SOBRE EL DELITO DE REBELIÓN

Nota del editor
Reproducimos este clasificador trabajo del magistrado Pasqual Liaño.
SOBRE EL DELITO DE REBELION

La querella interpuesta por la fiscalía contra los miembros del Govern y
de la Mesa del Parlament parte de dos hechos que parecen
incontestables: por un lado, existió una decisión política de obtener la
independencia de Cataluña, o de avanzar hacia ella, apoyándose en
una mayoría parlamentaria pero al margen de los cauces
constitucionales, acaso por haber concluido que los obstáculos para
conseguir la celebración de un referéndum de independencia dentro de
la constitución son insuperables; por otro lado, se valoró como
imprescindible el apoyo de una “ciudadanía movilizada”. La conjunción
de una estrategia parlamentaria rupturista (es decir, subversiva) con
una movilización en las calles que exhibiese un apoyo social rotundo es
lo que aproxima las conductas llevadas a cabo a una percepción común
de que lo que ha ocurrido es algo parecido a la sedición, entendida esta
palabra en su acepción vulgar. En efecto, se habría decidido utilizar a
las masas ciudadanas como un “arma” o elemento de presión para
conseguir lo que no se puede conseguir legalmente.
Pero aquí es donde se agolpan las preguntas importantes. ¿Cuál es el
límite entre el derecho de manifestación y los derechos de sedición y
rebelión? Es una cuestión de enorme trascendencia, porque traspasar o
no ese límite comporta una pena de entre 8 a 10 años (10 y 15 para las
autoridades) en el caso de sedición, y de entre 15 a 25 en el caso de
rebelión. No puede ser, por tanto, una cuestión de matiz minimalista. Ha
de ser algo perfectamente identificado, visible, constatable. La
imposición de unas penas tan enormes debe descansar, necesariamente, en razones muy convincentes: en caso de duda, la
interpretación ha de ser restrictiva en derecho penal. Es una materia en
la que debemos aproximarnos lo más posible al terreno de las certezas.
Y dentro de ese terreno, hay algo que hasta ahora ha pasado
desapercibido que debe servirnos de punto firme de arranque: la
sedición y la rebelión han de ser algo más que una convocatoria de una
manifestación ilícita para “subvertir el orden constitucional”. Esto no es
una simple opinión personal, sino una conclusión que se desprende del
hecho de que tal conducta está, tal cual, descrita en el artículo 514.5 del
código penal como merecedora de una pena de entre seis meses a un
año. No bastaría, pues, y esto parece indiscutible, con convocar una o muchas manifestaciones (aunque sean multitudinarias) de apoyo a un
referéndum inconstitucional y a la misma independencia unilateral para
que exista sedición o rebelión. Hace falta algo más.
LA IMPOSICIÓN DE UNAS PENAS TAN ENORMES DEBE
DESCANSAR, NECESARIAMENTE, EN RAZONES MUY
CONVINCENTES: EN CASO DE DUDA, LA INTERPRETACIÓN HA DE
SER RESTRICTIVA EN DERECHO PENAL
Movilización ciudadana y alzamiento
Ese algo más se expresa en el código con una palabra
que en España entendemos bien: el “alzamiento”. Esta
palabra se utiliza tanto para describir el delito de
sedición (alzamiento tumultuoso para impedir la
aplicación de la ley) y en la rebelión (alzamiento violento
para derrocar a los poderes constituidos o declarar la
independencia). Quizás hemos discutido mucho sobre
los términos “tumulto” y “violencia”, y se nos ha pasado
la palabra importante: “alzamiento”. Alzarse no es
manifestarse, ni protestar, ni reivindicar con
determinación. Un alzamiento es una insurrección que
pretende conseguir un determinado resultado
subversivo con cierta “inmediatez”, mediante la creación
de una situación insostenible. Por eso un alzamiento
debe ser delito: porque pretende no ya “propugnar”, sino
“obtener por la fuerza” resultados subversivos. No es,
pues, una manifestación multitudinaria (con su inherente
riesgo de incidentes) ni es una manifestación a favor de
objetivos subversivos (art. 514.5). El alzamiento, para
serlo, ha de consistir en un acometimiento como mínimo
intimidatorio, no necesariamente cruento, pero sí de
carácter ofensivo, apto para doblegar(aunque finalmente
no lo consiga) al oponente. Es cierto que, al menos en
la modalidad de sedición, no exige que se programen,
realicen o favorezcan actos inequívocamente violentos,
pero sí al menos debe estar claro que ha de tratarse de
una movilización “dispuesta al uso de la fuerza” si fuera
necesario para conseguir el objetivo, que si no se han
llevado a cabo ha sido bien por haberse logrado el
objetivo sin necesidad de los mismos (es decir, por la
fuerza de la mera intimidación), bien por haber sido eficazmente reprimidos. Eso es lo que convierte la
muchedumbre en “tumulto”. No hay alzamiento si no hay
tumulto o violencia. En realidad las expresiones
“tumultuariamente” (art. 544, para la sedición) y
“violentamente” (art. 472, para la rebelión), como dice el
Tribunal Supremo, no son demasiado diferentes: la
rebelión y la sedición “tienen una misma dinámica
tumultuaria y violenta, existiendo entre ellos una
diferencia meramente cuantitativa en función de los
fines perseguidos”.
Alzamiento y resistencia pasiva
En este difícil mes de octubre no ha habido muertos, ni
invasiones de sedes de la autoridad con acometidas
violentas. Tampoco ha habido una mera manifestación,
como una especie de Diada. Ha habido murallas
humanas, ha habido una estrategia apoyada por miles y
miles de personas tendente a conseguir lo que la ley
prohibía: la disposición de centros electorales para la
emisión y recuento de papeletas. Por eso estamos
discutiendo: si hubiese existido una violencia masiva o,
por el contrario, una mera manifestación autorizada con
pancartas por el Paseo de Gracia, todo estaría muy
claro. Pero los hechos acaecidos nos enfrentan a una
pregunta especialmente difícil: ¿puede considerarse
“alzamiento” una concentración masiva de ciudadanos
en actitud de “resistencia pasiva” (muros humanos,
sentadas, pernoctas en los colegios con autorización de
sus directores, colas deliberadamente densas en los
alrededores de los colegios, masas alrededor de una
sede en la que se practicaba un registro que no se
retiraban pese a las órdenes de hacerlo, etc.)? Es
pasiva (salvo algún coche dañado o algún forcejeo),
pero es resistencia. Y esta es la clave. La resistencia
pasiva, si además es masiva, comporta un cierto elemento de coacción (impedir a la autoridad hacer lo
que podría legítimamente hacer), pero, ¿hasta el punto
de constituir “alzamiento”, “tumulto” o “violencia”? De la
respuesta a esta pregunta depende, en buena medida,
la suerte procesal de los miembros del Govern y de la
Mesa del Parlament.
PUEDE CONCLUIRSE SIN ESPECIAL VOLUNTARISMO QUE EL
PROCESO INDEPENDENTISTA SE DISEÑÓ COMO UN PROCESO
“PACÍFICO” Y NO VIOLENTO PARA LA RUPTURA CONSTITUCIONAL
La querella de la fiscalía, redactada muy inteligentemente, no pasa por
alto un extremo de suma importancia: que los llamamientos a las
movilizaciones incluían expresamente una invocación a su carácter
pacífico. De hecho, puede concluirse sin especial voluntarismo que el
proceso independentista se diseñó como un proceso “pacífico” y no
violento para la ruptura constitucional. Pacífico en los medios, y
rupturista en los fines. La ruptura constitucional es algo muy grave, y
más si se proyecta desde las instituciones, pero puede ser pacífico o
puede ser violento, y esa diferencia es sustancial a efectos penales. La
estrategia no consistía (al menos eso parece) en provocar un
desbordamiento tumultuoso en las calles del que pudiera resultar como
consecuencia “directa e inmediata” la independencia, sino que más bien
consistía en propiciar y exhibir un apoyo ciudadano “espectacular” (el
término aparece en la querella) de una parte de la sociedad, para así
forzar las negociaciones a favor de una referéndum y/o un
reconocimiento internacional.
La querella intenta salvar este escollo (las llamadas a comportamientos
pacíficos) aludiendo a que en realidad tales invocaciones no serían sino
un “eufemismo” para encubrir una incitación para hacer frente, con
empleo de la fuerza, a la actuación de los agentes de la policía tendente
a cumplir la orden de evitar la celebración del referéndum, lo que a su
vez comportaría una incitación a las muchedumbres para intimidar a
dichos agentes, de manera que las manifestaciones podrían en
cualquier momento tornarse violentas. Es decir, la querella plantea la
hipótesis de que los convocantes y los ideólogos del plan soberanista
contaban con que, en un momento dado, se podría activar el germen
violento de la movilización ciudadana a modo de golpe de gracia,
siguiendo la máxima de Marx según quien la violencia es la partera de
la historia. Sobre esta consideración es sobre la que la Fiscalía
fundamenta la posible calificación de los hechos como rebelión o, al menos, sedición. Esta conclusión está basada en un relato coherente e
inteligente, necesario para construir dicha imputación, que va
entrelazando los actos parlamentarios con las manifestaciones
populares debidamente alentadas por los querellados, y que
desemboca en la siguiente conclusión: “no se buscaba sólo apoyo
ciudadano, sino una movilización popular como medio intimidatorio y
violento para conseguir el fin secesionista”. Este argumento,
ciertamente, puede servir para una querella. Pero para que pudiera
justificar una condena por rebelión o sedición sería preciso que a lo
largo del proceso, con elementos de convicción suficientes, se probase
que la estrategia incluía una “disposición al uso de la fuerza”, es decir,
la conversión de unas concentraciones de apoyo y/o resistencia pacífica
en un alzamiento popular dirigido a imponer por su propia fuerza la
independencia.
Tiempo habrá en el proceso para discutir estos extremos. La fiscalía ha
usado brocha gorda para construir las imputaciones. Ahora el pincel,
por la propia dinámica de las garantías del proceso penal (que existen,
digan lo que diga un abogado belga), se irá afinando. Las querellas
disparan sin mirilla de precisión, pero luego un árbitro debe valorar
cuáles son las dianas, y en cuales queda constancia clara de haberse
disparado. Es la lógica del proceso penal: intervención mínima,
interpretación no extensiva, y presunción de inocencia.
Volvemos así a lo que dijimos al principio. La calificación de los hechos
como rebelión y sedición no puede montarse como un salto en el vacío.
Ni debe ser el resultado de un empeño voluntarista. Tampoco puede
basarse en la gravedad de lo pretendido por las autoridades que
pusieron su cargo espuriamente al servicio de una independencia
imposible. Eso puede ser desobediencia, prevaricación y malversación
de fondos públicos, pero para que la mano entre en el guante del tipo
penal tanto de la rebelión como de la sedición, ha de encontrarse el
dedo al que podamos llamar con convicción “alzamiento”, y no será fácil
calificar como “alzamiento” a unas concentraciones multitudinarias
determinadas a no pasar de la resistencia pasiva, si no se prueba que
se contaba con que de la resistencia pasiva se pasaría a la ofensiva, y
que había disposición para ello: no es una cuestión banal.

AUTOR
Miguel Pasquau Liaño
Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es magistrado, profesor de
Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado
más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog “Es
peligroso asomarse”.

 http://www.migueldeesponera.blogspot.c

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