En pleno debate sobre la discrepancia en el gobierno de coalición en materia de vivienda, alquileres, grandes propietarios, viviendas vacías o límites de precios, no me resulta difícil recuperar lo que hicimos, en aquel gobierno de coalición municipal de Sevilla, entre los socios, PSOE e Izquierda Unida, que en el programa del gobierno de progreso de 2003 y 2007 ya incluiamos con la vivienda como parte esencial de nuestras políticas.
El derecho a techo, sobre el papel declarado derecho fundamental en la carta magna actual, puso sobre el tapete municipal de Sevilla el concepto progresista “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”. La empresa de vivienda pública hasta entonces había gestionado bajo la tutela de aquel Partido Andalucista del urbanismo salvaje o urbanismo a la carta, con una arbitrariedad ultrajante las adjudicaciones de las viviendas protegidas que construía. Se habían dado casos escandalosos, de colas de personas en las proximidades de la sede de EMVISESA (la empresa de la vivienda de Sevilla), con sombrillas y sillas de playa durante varios días para conseguir una vivienda protegida, dado el arbitrario, casi obsceno e injusto criterio de adjudicación por “orden de llegada”. Ni necesidades especiales, ni rentas, ni desempleo… Nada. Criterio de llegada, con lo que se daban situaciones donde había gente sin ninguna necesidad objetiva, incluidos propietarios de otras viviendas, que resultaban adjudicatarios frente a otras personas vulnerables con necesidades evidentes que se quedaban fuera.
Transformamos los Estatutos de esa empresa pública para establecer mecanismos más justos de adjudicación, ampliamos sus funciones y objetivos para que, además de vivienda protegida, pudiese construir centros de formación, pabellones deportivos, centros cívicos y otros equipamientos sociales. Incluso centros de salud, para agilizar las necesidades endémicas de atención sanitaria que padecían algunos barrios olvidados. Le dimos a esa empresa pública carga de trabajo para varios años. Y sobre todo incorporamos un nuevo agente en la ecuación urbanizadora que competía con los oligopolios de la construcción en nuestra ciudad, proporcionando alternativas habitacionales al alcance de las economías más modestas, tanto en alquiler como en propiedad.
Con los nuevos estatutos de la vivienda, conseguimos más equidad en la adjudicación, más alquiler social, cupos para colectivos especiales (mujeres maltratadas, personas discapacitadas, jóvenes con necesidades especiales, etc.), y establecimos cómo resolver la adjudicación de un número limitado de viviendas cuando más de diez veces el número de aspirantes acreditan los mismos criterios. Sorteo ante notario. Nadie se sentía beneficiado. Nadie se sentía perjudicado. De hecho, el primer macro sorteo de 1.225 viviendas públicas fue presenciado en directo por más de mil personas, en medio de críticas al alto número de inmuebles particulares vacíos.
El miércoles 22 de noviembre de 2006, el Correo de Andalucía llevaba en portada el siguiente titular: “Sevilla es la ciudad de Europa líder en construcción de VPO”. Nuestro gobierno de coalición había calculado en 5 años los necesarios para cubrir la demanda. El ministerio del ramo avaló el hito histórico de entregar 4.250 viviendas protegidas en tan sólo 16 meses.
Era la primera vez (otra vez “la primera vez”, al igual que en peatonalización o movilidad sostenible, participación, deporte de base y en tantos otros temas) que un gobierno local llevaba a cabo la mayor iniciativa pública en materia de vivienda protegida en la historia de Sevilla.
En plena burbuja especulativa, que a su explosión nos trajo la crisis del ladrillo, concretamente en junio de 2009, EMVISESA adjudicaba una vivienda de tres dormitorios por 78.146 euros o una de cuatro dormitorios por 99.209 euros. La mayor parte de ellas ya incluía en el precio plaza de garaje y trastero. En esas fechas, la empresa pública de la vivienda, promovía 6.740 viviendas protegidas, de las cuales 5.272 eran en régimen de venta, el 78,2%, y 1.468 en régimen de alquiler, el 21,8%, cumpliendo sobradamente el Plan Municipal de la Vivienda 2003-2007 impulsado por el gobierno de progreso de Sevilla. Esas viviendas nada tenían que envidiar a las que, en la renta libre, raro era la que bajara de los 250.000 la más barata en pleno pelotazo.
Lo comprometido en los acuerdos que dan lugar a un gobierno en el que conviven más de un partido político hay que cumplirlo. Las dificultades se resuelven o se negocian en las reuniones que se producen previas a los pactos. Una vez firmados estos, hay que cumplir. En mi humilde opinión, creo que en Sevilla ambos socios así lo hicimos. Rigor y firmeza. Responsabilidad y compromiso. En esta materia, además, son datos que pueden comprobarse. Sevilla avanzó, en materia de vivienda pública, más que en siglos de privilegios y especulación.
José Antonio Salido