MÀRIUS CAROL

YA Aristóteles escribió que el castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad. El político que miente se deslegitima, se envilece y pierde su autoridad moral. Sin embargo, habitualmente las falsedades de los candidatos en campaña se consideran pecados veniales, como si los ciudadanos en los periodos electorales les dieran carta blanca para poder prometer la luna. En cualquier caso, Boris Johnson, el exalcalde de Londres que es uno de los favoritos para suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador, ha sido citado por el juez de la Corte de Magistrados de Westminster para responder a las acusaciones de que mintió a los ciudadanos sobre el Brexit. Según este tribunal, habría podido cometer tres delitos en cargo público, relacionados con las afirmaciones que realizó antes y después del referéndum para conseguir la salida del Reino Unido de la UE.

El escrito contra Johnson acusa al demandado de “mentir y engañar repetidamente al público británico sobre el coste de formar parte de la UE, expresando, respaldando o deduciendo que dicho coste era de 350 millones de libras (400 millones de euros) por semana. Esta cifra fue el argumento central de los brexiters, cuando el propio Johnson sabía que era una falsedad, como reconocería una vez se había conseguido decantar el electorado a favor de la salida. En su fallo, el tribunal cita al acusado a una audiencia preliminar, previa a enviar el caso al Tribunal de la Corona para su juicio.

Los abogados de Johnson reaccionaron diciendo que todo es una maniobra política y que los actos denunciados lo fueron en todo caso en el curso de la campaña política, pero al margen de sus deberes parlamentarios. Sea como sea, Boris Johnson tiene un problema, no sólo de credibilidad política, sino también de razón jurídica. Los británicos fueron los impulsores de la democracia moderna y no desean contribuir a su degradación contemporánea.

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