EL CASO KARADIMA SE PUEDE LLEVAR POR DELANTE TAMBIÉN A LOS OBISPOS DE TALCA Y LINARES
Francisco ya tiene sobre la mesa la tercera carta de dimisión del polémico obispo de Osorno
Cameron Doody, 09 de abril de 2018 a las 19:56
Religión Digital
(Cameron Doody).- “Terremoto sin precedentes en la Iglesia chilena”. Eso es lo que avecina el periódico La Tercera con su exclusiva este domingo de que el polémico obispo de Osorno, Juan Barros, ha presentado por tercera vez su renuncia al Papa. Y es que el caso Karadima puede llevar por delante no solo a Barros, sino también a otros obispos que formaban parte del círculo íntimo del cura pederasta. Tales como Horacio Valenzuela, Tomislav Koljatic y Andrés Arteaga, e incluso a los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz o el nuncio Ivo Scapolo.
Según informa La Tercera, en el informe que el investigador papal sobre abusos en la Iglesia chilena, Charles Scicluna, entregó personalmente al Papa Francisco el pasado 20 de marzo estaría una nueva carta de dimisión de Barros. El obispo de Osorno ya intentó dimitir dos veces en el pasado: uno, cuando estalló el caso Karadima, y dos, cuando los laicos y laicas de la diócesis empezaron a movilizarse contra él.
Este tercer intento, no obstante, sería diferente, por al menos dos razones: porque Barros ya deja entender que su decisión es irrevocable y porque Scicluna, además, recomendaría a Francisco que acepte la renuncia. Información que, por su parte, el prelado ha negado, diciendo este lunes desde Punta de Tralca, donde ha comenzado la Asamblea de la Conferencia Episcopal de Chile, que “yo no le entregué ninguna carta a monseñor Scicluna”.
Con respecto al nuncio Scapolo, La Tercera cita a un sacerdote familiarizado con el caso Barros-Karadima, quien explica: “Si el Papa Francisco decide seguir las recomendaciones de Scicluna, sería una señal muy potente de reparación con las víctimas. Y una señal muy potente de que el Papa no estaba bien informado. Ahí todo apunta al nuncio. Ahora, lo que debe calibrar el Papa es hasta dónde llega la responsabilidad, cuál es el criterio que va a seguir ahora el Vaticano, ¿se llegará a todos los curias relacionados con abusos? Es el Papa el que tiene que ver adónde quiere llegar”.
Con el líder petista en la cárcel, la mejor opción para los movimientos de izquierda parece ser una candidatura conjunta. El PT rechaza, por ahora, un plan B a la candidatura de Lula.
La entrada en prisión de Lula este sábado por su supuesta participación en el macrocaso de corrupción de Petrobras hundió no solo al Partido dos Trabalhadores (PT) sino a todo el electorado de izquierda brasileño que se ha quedado huérfano de su principal candidato.
Pese a que el PT insiste en que Lula será el candidato a las elecciones de octubre, es casi imposible que el Tribunal Superior Electoral decida a su favorcuando el partido le presente como candidato, algo que deberá ocurrir en agosto. Nada impide al PT presentar la candidatura de Lula aunque esté en la cárcel, pero, una vez presentada, es casi seguro que el Tribunal Electoral decida desestimarla por la ley ‘Ficha Limpa’, que dicta que un candidato condenado queda automáticamente inhabilitado para el ejercicio político durante ocho años.
Así, el principal favorito a las elecciones de octubre –un sondeo del Datafolhade inicios de año le daba la victoria incluso después de ratificada su condena en segunda instancia- quedaría fuera de la carrera presidencial. La estrategia del PT parece ser alargar al máximo la ilusión de Lula como candidato y apostar por la transferencia de votos en el último minuto.
La estrategia no es fácil de llevar a la práctica porque en el partido no hay un heredero claro de Lula que tenga su carisma y su fuerza ante los votantes. “No existe un consenso interno sobre su sucesor. Por una parte está Fernando Haddad, muy cercano a Lula pero sin proyección nacional; y por otra está Jacques Wagner, con mayor proyección pero cuyo nombre ha aparecido en procesos judiciales que pueden ensuciar su candidatura”, explica Adrian Gurza, politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo.
Además, es difícil de prever el resultado de una transferencia de votos hecha a partir de la cárcel. “Una cosa es que Lula hubiese hecho campaña en la calle, cerca de la gente, con una persona al lado para la que estaría pidiendo el voto, donde sí es creíble que gran parte de sus votantes accedieran a ello. Pero otra cosa es hacerlo a desde la cárcel, con las limitaciones que eso conlleva”, explica el politólogo.
El PT se encuentra, de este modo, ante una encrucijada difícil de solucionar: necesita un candidato que pueda ganar las elecciones pero recular en su estrategia de presentar a Lula como su única opción sería asumir desde ya su condena y facilitar el encarcelamiento del expresidente.
Posible alianza de izquierdas
La opción de la izquierda podría pasar por una candidatura conjunta de los varios candidatos, algo que tampoco parece probable, o al menos fácil. Pese a que todos los movimientos de izquierdas han salido estos días en defensa del expresidente brasileño, sus líderes destacan que la unión se hace alrededor de la defensa de Lula y que nada tiene que ver con una estrategia de alianza política. “En este momento no nos parece que exista espacio para una decisión de este tipo “, dijo Juliano Medeiros, presidente nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), cuyo candidato es Guilherme Boulos.
Junto con Manuela d´Avila, del Partido Comunista (PC), Boulos estuvo apoyando a Lula durante su discurso antes de entregarse a las autoridades. El expresidente les abrazó a los dos y les dedicó algunas palabras de la declaración. “No sirve de nada impedirme andar por este país porque hay millones de Boulos, de Manuelas, de Dilmas Rousseff para andar por mí”, recalcó ante miles de personas. Esta actitud fue recibida como un intento de tender puentes y unir a la izquierda en las próximas elecciones, aunque también generó algún recelo ante la posibilidad de dispersar votos hacia esos dos candidatos, en el caso de que la izquierda no llegue a un acuerdo.
“Pese a que estaban presentes en el discurso, Lula no les nombró a ninguno como candidatos. No hubo ningún momento en el que apuntara hacia un sentido único. Ahora mismo los partidos de izquierda se están debatiendo entre presentar una candidatura conjunta o decantarse por perseguir un crecimiento individual y son muy cautos”, señala Gurza.
Una de las principales dificultades sería elegir el cabeza de lista. Ciro Gomes, el candidato por el Partido Democrático Trabalhista (PDT), parece ser el que mejor posicionado está para asumir el liderazgo, pero su nombre está lejos de generar consenso. “Ciro tiene una mayor intención de voto, una estructura de partido mejor montada, una mayor trayectoria política, una visión más amplia y un programa más asentado pero es una figura muy polémica, con algunas declaraciones desafortunadas sobre Lula”, analiza el politólogo.
Si al final Lula agota sus recursos y se ve abocado a cumplir la condena y si la izquierda no logra ponerse de acuerdo para una candidatura conjunta, Gurza tiene claro que no será un candidato de izquierdas el que más se beneficie de los votos de Lula. “Más que el posible crecimiento de uno de los políticos de izquierda, quien ganará con esto es la derecha, que por primera vez desde 1989 se vería en unas elecciones cuyo principal contrincante no es un partido de izquierdas”, explica.
De hecho, la misma encuesta de Datafolha señalaba que, en un escenario de elecciones sin Lula, el líder de las votaciones sería Jair Bolsonado, del Partido Social Cristão, un político homófobo, racista y misógino, al que muchos apellidan el Trump brasileño. “Sin Lula como candidato, el sistema de partidos queda desestructurado y deja espacio para la derecha”, avisa. “Sería una gran oportunidad para la derecha y el centro-derecha en Brasil”.
La decisión del tribunal superior del pequeño estado alemán de Schleswing-Holstein de denegar la extradición de Puigdemont por rebelión, otorgarle la libertad provisional con fianza, y dejar pendiente la extradición por el delito menos grave de malversación, ha causado consternación en Madrid. Bastaba ver el viernes las portadas del ‘ABC’ y de ‘El Mundo’. O escuchar a Rivera quejarse de que la euroorden no había servido para proteger a España de “delincuentes, en este caso golpistas”. El Gobierno reaccionó con más cautela y profesionalidad, pero la procesión iba por dentro.
Ciertamente la decisión —además rápida— ha sorprendido y no era la esperada. Para el mundo del Supremo y de la judicatura conservadora es un duro golpe. Lo que predican como verdad indiscutible —el delito de rebelión con violencia— no es visto así por tres jueces alemanes. ¿Qué ha pasado? La euroorden solo es un mecanismo automático para 32 delitos—entre ellos no el de rebelión— y lo que los jueces alemanes dicen —equivocadamente o no— es que para asimilar el español de rebelión al alemán de alta traición debe haber un fuerte recurso a la violencia que no ven en el caso catalán.
Es también un serio golpe para Mariano Rajoy que, como escribió en El Confidencial Fernando Garea, apostaba a que los jueces liquidaran una generación de líderes independentistas por la acusación de rebelión que automáticamente suponía la exclusiónde todo cargo político. Al menos en el caso de Puigdemont no parece que vaya a ser así.
Pero lo sucedido tampoco era imposible. Muchos juristas españoles y el propio Felipe González habían expresado sus dudas sobre el delito de rebelión y la misma jueza Lamelas no acusa a Trapero, el jefe de los Mossos, de rebelión sino de sedición. Lo que pasa es que el complejo político-jurídico-mediático de la derecha española que —gobierne quien gobierne— tiene mucho poder, tiende a confundir sus conclusiones con verdades indiscutibles y no admite mucha discusión. Pero en esta columna ya he escrito varias veces —en base a encuestas muy solventes— que la opinión pública catalana —mucho más allá del independentismo— estaba en claro desacuerdo con la prisión provisional sin fianza aplicada a los líderes independentistas por el juez Llarena y que incluso los consideraba presos políticos.
Ahora, tras el subidón por la detención de Puigdemont el pasado domingo de Ramos, a la derecha española le llega la depresión. El mundo no es como había imaginado y aseguraba que era. Por el contrario, el independentismo sonríe relajado. Y es que toda la teoría de la rebelión elaborada por el juez Llarena se ha estrellado nada menos que con Alemania. Un prudente político conservador me interpela compungido: ¿cómo puede ser que Angela Merkel no nos ayude?
Europa muestra más realismo ante la crisis española que las élites independentistas y las de Madrid
Pero Europa, que sufre una seria crisis de valores por el alza del populismo, sigue inyectando algo de sentido común en la vida española. En el último trimestre del 2017 los gobernantes europeos dejaron meridianamente claro que no les gustaba ni interesaba la independencia de Cataluña. Sería debilitar a un socio importante de la UE y quizás crear por el efecto imitación algún problema en otros países. Y no se cortaron al apoyar a Rajoy y añadir que pretender tener un mandato popular con el voto del 47% y una mayoría absoluta parlamentaria gracias al sistema electoral era de una insolvencia total.Ahora los tres jueces alemanes vienen a decir que otra cosa muy distinta es que la justicia europea tenga que suscribir —a petición de un juez del Supremo español— su teoría sobre el uso de la violencia. Los jueces alemanes no osan contradecir a Llarena, simplemente le dicen que nada les obliga a interpretar de idéntica manera el uso de la violencia en el delito alemán de alta traición. Punto final.
Lo que sucede es que la decisión alemana va a tener relevantes consecuencias jurídicas y políticas en España. Vamos a las jurídicas. Si finalmente Puigdemont es extraditado solo por malversación, ¿le podrá mantener el Supremo en prisión provisional sin fianza cómo está haciendo con los dirigentes independentistas —empezando por el líder de ERC, Oriol Junqueras— a los que acusa de rebelión? Parece difícil
final, Puigdemont, el principal responsable de la DUI del 28-O, ¿será condenado por malversación a un máximo de ocho años mientras que Junqueras y los otros encausados arriesgarán una pena de 25 por rebelión más otras suplementarias por otros delitos? Parece un despropósito y se comprende la desazón de Llarena y del Supremo ante la decisión alemana. Pero ¿por qué no actuaron con mayor prudencia en su elaboración algo arriesgada del delito de rebelión y por qué no se lo pensaron dos veces antes de querer que los jueces europeos compartieran su criterio? Ya se sabe que, en las cuestiones vidriosas, el derecho brinda tantas posibilidades como doctos catedráticos consultados.
Recurrir al tribunal de Luxemburgo y volver a retirar la euroorden sería una fórmula tramposa para tragarse la derrota
¿Qué pasará ahora con los otros independentistas exiliados en Bruselas o Gran Bretaña? La decisión alemana les puede beneficiar. Y plantear una cuestión interpretativa y prejudicial ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, como parece que considera Llarena, solo sería una forma pretendidamente elegante pero tramposa de volver a retirar —como ya se hizo ante Bélgica— la euroorden y dejar a Puigdemont en libertad para viajar por muchos países. De viaje por Bélgica y Alemania, condenándole de facto —eso sí— a una pena de extrañamiento permanente que solo le impediría entrar en España y ser elegido presidente de la Generalitat. O tomar el sol en la Costa Brava. El 47% de catalanes que votaron separatista en el 2015 y en diciembre del 2017 lo verían como una victoria total. Y agitarían esteladas. Pero ¿y si es lo menos malo que Llarena pueda decidir?
La realidad española es que la Generalitat independentista, apoyada en su mayoría, su TV3, su influencia en los medios y su sintonía con los intelectuales (y publicistas) nacionalistas creía ser el centro del mundo y tener derecho a todo. Bueno, a casi todo, empezando por hostilizar moralmente a los “malos catalanes” que no marcaban el paso. Y algo similar pasa en el Madrid de la derecha política, jurídica y mediática. Peroni la Generalitat independentista ni la Moncloa y sus tertulianos son el centro del mundo. Y aunque Madrid pese más, tampoco puede actuar como si Bruselas o Berlín tuvieran que obedecer a sus criterios. De alguna forma, el poderoso tío europeo lleva meses rebajando las fantasiosas expectativas independentistas. Y esta vez ha hecho lo mismo con los que creían, o querían hacer creer, que el juez Llarena hablaba ‘ex cátedra’. Y el tío europeo se puede equivocar y no es perfecto, pero no está supeditado a ninguna tribu catalana ni española.
Otra cosa son las consecuencias políticas. ¿Cómo operará el relativo éxito de Puigdemont al ser liberado y evitar el juicio por rebelión sobre la estrategia del independentismo catalán? Puigdemont era ya desde hace semanas el profeta y el líder indiscutible de los más forofos, una veintena de diputados de los 34 de JxCAT. Además, recuperada la libertad se disparará de inmediato su prestigio en el electorado independentista y va camino de convertirse en un personaje mundial. Discutido, alabado, o despreciado, pero sus andanzas llevan días en la portada digital del ‘Financial Times’. Por eso, tanto el PDeCAT, la antigua CDC con la que tiene muchas diferencias, e incluso ERC, que querían elegir con rapidez un presidente de la Generalitat para gobernar y normalizar algo la situación, tienen hoy más complicado plantar cara a Puigdemont. Un político sin mucho fondo, pero más correoso y resistente de lo que muchos pensaban. Puede que dentro de poco algún historiador antiindependentista —y progresista— lo compare con Ramón Cabrera, el general carlista. No sería el tigre del Maestrazgosino el del Empordà (Ampurdán), de residencias más distinguidas.
Para Puigdemont lo más fácil ahora es nombrar un ‘president’ “limpio”, como quiere Rajoy, que despache con él cada semana en Berlín
Y la prioridad de Puigdemont —supongo que ahora todavía más— es la de seguirse enfrentando a España. Para él la República proclamada el 28-O sigue viva y lo máximo que contempla —lo repitió el viernes nada más salir de la cárcel— es una negociación entre sujeto políticos distintos. En este esquema el intento de investir de nuevo a Jordi Sànchez —como se intentará esta semana— es perfectamente lógico porque será impedido por Llarena y la crisis catalana seguirá viva y gravitando sobre la política española.
Pero ahora —tras el fracaso de la investidura de Turull— los plazos ya cuentan y si el 22 de mayo no se ha elegido presidente habrá que ir a nuevas elecciones. ¿Qué decidirá Puigdemont, que ha aumentado su poder de vetosobre el secesionismo? Es posible que opte por hacer elegir un presidente de la Generalitat legal que actúe como su delegado en el interior, aunque para ello necesitaría el apoyo de la CUP que ya han dicho que no votarán a Jordi Sánchez y que su único candidato es Puigdemont. ¿Votará la CUP a un candidato “limpio” (sin problemas judiciales), como quiere Rajoy, que Puigdemont marque como el suyo? Es muy posible que sí. Y esta opción no gustará nada a Rajoy porque complicará la vida política y demostrará que su visión simplista de la realidad catalana no era ni la correcta ni la propia de un hombre de Estado. Tampoco a Rivera, que está en una actitud más rígida, pero que también ha quedado tocado por la decisión alemana. Equiparar a independentistas que tienen el apoyo del 47% con los típicos golpistas españoles ha dado votos, pero no soluciona nada. Y menos si la Europa que Rivera predica no quiere encarcelar golpistas. Y Pedro Sánchez podrá consolarse diciendo que tenía razón —que las cosas son más complicadas de lo que piensa la derecha— aunque seguirá con poca potencia de fuego.
Pero no es seguro que Puigdemont opte por una rentable renta fija, nombrar un delegado en la Generalitat que despache con él cada semana en Berlín o en Waterloo. O donde más convenga. Con la alegría que debe de tener tras haber salido vivo de la detención en Alemania y con el entusiasmo de los ‘puigdemontistas’ más alocados, puede apostar por la renta variable. O sea, utilizar los días que quedan hasta el 22 de mayo para, sin elegir ‘president’, ser omnipresente en sus críticas a la España de poca calidad democrática y al final forzar unas nuevas elecciones. Con la esperanza de que el haberse convertido en un personaje mundial y la propaganda continua de la prensa española —atacándole— hagan que el independentismo bajo sus órdenes (¿se negaría ERC entonces a una lista conjunta encabezada por Puigdemont?) consiga una mayoría absoluta más abultada. Y entonces, con más diputados, volver de nuevo y con más fuerza a la carga contra una derecha española desarbolada, un PSOE confundido y un tándem Pablo Iglesias–Ada Colau que se desintegraría.
¿Y si resulta que el Supremo, pretendiendo matarlo, hubiera conseguido encumbrarlo?
Es una idea brillante. Tiene el problema de que quizás los electores catalanes no tengan el optimismo de los puigdemontistas y el separatismo pierda la mayoría absoluta. O quede más reducida. Entonces para el independentismo sería el crujir de dientes, como lo está siendo para Rajoy lo que pasa desde el 21-D. Y todo por no entender que no era inteligente celebrar elecciones catalanas con líderes en prisión provisional sin fianza, a la espera de juicio y planeando sobre sus cabezas, y sobre la imaginación de muchos catalanes, penas de más de 20 años de prisión. Y en Cataluña la protesta a precio tasado —solo un voto— contra lo que es percibido como una injusticia tiene éxito.
La realidad es que el domingo de Ramos, tras la detención de Puigdemont y la posibilidad de que compartiera celda y pena de rebelión con Oriol Junqueras, el resultado del partido era: Estado, 3 – Independentismo, 0. Hoy los tres jueces alemanes hacen que el resultado sea el que Fernando Ónega, el biógrafo de Suárez, usaba el sábado para titular su análisis en ‘La Vanguardia‘: Soberanismo, 1 – Estado, 0.
¿Y si queriendo matar a Puigdemont, los magistrados y fiscales del Supremo lo han encumbrado? Dará guerra.
Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informáticadejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio. La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de “chapuza Lexnet”, que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios. Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que “el responsable de un fichero (…) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado”.
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al “secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet “se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios”.
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia “ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido”.
Ocho días con un sistema vulnerable
No es el único ‘tirón de orejas’ que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que “la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h”, con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo “mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017” y luego “la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente”.
Sin embargo, “el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello “entre las 10:30h y las 11h”. A continuación, “entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario”. Finalmente, “a las 14h “se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó… para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, “a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores”.
“Se accedió a notificaciones, traslado de escritos, demandas, partes hospitalarios…”
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron “las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles”, asegura la AEPD, “como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente”.
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió “al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnetdesde el inicio de su operación”, aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que “el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales”, lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.
Con motivo de preocupantes noticias en Latinoamérica
La reciente detención del ex presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, causa conmoción no
sólo en su país de origen sino en Latinoamérica y el mundo. Debe causarla.
No sólo por la gravedad que trasunta que quien ha sido investido del más alto cargo de un
país termine siendo condenado por hechos de corrupción, deshonrando dicho cargo, sino por la
forma en que resulta encarcelado.
Es bien sabido que la sentencia condenatoria en su contra no se encuentra firme, sino que
sólo ha sido confirmada en segunda instancia, estando pendiente de revisión ante el Tribunal
Superior de Justicia y el Tribunal Superior Federal de Brasil. Sin embargo, una doctrina
jurisprudencial del año 2016 del TSF brasileño, permite que un imputado comience a cumplir la
condena que fuere confirmada en segunda instancia, aún cuando la misma no esté definitivamente
firme. Tal es el caso de Lula.
Nota del editor
Reproducimos este clasificador trabajo del magistrado Pasqual Liaño.
SOBRE EL DELITO DE REBELION
La querella interpuesta por la fiscalía contra los miembros del Govern y
de la Mesa del Parlament parte de dos hechos que parecen
incontestables: por un lado, existió una decisión política de obtener la
independencia de Cataluña, o de avanzar hacia ella, apoyándose en
una mayoría parlamentaria pero al margen de los cauces
constitucionales, acaso por haber concluido que los obstáculos para
conseguir la celebración de un referéndum de independencia dentro de
la constitución son insuperables; por otro lado, se valoró como
imprescindible el apoyo de una “ciudadanía movilizada”. La conjunción
de una estrategia parlamentaria rupturista (es decir, subversiva) con
una movilización en las calles que exhibiese un apoyo social rotundo es
lo que aproxima las conductas llevadas a cabo a una percepción común
de que lo que ha ocurrido es algo parecido a la sedición, entendida esta
palabra en su acepción vulgar. En efecto, se habría decidido utilizar a
las masas ciudadanas como un “arma” o elemento de presión para
conseguir lo que no se puede conseguir legalmente.
Pero aquí es donde se agolpan las preguntas importantes. ¿Cuál es el
límite entre el derecho de manifestación y los derechos de sedición y
rebelión? Es una cuestión de enorme trascendencia, porque traspasar o
no ese límite comporta una pena de entre 8 a 10 años (10 y 15 para las
autoridades) en el caso de sedición, y de entre 15 a 25 en el caso de
rebelión. No puede ser, por tanto, una cuestión de matiz minimalista. Ha
de ser algo perfectamente identificado, visible, constatable. La
imposición de unas penas tan enormes debe descansar, necesariamente, en razones muy convincentes: en caso de duda, la
interpretación ha de ser restrictiva en derecho penal. Es una materia en
la que debemos aproximarnos lo más posible al terreno de las certezas.
Y dentro de ese terreno, hay algo que hasta ahora ha pasado
desapercibido que debe servirnos de punto firme de arranque: la
sedición y la rebelión han de ser algo más que una convocatoria de una
manifestación ilícita para “subvertir el orden constitucional”. Esto no es
una simple opinión personal, sino una conclusión que se desprende del
hecho de que tal conducta está, tal cual, descrita en el artículo 514.5 del
código penal como merecedora de una pena de entre seis meses a un
año. No bastaría, pues, y esto parece indiscutible, con convocar una o muchas manifestaciones (aunque sean multitudinarias) de apoyo a un
referéndum inconstitucional y a la misma independencia unilateral para
que exista sedición o rebelión. Hace falta algo más.
LA IMPOSICIÓN DE UNAS PENAS TAN ENORMES DEBE
DESCANSAR, NECESARIAMENTE, EN RAZONES MUY
CONVINCENTES: EN CASO DE DUDA, LA INTERPRETACIÓN HA DE
SER RESTRICTIVA EN DERECHO PENAL
Movilización ciudadana y alzamiento
Ese algo más se expresa en el código con una palabra
que en España entendemos bien: el “alzamiento”. Esta
palabra se utiliza tanto para describir el delito de
sedición (alzamiento tumultuoso para impedir la
aplicación de la ley) y en la rebelión (alzamiento violento
para derrocar a los poderes constituidos o declarar la
independencia). Quizás hemos discutido mucho sobre
los términos “tumulto” y “violencia”, y se nos ha pasado
la palabra importante: “alzamiento”. Alzarse no es
manifestarse, ni protestar, ni reivindicar con
determinación. Un alzamiento es una insurrección que
pretende conseguir un determinado resultado
subversivo con cierta “inmediatez”, mediante la creación
de una situación insostenible. Por eso un alzamiento
debe ser delito: porque pretende no ya “propugnar”, sino
“obtener por la fuerza” resultados subversivos. No es,
pues, una manifestación multitudinaria (con su inherente
riesgo de incidentes) ni es una manifestación a favor de
objetivos subversivos (art. 514.5). El alzamiento, para
serlo, ha de consistir en un acometimiento como mínimo
intimidatorio, no necesariamente cruento, pero sí de
carácter ofensivo, apto para doblegar(aunque finalmente
no lo consiga) al oponente. Es cierto que, al menos en
la modalidad de sedición, no exige que se programen,
realicen o favorezcan actos inequívocamente violentos,
pero sí al menos debe estar claro que ha de tratarse de
una movilización “dispuesta al uso de la fuerza” si fuera
necesario para conseguir el objetivo, que si no se han
llevado a cabo ha sido bien por haberse logrado el
objetivo sin necesidad de los mismos (es decir, por la
fuerza de la mera intimidación), bien por haber sido eficazmente reprimidos. Eso es lo que convierte la
muchedumbre en “tumulto”. No hay alzamiento si no hay
tumulto o violencia. En realidad las expresiones
“tumultuariamente” (art. 544, para la sedición) y
“violentamente” (art. 472, para la rebelión), como dice el
Tribunal Supremo, no son demasiado diferentes: la
rebelión y la sedición “tienen una misma dinámica
tumultuaria y violenta, existiendo entre ellos una
diferencia meramente cuantitativa en función de los
fines perseguidos”.
Alzamiento y resistencia pasiva
En este difícil mes de octubre no ha habido muertos, ni
invasiones de sedes de la autoridad con acometidas
violentas. Tampoco ha habido una mera manifestación,
como una especie de Diada. Ha habido murallas
humanas, ha habido una estrategia apoyada por miles y
miles de personas tendente a conseguir lo que la ley
prohibía: la disposición de centros electorales para la
emisión y recuento de papeletas. Por eso estamos
discutiendo: si hubiese existido una violencia masiva o,
por el contrario, una mera manifestación autorizada con
pancartas por el Paseo de Gracia, todo estaría muy
claro. Pero los hechos acaecidos nos enfrentan a una
pregunta especialmente difícil: ¿puede considerarse
“alzamiento” una concentración masiva de ciudadanos
en actitud de “resistencia pasiva” (muros humanos,
sentadas, pernoctas en los colegios con autorización de
sus directores, colas deliberadamente densas en los
alrededores de los colegios, masas alrededor de una
sede en la que se practicaba un registro que no se
retiraban pese a las órdenes de hacerlo, etc.)? Es
pasiva (salvo algún coche dañado o algún forcejeo),
pero es resistencia. Y esta es la clave. La resistencia
pasiva, si además es masiva, comporta un cierto elemento de coacción (impedir a la autoridad hacer lo
que podría legítimamente hacer), pero, ¿hasta el punto
de constituir “alzamiento”, “tumulto” o “violencia”? De la
respuesta a esta pregunta depende, en buena medida,
la suerte procesal de los miembros del Govern y de la
Mesa del Parlament.
PUEDE CONCLUIRSE SIN ESPECIAL VOLUNTARISMO QUE EL
PROCESO INDEPENDENTISTA SE DISEÑÓ COMO UN PROCESO
“PACÍFICO” Y NO VIOLENTO PARA LA RUPTURA CONSTITUCIONAL
La querella de la fiscalía, redactada muy inteligentemente, no pasa por
alto un extremo de suma importancia: que los llamamientos a las
movilizaciones incluían expresamente una invocación a su carácter
pacífico. De hecho, puede concluirse sin especial voluntarismo que el
proceso independentista se diseñó como un proceso “pacífico” y no
violento para la ruptura constitucional. Pacífico en los medios, y
rupturista en los fines. La ruptura constitucional es algo muy grave, y
más si se proyecta desde las instituciones, pero puede ser pacífico o
puede ser violento, y esa diferencia es sustancial a efectos penales. La
estrategia no consistía (al menos eso parece) en provocar un
desbordamiento tumultuoso en las calles del que pudiera resultar como
consecuencia “directa e inmediata” la independencia, sino que más bien
consistía en propiciar y exhibir un apoyo ciudadano “espectacular” (el
término aparece en la querella) de una parte de la sociedad, para así
forzar las negociaciones a favor de una referéndum y/o un
reconocimiento internacional.
La querella intenta salvar este escollo (las llamadas a comportamientos
pacíficos) aludiendo a que en realidad tales invocaciones no serían sino
un “eufemismo” para encubrir una incitación para hacer frente, con
empleo de la fuerza, a la actuación de los agentes de la policía tendente
a cumplir la orden de evitar la celebración del referéndum, lo que a su
vez comportaría una incitación a las muchedumbres para intimidar a
dichos agentes, de manera que las manifestaciones podrían en
cualquier momento tornarse violentas. Es decir, la querella plantea la
hipótesis de que los convocantes y los ideólogos del plan soberanista
contaban con que, en un momento dado, se podría activar el germen
violento de la movilización ciudadana a modo de golpe de gracia,
siguiendo la máxima de Marx según quien la violencia es la partera de
la historia. Sobre esta consideración es sobre la que la Fiscalía
fundamenta la posible calificación de los hechos como rebelión o, al menos, sedición. Esta conclusión está basada en un relato coherente e
inteligente, necesario para construir dicha imputación, que va
entrelazando los actos parlamentarios con las manifestaciones
populares debidamente alentadas por los querellados, y que
desemboca en la siguiente conclusión: “no se buscaba sólo apoyo
ciudadano, sino una movilización popular como medio intimidatorio y
violento para conseguir el fin secesionista”. Este argumento,
ciertamente, puede servir para una querella. Pero para que pudiera
justificar una condena por rebelión o sedición sería preciso que a lo
largo del proceso, con elementos de convicción suficientes, se probase
que la estrategia incluía una “disposición al uso de la fuerza”, es decir,
la conversión de unas concentraciones de apoyo y/o resistencia pacífica
en un alzamiento popular dirigido a imponer por su propia fuerza la
independencia.
Tiempo habrá en el proceso para discutir estos extremos. La fiscalía ha
usado brocha gorda para construir las imputaciones. Ahora el pincel,
por la propia dinámica de las garantías del proceso penal (que existen,
digan lo que diga un abogado belga), se irá afinando. Las querellas
disparan sin mirilla de precisión, pero luego un árbitro debe valorar
cuáles son las dianas, y en cuales queda constancia clara de haberse
disparado. Es la lógica del proceso penal: intervención mínima,
interpretación no extensiva, y presunción de inocencia.
Volvemos así a lo que dijimos al principio. La calificación de los hechos
como rebelión y sedición no puede montarse como un salto en el vacío.
Ni debe ser el resultado de un empeño voluntarista. Tampoco puede
basarse en la gravedad de lo pretendido por las autoridades que
pusieron su cargo espuriamente al servicio de una independencia
imposible. Eso puede ser desobediencia, prevaricación y malversación
de fondos públicos, pero para que la mano entre en el guante del tipo
penal tanto de la rebelión como de la sedición, ha de encontrarse el
dedo al que podamos llamar con convicción “alzamiento”, y no será fácil
calificar como “alzamiento” a unas concentraciones multitudinarias
determinadas a no pasar de la resistencia pasiva, si no se prueba que
se contaba con que de la resistencia pasiva se pasaría a la ofensiva, y
que había disposición para ello: no es una cuestión banal.
AUTOR
Miguel Pasquau Liaño
Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es magistrado, profesor de
Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado
más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog “Es
peligroso asomarse”.
GILLES BOUTIN Y ALEXANDRE DEVECCHIO / LE FIGARO
Íñigo Errejón, Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, ha vuelto desde hace unos
meses a la primera línea política. La semana pasada le entrevistaron en Le Figaro* para abordar la situación
de la izquierda en España y en Europa. Un repaso a toda la situación política y social actual que abarca desde
el ‘populismo’ hasta las revoluciones y conquistas sociales, reivindicando la importancia del “orden” como
una idea inseparable de la lucha contra las desigualdades.
Hay todo un conjunto de fenómenos nacionales que se está produciendo en Europa. Tenemos que tomar
esto en cuenta para comprender lo que está pasando: en todo el continente, y especialmente en la Europa
del sur, vivimos un ‘momento populista’. Es una reacción al hecho de que los actores políticos y económicos
tradicionales han dejado de integrar o de encarnar las necesidades de la mayor parte de la población para
preservar las necesidades del sistema. Hoy en día, aunque la mayor parte de los países europeos hayan
mantenido sus gobiernos, asistimos a una crisis profunda de horizontes. Esta crisis se expresa
esencialmente a través del sentimiento que experimentan muchos europeos de estar abandonados sin ningún tipo de protección. El proyecto europeo tal y como lo hemos conocido ha fracasado porque no ha
logrado suscitar la suficiente tranquilidad, confianza y adhesión en el grueso de las poblaciones europeas.
En todas partes, frente a la política de desregulación a la que se entrega una élite cosmopolita (que es una
verdadera ley de la jungla que consiste en decirle a los privilegiados que pueden hacer lo que quieran y ganar
cada día aún más dinero) se escuchan voces que reclaman que el Estado vuelva a hacerse responsable de
los ciudadanos. Hay mucha gente que exige que las ideas de comunidad y pertenencia se refuercen, y que
eso se traduzca en un reequilibrio de los derechos y obligaciones que rigen una sociedad. Este contrato, el
pacto social que sale de la II Guerra Mundial, está en nuestros días roto. Las minorías privilegiadas,
situándose por encima de todo control democrático, han contribuido a esta ruptura. Esto es lo que
caracteriza el “momento populista” que atraviesa hoy Europa. Añadiría que Dani Rodrik, un economista
progresista, ha recordado recientemente en el New York Times hasta qué punto el New Deal en Estados
Unidos fue percibido en su época como un movimiento o incluso una “pulsión” populista.
Existe cada vez más la impresión de que hay un divorcio entre
el país real y el país oficial. El país real reclama que las
instituciones vuelvan a estar a su servicio, y que vuelvan a
estar bajo su control. Exige políticas adecuadas para el
conjunto de la población, y por tanto que se creen lazos
nacionales (laxos pero extensos) que sustituyan a la pertenencia de clase. El país real agrupa a la inmensa
mayoría de los perdedores de las políticas llevadas a cabo estos últimos años, que permanecen unidos en
cuanto pertenecen a una comunidad nacional. El populismo, en cuanto forma política, depende de la
genealogía de un pueblo; esto es, de la definición que le demos. En los populismos democráticos o
progresistas el pueblo no es una comunidad identificada por una esencia, prisionera de la historia, sino que
reposa en una adhesión cívica renovada de forma permanente. Somos españoles, franceses o italianos
porque decidimos serlos. Reconocemos que compartimos un pasado común, pero que, por encima de todo,
tenemos un futuro común que compartir. Pertenecer a un pueblo tiene que ver con una decisión cívica que
debe renovarse continuamente. No es algo cerrado, no depende de la raza, del nombre o del lugar de
nacimiento. Por el contrario, las construcciones populares o populistas de signo reaccionario se refieren a
una forma de identidad esencial y fija en la historia. En ese caso, el pueblo está cerrado, ya está constituido
para todo el mundo, lo quiera o no.
En el primer caso el pueblo se piensa dentro de la idea republicana de construir una comunidad de
trascendencia, de gente que pertenece a algo más que a su propia individualidad. Como el pueblo no existe,
su construcción es una batalla cultural y política permanente, inseparable del pluralismo político y del
equilibrio institucional republicano. En el segundo caso, todo lo que tiene que ver con el pluralismo político
y los contra-poderes se convierte casi en una molestia. Es la diferencia fundamental que divide en dos la
pulsión populista que atraviesa Europa. Hoy en día en Europa la cuestión central es: ¿hacia qué tipo de
populismo se inclinarán los países? ¿Hacia un populismo democrático, preocupado por la mejora del
gobierno y respetuoso de las instituciones republicanas, o hacia un populismo reaccionario que ponga a
luchar a los perdedores de la crisis contra aquellos que son aún más perdedores? Esa es la batalla política de
nuestra época.
“El país real reclama que las
instituciones vuelvan a estar a su
servicio, y que vuelvan a estar bajo
su control”
Las últimas elecciones italianas han sido testigos del éxito de dos fuerzas políticas: los populistas del
Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte. ¿Cómo analiza usted la política italiana y el triunfo de
estos dos movimiento? A mi modo de ver la primera lección se encuentra en la suerte que han corrido las formaciones políticas
sumisas al diktat de Bruselas, ese poder que sólo es indirectamente democrático. En segundo lugar es una
reactualización de la idea según la cual las personas normales ya no están protegidas y son dejadas de lado
por las élites políticas y económicas tradicionales. Esta idea ha tomado un cariz claramente conservador y
reaccionario que es muy preocupante en el voto a Matteo Salvini. Al lado de esto, el Movimiento Cinco
Estrellas ha sabido jugar sobre diferentes tableros. Su programa contiene propuestas progresistas en
términos sociales y, al mismo tiempo, propuestas claramente regresivas en materia de derecho penal o
inmigración.
En Italia se dibuja un escenario de transición: el sistema actual no va a durar. Lo que ocurre actualmente es el
resultado de la desaparición de los grandes partidos políticos italianos y vamos a asistir a la lenta
formación de otro sistema. La cuestión fundamental es identificar quién sabrá verdaderamente
preocuparse de esta sensación que tienen muchos italianos e italianas de estar abandonados o sentirse
maltratados por el sistema político tradicional. Pero esta cuestión no es solamente italiana, sino que está
presente en toda Europa. E, insisto, muy particularmente en los países del sur sobre cuyas espaldas pesa la
carga de una línea político-económica de austeridad acusada totalmente absurda.
Que contrariamente a la idea, de origen liberal (muy corriente también en la izquierda), según la cual la
historia sería lineal e iría siempre hacia delante, hacia un mayor grado de progreso, las grandes
movilizaciones tienen más bien vocación de defender conquistas sociales, instituciones o derechos pre-
existentes, antes que a conquistar nuevos. Por supuesto que también existen movilizaciones para reclamar
nuevos derechos, pero pienso que la mayoría de las movilizaciones que más han triunfado son aquellas
donde hay una ruptura entre lo que se obtiene y a lo que la gente piensa que tiene derecho. Es decir, una
ruptura entre lo que se espera y lo que se produce realmente. Y esto aparece de una manera aún más cruel
cuando los que tienen las riendas de un país se muestran incapaces de satisfacer las esperanzas que ellos
mismos han hecho crecer.
Esto significa que en política es siempre más fácil defender
que atacar. Hablo de defender instituciones, derechos,
conjuntos jurídicos de los que la población se siente
legítimamente heredera porque ya ha evaluado los beneficios que le comportan, antes que batirse por cosas
nuevas. Incluso las utopías más avanzadas en términos de reparto de la riqueza y del poder político se han
apoyado siempre sobre mitos o confesiones que ya existían en el imaginario y en la cultura popular. Me
refiero, por ejemplo, a la similitud entre ciertas metáforas obreras o socialistas e ideas profundamente
enraizadas en el pensamiento cristiano. Un cierto pensamiento liberal se ha autorizado demasiado a creer
que el progreso debía ser lineal, sin lazos con el pasado. Ahora bien, cuando apelamos a sentimientos,
ideas, prejuicios o mitos que están ya en el imaginario colectivo, entonces incluso las revoluciones más
rupturistas se vuelven posibles. Las revoluciones son siempre una negociación con el pasado, incluso cuando
quieren hacer tabla rasa con lo que las ha precedido.
Yo no creo que haya una dicotomía entre el progresismo y el conservadurismo. El neoliberalismo ha
implicado en todas partes una desorganización masiva de los modos de vida y de los proyectos de vida de la
Usted defiende habitualmente la idea de que las revoluciones son también momentos conservadores.
¿Qué quiere usted decir con esto?
“Las revoluciones son siempre una
negociación con el pasado”
¿Por qué las fuerzas progresistas deberían apropiarse de las aspiraciones conservadoras?
implicado en todas partes una desorganización masiva de los modos de vida y de los proyectos de vida de la
gente. Los jóvenes tienen dificultades para planificar su futuro o para fundar una familia porque se ha
hundido la vieja idea de la meritocracia. El desequilibrio es tal que en nuestros días, mucho más que en la
época de nuestros padres, ser privilegiado desde la cuna asegura casi con certeza un futuro cómodo,
mientras que nacer en un entorno modesto predestina a un futuro como mínimo complicado.
El neoliberalismo ha provocado una desorganización masiva
de nuestros países en todos los niveles. La gente ya no puede
proyectarse y ha sido despojada de toda identidad sólida
proveedora de certidumbres, de ese sentimiento de pertenecer
a algo más grande que uno mismo. Nuestras pertenencias
sociales están altamente fragmentadas y quebradas. Frente a esta desorganización que no beneficia más
que a una ínfima minoría, el mayor cambio que puede haber es el del orden. Poner orden significa recuperar
nuestras antiguas certezas, aquellas sobre las que nuestros padres y madres se construyeron. Esto no
impide poner en cuestión la forma patriarcal de la sociedad que, evidentemente, es muy discutible.
Pero al mismo tiempo nadie puede imaginarse un retorno puro y simple a los tiempos del Estado del
Bienestar, porque no todas las políticas que se pusieron entonces en marcha funcionarían ahora. En este
momento la búsqueda de nuestro bienestar no puede basarse únicamente en nuestra relación con el trabajo
asalariado. Tiene que pasar también por mecanismos de redistribución de una parte de la riqueza creada
cada vez con menos trabajo a causa de la digitalización y de la robotización. Nos hacen falta políticas
públicas diferentes con el mismo objetivo: recuperar la capacidad del orden y de la estabilidad para la gente
normal. Los privilegiados tienen relaciones, tienen dinero y tienen la capacidad de ejercer la violencia. Así que
nadie necesita más del orden, de la ley y de las instituciones que las personas modestas.
Es un error de las fuerzas progresistas haber dejado a los conservadores el monopolio de la idea de orden,
de estabilidad social y de continuidad. Porque, en mi opinión, este orden es inseparable de la lucha contra las
desigualdades sociales.
Las sociedades más desiguales económicamente son las menos eficaces, las menos productivas en
términos de creatividad social y las más conflictivas desde el punto de vista democrático. Esto significa que
las sociedades más ordenadas son aquellas en las que prevalece un ideal que se parece mucho al ideal
republicano francés. Es el orden entendido en el sentido de comunidad. Una comunidad espiritual de
destino, de ciudadanos que saben que pertenecen a algo más grande y más viejo que ellos mismos, y que
desean conservar. Gracias a esta voluntad nacen instituciones que permiten articular una comunidad de
hombres libres e iguales, garantizar la buena organización del territorio, garantizar que exista una escuela
pública que asegure la igualdad de oportunidades, asegurar una sanidad pública para todo el mundo o que
existan acuerdos sociales en el ámbito del trabajo. En suma, es gracias a esta voluntad como puede nacer un
Estado responsable y emprendedor que asuma la misión de desarrollar el conjunto de la fuerza productiva
de un país. El liberalismo ha tejido una serie de mentiras que han sido particularmente perniciosas. Nos han
dicho que todo proyecto colectivo es una utopía sistemáticamente condenada a transformarse en
totalitarismo. Es mentira: la Constitución de los Estados Unidos comienza afirmando We, the people, y no
Nosotros, los individuos. Enuncia un horizonte, una comunidad de pertenencia trascendental. Porque sin
trascendencia no hay sociedad. Nos han dicho también que hacía falta primero pensar en uno
mismo para triunfar en la vida, dejando de lado toda
solidaridad cívica, toda cohesión y cooperación. Esto ha
destruido y empobrecido nuestra sociedad. Hay que recuperar
estas nociones de pertenencia y comunidad a través de
instituciones democráticas y de la soberanía popular.
En cuanto a los símbolos nacionales no me parece que haya que demonizarlos ni dejárselos a la extrema
derecha, en parte porque las naciones se forman como conjuntos democráticos frente a los defensores de
los privilegios. En el corazón de la nación se encuentra una voluntad democrática. Por el hecho de nacer aquí
y de vivir juntos, somos iguales en derechos. En una época en la que los centros de trabajo ya no son
proveedores de identidad y donde la suma un tanto disparatada de identidades fragmentadas suministradas
por las redes sociales y la sociedad de consumo ha mostrado sus límites, la gente experimenta un cierto
deseo de pertenencia. La gente necesita que la identidad encontrada se integre en una sociedad que se
preocupa por sus miembros, tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin una idea fuerte de bien
común, tenemos la pulverización y la atomización aseguradas.
Hay algo potencialmente popular y democrático en la reunificación de las pertenencias nacionales, con dos
matices: 1) el pueblo no es una comunidad de esencia sino un proyecto en construcción perpetua dirigido
hacia el futuro, cívico y no romántico, 2) hacen falta instituciones para conservar, proteger y mantener el
pluralismo político. En estas condiciones podemos hacer la apuesta de una renovación europea, de un New
Deal verde, puesto que la transición energética y ecológica de nuestras economías es también necesaria.
Pero esta Europa no podrá construirse más que a partir de un retorno a la soberanía popular.
* Traducción de Guillermo Fernández
Barcelona 30 MAR 2018 – 15:23 CEST
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toda Europa para, por ejemplo, diseñar tratamientos a medida para enfermedades como el cáncer
La ciencia y la religión parecen haber hallado un lugar de encuentro en el barrio de Pedralbes de Barcelona. Allí, en el Centro Nacional de Supercomputación, una capilla acoge al superordenador más potente de España: el Mare Nostrum 4. La imagen del ultramoderno superordenador acristalado en el interior de un templo, enmarcado por
arcos, columnas y vidrieras, le ha valido el título de la supercomputadora más bonita del mundo, concedido por la plataforma global de información sobre centros de datos Datacenter Dynamics y elegido por el público formado por profesionales de la
industria. El lugar impresiona: un vestíbulo de cristal se superpone al exterior de la fachada de la capilla y, al entrar, la recepción de seguridad y unos tornos recuerdan que
lo que pisas ya no es suelo divino —la capilla fue desacralizada en 1985—. El interior está delimitado por una caja de vidrio que abarca el espacio central. Dentro, en lugar de bancos y un altar, hay decenas de armarios de metal negros cada uno del tamaño de un frigorífico: son las estructuras que almacenan los procesadores.
