AFGANISTÁN Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El 20 de noviembre de 2017, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), FatouBensouda, pidió a los magistrados de la corte que autorizaran una investigación sobre posibles crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, con ello pretendía investigar crímenes perpetrados por miembros de fuerzas del gobierno afgano, grupos contrarios al gobierno como los talibanes y fuerzas internacionales, en particular aquellos delitos presuntamente consumados por miembros de las fuerzas militares Estado Unidenses y la CIA, al tener  claros indicios de dichas actuaciones, y dado que  la CPI tiene competencia respecto de graves crímenes internacionales cometidos por cualquier actor en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, que fue cuando este país se adhirió al Estatuto de Roma,

El examen preliminar de la fiscal sobre la situación en Afganistán se hizo público en 2007, y desde entonces la Fiscalía ha reunido información para determinar si corresponde iniciar una investigación exhaustiva. Dado que la CPI es un tribunal de última instancia, parte de su análisis incluye evaluar si las autoridades nacionales “carecen de la capacidad o la voluntad para llevar a cabo investigaciones o procesos genuinos”.

Las medidas de justicia a nivel nacional han sido, en el mejor de los casos, endebles. Dentro de Afganistán, en algunas ocasiones el gobierno ha iniciado investigaciones, pero estas no se han desarrollado con imparcialidad e independencia, y a menudo los investigadores no han tenido la capacidad necesaria para impulsar las averiguaciones. De las decenas de casos de tortura documentados desde 2011, solamente en uno se ha iniciado un proceso penal.

La solicitud de la fiscal es además la primera que permitiría a la CPI abordar abusos cometidos por fuerzas estadounidenses y por la CIA. Esto es particularmente relevante,pues son muchas las potencias, incluyendo EE. UU., que han logrado eludir el alcance de la CPI absteniéndose de sumarse a la corte. Un  ejemplo de esto lo tenemos  en mayo de 2014,  cuando Rusia y China vetaron una resolución para remitir la situación de Siria a la CPI.  

El 12 de abril de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó la solicitud de la fiscal alegando que la investigación de la CPI no iba a servir a los intereses de la justicia. Entre otros argumentos, insistió en que, si se abría, la investigación no recibiría ninguna cooperación, ni siquiera de Afganistán, y recalcó de manera engañosa que era necesario que la Corte destinara más bien sus recursos a investigaciones con mayores probabilidades de éxito.

Tras esta decisión, Amnistía Internacional emitió varias declaraciones en la que criticó la postura de la Sala y pidió a la fiscal que apelara contra su decisión. La fiscal presentó un recurso de apelación contra la decisión del 12 de abril en junio de 2019, y en septiembre de 2019 el recurso de admitió a trámite. Dicha decisión provocó el enojo del gobierno de los EE.UU. alegando, que esto podría afectar al acuerdo de paz que se encontraba a punto de firmar con los talibanes.

Después de años de ocupación y guerra, con más de 100.000 victimas civiles. La fiscalía sostenía que los crímenes de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes habían sido llevados  a cabo por agentes de la CIA  que al igual que en otros países como  Rumania, Lituania y Polonia,  Afganistán es parte de la CPI por lo que el gobierno de EE.UU. no puede alegar la falta de jurisdicción de dicho organismo como lo ha intentado hacer en diversas ocasiones a través de Michael Pompeo y John Bolton, entre otros funcionarios políticos de alto rango. Esta decisión es de suma importancia ya que pone en tela de juicio, no únicamente al gobierno de Donald Trump, sino también a los gobiernos antecesores de Bush y Obama, los cuales bajo distintas denominaciones o por otros medios mantuvieron la misma política en la Guerra contra el Terrorismo y el conflicto armado de Afganistán.

El 5 de marzo de 2020, los magistrados  de la Sala de Apelaciones  de máximo tribunal penal con Piotr Hofmanski, como presidente  a la cabeza,  decidieron por unanimidad aprobar la solicitud de la Fiscalía para una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Afganistán desde mayo de 2003 por los Talibánes, soldados afganos y efectivos armados y de inteligencia estadounidenses en el contexto de la guerra en ese país. Dicho fallo revoca la decisión tomada por los jueces de la Sala de Primera Instancia en abril de 2019.

Al conocer el fallo, la fiscal Fatou Bensouda, declaró: «Hoy es un día importante para la justicia internacional, tras lo cual anunció que su Oficina emprendería una investigación amplia y diligente. Para lo cual se deberían realizar actividades de divulgación y concienciación para que se comprenda mejor el rol de la CPI y los delitos que está investigando la fiscal, aunque la tensa situación de seguridad en Afganistán ha dificultado que la Fiscalía pueda visitar el país, y por eso es muy probable que las comunidades en ese país tengan un conocimiento limitado de la CPI y sus procedimientos técnicos, incluida la investigación.

Tras los últimos acontecimientos acontecidos el pasado mes de agosto, la agencia France Presse, ha emitido las últimas declaraciones de Karim Khan , abogado de la Corte, llamando al respeto de las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y a la “protección de los civiles”. “Mi oficina seguirá vigilando la situación en Afganistán y adoptará las medidas oportunas”,

Amelia Esteve Sical, miembro del Comité, encargada de las relaciones con la Coalición por la Corte Penal Internacional

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