder político”. Las maniobras que tiene el poder político para colocar a los jueces que les conviene son muy variadas. Una de ellas, por ejemplo, consiste en desplazar un juez molesto a un puesto superior y más apetitoso. Uno de estos puestos son los cargos en el extranjero designados a dedo por el ministro de Justicia (p.ej. juez de enlace en un determinado país). Estos puestos son muy cotizados en la carrera judicial ya que permiten cobrar mucho con mucho menos trabajo, hasta el punto de poder pasar parte de la semana en España, y poder disfrutar de una agradable vivencia en alguna gran capital. En 2017, hubo un tiempo en que, tres de los seis jueces de la AN estaban como jueces de enlace en Londres, Paris y Roma. Mientras estaban fuera en comisión de servicios la mayoría del CGPJ, en aquel momento conservadora, designaba el juez que quedaba como sustituto. Un claro ejemplo de la intromisión de la política en el poder judicial lo hallamos en la nueva sala de Apelaciones de la AN. Se trata de un nuevo tribunal por donde acabarán pasando, por ejemplo, los casos de corrupción más importantes. Esta sala revisará las futuras sentencias que salgan de la sala de lo Penal de la AN. De momento está formada por dos jueces conservadores, que consiguieron la designación, gracias a las peculiares normas de selección que aplicó el CGPJ para proveer estas plazas. Se exigió como requisito para optar a ellas el ser especialista en Penal, especialización que no existe en la carrera judicial. Para cumplir con este requisito se impartió, en breve plazo de tiempo, un cursillo a distancia y por ordenador que pocos jueces hicieron. De entre los treinta y tres candidatos presentados se eligió a un juez preferido por el PP. Este juez fue recusado del juicio de Enrique López de la Gürtel por su cercanía al partido. Además había colaborado con la FAES, y había hecho gran parte de su carrera judicial aupado a puestos importantes por este partido, incluso en el TC, de donde tuvo que dimitir, por ser sancionado por conducir ebrio una motocicleta. El otro elegido, que también tenía hecho el citado cursillo, entre los treinta y tres candidatos, fue Eloy Velasco que llegó a la AN tras ser conceller de justicia en la Generalitat Valenciana en los tiempos de Zaplana. Para no alargar esta nota no detallo otros casos concretos –con nombres y apellidos- de intervención política en la AN descritos en el libro de Bosch y Escolar. Existe un derecho humano fundamental que es el derecho al juez natural. Es el derecho a que te juzgue el juez que te toque, no el que prefiera el Gobierno. En España, en la Constitución, no se habla de juez natural sino del “juez predeterminado por la ley”. Ello es así, en gran parte, para poder dar cabida en nuestro sistema judicial a un tribunal como la AN. “El Gobierno, con el actual sistema, tiene un montón de vías para influir en que juez se encontrarán los suyos si son imputados. Por eso la independencia judicial está bajo mínimos en España” El TS El TS tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional, único en España, con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materias de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al TC. Fue creado en 1812 por las Cortes de Cádiz. Constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado, y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos. El CGPJ resuelve los concursos para cubrir las plazas de magistrados a las diferentes salas de este tribunal. En estos concursos sería necesario establecer unas regles para determinar unos baremos con el fin de valorar, de la forma lo más objetiva posible, los méritos de los candidatos. Pero estas reglas nunca han existido y los nombramientos se adoptan con criterios discrecionales.

La Fiscalía El problema de la intervención política en la justicia se amplifica en el caso de la Fiscalía por razón de su naturaleza jerárquica, inherente a su estructura. Los fiscales no son independientes como los jueces. A éstos nadie puede ordenarlos de dictar una determinada sentencia. Sólo es posible que un tribunal superior revoque la sentencia de un juez. Por contra, los fiscales reciben instrucciones de sus superiores, quienes pueden reprobar su línea de actuación. Esto es lógico cuando se necesita una jerarquía para poder mantener una unidad de criterio. El problema surge cuando el poder político es quien nombra al Fiscal General del Estado, el cual podrá imponer directrices generales y elegir los altos cargos de la Fiscalía. Esta es una institución sujeta a los principios de imparcialidad y legalidad que no permite la arbitrariedad. No obstante, el hecho del origen político de la designación del Fiscal General ofrece, a veces, dudas sobre la apariencia de imparcialidad en algunas actuaciones. En casos de corrupción se han comprobado situaciones en que se ha impedido seguir adelante en investigaciones a cargos políticos de relevancia. Desacuerdos entre el Fiscal General y el Gobierno de turno han impedido la continuidad del primero. En ocasiones, incluso, cargos del Gobierno han anticipado públicamente actuaciones de la Fiscalía como si esta estuviera a su servicio. No hay que olvidar que el Fiscal General lo es del Estado y no del Gobierno. En España debería hacerse una reforma para desvincular el poder ejecutivo de la jefatura de la Fiscalía. Una posibilidad: elección del Fiscal General por un Consejo Superior de la Magistratura, institución en la que participarían también fiscales, por formar parte de la carrera judicial. Otra posibilidad: la de Fiscal General Parlamentario, figura elegida por amplia mayoría del Congreso, con unas exigencias predeterminadas para evitar que haya conexiones con el Gobierno. Por ejemplo, entre ellas, la duración del cargo por más de cuatro años, para evitar la coincidencia con la legislatura política. En el gobierno de Rajoy entre 2012 y 2018 hubo cuatro fiscales generales. Los dos primeros duraron poco por no plegarse a las instrucciones del Gobierno; los dos siguientes cumplieron con las instrucciones, pero Maza falleció pronto, y Moix tuvo que dimitir por un escándalo financiero privado. Para compensar la dependencia de la Fiscalía del poder ejecutivo, se creó la figura de la acusación popular, que en la mayoría de países próximos es inexistente. Con esta figura se pretendía romper con el monopolio del estado en los casos en que no había un perjudicado directo, por ejemplo en casos de corrupción. Pero esta figura quedó pronto descafeinada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, la conocida doctrina Botín, que manifiesta que la acusación particular por sí sola no basta para sostener un proceso penal, si el damnificado directo existe y no acusa. Luego esto se matizó por el Supremo con la doctrina Atutxa que permite a una acusación popular mantener un proceso judicial, incluso si la Fiscalía no acusa, cuando se trata de asuntos que no afectan a un damnificado concreto, sino a la sociedad en general. Un caso concreto de la imagen dañada de la Fiscalía: la posición de ésta en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP. En un primer momento el caso estaba sostenido por dos acusaciones: la particular de Bárcenas y la popular presentada por una asociación y por Izquierda Unida. Cuando Bárcenas arregló sus desavenencias con el PP, retiró su acusación particular contra su partido por la destrucción de los ordenadores. Quedó solo la acusación popular y, entonces, la Fiscalía pidió el archivo de la causa, basándose en la doctrina Botín. El delito real no era la destrucción de la propiedad de Bárcenas. El verdadero delito era el encubrimiento ya que la destrucción se produjo después de que Pablo Ruz los pidiera para la instrucción del caso en la AN. ¿Por qué la Fiscalía no acusó? ¿Por qué pide el archivo, cuando es evidente que, por estar relacionado con la corrupción, los damnificados somos todos? No es posible confiar en la independencia de la Fiscalía cuando la decisión puede afectar al partido que nombra al Fiscal General. El Defensor del Pueblo Es un órgano constitucional, el último recurso al que se puede recurrir para la protección de los derechos fundamentales cuando las otras Instituciones han fallado. Los partidos políticos pueden temer a esta figura por el hecho que pueda avivar denuncias de malas actuaciones de las administraciones públicas o también, por ejemplo, por las competencias de que dispone esta figura para presentar recursos de inconstitucionalidad. Para intuir el interés partidario para controlar este órgano basta conocer las personas que han ocupado este cargo desde el año 2000: -Enrique Múgica, militante y ex-ministro del PSOE -Mª Luisa Cava, ex-diputada del PP -Soledad Becerril, alcaldesa, diputada, y senadora del PP -Francisco Sánchez Marugán, ex-parlamentario del PSOE No se cuestiona la competencia de estas personas, y alguna ha proporcionado aportaciones institucionales interesantes. Pero con otro perfil de personas se habría conseguido mayor apariencia de imparcialidad. Quizá sin estos vínculos con sus partidos sus actuaciones habrían sido más contundentes para frenar el retroceso en materia de derechos fundamentales de estos últimos años. Los partidos, desgraciadamente, han ocupado todas las Instituciones, incluso las de último recurso. “Las fuerzas políticas son imprescindibles en una sociedad democrática y no se trata de cuestionar que ejerzan las funciones que les corresponden. Lo que resulta peligroso es que acaben colonizando todas las Instituciones, incluso aquéllas que deben vigilar las actuaciones de los partidos” Conclusiones “Tenemos un serio problema debido a la forma en que el poder político nombra directa o indirectamente a los jueces clave; y esto se está cargando el derecho al juez natural, que es un derecho humano fundamental. Y es ahí donde, para mí, está el secuestro de la justicia. Todos estos mecanismos que permiten influir en qué juez le toca a cada uno” Ignacio Escolar (IE). “Habríamos de apostar por amplias reformas estructurales, aunque hasta ahora las fuerzas políticas no hayan mostrado interés en abordarlas” Joaquim Bosch (JB) “La separación de poderes es tan escasa como enorme es el poder de los partidos sobre la Judicatura. Y es ahí donde está el gran problema: en la notabilísima capacidad que tiene el poder político para influir en los juzgados, y contribuir así a que la ley no sea igual para todos. “(IE) “La mayor parte de nuestros jueces está realizando un esfuerzo considerable. Aunque con demoras por la falta de medios, nuestros magistrados están impulsando centenares de casos de corrupción y gracias a este esfuerzo están entrando en prisión cargos políticos de enorme relevancia que se creían impunes. Pero también existen esferas concretas en las que se han llevado a cabo maniobras partidistas, sin que se hayan podido impedir.” (JB) “Hay que reforzar la imparcialidad de la que ya hablaba Atenea, hay que reforzar la independencia judicial y la separación de poderes. Todas las intrusiones políticas ilegítimas debilitan nuestro estado de Derecho. El camino debe ir en parecernos institucionalmente más a los países escandinavos en lugar de acercarnos a la Turquía de Erogan, que ha liquidado la independencia de su judicatura.” (JB) “Desde que se aprobó la Constitución cada reforma en los sistemas de elecciones del CGPJ ha servido para restar independencia a la justicia. De un sistema a la italiana, donde los vocales del CGPJ eran elegidos entre el Parlamento y los propios jueces, hemos pasado a un sistema donde los partidos mayoritarios eligen a dedo absolutamente todos los vocales, repartiéndose el poder por cuotas.” (IE) “Los consejos de la Judicatura de los países europeos y las Instituciones comunes siguen recordando a España que su sistema de gobierno judicial resulta contrario a la separación de poderes.”(JB) “Cuando hablamos de la separación de poderes me siento personalmente afectado, porque la prensa es otro poder que también debe ser independiente para que funcione la democracia. Los periodistas tenemos la obligación de fiscalizar al poder y denunciar sus abusos, a través de la información. Y en los últimos años, también en mi oficio, hemos sufrido una regresión, debida en nuestro caso a la crisis económica, que ha debilitado enormemente la rentabilidad y, como consecuencia, la independencia de los grandes grupos de comunicación frente a los poderes económicos y políticos. También en la prensa manda más de lo que debería el Gobierno, que utiliza el dinero de todos para comprar periodistas a través de la publicidad institucional, repartida de forma arbitraria y sin apenas control.” (IE) “La justicia es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los jueces. Y mucho menos deberíamos dejarla únicamente a merced de los políticos. En el sistema judicial se decide sobre los derechos y libertades de todas las personas, sobre la decencia de la vida pública, sobre las bases de una sociedad democrática. La ciudadanía debería implicarse más en el conocimiento de lo que ahí ocurre, en la comprensión de sus consecuencias y en sus exigencias de cumplimiento de los principios constitucionales.” (JB) A.Boeufvé Octubre 2018 Próxima entrega (no inmediata): “La actuación judicial en el conflicto catalán”

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