Indulto, arrepentimiento y petición de perdón

Publicado originalmente en La República de las ideas

No creo que el tema del indulto en relación con el incruento golpe de Estado en Cataluña, independientemente de la calificación penal de los hechos, merezca mucha atención cuando aún no hay penados que puedan beneficiarse de dicha manifestación de gracia por decisión, no de los jueces, sino del Gobierno. Se prescinde aquí de la confusa excepción recogida en los artículos 2º y 3º de la Ley del Indulto de 1970. Sin embargo, es fácil leer, ver o escuchar entrevistas y artículos de opinión en los que con cierta frecuencia, supongo que por más ignorancia que por otra cosa, se deslizan errores que conviene corregir desde ahora.

Un ejemplo es el de la pretendida necesidad de que sea el propio penado, por sí o a través de terceros, quien solicite la gracia en cuestión. Y otro, muy próximo al anterior, es la creencia de que la concesión del indulto requiera ineludiblemente el arrepentimiento o la previa petición de perdón por parte del reo. Ambas afirmaciones son incorrectas.

Aunque no sea de aplicación muy frecuente, el artículo 21 de la repetida Ley del Indulto prevé que “podrá también el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, para la concesión de indultos que no hubieran sido solicitados por los particulares ni propuestos por los tribunales de Justicia”. Algo muy lógico si se repara en que la concesión puede responder no sólo a razones suficientes de justicia o equidad, sino también a la “conveniencia pública”, situación ésta última en la que ese interés colectivo primaría sobre la misma voluntad del penado. Piénsese, como botón de muestra, en un condenado por tráfico de drogas, alto dignatario de una poderosa potencia extranjera que se aferra a su inocencia con todos los medios a su alcance. La crisis podría tener un precio muy elevado política y económicamente.

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