MANIFIESTO POR LA HISTORIA Y LA LIBERTAD

Un numeroso grupo de personas de distintas ideologías y posiciones políticas y religiosas nos hace llegar este manifiesto que acogemos en nuestra web pues los estatutos de nuestro comité nos lo permiten obligadamente.

 

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que
ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por
una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún
por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede
primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del
tiempo y lugar en que estos se produjeron. La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.
Sin embargo, en España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante “historicidio” desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.
Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria “Ley de Memoria Histórica”, con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una “Comisión de la Verdad”, amenaza con penas de
cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes
mantengan opiniones divergentes a la ‘verdad única’, la destrucción quema
de las obras o estudios declarados no ‘gratos’, y la expropiación, destrucción
o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa
más reciente de España.
Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.
El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia,
como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse
por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de
investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico,
invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son
solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la
libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.
Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por
ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y
en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya
cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación
como España.
Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años
después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta
tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento
de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que
condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.
Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad,
pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo
implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de
ella debemos aprender.
Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones
de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la
confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo
penal de un estado democrático.
Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni
debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia,
estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y
la violencia del Estado.

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