SITUACIÓNA ACTUAL DE BURUNDI – JULIO 2017

Publicamos este informe realizado por Carmen Cordero, letrada de este Comité.

Burundi es uno de los países más pequeños del continente africano, limita al norte con Ruanda, al este y sur con Tanzania y al oeste con el lago Tanganica. Su compleja historia reciente está caracterizada por un pasado colonial y conflictos entre facciones tribales que no han sido superados.

Los Hutus son la etnia mayoritaria (un 80% de la población) y controlan el poder político, mientras que los Tutsis constituyen la etnia minoritaria (un 15%) agrupada mayoritariamente en la actualidad entorno a grupos rebeldes contrarios al CNDD-FDC, el partido político del gobierno.

Tras un periodo de relativa paz de 15 años desde que finalizó la brutal Guerra Civil que causó 300.000 muertes en una población de 10 millones, Burundi volvió a estallar en 2015 en una grave y violenta crisis política, cuyo detonante fue la renovación del mandato del Presidente Nkurunziza por tercera vez después de dos legislaturas, lo que prohíbe su Constitución.

Al anunciarse la intención del presidente de repetir mandato, los burundeses se alzaron en protestas en las calles de las principales ciudades del país para protestar.

En mayo de 2015, la disidencia, compuesta mayoritariamente por miembros del ejército y la policía, organizó un golpe de Estado que resultó fallido y culminó en 21 sentencias a cadena perpetua, un endurecimiento del sistema represivo y la persecución de la etnia minoritaria, quien fue culpada del golpe e identificada como terrorista.

Finalmente, Nkurunziza resultó elegido por tercera vez en unos comicios sin oposición y tras haber reprimido violentamente todas las protestas.

Desde entonces, el aumento de la tensión política dio lugar a actuaciones delictivas por parte de las autoridades estatales, principalmente homicidios selectivos (se estima que más de 1200 personas han sido asesinadas), desapariciones forzadas (entre 400 y 900 desaparecidos) y torturas, así como a la etnización del conflicto político.

Los observadores internacionales, como Aministía Internacional y el FIDH, denuncian violaciones masivas de los derechos humanos tras encontrarse fosas comunes y conocerse ejecuciones extrajudiciales.

A ello se une la inseguridad que dificulta el acceso a servicios básicos, la contracción económica en una economía ya devastada y los desastres naturales que se han producido recientemente, como inundaciones, desprendimientos de tierras y tormentas. Además, durante el año 2016 se declaró una epidemia de cólera y la malaria se duplicó a causa de las pésimas condiciones de vida. Las organizaciones humanitarias calculan que en octubre de 2016 3 millones de personas necesitaban asistencia.

La UNIIB (investigación independiente sobre Burundi de las Naciones Unidas) presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2016 que ponía de manifiesto la existencia de violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas y la completa impunidad de los responsables. Burundi se negó al establecimiento de una Comisión de Investigación sobre estos hechos, y a raíz de la apertura de un examen preliminar sobre la situación del país por la Fiscalía de la CPI, Burundi anunció la retirada del Estatuto de Roma, que entrará en vigor el 27 de octubre del presente año.

La situación en el país no ha mejorado en 2017. A esto no ayuda la pasividad de la comunidad internacional. La Unión Europea ha renovado las sanciones contra Burundi hasta el 31 de diciembre de 2017, y ha llamado a las partes en conflicto a que se abstengan de todo acto de violencia. Por su parte, la Unión Africana y las Naciones Unidas tampoco parecen adoptar una actitud proactiva para ayudar a las partes involucradas a retomar las negociaciones.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene las medidas de censura a periodistas, medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil, impidiendo la producción de información independiente en el interior del país.

De acuerdo con el último recuento del Alto Comisariado de los refugiados, más de 400.000 personas han huido de Burundi y se han instalado en campos de refugiados, la mayor parte en Tanzania y Ruanda, la mitad de ellas niños.  El reciente informe de 4 de julio de 2017 realizado por el FIDH y varias organizaciones burundesas de defensa de los derechos humanos, asegura que en su mayoría estas personas huyen del dispositivo represivo instaurado por el régimen del presidente Nkurunziza, concretamente por haber sido consideradas miembros de la oposición. No obstante, esta caza de brujas parece esconder motivos étnicos, como se desprende del hecho de que las autoridades estatales pidan a los funcionarios del Gobierno revelar su origen étnico.

En este contexto, la amenaza de una nueva guerra civil entre las Autoridades del régimen, hutus, y los exmiembros del Ejército, en su mayoría tutsis, se encuentra cada vez más presente. El mencionado informe del FIDH concluye que la desintegración del ejército está empujando a soldados hacia la oposición militar, lo que podría conducir a un encrudecimiento del enfrentamiento violento entre ambos bandos.

Actualmente, los crímenes masivos a puertas cerradas contra los tutsis se han intensificado. Según los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se puede excluir que algunas de estas violaciones de los derechos humanos constituyan crímenes contra la humanidad, y advierten que teniendo en cuenta la historia del país, el riesgo de crimen de genocidio contra la etnia minoritaria es más elevado que nunca.

Referencias:

 

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