La subida a 900 € del SMI frustra el acceso a la Asistencia Jurídica Gratuita

Publicado originalmente en El Confilegal

27 Diciembre, 2018El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre ha aprobado un Real Decreto por el que se incrementa un 22,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2019, la mayor subida en 41 años, estableciendo un SMI mensual de 900 €, frente al anterior de 735,9 €, en 2018.

Seguramente, no veremos tal correlativa subida en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice utilizado, entre otros menesteres, para determinar quién tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita; IPREM que es ostensiblemente inferior al SMI, a partir de ahora, con mucha más diferencia.

Desde que se promulgó la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, hasta la reforma introducida por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, el índice a considerar para conceder tal derecho fue, con carácter básico, no percibir ingresos por valor de más de dos veces el SMI.

El Real Decreto ley 3/2013 modificó el artículos 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, así como su disposición adicional octava, de tal manera que desde entonces todas las referencias al SMI se entienden hechas al IPREM.

Conforme la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, esto se hizo “a fin de mejorar lascuantías determinantes del umbral por debajo del cual se reconoce el derecho”.

La realidad es que para los supuestos básicos, no.

Y ello, puesto que desde la creación del IPREM por Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el crecimiento anual del IPREM siempre ha sido menor que el del SMI.

Es más, desde el año 2011 hasta la fecha el IPREM ha sido prácticamente plano en su actualización, pues vemos que el IPREM 2011 fue de 532,51 € mensuales (12 pagas) y en la actualidad se encuentra fijado en 537,84 €/mes (12 pagas), habiendo sido idéntico de 2011 a 2016 y siendo el actual, de 537,84 €, el mismo que se viene arrastrando desde 2017 y que, si nada lo remedia, continuará aplicándose en 2019.

En su conversión de acceso conforme al artículo 3 de la Ley 1/1996, tenemos que, salvo otros supuestos excepcionales, cabe reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita siempre que los ingresos económicos “brutos”, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen los siguientes umbrales:

  • Personas no integradas en ninguna unidad familiar: 2 veces el IPREM o lo que es lo mismo, que no ganen más de 1.075,80 euros mensuales o 1.255,10 con prorrata (14 pagas). De aplicar el SMI el límite estaría ahora en 1.800 € mensuales.
  • Personas integradas en una unidad familiar con menos de cuatro miembros: 2,5 veces el IPREMo lo que es lo mismo, que no ganen más de 1.344,60 euros mensuales o 1.568,88 con prorrata (14 pagas). De aplicar el SMI el límite estaría ahora en 2.250 € mensuales.
  • Personas integradas en una unidad familiar con al menos cuatro miembros o familias numerosas: 3 veces el IPREM o lo que es lo mismo, que no ganen más de 1.613,52 euros mensuales. De aplicar el SMI el límite estaría ahora en 2.700 € mensuales.

De estos supuestos, se penaliza claramente a los grupos familiares, pues vemos como en el primer caso, personas no integradas en ningún grupo familiar, en principio la subida del SMI es neutra pues no afectaría a su derecho a obtener el beneficio de justicia gratuita toda vez que se pasa de un SMI de 735,9 € a 900 € y en ambos casos se sigue sin superar, por tanto, el tope de 1.075,80 € mensuales o 1.255,10 €, con prorrata.

Sin embargo, el grupo familiar sí resulta castigado.

Pensemos en un ejemplo de un matrimonio con un hijo menor de edad en el que ambos cónyuges trabajen y perciban cada uno el SMI en 2019; es decir, una suma de 1.800 €.

Antes, con el SMI 2018, vendrían percibiendo 1.471,80 € y, así, entraban en el acceso a asistencia jurídica gratuita, cuyo límite recordemos es para este caso de 1.568,88 €, con prorrata.

Sin embargo, ahora con la subida del SMI y estancamiento del IPREM ya no podrán ser considerados beneficiarios, pues superarán los límites económicos para su concesión.

REVISIÓN DEL IPREM

Así pues, urge la revisión al alza del IPREM al igual que se acaba de hacer con el SMI, de tal manera que muchos trabajadores que van a cobrar el mínimo legal ahora establecido no se vean imposibilitados para acceder a la asistencia jurídica gratuita; pues en otro caso se experimentará la paradoja de que quienes cobren los mínimos legales sean, no obstante, considerados nuevos ricos para litigar, cuando es obvio que en puridad no son tal.

Siendo esto así, se maquilla el mandato del artículo 119 de nuestra Constitución, que establece la gratuidad de la Justicia paraquienes acrediten insuficiencia de recursos, sin que tenga necesariamente que entenderse por tales a los “pobres de solemnidad”, concepto decimonónico bajo el que se amparaba la concesión del derecho (beneficio de pobreza) y hoy afortunadamente muy superado.

En otro caso, lo que reciba ahora la clase trabajadora por un lado se le quitará por el otro, pues siendo el IPREM un índice pensado para la aplicación a efecto de concesión de ayudas y subvenciones públicas, facilitando el acceso a los subsidios para las familias más desfavorecidas, estas economías frágiles verán cómo en la práctica, por el mero hecho de adecuarse ahora sus salarios a un mínimo de dignidad, se les ha vedado el acceso a tales derechos.

Se augura para el año venidero, por tanto, un descenso significativo en el número de designaciones, salvo que las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita utilicen con más holgura la vía del artículo 5 de la Ley 1/1996, acordando la concesión excepcional del derecho, limitado siempre a que el beneficiario no perciba más de cinco veces el IPREM y carezca de  patrimonio suficiente.

Otra solución sería retornar al tenor literal del artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita antes de su reforma y volver al módulo SMI para la consideración del derecho.

Si bien esta última opción sería más equitativa en términos sociales no parece que sea interesante para la Administración desde principios de ajuste puramente presupuestario, máxime cuando ahora vemos que casi dobla el SMI al IPREM.

Desde la Abogacía que presta el Turno de Oficio pretendemos que el acceso al sistema de Asistencia Jurídica Gratuita sea una realidad para los justiciables de rentas más bajas, no solo para los supuestos de pobreza extrema, de tal forma que se cumpla de manera efectiva el mandato constitucional y no desvirtúe el espíritu de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y, por tanto, se garantice el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.

Siendo el Estado el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos bastantes debe actuar de forma inmediata para evitar situaciones de manifiesta injusticia.

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