La Audiencia Nacional imputa a Caixa Bank por blanquear beneficios de mafias chinas

El juez Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de
99 millones de euros de origen ilícito
Madrid 19 ABR 2018 – 20:23 CEST

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó este jueves como investigada —como
persona jurídica— a CaixaBank por supuestamente ayudar a diversas organizaciones
mafiosas de origen chino a blanquear de 99,1 millones entre 2011 y 2015. El magistrado
considera que 10 sucursales, situadas en los alrededores del polígono Cobo Calleja, de
Fuenlabrada (Madrid) y en la capital, participaron en el blanqueo de los beneficios ilícitos,
y que lo hicieron “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de
cumplimiento normativo de la entidad”. CaixaBank niega las imputaciones y dice que sus
empleados cumplen las leyes antiblanqueo.
Fuentes oficiales de CaixaBank niegan «cualquier tipo de colaboración o participación en
delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de
nacionalidad china». CaixaBank asegura que tiene una fuerte y comprometida cultura de
cumplimiento normativo, y cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa
vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales. «Nuestros empleados están
formados y tienen la obligación de seguir normas y procedimientos de actuación
concretos para intentar detectar y prevenir, en la medida de lo posible, la comisión de
delitos de blanqueo». Las sospechas, en todo caso, recaen sobre las actuaciones de 10
de las casi 4.900 sucursales que tiene en España.
La imputación por blanqueo de CaixaBank, el tercer grupo bancario español —el primero
si solo se cuenta su volumen de negocio en España— deriva de un informe presentado al
juez por la Fiscalía Anticorrupción. Este escrito contiene conclusiones —coincidentes— de
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Prevención del
Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el comportamiento de los directores y empleados
de una decena de sucursales de la entidad. Estas oficinas se encuentran en el polígono
industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), uno de los principales focos comerciales
de la comunidad china en España, y también en el barrio madrileño de Embajadores.
Según el auto (que puedes consultar aquí), estas sucursales “han ayudado
presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las
ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancías”. Los empresarios
chinos estaban siendo investigados en al menos cuatro sumarios judiciales: los
casos Emperador, Sneake, Juguetes y Pólvora, que se instruyen en juzgados ordinarios
de Parla y Madrid y en la propia Audiencia Nacional.
Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, cree que las 10 sucursales
permitieron la salida de España de 99 millones de euros de origen ilícito, y que lo hicieron
“con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo
de la entidad”. El juez ha cita a CaixaBank el próximo 26 de abril para que designe
abogado como persona jurídica investigada, nueva denominación de los imputados.

Remesas en efectivo
La investigación sobre CaixaBank deriva de la iniciada en septiembre de 2017 sobre la
entidad ICBC (Industrial and Commercial Bank Of China), que ya fue imputada, por
conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de
ciudadanos chinos.
Según el juez, estos grupos “generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo,
procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad
Industrial y contrabando”. El magistrado considera que CaixaBank y el ICBC en España
intervinieron en la bancarización de estos beneficios ilícitos y su posterior transferencia a
China.
Las organizaciones de comerciantes chinos, según las investigaciones judiciales,
obtenían ingresos irregulares ingentes por diferentes vías. Por un lado, declaraban que
los bienes que introducían en Europa en contenedores tenían un valor seis veces inferior
al real, con lo que se ahorraban buena parte de las cuotas del IVA a la importación. Los
bienes, una vez introducidos en España, eran objeto de compraventas sucesivas bajo
cuerda con facturas falsas y precios a la baja, para eludir impuestos. Con estas prácticas
fraudulentas, los comerciantes obtenían cantidades ingentes de dinero en efectivo que
luego enviaban a China con el supuesto auxilio de CaixaBank y el ICBC.
El juez Moreno relata en su resolución —de 33 páginas— que entre 2013 y 2015, los
distintos juzgados que investigaban a estas organizaciones, “realizaron diversos
requerimientos a las sucursales de CaixaBank” para averiguar el patrimonio ilícito de los
ciudadanos chinos bajo su lupa. Las diez sucursales implicadas, según el juez, “hicieron
caso omiso” al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y
“auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas”.
Para ello, supuestamente “bancarizaron el dinero sin indagar su origen”, aceptaron
“cualquier papel o justificación que se les presentaba” y facilitaron su transferencia a
China “en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. Los
requerimientos judiciales, añade el juez, “fueron desatendidos por Caixabank que no
activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.
A las conclusiones de la UCO y del Sepblac, el juez añade los informes del servicio de
Auditoria Interna de CaixaBank, que analizó las operativas de transferencia de los fondos
a China. Los auditores, afirma Moreno, “alertaban a la Dirección del Banco de los riesgos
en los que se estaba incurriendo por la entidad por incumplimiento de las obligaciones de
diligencia reforzada en la captación de dichas rentas y la mala praxis de algunas
sucursales en materia de cumplimiento normativo”.
El Sepblac destaca que entre esos años 193 clientes -76 personas físicas y 117
sociedades limitadas- realizaron transferencias a China y Hong Kong por valor de 99,1
millones de euros. Tras recibir los requerimientos judiciales, la entidad supuestamente no
llevó a cabo ningún examen especial sobre sus clientes y permitió la salida de 31,7
millones.
Los directores implicados supuestamente permitieron el uso de testaferros y actividades
económicas no justificadas, “con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo
para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin
controlar a los clientes”. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.
Transferencias por Internet
Los líderes de la organización criminal también operaban a través de banca electrónica, lo
que les evitaba desplazar a testaferros, a las entidades bancarias. El juez cifra en 50
sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de
CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas supuestamente permitieron a
las organizaciones Snake, Chequia, Emperador y Juguetes que realizaran ingresos
compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron
2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.
Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus
ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se
producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias
sociedades aparentemente desvinculadas entre sí.
Información de 18 bancos
El juez distingue en su resolución entre la actuación de CaixaBank y de ICBC de la de
otras entidades bancarias. Por ejemplo, a raíz de la llamada operación Snake, la Fiscalía
Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades
bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al Sepblac por las operaciones
investigadas. Un total de 18 bancos reportaron que habían comunicado al servicio
antiblanqueo un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas
físicas de la organización Snake,por movimientos sospechosos de blanqueo.
El juez señala que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación sobre
expedientes. Y en el caso de CaixaBank, se localizaron cuatro expedientes, todos de una
de las sucursales investigadas. Sin embargo, los directivos de esta, pese advertir indicios
de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas
cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.
La entidad, dice, no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese
a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y
tener las herramientas necesarias para ello: «Se permitió operar, obviando la diligencia
debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en
investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria
comunicación al órgano de prevención (Sepblac) para atajar la presunta práctica
delictiva.»

Esta entrada fue publicada en Actualidad, Artículos y opinión. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.