Fiscales en la M-30

Publicado originalmente en elNacional.cat
Elisa Beni
Madrid. Miércoles, 12 de septiembre de 2018
“Me siento como si fuera un kamikaze que fuera en sentido contrario por la M-30”. La frase pertenece a un fiscal de los que pisa moqueta en la Villa y Corte. No es el único y, al pronunciarla, no hablaba de posibles delitos contra la seguridad vial. No. Lo que no sin desconcierto me refería tenía que ver con la inmensa soledad personal y profesional que sienten aquellos fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente. Existen, puedo dar fe, pero cada vez están más callados. Tienen unos claros argumentos jurídicos, que en su día fueron compartidos públicamente por cerca de 200 profesores y catedráticos y, aun así, saben que nadan contra corriente y, lo que es peor, que de la decisión de mantener en alto su voz crítica solo se derivarían perjuicios que no están compensados por la posibilidad de que prime la cordura. “Es un disparate que ya es muy difícil de parar, muy difícil; tengo la sensación de que la carrera ha entrado en bucle. De verdad, la posición dentro de la carrera de que los hechos encajan en el delito de rebelión es abrumadora”, comenta otra voz en sordina. Esas voces antes no eran tan difíciles de hallar ni su postura personal y técnica estaba tan estigmatizada. No lo estaba hasta el punto de que, incluso manteniéndolas, esas voces han pasado a una vida mejor. Actualmente, sin embargo, tal y como bajan las aguas, ni desde esa vida medrada podrían hacer valer su posición tal y como la exponían cuando eran fiscales de trinchera. La lógica del poder.
Esta espiral del silencio, que ha acallado las voces críticas que hace unos meses se dejaban oír en foros jurídicos y en conversaciones informales, no ha hecho sino crecer y no es posible entender cuál es la posición actual de la Fiscalía ni la dificultad real para que se produzca cualquier tipo de variación en su postura sin tener en cuenta estas circunstancias. Hay demasiada gente atada de pies y manos, no solo por el momento político y los personales intereses, sino también por la fuerza fáctica que se deriva de esta opinión solidificada como hormigón dentro de la carrera fiscal. Así las cosas, la nueva fiscal general, María José Segarra, tiene un margen de maniobra limitado. Como el Gobierno. Algo que en parte ya era evidente antes de su nombramiento.

Los fiscales que siguen considerando que la calificación de los hechos acaecidos hace ahora un año en Catalunya como rebelión no es correcta técnicamente sienten una inmensa soledad
La acusación por rebelión en el Tribunal Supremo está sostenida por algunos de los tótems de la carrera fiscal. De los cuatro destacan Zaragoza y Madrigal, cada uno procedente de un sector ideológico, que han mostrado la mayor determinación en no moverse ni un milímetro de la acusación de conveniencia enjaretada por el difunto Maza. Tan es así que no es ningún secreto que cuando Sánchez-Melgar, fiscal general conocido como El Efímero, pensó que había motivos para no solicitar el mantenimiento de la prisión de Joaquim Forn, los poderosos que lo fueron y que lo son en la Fiscalía del Tribunal Supremo le mantuvieron el pulso a las claras y le hicieron dar la orden por escrito para manifestar en Sala que lo hacían solo por imperativo legal. El aviso no pudo ser más claro. ¿Alguien cree que un fiscal general del Estado podría intentar cambiar la calificación antes del juicio a sabiendas de que esa sería la reacción, y con la práctica totalidad de la carrera cerrando filas con los supremos? Lo cierto es que no. Segarra se debe además a la idea de la independencia fiscal respecto a los vaivenes políticos y tampoco tiene otro remedio que aferrarse a ella, incluso si el resultado de tal coherencia no fuera el que en su fuero interno anida. Eso sin contemplar las consecuencias políticas y electorales que ello tendría para el partido en el Gobierno. Por esta razón, algunas lenguas viperinas y críticas consideran que solo una salida por elevación a golosos destinos que cambiara a los acusadores permitiría despejar el campo para que cupieran otras calificaciones más ajustadas a la realidad de lo sucedido y a la realidad de nuestro Código Penal. Fantasear con un copazo en la mano es fácil incluso en Madrid.
El núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo considera absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición
Acaba de saberse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia que propone acusar ahora también por rebelión al major Trapero y a la excúpula del Departament d’Interior, a la vez que afirma que se trata de un movimiento de endurecimiento pactado con la Fiscalía del Tribunal Supremo y con la propia Segarra. No creo yo que este movimiento de los fiscales de la Audiencia Nacional vaya a tener un respaldo claro. Esa atribución a una coordinación con el núcleo duro de la acusación en el Tribunal Supremo me ha sido totalmente desmentida. Es más, desde ese núcleo duro lo que se me hace llegar es que consideran absurdo que se intente acusar a Trapero y los otros por rebelión y que la acusación correcta es la de sedición. ¡Los del Supremo no lo ven! Así que esta finta final de la cúpula fiscal de la Audiencia Nacional no tiene por qué encontrar eco en sus superiores, si bien es cierto que, técnicamente, aun habiendo cerrado Lamela el caso por sedición, puede variarse, ya que el procesamiento condiciona los hechos y las personas, pero no su calificación jurídica y, por lo tanto, no amarra al fiscal. ¿Por qué intentar ahora ese endurecimiento? Las conjeturas pueden abarcar un amplio abanico que iría desde el apuntarse al carro de la extrema acusación patriótica —tan extendido y bien visto en la carrera— a, como dicen algunas malas lenguas, evitarse el trabajo de hacer el escrito de acusación, “inspirándose” en el que presenten en el Supremo. A saber. Lo de por qué han decidido filtrarlo quizá sea más fácil de intuir porque permitía presionar a Segarra desde la opinión pública, que tan proclive es a la aplicación del castigo máximo a los pérfidos independentistas. No es fácil, no obstante, que prospere. Ni por la fiscal general del Estado ni, como queda dicho, por el correoso núcleo acusatorio que permanece en esa primera línea de defensa de la amenazada unidad de la patria.

Aunque es imposible predecir nada ya ni siquiera aplicando la lógica porque, como susurraba una fiscal que no se sienta lejos de Segarra, “aunque haya quien tenga claro que la acusación penal ha servido para pararles los pies a los secesionistas, lo cierto es que la democracia no tiene atajos y que esta locura la vamos a pagar”.

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