El PP debe aclarar el escándalo de los fondos reservados

Publicado originalmente en El Mundo

2 FEB. 2019 01:36
El senador popular Ignacio Cosidó.
El senador popular Ignacio Cosidó. JAVI MARTÍNEZ
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La escena protagonizada ayer por Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular en el Senado y ex director general de la Policía durante la primera legislatura de Rajoy, parece sacada de las oscuras profundidades del túnel del tiempo. Ante la información publicada ayer por este periódico, en la que se documentaba que los mandos policiales que llevaron a cabo la Operación Kitchen fueron gratificados con 600.000 euros procedentes de los fondos reservados, Cosidó reaccionó lavándose las manos y señalando al entonces secretario de Estado de Seguridad y hoy diputado del PP, Francisco Martínez. Aunque técnicamente pueda tener razón, ya que la gestión de esas partidas corresponde a la secretaría de Estado, el espectáculo salvando las distancias recuerda a las acusaciones que se lanzaban Rafael Vera y Julián Sancristóbal para determinar quién tomó la decisión de financiar con fondos reservados las actividades criminales de los GAL y pagar sobresueldos a los funcionarios que participaron en las operaciones. Finalmente, ambos fueron condenados por malversación de caudales públicos e ingresaron en la cárcel. Es obvio que el delito cometido por el operativo policial dirigido por el comisario Villarejo es muy diferente, ya que en esta ocasión no se trata de crear un grupo terrorista para cometer secuestros y asesinatos, sino de una actuación encaminada a robar documentación sensible al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. A quien sustrajeron, como ha demostrado EL MUNDO, carpetas con documentación inédita sobre la posible financiación irregular del PP, agendas de trabajo y personales e incluso los mensajes que se había intercambiado con Rajoy. Sin embargo, resulta desmoralizador saber que, desde aquellos deplorables hechos ocurridos a principios de los 80, se han mantenido hasta fechas muy recientes unas prácticas que rebajan la calidad de nuestra democracia en lo que respecta a las llamadas cloacas del Estado. Está justificada la existencia de partidas reservadas para dar cobertura a operaciones de alto riesgo para la seguridad del Estado o para intervenciones en la lucha contra el terrorismo, pero nunca para sufragar actuaciones ilegales, y menos aún para repartirse con impunidad el dinero público de todos los españoles. Y eso es lo que hicieron estos mandos policiales.
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Porque aunque hoy, como ayer, todos niegan su autoría, lo cierto es que hay hechos que son incuestionables. Como la existencia misma de la operación Kitchen, reconocida por los responsables actuales del Ministerio del Interior, que también mantiene (al igual que la Fiscalía Anticorrupción) que se pagaron sobresueldos con fondos reservados, ya que se han encontrado recibos tanto en el Ministerio como en la casa de Villarejo. Además, todos los mandos imputados han confirmado que el operativo se puso en marcha, el chófer de Bárcenas ha admitido que la Policía le pagaba por facilitar datos sobre sus movimientos y el juez García Castellón, que lleva a cabo las pesquisas junto a la Fiscalía, ha documentado que los policías recibían las gratificaciones en metálico y las ingresaban impunemente en sus cuentas particulares.La situación de Cosidó es ya insostenible, por más que se esfuerce en delegar sus responsabilidades.Martínez debe dar explicaciones, pero Pablo Casado no puede seguir sosteniendo a un político cuestionado por su gestión al frente de la Policía y que lastra su discurso de regeneración democrática.

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