GOLPE DE ESTADO EN SUDAN

 

Información preparada por Amelia Esteve Secall, miembro del Comité, a cardo de las relaciones con la Coalición por la Corte Penal Internacional

El comandante del Ejército sudanés Abdel Fattah Al Burhan anunció al
mediodía del pasado 25 de octubre la toma del poder y la disolución de los
principales órganos de la transición en el país después de haber arrestado al
amanecer a varios altos cargos civiles del Ejecutivo, incluido el primer ministro,
Abdallah Hamdok, y a líderes de partidos y organizaciones
progubernamentales, si bien el martes, al menos el Primer Ministro fue devuelto
a su domicilio donde se encuentra arrestado.


Dicha decisión tomada por el ejército son atribuidas a supuestas disputas de
poder e incitación al caos por parte de los civiles. Al Burhan también ha
declarado el estado de emergencia en todo el país y la suspensión de una serie
de artículos del documento que servía de Constitución durante la transición.
El general al frente de los insurgentes alega el temor a una guerra civil y
asegura que se celebrarán elecciones en 2023
Esta versión del general choca con las protestas organizadas contra el golpe.
La Asociación de Profesionales de Sudán, clave en las movilizaciones que
llevaron a la caída de Al Bashir; de nuevo lidera las protestas de la oposición al
golpe de Estado. Según sus fuentes se eleva a diez el número de muertos y
numerosos heridos, en las primeras horas, al tiempo que aseguran que la
respuesta de los sudaneses ha sido “decisiva”. En un comunicado, ha instado a
los comités de resistencia de los barrios, fuerzas sindicales y simpatizantes a
seguir enfrentándose al golpe mediante la resistencia pacífica, la huelga
general y la desobediencia civil.
La señal de internet está mayoritariamente interrumpida, según ha comprobado
la organización de monitoreo NetBlocks, lo que dificulta hacer un seguimiento
de la actuación de los militares. Además, los vuelos a Jartum y desde allí
quedaron suspendidos, según información de la agencia Reuters.
Uno de los primeros países en mover ficha tras el golpe militar ha sido Estados
Unidos. Además de condenar la actuación de los insurgentes, ha anunciado la
suspensión inmediata de 700 millones de dólares (unos 604 millones de euros)
en fondos de asistencia económica de emergencia a Sudán, una decisión que
añade presión a los militares, pero que también afectará a los sectores más
pobres. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price,
señaló el lunes en rueda de prensa que Washington espera la liberación
inmediata de los detenidos, el pleno restablecimiento del Gobierno de
transición civil y la abstención de cualquier violencia contra manifestantes.
Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Unión Europea también
han instado a regresar a la fase de transición.
En cambio, países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto,
que habían cultivado buenas relaciones con los militares desde la caída del
exdictador Omar Al Bashir en 2019, se han mostrado, mucho más tenues ante

el movimiento de los generales, y en sus reacciones han evitado condenar el
golpe y han optado por hacer llamamientos a la calma y a la moderación para
mantener la estabilidad y la seguridad en la región. No obstante, ninguno de
ellos ha expresado hasta el momento un apoyo explícito a los militares.
En Sudán, país donde se atisbaba un horizonte de libertad y de
democracia, retorna el eterno y único poder que cuenta, el militar. El modelo es
Egipto: allí fracasó el islamismo político de los Hermanos Musulmanes y allí fue
el ejército, auténtico Estado dentro del Estado, el que echó a los civiles del
poder a sangre y fuego. Lo mismo que ahora en Sudán, donde los militares han
interrumpido el calendario democrático que debía situar a un civil en la
presidencia del Consejo de Transición este mes de noviembre para organizar
las elecciones en 2023.
El éxito del golpe supondría un duro revés para las aspiraciones populares en
Sudán de continuar desmantelando el régimen del exdictador Omar Al Bashir .
Preserva también los intereses económicos del Estado de las Fuerzas
Armadas, que cuenta con las simpatías e incluso con un posible apoyo de
Egipto, Emiratos, Baréin y Arabia Saudí, el actual eje hegemónico árabe.

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