INFORME RELATIVO A LA FORMA EN LA QUE PROCEDE EJECUTAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 750/2021, DE 6 DE OCTUBRE DE 2021.

I. ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2021 tiene entrada en el Registro de la Cámara copia digital de la
Sentencia 750/2021, de 6 de octubre, así como el auto de ejecución, de 8 de octubre,
dictadas ambas resoluciones en la causa especial 3/21029/2019 contra Don Alberto
Rodríguez Rodríguez, para su conocimiento y efectos oportunos en dicha causa especial
(escrito número de expediente 024/000002/0002).
El punto 1o del fallo de la Sentencia dispone lo siguiente: “1°. Condenamos al
acusado D. Alberto Rodríguez Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de
la autoridad ya definido, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la
pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se
sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros”.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1. Alcance y efectos de la pena principal.
La condena fijada en el fallo de la sentencia distingue entre una pena principal, de
un mes y 15 días de prisión, sustituida por multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, y
una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena. Se absuelve del delito leve de lesiones y se le condena a indemnizar
al agente del C.N. de Policía no 92.025 en la cantidad de 50 euros y al pago de la mitad de
las costas generadas en la causa.
Respecto a la pena principal, podría sostenerse en primer lugar la interpretación de
que la condena de prisión supone una pena de privación de libertad (artículo 6.2 a) de la
LOREG) que llevaría a la conclusión de ser un caso de incompatibilidad sobrevenida (la
STC 155/2014, dice que dichas causas de incompatibilidad sobrevenida operan
“impidiendo el acceso al cargo o el cese en el mismo”). Sin embargo, el punto de partida
en esta cuestión ha de ser el hecho de que en la sentencia se dispone, ex artículo 71.2 del
Código Penal, la sustitución de la pena de prisión por la de multa, siendo así que lo que ha
de determinarse es si la sustitución de la pena, excluiría la aplicación del artículo 6.2 a) de
la LOREG o, en cambio, si la sustitución no cambia la naturaleza de la pena principal.

II.2. La sustitución de la pena principal
Varios argumentos sostienen que la sustitución de la pena lo es en su totalidad, y
que por lo tanto no cabe derivar más consecuencias de la sentencia que las específicamente
contempladas en el auto de ejecución.
En primer lugar, el literal del auto de ejecución, que no impone ninguna obligación
para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo. Siendo ésta una

consecuencia de máxima gravedad, que incide de forma directa en el derecho fundamental
del artículo 23.2 de la Constitución, parece razonable pensar que, en la medida en que no
se deduce de manera inequívoca de la normativa aplicable, de haber sido procedente, se
hubiera contemplado de forma expresa y taxativa por el Tribunal, bien en la sentencia, bien
en el auto de ejecución de la misma. A esta misma conclusión se llega si analizamos el
asunto desde la perspectiva de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, toda vez
que los mismos establecen como causa de suspensión o de pérdida de la condición de
diputado, respectivamente, que una sentencia firme condenatoria lo comporte o que se haya
declarado la incapacitación del diputado por decisión judicial firme, lo que no se
contempla, ni en el fallo de la sentencia ni en su auto de ejecución.
En segundo lugar, la propia configuración de la sustitución, tal y como se regula
actualmente, como una suerte de pena principal alternativa a la prevista en el tipo y de
aplicación obligatoria para el juez, por imperativo legal, en los casos en los que la pena de
prisión resultante de la aplicación de las reglas de determinación de la pena sea inferior al
mínimo legalmente previsto conforme al artículo 33 del Código Penal. Así, la sustitución
no es ya una forma de ejecución de la pena sino de aplicación de la misma, de manera que
vendría a transformar a la pena principal desde su origen, previéndose en la propia
sentencia y no de manera derivada como un efecto de la misma en la fase de su ejecución,
de manera que para cuando procedería aplicar la LOREG, ya ha operado la sustitución de
la pena. Y ello, con la consecuencia fundamental de que, atendiendo al literal del artículo
6.2 a) de la LOREG, que vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena
privativa de libertad en el período que dure la pena, no cabría apreciar en este caso la
concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que
sustituida ab origine, no ha llegado a nacer en ningún momento.

Por último, para el caso de incumplimiento de la pena sustituta de multa, sería de
aplicación la responsabilidad penal subsidiaria de privación de libertad, que también podrá
cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad, a que se refiere el artículo 53.1
del Código Penal. Además, el Tribunal ha decidido optar por la pena de multa (pudiendo
haber utilizado trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente, art 71.2
del CP). La voluntad del juzgador parece ser también la de minimizar el alcance del
reproche, pudiendo haber impuesto una pena privativa de libertad, no lo hizo.

II.3 Principios constitucionales de interpretación de los derechos fundamentales.
Respecto a los principios interpretativos, teniendo presente la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el principio de interpretación
más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales, (SSTC 105/2012, 5 de junio de
2012, FJ 7, SSTC 76/1987, de 25 de mayo…), será siempre preferible aquella
interpretación que conduzca a la conclusión más respetuosa con el ejercicio de los derechos
fundamentales del Sr. Diputado. establecidos en el artículo 23 de la Constitución. El
contenido de artículo comporta no solo el derecho a acceder a los cargos de naturaleza
representativa sino también “el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la
ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas”, lo que implica, adicionalmente, el
derecho a “no ser removidos de los cargos o funciones públicos a los que se accedió, si no
es por causas justificadas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos”
(por todas, SSTC 97/2020, FJ 6 y 69/2021, FJ 5). Y en el mismo sentido habrá de hacerse

una interpretación del principio de proporcionalidad, de forma que la consecuencia extra
penal de la sentencia condenatoria a la que se llegue no sea más gravosa que la propia
condena, agravando ésta sin el debido soporte jurídico.

II.4. Alcance y efectos de la pena accesoria
En cuanto a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo, no parece que de la misma proceda derivar la consecuencia de la pérdida de la
condición de diputado del Sr. Rodríguez, toda vez que aquélla produce sus efectos hacia el
futuro, no siendo, por sí sola, una de la causas de inelegibilidad o incompatibilidad
sobrevenida contempladas en el artículo 6 de la LOREG (teniendo en cuenta la ubicación
del artículo 550 del Código Penal – la Sentencia condena al diputado como autor de un
delito de atentado a agentes de la autoridad-).
En cuanto al alcance de la pena accesoria impuesta, la misma difiere de las
previstas en los artículos 41 y 42 del CP, que comportan la privación definitiva del cargo,
así como de la establecida en el artículo 43, que conlleva la privación al penado del
ejercicio del cargo durante el tiempo de la condena. En cambio, la pena prevista en el
artículo 44 del Código Penal priva al penado del “derecho a ser elegido para cargos
públicos”, durante el tiempo que dure la condena, y sin que tal privación comporte la
inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos.
En definitiva, la privación del derecho de sufragio pasivo no afectaría a la condición
de diputado adquirida, no concurriendo ni la causa de incompatibilidad sobrevenida
contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la LOREG, ni
ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del
Congreso, comportarían bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del
diputado, bien la pérdida de la condición.

 

 Síntesis a cargo de Maria Moreno Asensi

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