Comentarios sobre la Sentencia del TEDH en el «caso Atutxa»

Presentamos este artículo de Mario GABRIELLI, abogado, consultor lubrifico del Comité René Cassin, sobre la sentencia de 13 de junio de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Atutxa contra España, en la que condena al Estado español. 

Comentarios sobre la Sentencia del TEDH en el «caso Atutxa»

 

El pasado día 13 de junio de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano del Consejo de Europa con jurisdicción sobre la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos (Convenio de Roma, 1950), dictó sentencia sobre el caso «Atutxa Mendiola y otros contra España». Dicho caso fue sometido a la consideración de la Corte europea tras la condena del entonces Presidente del Parlamento del País Vasco y de dos otros responsables, por parte del Tribunal Supremo (TS), por el delito especial de desobediencia de autoridad o funcionario público del artículo 410.1 del Código Penal, por no haber dado cumplimiento a una decisión del mismo TS que ordenaba la disolución del grupo parlamentario «Sozialista Abertzaleak» integrado o relacionado con unos partidos políticos declarados ilegales en virtud de la vigente Ley Orgánica 6/2002, de 7 de junio, de Partidos Políticos, y por ello disueltos por orden judicial. La condena de los encausados en el TS tuvo lugar a instancia de la denuncia presentada por el sindicato «Manos Limpias» como acusación popular y después de la absolución en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); el recurso de amparo presentado por los mismos ante el Tribunal Constitucional (TC) no prosperó, por lo cual quedó expedito el camino del recurso de los condenados ante el TEDH.

 

La Sentencia del TEDH ha acogido prácticamente in toto las demandas y las razones de los recurrentes, en contra de la posición defendida por el Estado Español, y ha provocado ya muchos comentarios de todo tipo, a partir de las noticias de prensa que han ido presentando el asunto a menudo con un sesgo marcadamente político: los medios más cercanos al nacionalismo vasco han hablado de «varapalo a la Justicia española» a la que «Europa desnuda», mientras que aquellos más centralistas y conservadores consideraron que se trataría de «orfebrería jurídica que no discute los fundamentos de los hechos juzgados». A su vez, el Gobierno del Partido Popular, a través de su Ministro de Justicia, intentó minimizar el alcance del fallo de la Corte europea, afirmando que «no contradice la condena del Supremo por desobediencia… resolviendo exclusivamente si Atutxa tenía que haber sido oído por el Tribunal Supremo antes de dictar su resolución».

 

Más allá de su objetivo e indudabile significado político y social, es especialmente interesante apuntar aquí algunas consideraciones sobre la Sentencia del TEDH desde un punto de vista más estrictamente jurídico, analizando su texto original en francés, para comprender el razonamiento desarrollado por la Corte europea y que le ha llevado a censurar las actuaciones de las más altas instancias judiciales españolas a lo largo del caso.

 

Después de exponer los antecedentes de hecho y de derecho, evidenciando los puntos clave de las resoluciones judiciales dictadas en su momento por las diferentes instancias españolas (TSJPV, TS y TC) y también de los votos particulares que se expresaron, la Sentencia circunscribe la evaluación del TEDH a la posible violación del artículo 6.1 del Convenio de Roma, que establece el «derecho a un proceso equitativo», ya que los recurrentes sostuvieron que habían sido condenados sin haber sido oídos en la vista oral pública ante el TS, y que también debido a ello la calificación jurídica del elemento subjetivo del tipo penal aplicado a los hechos probados quedó cambiada, en sentido condenatorio, con respecto a la apreciación hecha por el TSJPV en sentido absolutorio. Los recurrentes subrayaron que el TS no había tenido en cuenta que el Presidente del Parlamento Vasco y sus colaboradores aprobaron un proyecto de resolución de la Presidencia dirigido a cumplir con la orden judicial de disolución del grupo parlamentario «abertzale», proyecto que sin embargo fue rechazado por la Junta de Portavoces y que así, a norma de Reglamento de la Asamblea parlamentaria, no pudo prosperar. Mientras que el TSJPV había considerado dicha iniciativa como «razonable y eficaz» por parte de los acusados para cumplir con la orden judicial, según las facultades que les correspondían, el TS consideró que se trató de una «ficción jurídica» dirigida a encubrir su «negativa abierta y directa» a obedecer a dicha orden.

 

El TEDH, después de establecer las referencias jurisprudenciales más adecuadas para enjuiciar el caso – ya que hasta en ellas existía discrepancia entre las partes -, reconoce que efectivamente el TS llegó a la conclusión del rechazo conciente y deliberado por parte de los acusados a cumplir con la orden judicial de disolución, y por ello a su condena, sobre la base de una nueva y diferente apreciación del elemento subjetivo del delito de desobediencia, acerca de los mismos hechos ya declarados probados en las instancias anteriores a través de pruebas tanto documentales como testificales. Sin embargo, dicho cambio de apreciación con respecto a cuanto había establecido el TSJPV tuvo lugar sin que el TS tuviera contacto directo con las partes y sin permitir que éstas pudieran expresar sus alegaciones en esa instancia, en particular sin oír directamente las declaraciones exculpatorias de los acusados. De esta manera, el TS llegó a su declaración de culpabilidad por deducción del elemento subjetivo de la «intención» de los encausados, sin darles la oportunidad de exponer las razones por las cuales ellos negaban tener un propósito fraudulento. A este respecto, el TEDH estima que las cuestiones en discusión ante el TS debían necesariamente prever la apreciación directa del testimonio de los acusados, para garantizar todos sus derechos y poder así fundamentar jurídicamente la resolución de manera adecuada.

 

Por ello, el TEDH concluye que los recurrentes habían sido privados de su derecho de defensa en  debate contradictorio, y que esto constituye una violación del artículo 6.1 del Convenio de Roma. Condena así el Estado Español a versar la suma de 1 € a cada uno de los recurrentes (según su petición simbólica) por daños morales, y al pago de los costas del juicio ante el TC estimadas en 600 €; y reenvía a la jurisdicción interna española la revisión del procedimiento judicial según el artículo 6.1 del Convenio de Roma y el artículo 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

En conclusión, una vez más, la Corte europea ha reconducido a las más altas instancias judiciales españolas al necesario respeto de los principios más elementales del proceso penal – en este caso el «derecho a ser oído», y como ya ocurrió por ejemplo en el «caso Del Río Prada» acerca de la denominada «doctrina Parot» sobre la irretroactividad de las disposiciones no favorables -, de esta forma objetivamente criticando ciertas interpretaciones jurídicas que parecen tener demasiado en cuenta las circunstancias específicas de cada caso y de cada acusado desde un punto de vista político, social y también mediático. También en el «caso Atutxa» se expresaron, tanto en el TS como en el TC, unos votos particulares de Magistrados que, aunque quedaron en minoría en su momento, estuvieron sin embargo más acertados en sus razonamientos jurídicos, tal y como finalmente dictaminó el TEDH. Sería desde luego muy deseable que el rigor jurídico vaya ganando más espacio con respecto a otras cuestiones, como manera necesaria y urgente de recuperar el prestigio y la credibilidad de la Justicia de este país.

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