Sin justicia no habrá paz

OPINIÓN


Publicado originalmente en El Nacional .cat
Jordi Barbeta
Barcelona. Domingo, 11 de noviembre de 2018
3 minutos
Jordi Barbeta
Sostenía Karl Popper que una de las condiciones que define una sociedad abierta es la capacidad de sustituir a los gobernantes y las autoridades sin violencia. Esto es posible ahora mismo en España con los gobiernos y los legisladores, pero no tanto con los jueces, que sí se relevan entre ellos, pero de acuerdo con criterios y tejemanejes que nada tienen que ver con el interés general. Como se está poniendo en evidencia, tanto da que cometan errores grandes o pequeños, que provoquen daños o desastres: sus barbaridades suelen quedar impunes casi siempre. Son, en sentido popperiano, los enemigos de la sociedad abierta.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de condenar de nuevo a España sentenciando que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo y que la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo actuó con parcialidad. Sin embargo, no habrá reparación a Otegi ni sanción a la jueza Murillo, que continuará acumulando trienios y actuando con el descaro que la caracteriza, sin que nadie pueda evitarlo. El problema es que no hay mecanismos que permitan regenerar de verdad el poder judicial español; y cuando un organismo no se regenera, se pudre.

Carlos Lesmes llegó a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial no por sus méritos profesionales, sino por los méritos políticos que acumuló ejerciendo altos cargos en los gobiernos de José María Aznar. Su gestión ha sido una calamidad que ha derrumbado la poca credibilidad que le quedaba a la justicia española. Ahora dejará el cargo, pero no porque lo destituyan, sino porque ha agotado el mandato de cinco años.

¿Qué pasará a partir de ahora? Pues que la justicia española afrontará la causa más importante de su historia en su momento más débil, desautorizada por los tribunales europeos y desacreditada por los juristas de mayor prestigio. Y todos los indicios hacen pensar que todo irá a peor.

El PSOE no sabe qué es peor, si tener a Marchena de presidente o dejarlo al frente de la sala de lo penal para que imponga las sentencias más duras a los acusados del procés y provoque una escalada del conflicto de consecuencias imprevisibles

Tras promocionar a Lesmes, el PP, convencido de que sigue necesitando jueces amigos que lo protejan, pretende ahora colocar al frente de la justicia española a Manuel Marchena, un magistrado conservador que, por cierto, acaba de archivar la investigación del misterioso máster de Pablo Casado. No es el único ni el más importante servicio que ha prestado Marchena. Apartó a Baltasar Garzón del caso Gürtel y fue ponente de la sentencia que condenó a Juan María Atutxa, el presidente del Parlamento vasco, por negarse a disolver un grupo parlamentario de la izquierda abertzale. Esta sentencia también ha sido tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no le ha generado ningún dolor de cabeza a Marchena. Por el contrario, parece que se haya computado como un mérito, porque desde entonces ha sido promocionado hasta llegar a presidir la sala de lo penal del Tribunal Supremo, donde se ha erigido en cerebro de la persecución judicial del movimiento soberanista catalán. Ya fue ponente de la sentencia que condenó al diputado Francesc Homs por su participación en la organización de la consulta del 9-N y está considerado mentor de del juez Llarena, que instruye la causa del 1-O y que mantiene encarcelados los líderes independentistas. Últimamente trascendió un supuesto trato de favor a la hija de Marchena en el que habría intervenido la esposa del juez Llarena como directora de la Escuela Judicial, pero las denuncias no han tenido ningún efecto.

El PP y el PSOE vuelven a negociar ahora para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y están varados en la figura del presidente del Supremo y del propio Consejo. Una de las dudas del PSOE es que no sabe qué es peor, si tener a Marchena de presidente o dejarlo al frente de la sala de lo penal para que imponga las sentencias más duras a los acusados del proceso soberanista y provoque una escalada del conflicto de consecuencias imprevisibles.

El poder judicial español sigue funcionando con los esquemas propios de la dictadura franquista. Un ejemplo es la inacción de la fiscalía ante delitos flagrantes como los que se han puesto en evidencia con las grabaciones del comisario Villarejo. Si España no aprovecha ahora la ocasión para llevar a cabo las reformas democráticas que no se hicieron cuando tocaba, hace cuarenta años, el régimen político español mantendrá la tendencia decadente que le impide superar la situación casi de bloqueo que sufre desde hace siete años. Los problemas que no se resuelven se hacen cada vez más grandes.

En Estados Unidos, los abusos de la justicia con la población afroamericana dieron lugar a la aparición del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importa), que extendió las protestas de costa a costa con un grito unánime: “No justice, no peace”. Sin justicia no habrá paz.

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