Megan Carter y el calvario de Podemos

Publicado originalmente en La Vanguardia

ANÁLISIS
El ‘caso Mary Poppins’ (la niñera mágica) brota tras quince casos judiciales contra Podemos archivados, incluido el procesamiento del vicepresidente Pablo Iglesias, y cuando las únicas causas vivas son un contrato de la campaña de 2019 y un caso de “tu palabra contra la mía” de 2014, súbitamente resurrecto

 

PEDRO VALLÍN

MADRID

09/02/2021 00:05Actualizado a 09/02/2021 07:55
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El duro auto de archivo del Supremo que desestima la imputación del vicepresidente Pablo Iglesias por el caso de la tarjeta robada del móvil de Dina Bousselham, una decisión que en fondo y forma es un severo correctivo y reproche del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y García-Lomas, por elevar una instrucción deficiente, ha pasado por la actualidad con más pena que gloria. Ensordecido. Sin debate, sin desglose, sin editoriales y sin conclusión alguna sobre el archivo de una quincena de imputaciones sucesivas. El periodismo excitado que rodeaba el patíbulo se disuelve y regresa a sus quehaceres. Sin palabras. Como esas silenciosas y mansas pruebas nucleares en las que la imagen de la explosión llega en completo silencio, adelantando medio segundo a la también silente onda expansiva y todo ello antes de que en último término nos alcance el estrépito, si acaso seguimos teniendo orejas para entonces.

El diseñador de sonido y montador Ben Burtt (creador de iconos audibles como el chapurreo de R2D2, el legendario zumbido de las espadas láser, la respiración mecánica de Darth Vader, la voz anciana de ET o el inolvidable parloteo de los Romeo y Julieta robóticos, Wall·e y Eva), a partir del fenómeno atómico, recogido en innumerables vídeos documentales del Pentágono durante la Guerra Fría, ideó una curiosa innovación para su infinita galería de sonidos en Star Wars, Episodio II: El ataque de los clones (2002): la carga sísmica. El artilugio crea al estallar una pequeña combustión seguida de una vistosa onda expansiva azulada y plana (en lugar de esférica) que destruye todo lo que halla a su paso. Para sonorizar esa formidable potencia, Burtt pidió a George Lucas que retuviera la música en la escena y diseñó un estallido sordo, un agujero negro de sonido que durante medio segundo se traga el campo sonoro a su alrededor antes de generar un latigazo profundo de cuerda baja de guitarra. Ese característico efecto –silencio, destrucción y latigazo– es el que ha producido un auto de archivo del Supremo que, subrayando obviedades procesales, supone un baldón evidente para el prestigio jurídico acumulado por García-Castellón en su larga carrera como juez. No lo oímos, pero la onda plana le da de lleno.

El latigazo de cuerda que sigue al vacío sonoro no es un estruendo explosivo al uso sino una onda vibratoria baja y metálica. Lo que siguió al silencio en torno al auto de archivo no fue una reflexión pública o un debate sobre el pintoresco giro de un caso de espionaje y escarnio en que la colaboradora de Iglesias y él mismo eran víctimas de una trama parapolicial y periodística con el evidente propósito de perjudicarlos, sino todo lo contrario: una ruidosa guerra pública y nada ejemplar entre el vicepresidente y un sector de la prensa madrileña orgullosamente hostil a Iglesias desde 2015 y que, como ya ocurriera en 2016, ha acabado con un comunicado de la gremial madrileña del periodismo. Señalando con el dedo acusador, en este caso, a la web que dirige, precisamente, Dina Bousselham, que se ha convertido en el comando armado (en sentido figurado, se entiende) del espacio de comunicación de Podemos. Mientras en Europa se caligrafían estos días apasionantes novelas geopolíticas de John le Carré inscritas en el eje Londres-Bruselas-Moscú, una genuina Guerra Fría de vacunas, en España cada semana la promiscua relación de la prensa y la política alumbra un bestseller de Ángel Palomino (el Pérez Reverte de los años setenta), a medio camino entre Madrid Costa Fleming y Zamora y Gomorra.

Mientras Europa escribe estos días dramas geopolíticos de Le Carré, aquí la política y la prensa idean bestsellers de Ángel Palomino
Unos días después de devolver a la Audiencia la patata caliente de la imputación del vicepresidente, el Supremo dictaba también auto de archivo de la querella contra Iglesias por falsa denuncia que interpuso el excomisario José Manuel Villarejo, pero ese día no hubo impacto ni antes ni durante ni después. Ni explosión, ni latigazo, solo silencio. Como tampoco tuvo eco la condena, hace una semana, a uno de los tenaces hostigadores del domicilio del vicepresidente por agredir a un agente. Una silenciosa quincena positiva en términos judiciales para Podemos.

Pero conviene volver al inicio de este arco argumental para contemplar la estampa con perspectiva. Hace solo seis meses, en pleno verano, la posición de Podemos en el Gobierno de coalición parecía estar prendida con alfileres. La delicadísima situación reputacional del emérito expatriado convirtió el ferviente republicanismo de Podemos –en otro caso y en otro momento, inofensivo y hasta naif– en una afrenta y una amenaza al orden institucional que el circuito periodístico madrileño amplificó hasta convertirlo en causa de disolución del Gobierno de coalición. A la vez, un megaproceso judicial se abría en el juzgado número 42 de Madrid, tras las alarmantes revelaciones del extrabajador de Podemos José Miguel Calvente, que denunciaba dos docenas de conductas presuntamente corruptas de los líderes del partido en un relato que hablaba de ilegalidades generalizadas: gente que se quedaba con mordidas, contratos falsos, procedimientos fraudulentos, financiación irregular, espionaje informático, desvío de fondos, acoso laboral y, de remate, persecución y amenaza al denunciante. Podemos venía a ser un aparato híbrido de la Stasi y la Cosa Nostra. Cuando Calvente puso verbo ante el juez a aquella colección de ignominias y depravaciones, se cumplió la sentencia de las abuelas: al cocer, todo mengua. Las tres horas de declaración fueron un rosario de penseques y creíques con escasa documentación acreditativa y mucho cuchicheo de radio-patio.

No obstante, se creó el ambiente informativo idóneo para el regreso del movimiento concentracionista (un gobierno de centro que coaligase a PSOE y Ciudadanos con el apoyo externo del PP), y se dio por supuesto que el papel de Unidas Podemos en el ejecutivo se disolvería en otoño, con Ciudadanos impaciente por negociar con el PSOE los presupuestos. Hasta leímos que, con la vuelta al cole, Pedro Sánchez planeaba una remodelación del gobierno para achicar a los morados en el ejecutivo. Los más atrevidos, nostálgicos del bipartidismo posfranquista –en definición del analista político Jaime Miquel–, hablaban de un Gobierno de Orden dirigido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, con PP y Ciudadanos como sostén de un PSOE libre al fin de Pedro Sánchez, el hombre que se atrevió –no lo olviden– a retar el establishment de la Villa y Corte y logró salirse con la suya. Bruselas había puesto esas semanas números firmes a los fondos de recuperación y la cifra daba vértigo tanto como hacía salivar. El objetivo del cuento de la lechera no era simplemente sacar a Unidas Podemos del Gobierno, sino de paso cobrarse la pieza del presidente y apartarlo de la gestión de los caudales. Mucha pluma hiperactiva confirmaba que Yogui y Bubu huelen la pitanza de los excursionistas a decenas de kilómetros.

La posible imputación de Iglesias se filtró el mismo día y a la misma hora en que Sánchez contaba la estrategia de los fondos europeos
El mismo día de octubre y a la misma hora en que el presidente Pedro Sánchez presentaba al país –en acto solemne multimedia y en directo– la estrategia gubernamental para encauzar el mayor flujo de recursos recibidos por España en su historia, los 176.000 millones del programa Next Generation EU, el juez García-Castellón, al que las pesquisas veraniegas en torno a la tarjeta del móvil de Dina Bousselham le habían salido regular, contraprogramaba al presidente remitiendo su instrucción en crudo al Supremo para la eventual imputación del vicepresidente del Gobierno. Catacrac. Tanto la pericial de la policía como la testifical de la empresa galesa que trató de recuperar el contenido del móvil alejaban la posibilidad de una presunta manipulación de Iglesias, y como consecuencia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la fiscalía le vinieron a decir al juez García-Castellón que ya estaba bien con la broma. Pero el togado disparó por elevación. Tipografías gigantes en Madrid dieron cuenta del inminente procesamiento desplazando de las cabeceras el histórico acto presidencial.

Que el archivo de este proceso no haya ocupado grandes titulares exculpatorios no tiene mucho de particular (ni siquiera el “por ahora” que emitía una de las cabeceras madrileñas). Es práctica consuetudinaria del periodismo mundial dar poco énfasis a las informaciones que obligan a recoger cable. Hace cuarenta años, en pleno apogeo del periodismo paladín de la verdad, cuando en la estela de Todos los hombres del presidente (1976), de Alan J. Pakula, los juntaletras creíamos que habíamos venido a este mundo con el propósito de derribar autócratas, guionizar el destino de un país e impartir justicia, Sydney Pollack dirigía Ausencia de malicia (1981), mucho más aterrizada en la regla que en la excepción, que narraba las vicisitudes de Megan Carter (Sally Field), una periodista de provincias –Miami, Florida– espabilada y ambiciosa. El guion de Kurt Luedtke cuenta cómo Carter era utilizada por la fiscalía, filtrándole una investigación puramente prospectiva, para hostigar con titulares incriminatorios a Michael Gallagher (Paul Newman). Gallagher era hijo de un gánster fallecido y, si bien estaba limpio como el culito de un bebé, merced a su parentesco tal vez podía indagar para las autoridades en el asesinato de un sindicalista que tenía a los investigadores en la vía muerta. Y a cambio, limpiar su nombre de las infundadas sospechas que verterían contra él en primera plana.

Josef Sommer (McAdam) y Sally Field (Megan Carter) en un fotograma de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack
Josef Sommer (McAdam) y Sally Field (Megan Carter) en un fotograma de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack Sony Pictures
Antes de publicar el primer titular, “Gallagher, sospechoso clave en la desaparición de Díaz”, Megan Carter, por orden de McAdam (Josef Sommer), su redactor jefe, se reúne con el abogado del periódico, Davidek (John Harkins), para examinar la información:

–Bien, señorita, usted pretende afirmar que el señor Michael Collins Gallagher fue la causa inmediata del fallecimiento del estimado señor Díaz.

–Eso no es lo que pone ahí. Dice que se le está investigando.

–Pero el señor Gallagher pensará que le consideramos asesino, y también sus amigos y vecinos. Supongamos que no es un asesino ni se le está investigando en absoluto. Supongamos que su historia resulta ser totalmente falsa.

–Es que no lo es.

–Señorita, si los periódicos solo imprimiesen la verdad no tendrían abogados en nómina y yo estaría en el paro, y no estoy en el paro.

–Leí el informe.

–Eso a mí me tiene sin cuidado. Me interesa la ley, no se trata de si su historia es cierta o no, la cuestión es qué protección tenemos si resultara ser falsa. Vamos a ver, el señor Gallagher no es un funcionario público ni es probable que llegue a serlo. Lástima. ¿Es una figura pública?

–No nos va a denunciar, por favor. ¿Qué hace falta para ser una figura pública?

–Si lo supiera jugaría con ventaja. Eso no se sabe por qué ocurre. Confieso que me sentiría más cómodo si fuera una estrella de cine o un entrenador de fútbol, los entrenadores son gentes muy seguras. ¿Hemos hablado con el señor Gallagher?

–No solemos llamar a la mafia para comentar.

–Pues procure hablar con él.

–Lo intentaré.

–Si habla con nosotros incluiremos sus razones, lo que dará una apariencia de justicia. Si él se niega a hablar no somos responsables de errores que él no ha desmentido. Y si no conseguimos dar con él, al menos lo hemos intentado.

–¿Qué me está diciendo, Davidek?

–Que en lo que respecta a la ley, la exactitud del artículo no tiene importancia. No sabemos que la historia sea falsa por lo que hay “ausencia de malicia”. Hemos sido razonables y por tanto no ha habido negligencia. Podemos decir lo que queramos del señor Gallagher y él no puede perjudicarnos. La democracia está a salvo.

Ausencia de malicia, la democracia está a salvo. En la siguiente escena, publicada la noticia en portada y con foto del sospechoso que no era sospechoso, Gallagher acude al periódico a preguntar de dónde sale tal cosa. Evidentemente, el diario se reserva sus fuentes. Entonces el señalado pregunta: “¿Publicarán que soy inocente cuando se cierre la investigación?”. Un segundo de silencio –como una carga sísmica– es la respuesta que todos conocen en esa sala y en el universo mundo. Megan Carter solo acierta a balbucir: “No nos avisan cuando cierran una investigación”. Silencio, destrucción y latigazo.

Paul Newman interpreta a Michael Gallagher en ‘Ausencia de Malicia’ (1981), de Sydney Pollack
Paul Newman interpreta a Michael Gallagher en ‘Ausencia de Malicia’ (1981), de Sydney Pollack Sony Pictures
Cuesta creer que en el momento de más prestigio social del periodismo, cuando dos redactores de tres al cuarto, Bob Woodward y Carl Bernstein, acababan de demostrar la potencia de la letra impresa llevándose por delante a uno de los más siniestros y paranoicos presidentes de la historia estadounidense, Richard Nixon –otro vendrá que bueno te hará, dice el adagio–, una película tan modesta como la de Pollack se animara con un relato tan escéptico y mundano sobre el oficio. Lo que cuenta de forma explícita Ausencia de malicia, sin alegorías ni metáforas, es que el periodismo quizá de ciento a viento sea capaz de una proeza política, pero en el entre tanto ha de ser un modesto labrador de pequeñas certezas democráticas y andarse con cuidado, pues funciona como un magnífico operador de extorsión, casi nunca involuntario –por qué vas a hacer gratis aquello que puede reportarte un beneficio–, al que, como explica el abogado Davidek, las operaciones de ajuste de cuentas suelen salirle judicialmente gratis.

Los juristas recuerdan que la admisión a trámite ya tiene carga punitiva y por tanto la ley obliga a inadmitir si no se observa delito
Esta es una de las razones por la que el grupo de académicos del derecho penal y constitucional que ha puesto en marcha la iniciativa LiBex.es –un observatorio jurisprudencial sobre libertad de expresión– se esfuerza por explicar que la admisión a trámite es en sí misma un mecanismo punitivo sin juicio. La admisión a trámite es el correlato judicial exacto de un titular como “Gallagher, sospechoso clave en la desaparición de Díaz”. Dicho de otro modo, en Podemos se felicitan porque se hayan archivado todas las acusaciones de Calvente excepto el contrato de la campaña electoral (con la auditora política Neurona), pero lo cierto es que el juez muy bien podía haber inadmitido a trámite la mayor parte de las incriminaciones del exabogado de Podemos de su primera denuncia ante la Guardia Civil, porque carecían de soporte probatorio y describían muchos comportamientos que, de haber sido ciertos, difícilmente encajaban en algún tipo penal. Al no hacerlo e iniciar lo que según Podemos era una investigación prospectiva –para los profanos, una investigación prospectiva, prohibida por la ley, sería un “tráigame papeles de todo y a ver qué pillo”–, el juez se convirtió a sí mismo y a la causa que instruía, deliberadamente o no, en un artefacto político cierto con un sentido, un objetivo y una utilidad patentes en el marco exacto de la actualidad política que al togado no pueden serle ajenos. El juez fue, a su pesar o no, nuestra Megan Carter. Lo de García-Castellón ya lo ha calificado el Supremo, así que no hay necesidad de decir nada más.

Sally Field (Carter) y Paul Newman (Gallagher) en un fotograma de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack
Sally Field (Carter) y Paul Newman (Gallagher) en un fotograma de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack Sony Pictures
El colectivo LibEx, aunque solo alude a los delitos relacionados con la libertad de expresión, recuerda en su doctrina los artículos 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen que, “en el trámite de admisión de una denuncia o querella, el órgano jurisdiccional debe en primer lugar realizar un primer juicio sobre el carácter delictivo de la conducta”, porque “en caso de que los hechos, tal como se describen en la denuncia o querella, no constituyesen delito, el juez o tribunal debe inadmitirla, motivando debidamente dicha resolución”. Y esto es así porque “la interposición de denuncia o querella no da derecho a su admisión ni a la práctica de diligencias”, ni aun cuando formalmente sea intachable, “sino solo a recibir una respuesta motivada”. Por ejemplo, la caja de solidaridad de Podemos, que administra el diputado Rafa Mayoral en tanto secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, y que Calvente tildó ante el juez de “caja B de Podemos”, imputando a Mayoral y regalando un titular que abrió los periódicos de Madrid con tal profusión tipográfica que casi se oían los brindis de las redacciones. Las quince causas y tres cuartos (por todas las acusaciones decaídas del caso Calvente) archivadas a Podemos fueron admitidas a trámite.

El calendario siempre es elocuente. A Xavier Trias le apareció una «cuenta en Suiza» quince días antes de la primera consulta soberanista en Catalunya (noviembre de 2014) y a pocos meses de jugarse la reelección a la alcaldía. La cuenta era falsa. A Artur Mas le apareció otra en plena de la campaña electoral del 2012. Luis Bárcenas tira de la manta en medio de la campaña electoral catalana (si bien el juicio de Bárcenas estaba fijado para estas fechas desde hace un año).

A Xavier Trias le apareció una falsa cuenta en Suiza a quince días de la consulta del 9-N, a Artur Mas, en plena campaña electoral
La semana posterior al correctivo del Supremo a la Audiencia Nacional con el mal llamado ‘caso Dina’ –en justicia y en la línea de Manuel García-Castellón, deberíamos llamarlo ‘caso Iglesias’–, y coincidiendo con las abracadabrantes revelaciones del extesorero del PP –que ha de acreditar estos días ante el juez–, la prensa capitalina se dejaba la tinta en el ‘caso Mary Poppins’, un supuesto escándalo consistente en que la asistente de gabinete de la ministra Irene Montero, la exdiputada Teresa Arévalo –que ya estaba en el equipo de Montero cuando esta era portavoz del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos–, cogía en brazos a su bebé. A efectos periodísticos era una suerte de niñera solapada pagada con fondos, primero del partido y, desde que Montero entró en el Gobierno, del ministerio. Los hechos son que Montero, tras reincorporarse al trabajo después de dar a luz a su tercera hija, acudía diariamente al Congreso, y luego al ministerio, con el bebé. Y cuando, por razón de una reunión, una entrevista o una sesión de fotos, no podía cuidar de él, alguien de su equipo –las más de las veces Arévalo, por ser su asistente más cercana, pero en otras ocasiones otras personas de su gabinete– se hacía cargo del bebé. Y ya. No se ve mucha sustancia delictiva. Esta acusación forma parte de las muchas derivadas del caso Calvente, en este caso denunciada por una compañera del antiguo equipo legal de Podemos, Mónica Carmona, que considera que un billete de tren que se pagó a Arévalo en un viaje a Alicante suponía que el partido estaba asumiendo irregularmente el pago de “una niñera” para Montero.

El caso de la niñera mágica no parece dar para más –hasta el punto de que rápidamente se desvió la atención hacia la discusión sobre los méritos curriculares de Teresa Arévalo– y dentro de unos días seguramente dejaremos de oír hablar del tema, pero esa semana Megan Carter fue útil para que las mesas camilla radiotelevisivas tuvieran una coartada para olvidar el naufragio en el Supremo de la tremebunda noticia del “vicepresidente imputado” y de paso –y sobre todo– mitigar, si quiera momentáneamente, la abrumadora dimensión de las revelaciones de Bárcenas. Que, de ser apoyadas por material probatorio y al margen de su concreción penal, obligarían a una revisión a fondo de lo ocurrido en las últimas cuatro décadas de la democracia española, dando la razón a las hipótesis más pesimistas sobre el desempeño del PP y poniendo de paso en un verdadero aprieto reputacional a relevantes cabeceras de la prensa, partícipes interesados (cheque en mano, asegura Bárcenas) del monstruoso fake construido en torno al 11-M, el peor atentado yihadista de la historia europea, con el solo propósito de cuestionar la victoria electoral del PSOE en 2004 y deslegitimar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Diecisiete años después.

A expensas de qué ocurra con la investigación en la contratación de la auditora Neurona, a la que ya puso pegas el Tribunal de Cuentas y cuyo resultado es incierto, a Podemos solo le resta otra causa abierta, aunque esta de carácter personal, pues se trata de un caso anterior a la creación del partido. La fiscalía acusa a su actual secretario de Organización, el diputado canario Alberto Rodríguez, conocido dentro y fuera del partido como “El Rastas”, de agresión a la autoridad. La policía dice que le dio una patada a un agente y lo hirió en una mano durante una manifestación contra la llamada ley Wert en La Laguna (Tenerife) en 2014. Como en otros casos similares –como el que ha costado una severa condena a la diputada madrileña de la formación, Isa Serra, por una protesta contra un desahucio, hoy pendiente de recurso–, sin evidencia audiovisual o gráfica que despeje dudas ni soporte documental (porque el hoy diputado no fue identificado o detenido por los agentes el día de autos), se trata de una causa de “tu palabra contra la mía”. De modo que cualquier resultado es posible.

La causa contra Alberto Rodríguez, del 2014, resucitó coincidiendo con el caso Calvente y con la posible imputación de Iglesias
Hubo un amago similar de procesar a la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al diputado Rafa Mayoral por unos altercados entre policía y manifestantes ante el Congreso de los Diputados, pero la causa no llegó muy lejos porque en la plaza de Las Cortes había demasiadas cámaras y periodistas inmortalizando el momento como para que la pretensión policial de que Díaz y Mayoral habían atacado a los agentes cuajase. Quizá así se entienda mejor por qué la llamada ley Mordaza puso tanto empeño en castigar las grabaciones en vídeo de las actuaciones policiales. “La captación por particulares de imágenes de la actuación de los poderes públicos ¿será reconocida en algún momento como un modo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del poder?”, se pregunta estos días el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, uno de los impulsores de LibEx. Se responde solo.

La causa contra Alberto Rodríguez por los hechos de La Laguna durmió el burocrático sueño de los justos durante seis años y medio, y cual Bella Durmiente recién besada cobró súbita vida el pasado verano –al olor de la sardina, el gato ha resucitado, marramamiau– , en exquisita sincronía con el amago de imputación del vicepresidente por parte de la Audiencia Nacional y con la macrocausa impulsada por Calvente. En el momento de mayor efervescencia de los partidarios del gobierno de concentración. Los avatares del mundo político siempre tienen un ritmo latente que, agudizando el oído, hace que la partitura hable. Silencio, destrucción y latigazo.

Paul Newman interpreta a Michael Gallagher en ‘Ausencia de Malicia’ (1981), de Sydney Pollack
Paul Newman interpreta a Michael Gallagher en ‘Ausencia de Malicia’ (1981), de Sydney Pollack Sony Pictures
En un contexto de politización de la justicia, no en el sentido genérico de asumir una opción ideológica –lo cual poseería cierta nobleza intelectual–, sino en el mucho más mundano de operar en sincronía con operaciones coercitivas, el Consejo General del Poder Judicial, cuya hiperactividad de nombramientos acaba de ser enmarcada en un contexto feo por lo que cuenta el reo Bárcenas sobre la pactada exculpación de su esposa, mantiene abierta su batalla campal con el legislativo. El órgano presidido por Carlos Lesmes se ha adscrito al género epistolar en una intensa correspondencia llena de admoniciones que ha enfadado y mucho a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet –el tenor de las respuestas remitidas oficialmente por las Cortes al órgano de gobierno de los jueces transparenta ese malestar–, unos oficios con los que el Poder Judicial obsta la reforma legislativa que limitará sus capacidades cuando opere en mandato caducado.

La tormenta no amaina, y aunque de momento el vicepresidente Iglesias ha dejado de ser rehén jurídico del Supremo –que por definición constitucional preside el también presidente del CGPJ, es decir, Lesmes–, ahora lo es la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sobre cuyo nombramiento el tribunal mantiene abierta una causa a raíz de una denuncia del PP. En la carrera judicial no parece haber debate alguno sobre la conversión del poder judicial en un interlocutor político principalísimo –por ejemplo, haciéndose cargo de la única respuesta política al 1-O, la punitiva– y de orientación evidente. Y si lo hay, es sordo como una carga sísmica. En cambio, en la academia, entre los juristas docentes e investigadores, hay creciente inquietud y mal cuerpo con esta deriva de la justicia, pasando de un papel meramente arbitral a ser actor protagonista. Silencio, destrucción y latigazo.

Cartel estadounidense de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack
«¿En América puede ser un hombre culpable hasta que prueba su inocencia?» reza el cartel estadounidense de ‘Ausencia de malicia’ (1981), de Sydney Pollack Sony Pictures / Columbia Pictures
La operación contra Gallagher la organiza el personal de la fiscalía de Miami, pero exige el concurso del periodismo. Hoy en España el periodismo mayormente participa de la batalla campal a bayoneta calada. Los papeles del excomisario Villarejo, íntimamente relacionados con todas estas causas –del caso Iglesias al peripatético robo en el piso de Bárcenas–, señalan a un grupo de periodistas, la mayoría de los cuales continúa en activo. Las organizaciones gremiales no tienen nada que decir sobre esta inveterada pero creciente promiscuidad porque más o menos están a lo suyo de siempre, mientras que los novísimos y quirúrgicos servicios de fact-checking, que podían usar su eficiente cedazo para revisar estos malos hábitos y su plasmación en portadas que, en boca de Bárcenas, no tienen nada de fortuitos, se afanan en desmentir los bulos de WhastApp para abuelas y en zaherir el dudoso uso que los políticos hacen de la estadística. Pero no dicen ni mu de la salubridad del ecosistema informativo. Hace años que la publicidad tiene un servicio de autorregulación que vigila las insidias mercantiles, un fact-checking llamado Autocontrol que vela por su propio buen nombre. En el periodismo no hay escrutinio alguno. “Podemos decir lo que queramos del señor Gallagher y él no puede perjudicarnos”. Por explicarlo de forma somera, el periodismo es un cuerpo de policía sin servicio de asuntos internos. Nadie vigila al vigilante.

A Megan Carter, el fiscal Rosen (Bob Balaban) le había colado el pescado mustio con estudiado descuido. Puso el expediente de Gallagher sobre su mesa cuando salió de su despacho dejándola sola, tras haber negado que estuvieran investigando a nadie. Pollack sugiere que Carter es consciente de que está asumiendo un pacto tácito de mutuo beneficio y, por tanto, que a cambio de dar una exclusiva participa de una operación de extorsión de la fiscalía. “Ausencia de malicia. La democracia está a salvo”. Bendito seas, Davidek.

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