La composición del Consejo General del Poder Judicial

Publicada originalmente en La República de las Ideas

JOSÉ LUIS MANZANARES | 09/09/2020

Según el artículo 122.3 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado, además de por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, “por veinte miembros nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años”. Pero lo que ahora interesa es cómo se hacen las propuestas:

“De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Parece que una interpretación gramatical e ideológicamente neutra lleva a la conclusión de que los Jueces y Magistrados propondrían doce de esos vocales, mientras que el Congreso y el Senado se distribuirían a partes iguales los ocho restantes. Así lo estimaba la Ley sobre el Poder Judicial de 15 de septiembre de 1880, derogada por la vigente Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Según su artículo 112.1, “los Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de Diputados y el Senado”. Todos, aun respetando las cuotas reservadas a Jueces y Magistrados. Ha habido alguna reforma del sistema en el sentido de admitir iniciativas procedentes del ámbito estrictamente judicial, pero la propuesta final continúa siendo competencia del Congreso y el Senado.

Por cierto, el Partido Popular prometió solemnemente volver al sistema original si el resultado de las próximas elecciones se lo permitiese. Obtuvieron mayoría absoluta, pero decidieron aplicar aquello de que las promesas electorales están para no cumplirse, como nos había enseñado en su día el alcalde madrileño Tierno Galván.

Total, que el gobierno del Poder Judicial sigue experimentando una politización muy superior a la prevista por la Constitución. Conviene recordar también que el Tribunal Constitucional aceptó la nueva regulación desde la literalidad del artículo 122.3 de nuestra Carta Magna, pero no sin advertir que la normativa de la vieja Ley de 1980 era más acorde con su espíritu. Advertía asimismo que dicha valoración estaba condicionada a que no se repitiera en el seno del Consejo General del Poder Judicial la correlación parlamentaria de fuerzas políticas. El lector tendrá su personal opinión de hasta qué punto se ha respetado tal requisito en la formación del órgano del gobierno de los jueces desde aquel entonces.

Sobre el retraso actual no quiero extenderme mucho, pero la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial desde hace demasiado tiempo responde precisamente a su tratamiento como una más de las cuestiones políticas que se discuten en busca de acuerdos globales con materias de diversa índole.

Hizo bien el Presidente del CGPJ en denunciar durante la apertura de tribunales esta inconstitucional demora. Entiendo, por mi parte que los escaños de cualquier partido -Unidas Podemos por ejemplo- valen lo mismo, independientemente de sus simpatías republicanas y monárquicas. Lo exigible es atenerse al vigente orden constitucional, incluidos los procedimientos de reforma. No existen parlamentarios de primera y de segunda. Y en cuanto a las acusaciones por corrupción para descalificar al rival, valga recordar, por un lado, el dicho evangélico de que “el que esté libre de pecado tire la primera piedra”, y por otro los edificios con techo de cristal. Valga aquí recordar los GAL, los asesinatos de Lasa y Zabala, los eres andaluces, los gürtel, los bárcenas y un largo etcétera que la memoria del lector podrá rellenar fácilmente.

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