Polonia y el conflicto con la Unión Europea sobre el Estado de Derecho

Mario Gabrielli, consejero jurídico del Comité firma esta crónica sobre un asunto muy importante en la Unión Europea.

A mediados del pasado mes de julio, el Parlamento de Polonia, dominado por los nacionalistas de derechas del partido «Ley y Justicia» de Jarosław Kaczyński, adoptó una serie de iniciativas legislativas sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Organización de los Tribunales Ordinarios y el Tribunal Supremo. Las leyes sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Tribunal Supremo han sido sucesivamente «vetadas» por el Presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, que sin embargo firmó las otras dos.

La implementación de estas leyes conferiría más poderes de intervención al propio Parlamento y al Ministro de Justicia, atentando gravemente contra la independencia del Poder Judicial y el principio de separación y equilibrio entre los poderes que constituye uno de los fundamentos del Estado Democrático de Derecho. Por ello, la Comisión Europea, que ya seguía un diálogo específico con las autoridades polacas desde enero de 2016, emitió una nueva Recomendación sobre el Estado de Derecho que insta al Gobierno de Polonia a resolver los problemas señalados en el plazo de un mes – es decir hasta finales de agosto de 2017 – y a informar a la Comisión de las medidas adoptadas. Además, la Comisión decidió lanzar un procedimiento de infracción por quebrantamiento de la Ley de la Unión Europea contra Polonia, en particular acerca de la discriminación por razón de sexo de la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios cuando establece una edad de jubilación diferente para las Juezas (60 años) y los Jueces (65 años), contrariamente a lo dispuesto en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; y también con respecto a la facultad discrecional del Ministro de Justicia de prorrogar el mandato de los Jueces en edad de jubilación, así como de cesar y nombrar Presidentes de los Tribunales.

En el caso de que no se tenga una respuesta satisfactoria en el plazo indicado, la Comisión Europea estaría lista para poner en marcha contra Polonia el procedimiento previsto por el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE): como consecuencia del mismo, el Consejo podría decidir la suspensión de una serie de derechos del Estado Miembro infractor, incluidos los de voto en el Consejo mismo. Así, más allá de las Recomendaciones y de los procedimientos de infracción, es precisamente la posibilidad de activación del artículo 7 TUE que representa la verdadera novedad de este caso, ya que nunca hasta el momento se ha aplicado dicho artículo, ni siquiera en las crisis con Austria en 2000 o con Hungría desde 2014. Esto tendría efectos dirompentes mucho más allá del ámbito jurídico-judicial y de las relaciones entre las Instituciones de la Unión Europea y un Estado Miembro, ya que se trataría de la suspensión de las facultades de participación activa de un Estado Miembro al proceso decisional en uno de los dos organismos co-legisladores europeos (el Consejo, junto con el Parlamento) y, de facto, de su capacidad de actuar como miembro de pleno derecho de la Unión.

Esta nueva crisis llega desde luego en un momento ya de por sí difícil para la Unión Europea y sus Instituciones, después de la larga recesión aun no superada desde 2007, la imposición de políticas de «austeridad» y de restricciones presupuestarias que han provocado graves problemas políticos, económicos y sociales en muchos países, el referendum de salida del Reino Unido y el comienzo de complejas negociaciones, el deterioro de la situación internacional con la Presidencia Trump en los Estados Unidos de América y las relaciones con la Federación Rusa, las llegadas masivas de migrantes y refugiados, los escenarios cercanos de guerra en Europa Oriental, el Mediterráneo y el Medio Oriente, el terrorismo internacional, etc. Sin embargo, al mismo tiempo la Unión Europea ha mostrado en los últimos meses una renovada vitalidad y la voluntad de reafirmarse a sí misma y su proyecto de integración y presencia activa en todos los ámbitos de interés. En este sentido, el «caso polaco» puede ser una «prueba de fuerza» en contra de las tentaciones de un autoritarismo decisional y de un nacionalismo excluyente que no solamente serían dañinos para el Estado que decida seguir un camino de este tipo, sino también para el conjunto de los países europeos que acabarían centrándose cada uno en sí mismo, dando lugar a un escenario de confrontación que recordaría demasiado de cerca aquello que tuvo lugar en las tres primeras décadas del pasado siglo XX. Se entiende, pues, como en este caso está en juego mucho más que la defensa de la independencia judicial y del Estado Democrático de Derecho.

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