Sobre Alima.

Marta Balmaseda, abogada del Comité que ha sostenido, animado y defendido este caso, relata a nuestra petición lo fundamental del mismo.

Cuando Alima, de nacionalidad maliense, llegó a la Parroquia de Jesús Obrero para explicar su situación y saber si podríamos ayudarla, llevaba tres días sin ingerir alimento alguno y tenía una infección en la muela bastante importante. La primera vez que la atendimos fue el 22 de julio de 2016 y lo primero que valoramos fue la urgencia que había en dar respuesta a las necesidades básicas vitales de esta mujer y sus dos hijos de 7 y 8 años.

Con respecto a sus recursos económicos, no había ninguno. Los niños estaban escolarizados y acudían al comedor escolar, así que al menos tenían garantizado el alimento que les daban en la escuela.

La situación administrativa de Alima y sus hijos, Adja y Alfha, no era irregular, de hecho los tres tenían, desde el 17 de abril de 2014, (y continúan teniendo) la tarjeta roja de protección internacional, por lo que el Ministerio del interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, reconoció que Alima y sus hijos se encontraban en uno de los supuestos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y sus normas de desarrollo. En ese momento no nos dijo qué motivó este reconocimiento, aunque más tarde supimos por ella misma que tuvo que huir de su familia para evitar la mutilación genital de su hija.

En cuanto a la vivienda que habitaban, solicitamos el empadronamiento de Alima y sus hijos en ella, ya que uno de los requisitos que una familia tiene que cumplir para ser atendida por los servicios sociales es estar empadronada en la zona. Era prioritario que Alima fuera atendida por los Servicios Sociales, a los que solicitamos una cita para Alima, ya que su mayor problema giraba en torno a la falta de empleo y a la necesidad de asistencia social.

La vivienda que habitaba Alima y sus hijos era una vivienda ocupada propiedad de la Junta de Andalucía y adjudicada a otra familia a quien aún no le habían entregado la vivienda. ¿Cómo llegó Alima a esa situación? El primer año de Alima en España estuvo con sus hijos en el Centro de Acogida de CEAR, después la Cruz Roja le aprobó una ayuda de alquiler durante tres meses. Pasados los tres meses, y a la espera de lograr otros tres meses de ayuda, la propietaria de la vivienda alquilada le dijo que si no pagaba tendría que abandonar el inmueble. Como la ayuda no llegaba, Alima tuvo que agarrar a sus hijos con las cosas que pudo coger y ir a dormir a la calle, viéndose dejada por quienes tendrían que ayudarla. Los vecinos del bloque que sabían que era una mujer sola con sus dos niños y que no causaba problemas, la animaron a entrar en una vivienda del bloque que estaba vacía. Esa vivienda resultó ser de la Junta. Todos los vecinos apoyaron a Alima hasta el final, la defendieron de la Cruz Roja el día que intentaron convencerla de que abandonara a vivienda (sabiendo el riesgo que corría de volver a quedar en la calle con dos críos pasados otros tres meses) y hasta reunieron las firmas de todos los vecinos para apoyar a Alima.

Ante esta situación AVRA interpuso una denuncia por usurpación que fue conocida en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla (procedimiento: juicio sobre delitos leves 107/2016 negociado B). El juicio estaba señalado para el día 16 de diciembre. Se nos agotaba el tiempo. Desde el Comité René Cassin nos reunimos con AVRA, servicios sociales y la comisionada. Expusimos el riesgo que corrían Alima y sus hijos si la denuncia era condenatoria, ya que una condena en vía penal conllevaría antecedentes penales que dificultarían mucho la renovación de su tarjeta roja. Propusimos que se diera a esta familia una solución habitacional transitoria o definitiva para evitar el juicio, pero garantizando siempre que los menores no pasaran ni un solo día en la calle.

Ninguna administración pública daba ninguna solución, el juicio cada vez estaba más próximo y Alima sufrió un ataque de ansiedad por el que necesito asistencia sanitaria. Desde el Comité enviamos un escrito detallando la situación que estaba sufriendo esta mujer y sus hijos al Defensor del pueblo, a los 109 diputados del Parlamento andaluz, al Consejero de justicia, a tres periódicos de Sevilla, a la Comisionada y a Caritas de Sevilla. La mayoría de destinatarios no respondieron.

El 14 de diciembre de 2016, dos días antes del juicio, se reunió la Comisión de Vivienda constituida en el marco de la coordinación interadministrativa del Plan para Polígono Sur. En dicha Comisión se aprobó que AVRA suspendería el juicio, los servicios sociales y la Oficina por le Derecho a la Vivienda facilitarían una solución habitacional alternativa y provisional que Alima tendría que aceptar y que disfrutaría hasta lograr una adjudicación definitiva.

Representantes del Comité René Cassin junto con su abogada acudieron a la firma del acuerdo que se hizo efectivo a los dos días cuando AVRA solicitó el archivo provisional del mismo. El 26 de mayo del 2017 los servicios sociales propusieron a Alima una solución habitacional transitoria y ella y sus dos hijos viven en la actualidad en un piso compartido en el marco de un proyecto que les facilita también alimento y suministros básicos. Aún no le han podido ofrecer una solución habitacional definitiva adaptada a las necesidades de sus familia, pero los servicios sociales están trabajando en ello y Alima y sus hijos se sienten totalmente amparados.

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