INFORME DE MSF SOBRE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

RESUMEN DEL INFORME para esta web, a cargo de Amelia Estévez Sicar, del Comité René Cassin

aLa situación vivida en las residencias de mayores durante la epidemia de COVID-19 en España nunca debería volver a ocurrir. Las lecciones aprendidas y las vidas perdidas deberían provocar un cambio profundo. El riesgo de que las personas mayores que viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido; hay que estar preparados, para reducir el sufrimiento y limitaral máximo la mortalidad.

La mortalidad excesiva durante esta crisis señala problemas estructurales y sistémicos en relación al modelo español de residencias; destaca en particular la necesidad de mejorar la atención médica que debe brindarse a quienes viven en estos centros, sean públicos, privados o concertados. La lógica del modelo de residencias actual responde más a las condiciones del proveedor de servicios que a las necesidades sociales y sanitarias de las personas mayores. Esto ha tenido un grave impacto directo en su salud y mortalidad.

Contexto e intervención de MSF

Durante su intervención en cerca de 500 residencias en varias comunidades autónomas, MSF encontró los siguientes retos:

No había planes de contingencia, y , una gran descoordinación de los múltiples organismoscompetentes, habiendo necesidad de elaborar planes adaptables a cada residencia, personal y familiares.

Se priorizaron la respuesta asistencial en hospitales, lo que dejó atrás a las personas mayores en las residencias, a pesar de ser el colectivo más vulnerable y con mayor mortalidad. En todo caso, debe establecerse un principio de equilibrio entre aislamiento, cuarentena y convivencia.

MSF dio apoyo a 486 residencias, en el 89% de ellas, presencial sin participar de manera directa en el manejo clínico de pacientes, salvo en casos extremos.

Los mayores  en residencias en España y su vulnerabilidad frente a la epidemia

Basta decir que, siendo el sector de las residencias de mayores el más golpeado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia, el Gobierno central aún no ha publicado datos definitivos acumulativos de personas fallecidas. La cifra en residencias, a 22 de julio, oscilaba entre las19.645 personas que se deducían de los datos aportados por las CC. AA., y las entre 27.359 y32.843 de que habían informado en diferentes ocasiones el Ministerio de Sanidad, las propiascomunidades y otras publicaciones. Los fallecimientos en residencias de mayores equivaldrían aun 69% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. .Datos más recientes apuntan a unos porcentajes más elevados, puesto que Cataluña y Madrid ya sobrepasaban en junio los 10.000 fallecimientos en residencias.. Aunque los datos siguen  sin ser exactos ya que la comunidad de Madrid no ha aportado hasta la fecha datos desgranados  desde que comenzó la pandemia.

-Los mensajes y dificultades clave trasladados en la interlocución con las autoridades fueron lossiguientes:

Ausencia de información trasparente, liderazgo y acciones claras y decididas para atajar el broteen las residencias.
Deficiencias en la prevención y control de infecciones y necesidad de un perfil profesional queasuma la supervisión de estas tareas.
Falta de capacidad y refuerzo de programas de atención primaria.
Falta de derivación hospitalaria oportuna.
Insuficiencia de equipos de protección individual, protocolos y formación adecuada para su uso.
Falta de claridad en los protocolos al final de la vida y de despedidas, y dificultades manifiestas en las despedidas de familiares.
Necesidad de mejora en el trato, cuidados y dignidad del paciente.
Ineficiencia y retrasos en las estrategias de diagnóstico.
Falta de recursos humanos con disponibilidad y formación.

Otro factor muy importante a tener en cuenta es que las residencias de mayores no están concebidas en España como centros sociosanitarios y por tanto quienes viven en ellas se mantienen integradas en el Sistema Nacional de Salud de la misma forma que cualquier otra persona que resida en su propio domicilio.

Durante el estado de alarma, se trasladaron las competencias sobre las residencias de las Consejerías de Asuntos Sociales a  las Consejerías de SanidadRetos encontrados y la respuesta de MSF

La situación de epidemia en España reveló la importancia de los planes de contingencia, que anticipan escenarios de epidemia y respuestas operacionales adecuadas. La repercusión negativa de esta falta de anticipación aumenta cuando la respuesta depende además de unamultiplicidad de interlocutores. Esta falta de planificación invita al caos en situación de crisis.

El confinamiento no debe hacerse a expensas de las facultades físicas y cognitivas de laspersonas mayores, sino en atención a ellas.
Los edificios y la distribución de espacios en las residencias de mayores no favorecen, en muchos casos, las medidas de aislamiento y prevención del contagio. No existe una tipología deresidencia pensada en términos de prevención de infecciones.
La gran masificación.
-Los suministros   ( EPI) que fueron llegando poco a poco  y tarde. no se vieron acompañados de actividades de formación.

MSF creó fichas de formación y organizó numerosos seminarios online sobre el uso de los EPI.

No hubo estrategias de contratación para sustituir al creciente personal de baja.

Una de las recomendaciones clave de MSF es incorporar profesionales de supervisión de la PCI.

Se denegó la derivación hospitalaria a urgencias a cientos de residentes enfermos, testimonios  confirman que los servicios de emergencia denegaban el envío de ambulancias si la llamada  venia de una residencia ocasionando un problema ético mayúsculo.

.En España, y al margen de las limitaciones de las camas de uci, debieron proponerse alternativas con los recursos disponibles, procediendo a derivaciones a centros sociosanitarios, extensiones hospitalarias, hoteles “confort” o libres incluso durante las semanas del pico epidemiológico.

No  se tuvieron en cuenta las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de las personas aisladas.

Falta de protocolo para cuidados paliativos en el final de la vida fueron  deficientes y no se cumplieron las los protocolos  de la OMS.y con respecto a visitas y despedidas  con unos protocolos muy ambiguos.

CONCLUSIONES

Los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 69,1% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

Faltó dotación de material,  capacidad y asistencia a las personas mayores de las residenciastanto en la          atención primaria como en los hospitales.

Urgen planes de contingencia que garanticen la alerta temprana y la respuesta inmediata.

Falló la efectiva asistencia desde el sistema salud

Las Administraciones competentes mostraron descoordinación y falta de liderazgo.

RECOMENDACIONES

Abogamos por situar a las personas mayores en el centro de toda decisión y política pública que se desarrolle como respuesta a esta situación, para asegurar que no se repita lo sucedido,dignificar el trato y cuidados que recibe este colectivo y reforzar su autonomía como pacientes ogrupo de gran vulnerabilidad.

-Elaborar planes de contingencia fácilmente adaptables a cada residencia

El Gobierno central y las Administraciones autonómicas deberán proponer y garantizar los recursos para un plan de contingencia. Debe abordarse el correcto y racional uso de los EPI

Debe asegurarse el personal suficiente y necesario para garantizar un cuidado digno yadecuado.

Se debe garantizar el acceso a la atención médica de las personas que viven en residencias.

Es crucial dar mayor atención presupuestaria y formativa a la detección, vigilancia y  control.

Las formaciones sobre PCI deben llegar también al personal de limpieza y lavandería.

Debe establecerse un principio de equilibrio entre aislamiento, cuarentena y convivencia, y entre salud física y mental

Deben asegurarse servicios de apoyo a la salud mental de residentes, personal y familiares.

Las recomendaciones se dirigen al Gobierno central y los Gobiernos autonómicos; a lasempresas, fundaciones y entidades privadas o de participación pública que gestionan osubcontratan la gestión de las residencias; a la Fiscalía General del Estado y Fiscalías territoriales competentes; al Defensor del Pueblo y sus homólogos en las CC. AA.; y a los colegiosprofesionales y sindicatos.

Esta entrada fue publicada en Actualidad. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.