TIBI DABO IUS

Lo primero que aprendí en las clases de don Juan Iglesias que explicaba derecho romano
a las tres de la tarde, de pie sobre la tarima con voz de tenor y una hora seguida, fue que
la principal función judicial se resumía así en latín: da mihi factum (los hechos que
llevaba el ciudadano que impetraba justicia) tibi dabo ius (yo – juez – te daré el derecho,
la ley).
La Cámara del Consejo, tribunal de apelación belga, ha decidido esta mañana en
Bruselas no entregar al juez español a los ciudadanos Comin, Serret y Puig, para quienes
éste había solicitado la extradición, mediante el instituto legal conocido como orden
europea de detención.
Motivo: la orden no cumple uno de los requisitos exigidos por el sistema legal que regula
la euro orden. La orden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo español –
actuando como juez instructor en la causa contra los aforados cuyos apellidos ya he
citado – se había dictado continuando la que en su día había remitido a la Justicia belga,
una magistrada de la Audiencia Nacional actuando entonces como instructora en un
procedimiento contra las mismas personas.
¿El error formal?. El magistrado del Supremo no había dejado en suspenso la dictada por
su colega de la Audiencia Nacional, emitiendo primero una orden de detención contra los
ciudadanos Comin, Serret y Puig y tras ello, y solo tras ello, dictar la orden europea de
detención.
¿Formalismos hueros?. No. Del mismo modo que a los ciudadano españoles que desean
presentar sus demandas en tribunales europeos, sean de la jurisdicción UE o del Consejo
de Europa, se les exige agotar las vías internas del ordenamiento español así también,
consecuentemente, a los jueces españoles se les exige que agoten los procesos de
detención de nuestro ordenamiento, y solo después recurran a la euro orden.
Ridiculo total del Tribunal Supremo que ha demostrado una ligereza y superficialidad
jurídica digna de un letrado que se estrena en una vista por delitos leves ante una jùez de
Instrucción que pacientemente ha de recordarle los artículos de la Ley de Enjuiciamiento
criminal.
Patinazo del sistema judicial español en Europa en un momento en que la judicializacion
de los errores y omisiones de políticos y de la Poltica hace recaer sobre jueces y
magistrados decisiones de gravísimas consecuencias para el futuro del Estado.
Los errores sucesivamente cometidos en este penoso proceso a partir de la decisión del
señor Rodríguez Zapatero respecto al Estatuto catalán y después por el señor Rajoy Bey
en los pasos posteriores que derivaron el mismo a los tribunales y juzgados están
demostrando que la Justicia funciona mal, rematadamente mal y que será incapaz de
solucionar el estado de división social y política de Cataluña. Cualquier letrado que ejerza
a diario sabe y padece las disfunciones, errores y gravámenes que la Administración de
Justicia española causa a los justiciables y a sus allegados.
Y, por muy molesto que pudiere o pudiese parecer, un magistrado del Supremo nos
cuesta anualmente 109.072,40 euros. Amén de choferes, automóviles y escoltas.

Suficiente como para exigirles que el tibi dabo ius, sea exacto, esté bien fundamentado
y sea eficiente.
Coda. España no estaba personada en la causa ante la Cámara del Consejo belga. Por lo
que su decisión de esta mañana no es recurrible. Y ahora los costes causados por el
error judicial ¿quien los soporta?, ¿los mismos lerdos que hemos soportado Bankia y las
Cajas?. ¿O el ministro de Justicia y el de Hacienda van a repetir contra el causante del
deságuisado?. Apuesto a que la culpa será de los belgas que desde lo del duque de Alba
y el general Doria, nos tienen manía. ¡Ay si la princesa Margarita levantara la cabeza!.
Siempre serán mejor los Tercios de Flandes con picas y arcabuces que la euro orden con
tanto requisito formal.

 
Alberto Revuelta

Esta entrada fue publicada en Actualidad, Artículos y opinión. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.