Facilitamos este informe elaborado por IRM, letrada voluntaria del comité, master en relaciones internacionales, para dar a conocer de forma clara y sucinta la situación al día de hoy de uno de líos países más pobres y violentos de África.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

La crisis actual de la que parece empezar a salir la República Centroafricana se inició cuando la autoridad del antiguo presidente comenzó a tambalearse tras su elección en 2011, la cual fue muy contestada.

A finales de 2012, una coalición rebelde de mayoría musulmana, los seleka, que significa alianza en sango, apoyados por mercenarios extranjeros, destituyó al Presidente François Bozizé. Michel Djotodia, musulmán y jefe de la coalición, se autoproclamó Presidente por un periodo de transición de tres años. Los pocos meses que este grupo estuvo en el poder se conocen por la violencia y las violaciones de Derechos Humanos, además de por los sangrientos enfrentamientos por el poder que se producen dentro de la propia secta.

A mediados de 2013, un grupo de cristianos y animistas, los antibalaka, se sublevó, atacando primero a civiles musulmanes y luego a civiles no musulmanes. Miles de civiles murieron y otros tuvieron que huir, ya que ambos grupos tenian a los civiles como objetivo. Así la mayor parte de los civiles musulmanes huyeron de la capital y del oeste del país.

La violencia generada por estas dos sectas contra los civiles ha marcado el país desde 2013. Testigos de ambos grupos describen los ataques como vengativos y dirigidos a exterminarse mutuamente. A finales de 2014, miles de civiles habían sido asesinados y había 800.000 desplazados.  Actualmente el número de desplazados y refugiados asciende a 900.000, de los cuales los enfermos y los minusválidos son los más afectados, ya que son abandonados por sus familias al huir de la violencia.

Actualmente, los desplazados y los refugiados no se sienten seguros para volver a casa, lo que significa que las condiciones de vida de estos siguen siendo muy penosas. Además, los campos de refugiados y otras áreas donde los civiles buscan refugio son a menudo atacadas por los dos grupos. La inseguridad del país es uno de los principales obstáculos a la llegada de ayuda humanitaria.
La comunidad internacional, significativamente  Chad, la República del Congo, Francia, la UE y EEUU, tomó cartas en el asunto en enero de 2014 e impuso un gobierno de transición, con la alcaldesa de Bangui, Catherine Samba-Panza, a la cabeza. El objetivo principal de este gobierno era preparar las elecciones, las cuales no tuvieron lugar hasta diciembre de 2015 debido a la violencia, la falta de financiación y la mala gestión de la preparación.
La situación del país, que no cuenta con policía, ni ejército, ni sistema de justicia, hizo que el gobierno de transición tuviera que dejar la seguridad del mismo en manos de las misiones de paz enviadas por la ONU.

Otra de las tareas del gobierno interino era restaurar la justicia. Para ello, la Presidenta Samba-Panza estableció por decreto la creación de una célula especial para la investigación y la persecución de los crímenes cometidos en el país desde 2004. Esta célula trabajará con actores internacionales para impedir la impunidad. Este decreto se concretó en agosto de 2014, cuando el gobierno y la misión de paz firmaron un Memorándum de entendimiento para crear un Tribunal Criminal Especial para castigar las violaciones de Derechos Humanos, así como las violaciones de la ley internacional humanitaria. El Gobierno se comprometía a crear cuanto antes este tribunal.

En junio de 2015, el Gobierno de transición promulgó la ley por la cual se establecía el Tribunal Criminal Especial dentro del sistema judicial nacional. El Tribunal se compondrá de personal nacional e internacional e investigará y perseguirá los crímenes más graves cometidos en el país desde 2003, incluidos los crímenes contra la humanidad.

Desde ese momento se eligió el edificio que albergará al Tribunal, y se establecieron los perfiles de los puestos que deberán ser ocupados. Además, la ONU envió personal para ayudar con los problemas logísticos y financieros, así como para redactar un proyecto del plan de establecimiento.
Sin embargo, a pesar de los avances del Tribunal, siguen teniendo lugar graves violaciones de Derechos Humanos.

El 13 de diciembre de 2015, la República Centroafricana votaba en referéndum su nueva Constitución. Se trata de la primera etapa del proceso electoral, el cual restablecía la democracia después de dos años de transición. Aunque la participación fue del solo 30%, el sí fue reconocido por el 90% de los votantes. Entre otras cosas, los votantes eligieron la proclamación de la sexta República, limitar a dos el número de mandatos de cada presidente, la formación de una Alta Corte de Justicia y aislar a las bandas armadas. La jornada estuvo marcada por la violencia, en la capital hubo 34 heridos y 5 muertos, lo que obligó a las autoridades a prolongar de un día la jornada de las elecciones.

Tras multitud de cambios por motivos de seguridad o logísticos, la primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales tuvo lugar el 30 de diciembre de 2015. De los 30 candidatos que se presentaban, había 3 favoritos: Anicet-Georges Dologuélé, Martin Zeguélé y Abdoul Karim Meckassoua. Durante la jornada de las elecciones hubo varios problemas logísticos en distintos colegios electorales, por lo que las elecciones se repitieron otro día. El escrutinio reveló muchas irregularidades en las votaciones: actas de los colegios electorales nulas o incompletas, obligó a dejar las decisiones finales sobre el resultado  en manos de los Tribunales.

Los Tribunales mantuvieron los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y anularon las legislativas. Dos antiguos ministros y rivales políticos fueron los vencedores de la primera vuelta: Anicet-Georges Dologuélé y Faustin-Archange Touadera.

La segunda vuelta de las presidenciales y la primera de las legislativas tuvo lugar el 14 de febrero de 2016. La calma reinó durante la jornada, aunque el nivel de participación no fue muy elevado, solo 1.153.300 personas votaron, del 1.900.000 inscritos.

El 20 de febrero la autoridad nacional de las elecciones anunciaba que Faustin Archange Touadera había sido el ganador de las elecciones, con el 62,71% de los votos. Touadera, de 58 años, se reveló como una sorpresa al vencer durante la primera vuelta de las elecciones. 21 de los 28 candidatos eliminados durante la primera vuelta se unieron a este profesor de matemáticas, antiguo rector de la Universidad de Bangui. Este ex Primer Ministro de Bozizé de 2008 a 2013 llevó a cabo una campaña de proximidad, jugando la carta de Presidente de los pobres.
El 30 de marzo de 2016, el Presidente electo de la República Centroafricana comenzó su mandato. Entre sus tareas principales se encuentra:

– Acabar con la brutal violencia sectaria que sufre el país y proteger a los civiles.
– Acabar con la impunidad: creando un nuevo sistema judicial, así como colaborando con la CPI.
– Desarmar a los rebeldes y milicias con la ayuda de las misiones de paz. La República Centroafricana no cuenta aún con ejército y sufre un embargo de armas decretado por el Consejo de Seguridad.
– Gestionar la vuelta de refugiados y desplazados, mediante la mejora de las condiciones de seguridad.
– Mantener el apoyo de los donantes. La República Centroafricana no está considerada como un país en crisis y por ello recibe pocas ayudas de la Comunidad Internacional.
Poner en funcionamiento la economía del país.

El pasado 11 de abril, Touadera nombró a su gobierno. Junto al Primer Ministro, Simplice Sarandji, compañero desde hace tiempo y ex director de campaña, figuran adversarios políticos.

La Corte Penal Internacional (CPI), que ya investigaba los crímenes cometidos en la República Centroafricana durante la guerra civil de 2002 y 2003, anunció en 2014 el inicio de una investigación sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde 2012. La causa abierta por la CPI en 2007 sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil de 2002 y 2003 finalizó con la condena del antiguo Vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba. La Corte lo condenó por las violaciones, los asesinatos y el pillaje cometido en la República Centroafricana, debido a que en ese momento ostentaba el cargo de Comandante y era responsable de sus soldados.

El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones, prohibición de viajar y congelación de sus bienes, al ex Presidente Bozizé, así como a otros dos líderes rebeldes. Además, el ex presidente Bozizé es objeto de un mandato de detención internacional, petición hecha por el Gobierno interino, que lo acusa de crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio durante los diez años que pasó en el poder.

Tras múltiples denuncias de
violaciones cometidas en la República Centroafricana por los cascos azules, la ONU publicó, por primera vez en su historia, un informe sobre la cuestión, a pesar de que son los países de los que procede cada soldado los que los enjuiciarán. La antigua misión de paz de la ONU, la Unión Africana, remplazada en julio de 2014 por la misión MINUSCA, ha sido acusada de graves violaciones de Derechos Humanos, entre otros, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.

Económicamente, la República Centroafricana es un país muy pobre, a pesar de tener minas de uranio, diamantes y oro. El PIB de la República Centroafricana esta en el puesto 182 en un rancho
Kong de 187. Su índice de desarrollo humano esta situado en el 185 sobre 187. La esperanza de vida es de 49 años. El 63% de la población vive por debajo del índice de pobreza.

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