REFORMA CONSTITUCIONAL.

Iniciamos hoy una reflexión y unas sugerencias sobre la necesaria reforma de la Constitución de 1978. El consejo editorial de esta web ha solicitado al doctor Jose Luis de Villar Iglesias, profesor de la UPO la elaboración de los textos que permitan a los lectores iniciar ese camino, previo a cualquier otro, de estudio y reflexión.

REFLEXIONES ACERCA DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA (I)
Ya hace algún tiempo que en ese término tan difuso que resulta ser la opinión pública se ha instalado la idea de que es preciso, e inevitable, reformar la Constitución de 1978. Como viene siendo habitual desde los orígenes de las revoluciones liberales, la conformación de la opinión pública es un proceso complejo en el que élites políticas y medios de comunicación juegan papeles determinantes. Como consecuencia de ello, en los últimos años se han sucedido artículos, manifiestos y propuestas, con participación o no de expertos constitucionalistas, sugiriendo o exhortando a la ciudadanía sobre qué aspectos de la Constitución procede reformar. Con estos papeles me sumo yo también, modestamente, al coro de profetas de ese tiempo nuevo que la reforma constitucional va a alumbrar.
Pero antes de empezar a formular las mágicas recetas que, con la alteración de títulos, capítulos y artículos, nos permitirán alcanzar toda clase de bienes, resulta conveniente meditar sobre algo de lo que se habla bien poco: quién y cómo puede proceder a reformar la Constitución. Porque si algo tienen en común (siempre conviene introducir aquí el adverbio casi) todos los que apuestan por los cambios constitucionales, es que dichos cambios deben hacerse respetando el procedimiento que la propia Constitución dispone. Y aquí ya empiezan las dificultades.
En efecto, generalmente se acepta que si bien poder constituyente y poder de reforma comparten la común naturaleza jurídica de que su ejercicio supone el nacimiento de normas de rango constitucional, el poder de reforma es, al mismo tiempo, un poder constituido y, por tanto, condicionado en su existencia y facultades por el poder constituyente originario.1 Ello supone que, en algunos sistemas políticos, haya aspectos constitucionales excluidos del poder de reforma. No es ese el caso español, pues no hay elemento alguno de la Constitución de 1978 que quede sutraído a la esfera de las capacidades del poder de reforma. El único límite que el propio texto constitucional establece es, precisamente, el cumplimiento escrupuloso del procedimiento para su reforma, lo que supone que los requisitos para la reforma constitucional sean puramente procesales. En definitiva, esto vendría a suponer que ese poder constituyente constituido, que es en definitiva el poder de reforma, lo puede todo, exactamente igual que lo pudo el poder constituyente originario.
Pero, precisamente, es ese procedimiento de reforma, inobjetable desde un punto de vista jurídico- formal, el que configura un poder constituyente constituido notablemente capitidisminuido. Sin duda, una afirmación así requiere ser suficientemente explicada. Veamos, mis dudas sobre la plena capacidad de acción del citado poder de reforma arrancan de mi íntima convicción de que poder constituyente y soberanía nacional aparecen ineludiblemente entrelazados. Y creo que no es una simple ilusión personal, sino que deriva directamente del art. 1.2. de la Constitución: La soberanía nacional reside en
1 Juan Luis Requejo, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente.

el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Por tanto, si el poder constituyente es el que construye cualquier Constitución, y las Constitución es la decisión política fundamental que puede adoptar un soberano, pues ya que la nuestra residencia la soberanía en el pueblo español, es en éste en quien ha de residir el poder constituyente. Y si a ello añadimos que la propia Constitución no establece límite material alguno a sus posibilidades de reforma, habremos de concluir forzosamente en el pueblo español, en lo que se refiere a sus facultades de constituir, lo puede todo.
Y sin embargo, cuando analizamos con detenimiento el texto constitucional, nos invade una cierta sensación de que los redactores de la Constitución, convirtieron los citados límites formales/procesales en auténticos límites materiales, al establecer el conocido procedimiento agravado de reforma, al tiempo que evidenciaban alguna clásica prevención por los impulsos políticos del soberano, es decir, el pueblo español.
Así, el art. 166 CE, al recoger cuáles son los sujetos que ostentan la capacidad de iniciar la reforma constitucional hace una remisión al art. 87 CE, el relativo a los titulares de la iniciativa legislativa, una razonable medida de economía literaria, pero limitando la remisión a los apartados 1 y 2. Y ahí nos asalta la primera duda: ¿por economía o por cierto pudor de no citar al titular del apartado 3 del art. 87 CE, esto es, al pueblo soberano? En efecto, a las limitaciones que la iniciativa legislativa popular tiene ex art. 87.3 CE (materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, y prerrogativa de gracia), se añade en el trasantepenúltimo artículo de la Constitución el veto a que puedan recogerse firmas para iniciar la tramitación de un proyecto de reforma constitucional. Mal casa este artículo con el 1.2 CE que solemnemente proclama al pueblo español como titular de la soberanía nacional. Así, que si la cosa va de reformar la Constitución, sin duda este art. 166 CE está pidiendo a gritos una reforma de supresión, de forma que donde dice la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87, pase a decir la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87.
Disculpen que el fervor reformista me haya llevado a introducir ya propuestas concretas, pues no era el objetivo de estas primera reflexiones. Prosigamos, con el despiece del Título X que tiene en su art. 168 la parte más mollar de este asunto:
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Si ponemos en relación este art. 168, el que resultaría de aplicación dada la trascendencia de las reformas constitucionales objeto de debate, con el antes citado 166, no resulta difícil colegir que, eliminada la iniciativa popular en la materia, y otorgado todo el protagonismo a las instituciones parlamentarias que habrían de alcanzar una mayoría tan cualificada, antes de que el soberano poder constituyente, esto es, el pueblo español llegue a pronunciarse, una reforma constitucional profunda es, a día de hoy, una absoluta entelequia.
(Continuará)

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