Cuando las instituciones no son respetadas por los que las integran, la ciudadanía recibe un mensaje devaluador que puede traducirse en consecuencias de alto riesgo

Por Miguel Rica Junjet, en LA VANGUARDIA

El Parlament ha vivido la última semana una situación poco ejemplar. No hace falta entrar en detalles; son, desgraciadamente, bastante conocidos. Lo que tiene importancia, incluso más allá de los hechos, es lo que representa como símbolo. Un parlamento, por definición, es la representación más emblemática de la voluntad popular. Allí, los representantes de todos los ciudadanos se encuentran para debatir, acordar, discrepar y señalar las líneas básicas de la acción colectiva de un pueblo, de acuerdo con las reglas que ellos mismos se han dado. Hay mayorías y minorías, pero todos y todas, diputados y diputadas, representan a sus electores y se merecen respeto y consideración. De no hacerlo, malogran el valor de su representación y hieren el sentido de la institución que conformamos entre todos.

En democracia, las instituciones tienen el valor de los símbolos que identifican el pluralismo, la tolerancia, la aceptación de la diferencia. Más allá de quién asuma el protagonismo de esas instituciones, hay que respetarlas, defenderlas, preservarlas. Cuando no se hace, es la propia libertad la que queda comprometida. Las instituciones son, por definición, símbolo de integración, de unidad, de voluntad colectiva construida desde la discrepancia, desde la diversidad. La sociedad plural y contradictoria se reúne alrededor de las instituciones como exponente de su voluntad de ser libres desde el respeto de lo que cada uno piensa y defiende.

Y cuando un parlamento no se respeta a sí mismo hace difícil que la institución sea respetada por los ciudadanos. La convivencia en libertad tiene límites de extrema fragilidad; respetar es imprescindible, pero la condición humana –la historia lo demuestra– lo encuentra difícil de practicar. De ahí el valor de la ejemplaridad institucional; cuando el parlamento se respeta a sí mismo, traslada al conjunto de la sociedad un ­mensaje de fuerza democrática muy po­tente. Por el contrario, cuando las instituciones no son respetadas por los que las integran, la ciudadanía recibe un mensaje devaluador que puede traducirse en consecuencias altamente arriesgadas.

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