Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual

Publicado originalmente en El Pais

EL PAÍS reúne a economistas y juristas para analizar los efectos de la norma sobre la temporalidad, la destrucción de empleo o los salarios. Todos coinciden en que no ha acabado con la precariedad

MANUEL V. GÓMEZ

Madrid 2 FEB 2019 – 21:21 CET

Ya han pasado siete años desde que se aprobó la reforma laboral. Y su protagonismo no cede. Los sindicatos han convocado el viernes un acto para exigir al Gobierno que derogue varias partes. Enfrente, CEOE rechaza esa demanda. El Ejecutivo coquetea una semana sí y otra no con cambiarla. Solo su debilidad parlamentaria lo evita: Podemos empuja y PDeCAT rebaja la ambición de Pedro Sánchez. El PP y Ciudadanos rechazan tocarla.

Pero, ¿cuáles son las consecuencias que sigue teniendo aquel decreto ley del 11 de febrero de 2012? ¿Fue el acelerador del desplome en plena recesión o el bálsamo laboral para cinco años de crecimiento del empleo? ¿Está detrás de la devaluación salarial y la pobreza laboral? ¿Ha agilizado la negociación de convenios o la ha destrozado? ¿Ha permitido el deterioro de condiciones laborales de colectivos como las kellys? ¿Ha resuelto la alta precariedad?

Hay pocos consensos, ni siquiera en la academia. EL PAÍS reunió el miércoles a cuatro estudiosos del mercado de trabajo español, dos economistas: la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares Gloria Moreno y el investigador de Fedea Florentino Felgueroso; y dos juristas: el profesor de Derecho del Trabajo de la Complutense Jesús Lahera y el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz. Coinciden en que la reforma laboral no ha acabado con la precariedad. Discrepan sobre si lo pretendía o no. Hay algún otro punto en común: “Fue desequilibrada”, señalan, aunque con matices. Lahera y Felgueroso la ven “necesaria”.

A la hora de evaluar lo sucedido, los dos economistas subrayan la dificultad por las coyunturas extremas en que se ha desarrollado: se aprobó en febrero de 2012, en plena segunda recesión, en un año en que se destruyeron casi 800.000 empleos. En 2013 comenzó una recuperación de empleo que ya dura cinco años. “Es difícil saber qué parte del proceso de destrucción y creación de empleo corresponde a la reforma [y cuál a la coyuntura económica]”, advierten Felgueroso y Moreno.

“Con bastantes reservas”, señala esta última, “sí que puede decir que hay un deterioro. La precarización se extiende y aumenta las desigualdades”.

Desde el Derecho, Lahera defiende la reforma porque “había que reaccionar ante una crisis tremenda dando a las empresas instrumentos de adaptación y ahí creo que tuvo éxito”. Su colega Cruz Villalón es más crítico: “Conviene no olvidar cómo se efectuó: sin concertación ni con la parte sindical ni con la empresarial”.

En un tema sí coinciden: “Es el momento de dejar de hablar de 2012 y empezar a hablar del futuro, de cómo se regula el mercado laboral”.

Precariedad.
Ni la creó ni la solucionó
La exposición de motivos dice con claridad que uno de los objetivos de la reforma era “reducir la dualidad laboral”. No lo ha conseguido. Al principio, la destrucción de empleo se cebó con los eventuales y la tasa de temporalidad cayó al 22% a comienzos de 2013. Ahí comenzó a remontar el mercado laboral y con él, este tipo de empleo inestable. 2018 acabó con un 27% de temporales, una de las tasas más altas de Europa.

Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual
Más discrepancias hay sobre si realmente lo pretendía. “No lo pretendía”, asume el jurista Lahera. “Explícitamente, sí; pero en las medidas que se adoptaron, no”. “Eso es discutible”, responde el otro jurista, Cruz Villalón. Señala a la teoría que dice que al reducir los costes del despido de trabajadores fijos —algo que sí hizo la reforma— se desincentivan los contratos temporales. “Mi conclusión es que no ha incidido sobre la temporalidad”, concluye.

La profesora Moreno sí cree que terminar con la dualidad/temporalidad era un objetivo. En cambio, apunta que “hay medidas que han potenciado algo el trabajo a tiempo parcial o que los contratos sean más cortos”. En 2018, casi seis millones de contratos, el 27% de los que se firmaron en España, duraban menos de una semana.

—¿Pero eso es nuevo?— pregunta Felgueroso, investigador de Fedea.

—Es estructural, pero entonces podemos decir que la reforma no ha conseguido modificarlo— responde Moreno.

Los cuatro participantes coinciden en que la precariedad laboral, especialmente por la temporalidad, llegó al mercado de trabajo español en los años 80 y se quedó. Después ninguna reforma ha logrado resolver el problema. La incidencia de la última es, para Felgueroso, nula o escasa: “Los contratos cada vez son más cortos, pero esto comienza antes de la reforma laboral. Probablemente se explica por otras causas, como el cambio técnico y económico”.

“Esto nos lleva el futuro. Cuando uno habla de reforma laboral tiene que pensar en esta tendencia para las próximas reformas”, continúa. “Todo esto está cambiando muy rápido y está relacionado con temas tecnológicos que permiten contratar muy fácilmente para tareas específicas, incluso para unas horas o unos días. Es lo que tenemos encima, lo que está pasando con Uber. Está pasando en EE UU sin reforma laboral”.

“En la temporalidad, no se cogió el toro por los cuernos”, expone Cruz Villalón y alude al distinto trato que merecen los empresarios que contratan de forma temporal por necesidad o de forma fraudulenta. Con un punto de cansancio, este catedrático comienza diciendo que “no hay que mirar al pasado, hay que ver cuál es la situación actual. Tenemos excesiva obsesión con la reforma de 2012”. Hecha esta declaración de intenciones, continúa: “Tiene que llegarse a un consenso: hay que tratar de forma diferente al empresario que necesita temporalmente a un trabajador del que recurre a la contratación eventual para cubrir un puesto permanente”.

También mirando a cómo reducir los niveles de precariedad, Lahera propone que se restrinjan las posibilidades de contratar trabajadores eventuales a media jornada que, posteriormente, puedan hacer horas extra. “No puede ser que se mezcle contrato temporal con flexibilidad horaria. Entonces estamos ante un trabajador doblemente precario y pobre”.

Negociación colectiva
Diferencias en la estructura
Si algo está abierto ahora en las diferentes negociaciones que tienen en marcha el Gobierno y el PSOE para retocar la reforma de 2012, es este punto: la primacía del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa. Desde hace décadas, buena parte de las reformas laborales que se han hecho en los países desarrollados han ido en la línea contraria, darle más peso a las negociaciones en las empresas. La teoría viene a decir que esto reduce el poder de los sindicatos en favor de las empresas.

Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual
La presión sobre España desde organismos internacionales para que siguiera esa tendencia y limitara la prórroga automática e indefinida de los convenios que no se renovaran dio sus frutos hace siete años. Se hizo. Pero las cifras siguen diciendo que los convenios sectoriales dominan la negociación colectiva: solo el 8% de asalariados tiene sus condiciones laborales reguladas por los pactos en las empresas y, además, la tasa de cobertura (el porcentaje de trabajadores del sector privado amparados por algún tipo de convenio colectivo) se mantiene alrededor del 90%.

“Yo calificaría de bueno que haya una alta tasa de cobertura de la negociación colectiva y que los convenios se sucedan sin situaciones traumáticas”, señala Cruz Villalón, también presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, designado por el Ministerio de Trabajo. “Los efectos han sido reducidos y los pocos que hay son perniciosos”, continúa en relación con las llamadas “empresas multiservicios”. En los últimos años, han proliferado empresas que prestan diferentes servicios que firman convenios de empresa en los que rebajan las condiciones pactadas en los sectores entre patronales y sindicatos aprovechando este cambio de la reforma laboral: camareras de piso (las kellys), guardias de seguridad, limpiadoras… han sido alguno de los colectivos que han sufrido esta situación.

“En un país en el que el 90% de la negociación colectiva se desarrolla en los sectores, entre patronales y sindicatos, es necesario que haya espacio para la negociación de empresa”, argumenta Lahera, que propone evitar los excesos con límites a estos pactos en la subcontratación de servicios o limitar la negociación empresarial a empresas de más de 50 trabajadores. Pero, en lo esencial, defiende la norma actual.

Responde Cruz aportando datos de una encuesta de hace unos años del Ministerio de Trabajo que revelaba que el 70% de compañías que no recurrían al convenio empresarial no lo hacía porque estaban cómodas con el sectorial.

Para Felgueroso, el problema no está en las cifras o la estructura. Su problema acerca del diseño legal de la negociación colectiva está en la representatividad de quien negocia los convenios. “Las cifras de afiliación a los sindicatos son pequeñas”, señala. Admite que “es injusto hablar siempre de los sindicatos, porque son de los pocos que tenemos datos”. “La gran cuestión es la transparencia de las patronales”, continúa. “Yo mantendría la estructura actual como está siempre que tuviera más confianza en qué representan los negociadores”.

Devaluación salarial
Cambios legales o subempleo
La creación de empleo de los últimos años se ha visto oscurecida por la debilidad de los sueldos. La desigualdad y la pobreza laboral han emborronado los espectaculares números de la recuperación. Los números de la OCDE apuntan que el 15% de trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza. Y la EPA de 2017 revela que algo más de tres millones cobran unos mil euros al mes o menos. Entre ellos hay muchos trabajadores a media jornada.

Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual
“En algún momento la devaluación salarial podía considerarse incluso necesaria para incentivar la competitividad. Además, la inflación llegó a ser negativa y no tenía sentido hablar de subidas salariales”, explica la profesora Moreno. La profesora reitera su poca fe en que los cambios legales corrijan por sí mismos los problemas del mercado laboral sin cambiar también la política industrial o educativa. “Esto es la estructura productiva y la poca productividad de los sectores que tiran de la economía. Ahí tendría que haber una acción coordinada”, apunta.

“Hay que tomar medidas que corrijan los excesos de la devaluación salarial”, señala Lahera. “La reforma fue excesiva en la modificación sustancial [y unilateral] de condiciones laborales. Eso lo han aprovechado las empresas para hacer ajustes de forma excesiva. Y ahí hay que poner límites, que a partir de un tanto por ciento no pueda reducirse más la masa salarial”, propone.

Para Felgueroso “es un poco injusto hablar de devaluación salarial para explicar lo ocurrido con los salarios en los últimos años”. La debilidad de los sueldos, argumenta, está muy vinculada a los altos niveles de paro, que llegó al 27%. Esto, en teoría, significa que hay mucha gente dispuesta a trabajar por sueldos bajos; añade el subempleo (trabajar menos horas de las que se puede y desea), que tiene el mismo efecto; también suma las nuevas contrataciones de jóvenes y las de quienes perdieron su trabajo y encuentran otro con salarios mucho más bajos. “En la negociación colectiva ha habido una moderación”, zanja. Es decir, no ve una relación directa y significativa entre la reforma de 2012 y la debilidad de los sueldos.

La visión de Cruz Villalón es otra. “En el momento de la reforma, España tenía un grave problema de competitividad. Esto exige actuar sobre las rentas. Por eso la reforma tiene un impacto en la devaluación salarial, pero lo más preocupante no fue recuperar competitividad sobre la base de los salarios sino que el reparto de sacrificio fue desequilibrado. Un reparto equilibrado hubiera sido más comprensible y creo que incluso más beneficioso para la economía”. Y critica que se “fomente el empleo de baja retribución y no se incentive la productividad… Tenemos que actuar no solo con medidas laborales, también con políticas industriales”.

Introduce así el tema de la productividad. “Es un problema estructural, no se resuelve solo con una ley”, abunda la profesora Moreno. Felgueroso matiza: “Me pregunto qué hacen las instituciones para no suba la productividad”. En este punto, Lahera propone “un modelo de contratación indefinida claro, que va a facilitar más la productividad y conectar la participación en beneficios con los salarios, con mecanismos que impliquen a los trabajadores”.

Despidos
El foco de los titulares
El abaratamiento del coste del despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33, la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos y la creación de elementos objetivos que justificaban los ERE fueron los elementos más polémicos en los primeros compases de la reforma. Con el tiempo, han perdido protagonismo. Los jueces han ido marcando el camino y dejando claro que no son meros notarios que dan fe de los despidos.

Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual
“No tenía sentido que las extinciones de contratos se hicieran por la vía improcedente. Creo que ha tenido un resultado positivo. Tal vez ahora es el momento de plantearse si la diferencia entre un despido justificado y otro que no es demasiado estrecha. Hay que ir a modelos con diferencias mayores: reducir la indemnización por despido procedente a menos de días 20 y ampliar la del improcedente a más de 33, para incentivar más el primero. Pero creo que las estructuras actuales se deben mantener”, defiende el profesor Lahera.

Cruz Villalón es más crítico: “La reforma se hizo sabiendo lo que se quería quitar pero sin saber qué alternativa se iba a poner. Eso provocó una tensión importante en la primera fase de la reforma”, dice, en referencia a las sentencias que anularon bastantes despidos colectivos hace seis y siete años. “Creo que se ha recompuesto la situación, aunque quedan algunos flecos. Convendría convertir el periodo de consultas en un periodo de negociación real en el que no solo se hable del coste del despido sino de recolocación de los afectados y su reciclaje profesional”, dice.

Al hablar de costes del despido, reitera su propuesta de “abordar la indemnización al acabar el contrato temporal. Aquí habría que establecer dos polos opuestos: al que usa la temporalidad justificadamente no se le debería penalizar, llegando incluso a eliminar la indemnización [ahora en 12 días por año trabajado] y al que la utiliza indebidamente, se le debería sancionar con castigos que sean un revulsivo real”.

Moreno también acaba escorándose a la temporalidad: “En los estudios sobre los incentivos parece que los costes del despido sí que son determinantes. Acercar lo que cuesta despedir a un indefinido y la indemnización de los temporales puede tener un efecto beneficioso”, advierte con “toda reserva”. Y cierra con un dato preocupante: “Estamos viendo que los contratos indefinidos muchas veces no son tal. El 60% se rescinden antes de los dos años”.

Para analizar este punto, Felgueroso coge el testigo de Cruz Villalón: “Dice Jesús que sabíamos lo que queríamos quitar, pero a mí me gustaría actualizarlo. Mi temor, cuando ahora se habla de contrarreforma o derogación, es pensar que se tiene que volver a la situación de 2012. Ese no es un escenario reproducible”, analiza, “y no solo en los despidos”.

“La reforma fue muy desequilibrada. Dio mucha flexibilidad, pero poca seguridad, porque al poco tiempo hubo recortes en políticas activas”, subraya. “Y ahora seguimos desequilibrados. En un contexto de cambio técnico, la formación para el empleo es muy importante para afrontar todo lo que se nos viene encima. De esto es de lo que tendríamos que estar hablando. No tanto de si el despido es de unos días más o menos, que creo que, en mi opinión, ya ha perdido cierto interés”.

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Opinión del editor (02/02/2019)

El cardenal de Madrid se hizo famoso por publicitar que María Santísima iba a hacer huelga en solidaridad con mujeres que protestaban por las situaciones que padecían en muy distintos ambientes. También se hizo famoso en ambientes católicos españoles por apuntarse al estilo y carro del actual Papá. Periodista hay que no se harta de decir que el arzobispo de Madrid es el Francisco español. Hay gente daltónica. Famoso ha sido este alto clérigo por haber cerrado su catedral como lugar del enterramiento del anterior jefe del Estado. Eufemismo para no decir el Generalísimo. Bueno pues según la prensa, incluida la católica, este caballero ha prohibido que se exhiba el documental ‘Gaza” en una parroquia de su jurisdicción y sometida a su poder. Por ser pornográfica?. No. Por ser desusada mente defensora de la violencia?.No. Por defender el islamismo radical y terrorista?. No. Entonces, por qué?. Por presiones de la comunidad judía de Madrid. Los palestinos masacrados y aherrojados por Israel, destrozados como grupo humano no cuentan. No puede presionar a un príncipe de la Iglesia que dice que es el Francisco español. Ningún obispo español le llega a este Papa a la altura del betún. Para eso haría falta que tuvieran algunas glándulas que Bergoglio demuestra tener.

Alberto Revuelta

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Publicado originalmente en El Pais

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Los fiscales podrán consultar la titularidad real de las empresas

Publicado originalmente en El Diario de Sevilla

La fiscal general del Estado, María José Segarra, suscribe con el colegio de registradores de la Propiedad una adenda al convenio por el que se habilita este nuevo servicio

La información es clave en investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo

Los fiscales podrán consultar la titularidad real de las empresasLos fiscales podrán consultar la titularidad real de las empresas
Los fiscales podrán consultar la titularidad real de las empresas / F. G. E.

JORGE MUÑOZ
23 Enero, 2019 – 12:55h
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La Fiscalía General y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España amplían su colaboración con una adenda al convenio suscrito entre ambas partes por el que se habilita el servicio para consultar las titularidades reales de las empresas.

Por medio de esta adenda, el Ministerio Fiscal accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

Así, los órganos del Ministerio Fiscal podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha destacado que se trata de “un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales” y ha recordado que la cooperación con los registradores se remonta al año 2006, primero con la Fiscalía Antidroga, luego con la Fiscalía Anticorrupción y más tarde con el resto de la Fiscalía General.

La adenda del convenioLa adenda del convenio
La adenda del convenio

Por su parte, la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán García, ha agradecido el trabajo de los fiscales en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad: “Sois el cimiento de un Estado de derecho”, ha dicho.

Con esta firma la duración del convenio se extiende por un periodo de cuatro años, pudiendo prorrogarse por otros cuatro años más previo acuerdo por escrito de las partes.

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Opinión del editor (31/01/2019)

¿Es legalmente presidente del PP el señor Casado?. Sí. ¿Es legítimamente presidente de PP el señor Casado?. Sí. ¿Por qué?. Por haber resultado elegido mayoritariamente según las reglas de su organización. ¿Y el señor Rivera, lo es de Ciudadanos?. Sí. Por la misma razón. Entonces ¿por qué estos dos caballeros y algún alter ego suyo declaran como ilegítimo e (en algunos lapsus) ilegal el hecho de que el señor Sanchez sea presidente del gobierno de España habiendo realizado los trámites que la norma constitucional predetermina cuando se presenta una moción de censura ?. Porque ninguno de los dos ambos son presidentes del gobierno de España. ¿Y porque consideran que no todos los diputados elegidos por los ciudadanos iguales ante la ley, tienen la legitimidad y la legalidad para votar en el Congreso lo que consideren mejor para sus intereses políticos y el bien común?. Porque no son España. Y ¿ quienes son ellos para decidir así?. El alma y el corazón de la España inmortal. Los que no pensamos como ellos, y ahora con su VOX andaluza, somos chusma vil. Más de la mitad del país. Y don Francisco deambulando por despachos y sacristías, Sin influencia.

Alberto Revuelta

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Ingenio rural contra la despoblación

Publicado originalmente en El Mundo

Varias asociaciones implicadas en los problemas particulares de los pueblos de España reivindican las diferencias con las ciudades en términos de inversión y despliegue de infraestructura tecnológica

En Navares de las Cuevas, un pequeño pueblo de Segovia, viven oficialmente 39 personas. Como tantos otros pueblos de España, sufre y teme los efectos de la despoblación atribuidos a la falta de servicios y oportunidades en el mundo rural, en comparación con el atractivo que emana de las grandes ciudades. Así que los vecinos, en un alarde de agudeza propia de los emprendedores de más alto nivel, deciden empezar a hacer ganchillo a lo grande -todos a una- y cubrir el pueblo con el resultado de aquello que tejan: farolas, fuentes, un palacio abandonado… “Esto tiene una parte de entretenimiento, otra de participación en la comunidad y otra de difusión: probablemente con eso hayan conseguido muchas más visitas”, desmenuza el director del Congreso de Alcaldes e Innovación, celebrado en dicha provincia, José María Sansegundo. “Luego los visitantes quieren alquilar casas, preguntan por campings, por bares, restaurantes o casas rurales: el municipio accede a un circuito de microeconomía en el que la autoestima del pueblo crece y que genera oportunidades para los emprendedores locales”. El encuentro se celebró por primera vez en noviembre del año pasado -de la mano de la Fundación para la Innovación COTEC- y se concibió como una excusa para reunir a expertos y a alcaldes en torno a casos inspiradores y nuevas formas de financiación. La intención: que cada regidor saliera con un proyecto para su municipio, una iniciativa original, única y sorprendente. Lo resume, con una frase digna de eslogan, el mismo director del congreso: “luchamos con la despoblación disparando balas de innovación e ilusión”.Porque eso es de lo que más preocupa a los pueblos: la diferencia de servicios al alcance según el tipo de municipio en el que se viva; la falta de una infraestructura de telecomunicaciones básica en el entorno rural y la lógica huida de jóvenes que ello provoca. La Red Rural Nacional lo pone en datos: el fenómeno adverso de la despoblación en el medio Rural en España afecta actualmente a un 13% del territorio nacional, y más de 1350 municipios españoles tienen la consideración de región escasamente poblada con menos de ocho habitantes por kilómetro.”No puede ser que a una persona de zona urbana le toque siete veces más financiación que a un vecino del entorno rural, o que haya lugares donde todavía no llega la televisión digital”, coincide el Presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre. “Entendemos que en la ciudad hay un millón de habitantes y en un pueblo, 100, pero eso no puede significar que éste quede abandonado”. A mitad de noviembre, esta asociación organizó en el Senado la segunda edición de las Jornadas de turismo, innovación y medio ambiente en la España rural, con la intención de insistir en la reivindicación: que “hay españoles de primera y españoles de segunda”; que, según cuentan desde la misma entidad, ciudades como Madrid o Barcelona reciben más de 700 euros por habitante y año, frente a los poco más de 150 que reciben municipios con menos de 1.000 habitantes.
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“Hay que hablar con las empresas por la cuestión de las telecomunicaciones, hablar con el Gobierno para que haya exenciones fiscales para las empresas que quieran colocarse ahí”, prosigue Francisco Mestre. “En Francia, por ejemplo, las poblaciones de menos de mil habitantes están creciendo, y aquí nos estamos despoblando”. Lo simpático de la cuestión es que, más allá de las deficiencias, los mismos pueblos se han puesto manos a la obra para desarrollar y perfeccionar su instinto emprendedor. Para convertir a sus municipios en polos de atracción de más gente.

Anento, en Aragón, es un pueblo que ha crecido mucho tras entrar a formar parte del grupo de Pueblos Más Bonitos de España
La organización del congreso de Alcaldes e Innovación ya prepara la edición del año que viene -pactada para primavera-, donde presentarán algunos ejemplos en los que han trabajado todo este año. “En 2018 hemos fabricado casos de éxito para demostrar que desde cero también se puede”, explica José María Sansegundo. Por ejemplo Brieva, un pueblo de 90 vecinos en Segovia, caracterizado por un identificativo amor a la literatura. “Para no aburrirse en invierno, al estilo Amanece que no es poco, leen cuentos, hacen obras de teatro…”, explica el mismo. “Con estas mimbres hemos lanzado un proyecto para convertirlo en el primer pueblo poético de todo el mundo”. Trasladaron allí el premio Nacional de Poesía, llevaron a poetas de todo tipo a pasar allí unos días, se celebró una jam muy conocida de poesía… todo durante un fin de semana. “No es lo mismo escuchar poesía en un bar de Barcelona (que es fantástico también), que en un pueblo bajo la luz de la luna y con un poco de tortilla que te saca una abuela”, propone Sansegundo. “Y si esa abuela es la que se sube luego al escenario a recitar poesía ya…”.En Sotosalvos, otro municipio también de Segovia, montaron un fin de semana dedicado al amor, inspirados por un encuentro carnal que el Arcipreste de Hita relata en su Libro del buen amor. “Ha sido un mensaje muy sencillo: amor, amor y amor… no solo sensual, también hacia los niños, la naturaleza o los animales”, sigue el mismo.La intención es la misma planteada desde la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. “Está cambiando mucho el concepto: la clave es que nuestros pueblos se diferencien de las ciudades apostando por la calidad, y no por la cantidad”, dice Francisco Mestre. “Están surgiendo muchos emprendedores en pueblos de interior, se está reactivando todo esto en el mundo rural: desde el que pone una casa rural, hasta el que pone el SPA, el que organiza rutas a caballo…”. O el que organiza fines de semana temáticos, que añadiría Sansegundo. “Lo que intentamos trasladar a la gente joven es un mensaje positivista: ser de pueblo ya no es ser un cateto, es ser guay”, resume Mestre.La Red Rural Nacional (RRN) ha recopilado algunos ejemplos en su documento Revitalizando territorios a través de la Innovación social y digital. Por ejemplo las asociaciones, entidades tecnológicas y empresas del Grupo Operativo Abandono Forestal y Medio rural: Activación digital se han propuesto frenar el abandono o la infrautilización de los recursos silvícolas por la vía de la digitalización de gran parte de los procesos en torno a su gestión para trasladarlos a una plataforma digital y así finalmente proporcionar actividad entre la sociedad rural y urbana. En la comarca cántabra Saja-Nansa se han impulsado geoturs: han escondido tesoros y solo se pueden encontrar con la ayuda del GPS, pero adentrándose en “joyas” paisajísticas y los pueblos de dicha comarca. O Huerta Tropical, un portal online de distribución de fruta tropical directamente del agricultor al consumidor, cuyos productos son estacionales y cultivados localmente en la Costa Tropical de Granada y Málaga. Desde Cotec, más de lo mismo: ilustran el mensaje con más ejemplos, prueba de que los pueblos se están moviendo. El Hueco, en Soria y en El Burgo de Osma, es un espacio de coworking e innovación social desde el que se articulan iniciativas de interés (como su participación en el proyecto Laponias Conectadas, para conectar emprendedores de Finlandia, Soria y Teruel) y en el que se organiza Presura, la Feria para la repoblación de la España vacía. También procedente de Soria, la cooperativa energética Megara Energía, que construye nuevos canales de comercialización de energía.O Almanatura, en Arroyomolinos de Leon (Huelva), la primera B Corp certificada en España, que cuenta, entre sus proyectos, con una inicativa de empoderamiento personal a través del uso de la tecnología: banca online en entornos rurales con el fin de ofrecer autonomía personal. Aunque eclipsada por aquella que se da en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, parece que las iniciativas emprendedoras y la innovación tecnológica sí existen en la España Rural. Claro, que estas se encuentras en municipios algo más grandes y que ello no aleja a los implicados del foco principal: la despoblación y la falta de buena cobertura a nivel estatal. Algo que los expertos consultados identifican, de hecho, como clave para culminar su cometido. “Es un caballo de batalla que está en todos los pueblos”, termina el experto en innovación social de Cotec, Sergio Arranz Lopez. Y remata, con algo de sorna aunque no sin razón: no puede haber innovación tecnológica en los pueblos pequeños si no hay buen acceso a Internet.

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Opinion del editor (30/01/2019)

El expresidente don Felipe González ha hecho, según leo, una dura crítica a Errejon, don Iñigo, por haberse ido con Carmena, doña Manuela, en la forma en que lo ha hecho. El expresidente debe haber olvidado algunas formas que durante su larga etapa de gobernante, se saltaron, por unos u otros de los suyos con bastante más descaro y daño para la democracia que la de un diputado que abandona su escaño, entregándolo a su partido y se pone al habla con una cidadana alcaldesa para ejercitar su derecho a ser elegido por sus conciudadanos para un cargo público. Roldán, por ejemplo. Vera, por ejemplo. Barrionuevo, por ejemplo. No solo algunas formas, bien guardadas, y sorteadas sin pudor, deterioran la democracia.

Alberto Revuelta

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Opinión del editor

El Papa ha pedido a comunicadores y católicos del común que “desinflen las expectativas” alrededor de la cumbre de febrero de las conferencias episcopales de todo el mundo en torno a la pederastia en la Iglesia católica. Con un enorme sentido de la realidad y consciente de la institución que gobierna, el pontífice ha dicho que los casos de pederastia seguirán porque los hombres seguirán siendo seres frágiles y malvados, al mismo tiempo que buena gente y santos de altar. Como ocurre desde que el mundo es mubdo. Los protocolos a seguir para perseguir a los pederastas se harán y se ejecutaran. Pero erradicar esas conductas es tarea imposible pues siempre existe el acto de un ser humano que abusa de otro. Abuso sexual, económico, laboral, sádico. Impresiona el sentido común de este Papa y la claridad con la que dice lo que siente y piensa.

Alberto Revuelta

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Las mentiras en la guerra del Taxi, Uber y Cabify

Publicado originalmente en El Mundo

MARTA LEY

28 ENE. 2019 12:42
Los taxistas cortan en la huelga la carretera próxima al aeropuerto…
Los taxistas cortan en la huelga la carretera próxima al aeropuerto en Madrid Olmo Calvo

¿Qué es un VTC, qué lo diferencia de un taxi y cómo funcionan las licencias?

¿Qué piden los taxistas? Las claves para entender la huelga y el conflicto entre taxis y VTC

El sector del Taxi mantiene el la huelga indefinida convocada en Madrid el pasado lunes 21 de enero en otro capítulo más de su enfrentamiento con los conductores de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Las proclamas de ambos sectores en torno a cuál es más barato, quién paga más impuestos, si se incumple la legislación o si sus servicios reducen el tráfico afloran siempre que se eleva la tensión entre las dos opciones de movilidad. ¿Quién tiene razón?Ninguno gana la batalla por el precioLa diferencia de precio entre los servicios de Taxi, Uber o Cabify es de un euro arriba o abajo, según se extrae de la comparativa realizada por EL MUNDO durante una semana en abril de 2018 a través de los precios mostrados en las diferentes aplicaciones para solicitar un viaje.

La batalla por el precio no tiene un claro ganador, a pesar de que cada operador se esfuerza por argumentar que su servicio es más barato que el resto. Además, tanto Uber como Cabify varían sus tarifas en función de la demanda. Al final, el precio depende de algoritmos cuyo comportamiento queda fuera del alcance del usuario. “Se analiza la demanda en tiempo real y se aplica un porcentaje adicional al precio del viaje sólo en el caso de que la demanda generada por nuestros usuarios en una determinada zona supere la oferta de vehículos que están disponibles en ella”, explican desde Cabify.Esta cuestión hace imposible saber con exactitud cuál es la opción más barata, a no ser que el cliente revise al momento el precio de cada servicio, teniendo en cuenta que en el caso del taxi será una estimación. “De media, la subida por alta demanda aplica en el 10 o el 15% de los casos”, apuntan en Uber. La experiencia recogida por este diario a lo largo de una semana es que sucedió en una proporción más elevada, cercana al 50% en el caso de Barcelona. Sí se cumple la ley, aunque se supere el ratio 1/30″Que se cumpla la Ley 1/30″ es una de las exigencias del sector del taxi, plasmada incluso en el exterior e interior de alguno de sus vehículos. Aunque el ratio de una licencia de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) por cada 30 licencias de taxi no se cumple, la situación es completamente legal.Este ratio se estableció en 1998, a través de una Orden que desarrollaba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobada en el 87. Esta limitación vio su fin en 2009 con la llamada ‘Ley Ómnibus’ de Zapatero, cuando se liberalizó, entre otros, el sector del taxi. En aquel momento el gremio también se manifestó por considerar que de la liberalización emanaría un sistema paralelo “como el que hay en África y Sudamérica” y dificultaría un servicio “de calidad como el europeo”.

En 2015, la restricción volvió a aparecer en forma de Real Decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, que aplicaría para las nuevas autorizaciones. Desde entonces no se otorgan nuevas licencias, por lo que la norma se cumple.Sin embargo, sí se conceden aquellas que se pidieron y aprobaron previamente, por lo que el número de VTC continúa en aumento. Dicha situación está avalada por el Tribunal Supremo, que no obstante considera “ajustado a derecho y no discriminatorio” el límite a la actividad de las VTC.Los VTC no pagan menos impuestosLos conductores de VTC pagan más impuestos que los taxistas, aunque estos últimos afirmen lo contrario. Los taxistas se acogen en su mayoría al sistema de tributación por módulos, basado en una estimación anual previa del rendimiento, mientras que los chóferes tributan en estimación directa: sobre el beneficio real. Dependiendo del rendimiento, la diferencia puede ser incluso nueve veces superior para los conductores de VTC.Otra cuestión es la tributación de las empresas señaladas. Como empresa española, Cabify tributa en nuestro país. Uber, por su parte, rinde cuentas de todo su negocio europeo en Holanda. Asimismo, estas empresas no tienen conductores en nómina ni son propietarias de los vehículos. Los chóferes son autónomos o pueden trabajar para otra empresa de transporte. Uber considera que los conductores son sus clientes, a quienes ofrece su tecnología. “Conduce cuanto tú quieras. Gana tanto dinero como necesites”, es parte del reclamo de la empresa estadounidense para captar a los conductores sin los que sería inviable su negocio.Los VTC no reducen el tráficoComo argumento para ganar adeptos, Uber y Cabify han afirmado que sus coches reducen el tráfico y le hacen un favor al medio ambiente. La hipótesis es que cuanto más se utilizan sus servicios, menos ciudadanos utilizan su propio vehículo. Sin embargo, dos estudios niegan que a la larga sea así.El analista y consultor Bruce Shaller, experto en movilidad reconocido a nivel mundial, publicó un informe a mediados de 2018 en el que aseguraba que servicios como el de Uber empeoran el tráfico en lugar de reducirlo. Sus conclusiones fueron avaladas posteriormente por la Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco (SFCTA, por sus siglas en inglés), que concluyó en octubre de 2018 que Uber y Lyft son la causa del incremento de un 51% del tráfico diario en San Francisco entre 2010 y 2016.Tras la publicación del informe de Shaller, Uber anunció una inversión de diez millones de dólares para potenciar la movilidad sostenible, problema que los estudios conocidos hasta ahora achacan en parte a la propia empresa.

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El niño de Totalán

Publicado originalmente en El Confidencial Andaluz

La fecha más próxima hoy para sacarlo del agujero sería mañana día 24, transcurridos ya 12 días.

 

El domingo 13 de enero un niño de 2 años, Julen, cayó a un pozo muy estrecho y profundo en Totalán, localidad malagueña, sin que haya sido posible su rescate. La fecha más próxima hoy para sacarlo del agujero sería mañana día 24, transcurridos ya 12 días. Desde el primer momento se transmitió la impresión de que no se sabía cómo abordar la situación.

La estrechez del pozo y un tapón de arena formado por encima del niño sin que se conozca la razón, la conformación del terreno y el estudio de la estrategia para abordar el rescate han sido retransmitidas en directo mientras pasaban las horas y los días ante la desesperación de los padres. Habían transcurrido tres días cuando el padre del menor se lamentó ante los medios de comunicación de que hubiera tantos políticos allí pero que no veía mover una piedra ni hacer nada para sacar a su hijo del pozo.

Se lamentó amargamente de que si sabían que venía una máquina muy pesada desde Cádiz que no podía circular por los angostos caminos de la montaña, se esperara a que llegara el camión, que tardaba tres horas, para empezar el acondicionamiento del camino.

El día antes el alcalde de Totalán expuso sus gestiones a iniciativa propia con una empresa internacional que se desplazaba al lugar. El martes 22 el director del El Confidencial Digital, José Apezarena, escribió “el fracaso Julen”, con el que dejé de estar solo en la denuncia en redes sociales de la lentitud e ineficacia del proceso que inicié el lunes 14. Ojalá hoy tuviera que estar rectificando todo lo que dije.

Escribí aquí el 31 de octubre sobre el comportamiento de la clase política ante catástrofes y la ausencia absoluta de análisis críticos después de constatarse graves errores en los mismos.

El caso de Julen debería ser analizado para que en un caso parecido al suyo existan posibilidades de rescatar al niño con vida. Porque la impresión que nos dio a algunos espectadores del rescate es que el tiempo, factor esencial para tener alguna posibilidad de rescatar al niño con vida, parecía secundario, y que con sacarlo de allí, vivo o muerto, se habría cumplido el rol asignado a los responsables políticos y profesionales.

¿Alguien que lea esto sabe decir hoy quién era la persona, política o profesional, responsable último de adoptar todas las medidas precisas, en el tiempo preciso, para tener la esperanza de rescatar al niño en un plazo lo suficientemente corto como para tener alguna posibilidad de que saliera con vida?

Dando por hecho que es competencia de la administración estatal, la última y máxima responsable sería la Delegada del Gobierno de Málaga.

Es a ella a quien hay que preguntarle para que explique si organizó un comité de crisis o rescate, y si alguien contactó con el ayuntamiento, la Junta, el Ejército, el Colegio de Ingenieros… en orden a conocer la situación del terreno, la maquinaria necesaria para movilizarla y rescatar al niño en el menor tiempo posible.

Seguro que ninguno de los profesionales que han estado allí tiene responsabilidad en la tardanza, y de haber dispuesto de los medios, estudios y órdenes precisas hubiesen arriesgado sus vidas para sacar al niño. Si Julen no sale vivo del pozo, y eso es poco probable que ocurra, el rescate habrá sido un fracaso.

Se tardó mucho tiempo en actuar. Demasiado para Julen. Alguien debió crear un comité coordinador y la misma tarde del domingo abordar con instituciones,  organismos y empresas para conocer la composición del terreno y la movilización de toda la maquinaria y expertos necesarios para que el lunes 14 estuvieran ya trabajando sobre el terreno. Y eso no es lo que ha pasado.

Si Julen está muerto no será responsabilidad de nadie, pero ¿es posible aprender para corregir en el futuro los errores cometidos hoy? 

El Estado debería tener un protocolo para estos supuestos señalando quién es la máxima autoridad en cualquier que se produzca, la capacidad para reunir de inmediato a un grupo de expertos en las materias necesarias, y la posibilidad legal de movilizar a cuantas instituciones y personas públicas o privadas sean necesarias si se trata de combatir un asunto, accidente, tormenta, terremoto… en el que haya en juego vidas humanas.

A un miembro de las fuerzas de seguridad, socorrista, o profesional de la seguridad, nadie le tiene que enseñar si hay un incendio con personas dentro, o alguien se está ahogando en un rio o el mar, deben hacer todo lo posible por salvarlo incluso corriendo cierto riesgo para hacerlo. Para sacar a Julen con vida del pozo en el que está alguien debía haber corrido riesgos informando verazmente a sus padres de que la única posibilidad de rescatarlo con vida era asumiendo esos riesgos para el niño y sus rescatadores.

Seguro que en este país no faltarían voluntarios. Por estas y otras razones el rescate de Julen es un fracaso aunque no haya nadie a quien responsabilizar directamente porque el responsable es el sistema instaurado donde el rigor y la toma de decisiones, más allá de apariciones propagandísticas de políticos en televisión, brillan por su ausencia. 

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