EN DIQUE SECO 26/ del 25 de agosto de 2020

El fiscal de sala del Tribunal Supremo, don Javier Zaragoza, publicó ayer un artículo en La Vanguardia de Barcelona criticando con cierta sorna a los jueces belgas que han rechazado de nuevo cumplir la orden de detención del ex consejero señor Puig, huido de la jurisdicción española con motivo de los hechos del 17-O. Sabe de sobra el fiscal que la competencia de los políticos que tienen fuero en Cataluña viene atribuida al Tribunal Superior de Justicia de  ella misma, y a la Audiencia de Barcelona para aquellos que no gozan de fuero. La magistrada del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional asumió indebidamente la competencia de imputados sin fuero al diseñar, contra legem, un tipo ampliado de sedición que no se corresponde con el dictum  del texto legal al que está sometida ella misma. Se sustrajo la competencia en el caso, por ejemplo de don Jorge Sanchez,  a la Audiencia provincial de Barcelona que era, y es, el juez natural predeterminado por la ley. La violacion del artículo 24.2 CE78 del derecho al juez natural, que es materia de orden público procesal, respondía a una decisión del gobierno de España de encargar al Tribunal Supremo, el más alto del propio Estado, la corrección penal de aquellos hechos. Los jueces belgas dicen, en flamenco, esa misma tesis jurídica. Piensan, como otros tribunales en la UE, que sustraer a un justiciable a su juez natural es una fuente de arbitrariedades en perjuicio de aquellos que deben ser juzgados. Ese el fondo del razonamiento de los jueces belgas. Alberto Revuelta

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